Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 325 del Código Penal Federal

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 325 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

Los proponentes RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del Pleno, la siguiente   INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 325 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL,al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Cuerpos torturados, mutilados y con violencia sexual son lanzados y  encontrados en las calles, canales, vías del tren, cunetas de carretera, desagües, lotes baldíos, hoteles, casa habitación; este es el saldo que deja a su paso la violencia feminicida:  miles de mujeres asesinadas y desaparecidas.

La violencia en México se ha encrudecido hacia las mujeres, según datos del Informe “Feminicidio en México” de 1985 a 2009 se han registrado en nuestro país 34,176 muertes de mujeres en las que se presumió el homicidio.

En México mueren asesinadas unas 2,500 mujeres cada año. Sin embargo, a pesar de estas cifras promedio, no hay cifras oficiales a nivel nacional que establezcan cuántas mujeres murieron en nuestro país por feminicidios desde 2010. En 2009 se registraron un total de 1,858 defunciones femeninas con presunción de homicidio en el país.

Según datos del Observatorio Ciudadano Nacional de Femicidio en febrero de 2011, en los últimos seis años se han registrado más de 6,000 feminicidios tan sólo en diez  estados de la república y  de enero de 2009 a junio de 2010 hubieron 890 feminicidios en 11 estados: Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos y Querétaro.

Cabe señalar que en América Latina, México se encuentra en segundo lugar después de Guatemala. El Salvador, Honduras, Nicaragua, son los países más afectados de la región latinoamericana por los feminicidios, a pesar de ser diferentes en extensión geográfica y en sistemas políticos, los une una cultura de discriminación a los derechos humanos de las mujeres.

El feminicidio se caracteriza por el tipo de violencia ejercida por los hombres en contra de las mujeres. De la misma manera en que se mata a una persona por su raza, nacionalidad, religión u orientación sexual, se asesina a una persona por razón de su género, esto es el feminicidio. El sustento ideológico que justifica tal acción lo constituye el sexismo, productor de desigualdades en que las diferencias biológicas, entre las mujeres y los hombres se usan políticamente para avalar la superioridad de los hombres frente a las mujeres.

El sexismo, según nos dice Daniel Borillo, es la ideología que asigna a los hombres y mujeres comportamientos y esferas de acción, cuya transgresión es motivo de hostilidad, discriminación y violencia.

Un elemento importante son los actos violentos que pueden estar presentes en el feminicidio, uso excesivo de la fuerza física, es decir a causa de golpes, quemaduras, traumatismos, asfixia, mutilaciones, torturas, incineración, heridas punzo cortantes, lo que refleja la extrema violencia utilizada por parte de los victimarios para terminar con la vida de las mujeres. Otro tipo de agresiones que no se reflejan en la necropsia pero que están presentes en la violencia generada hacia las mujeres son los insultos, intimidación, acoso sexual, entre otras manifestaciones.

Este tipo de agresiones misóginas son importantes para establecer en la violencia que se encuentra en la exposición de los cuerpos de las mujeres asesinadas.

Cabe recalcar que el incremento de la violencia feminicida va unido a la negativa del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a declarar la alerta de género, mecanismo de acción urgente ante la falta de prevención para erradicar la violencia contra las mujeres, el cual fue rechazado por varios gobernadores sin argumentos jurídicos y sólo bajo la concepción equivocada de que se trata de un castigo o un golpe político.

Esta negativa de los estados de Nuevo León, Guanajuato y el Estado de México ha provocado un aumento considerable en la violencia contra ellas; en Nuevo León, por ejemplo, los feminicidios crecieron 698 por ciento en dos años, aunado a la deficiencia de las autoridades para investigar los homicidios.

En cuanto a la construcción de los elementos del  tipo penal, resulta fundamental establecer una redacción que permita visibilizar las razones de género en los asesinatos de mujeres  que evite la inclusión de prejuicios y estereotipos de los operadores de justicia  en la integración de la averiguación previa.

ARGUMENTACIÓN

Dentro del contexto de la situación de violencia generalizada que se vive en el país, la violencia contra las mujeres debe de enmarcarse en dos aspectos: primero en el impacto que ha tenido el crimen organizado en la violencia contra las mujeres y segundo en un marco normativo que no acaba de proteger ni garantizar su vida, integridad y seguridad.

De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en países donde existe conflicto armado, la seguridad y vida de las mujeres se ve agravada por la presencia de los diferentes grupos armados en la vida cotidiana y por el control social que estos ejercen sobre sus vidas en los espacios públicos y privados. Esta situación genera una violación sistemática a sus derechos humanos donde las mujeres y niñas son las más vulnerables.

Por otra parte ante el contexto de feminicidio y violencia sistemática contra las mujeres, diversos mecanismos internacionales de derechos humanos han recomendado al Estado mexicano, considerar al feminicidio como un delito, dentro del código penal federal y los códigos penales estatales, atendiendo a esta recomendación y debido al contexto político se han presentado diversas iniciativas para tipificar el feminicidio.

México está integrado por 31 Estados y un Distrito Federal. Cada uno cuenta con un gobierno libre y soberano que dicta sus propias leyes, tiene su propio sistema de justicia y ejecuta sus políticas públicas; esto, aunado a la violencia feminicida, deriva en la ausencia del Estado democrático de derecho.

Justamente un reflejo de cómo nuestro país se debate entre un México que lucha por construir una cultura de equidad e igualdad y que por otro lado vive una práctica cotidiana de impunidad,  altos índices de corrupción e inoperancia del Estado en la investigación de los asesinatos de mujeres,  elevan el número de feminicidios.

Sin embargo, en algunos estados la tipificación del feminicidio es considerada como una forma para que los estados se eximan de sus responsabilidades en materia de protección a los derechos humanos de las mujeres, al tipificar con elementos subjetivos y de difícil acreditación, que no permiten investigar este tipo de asesinatos e invisibilizando la problemática, como es el caso del Estado de México, Nayarit y Chiapas.

Sin embargo en el código Penal del estado de Tamaulipas presenta un caso muy particular, hace referencia únicamente al hombre como victimario para perpetuar el delito de feminicidio.

Otro caso es el estado de Tlaxcala que presenta una sanción mínima  para delito tan grave, al considerar  una pena de diecisiete a treinta años de prisión.

A más de cinco años de la entrada en vigor de la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, el delito de feminicidio se encuentra tipificado en varios estados de la república, caso contrario son los estados de Aguascalientes, Hidalgo, Yucatán, entre otros. Cabe subrayar que uno de los primeros estados en tipificar el delito de feminicidio fue el estado de Guerrero, derivado de la preocupación por erradicar la violencia contra las mujeres.

Es por ello que Movimiento Ciudadano propone una definición más completa para la tipificación del delito de feminicidio, ampliando las circunstancias para cometerlo, de manera consecutiva realizar el proceso de homologación de las leyes derivado de la importancia de contemplarlo en cada unos de los Códigos Penales de los Estados.

Requerimos políticas públicas que inhabiliten la complicidad y negligencia, que coadyuven en la comisión del delito y que tengan como eje rector la prevención, participación persecución del delito; y una legislación que contribuya de manera real y efectiva el combate a este mal social.

“NI UNA MUERTA MÁS, NO LAS OLVIDEMOS”

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 325 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL,  al tenor de la siguiente:

Artículo Primero. Se reforma el artículo 325 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien dolosamente prive de la vida a una o varias mujeres por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

l. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

ll. A la víctima se le hayan infligido lesiones, mutilaciones infamantes  o degradantes, tortura o tratos crueles e inhumanos previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

lll. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la victima;

lV. Haya existido o no entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la victima;

Vl La víctima haya sido incomunicado cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

Vll. El cuerpo de la victima sea expuesto o exhibido en un lugar público;

Vlll. Para ocultar una violación;

lX. La víctima se haya encontrado en estado de indefensión.

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y de quinientos a mil días de multa.

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días de multa, además será destituido e inhabilitado de manera definitiva para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

 

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los  6  días del mes de Marzo de 2013.

 DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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