INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 INCISO E) DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS   Y ADOLESCENTES.

Los proponentes RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los    artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 INCISO E) DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El panorama social de nuestro país es desolador en el contexto de la lucha contra el crimen organizado, el ambiente que persiste lleva una connotación de sentimientos de frustración, miedo, resentimiento e intolerancia entre los mexicanos.

Se hace evidente el fenómeno de polarización social en nuestro país, producida por la falta de oportunidades y alternativas, y que se agrava con el constante escenario de violencia que lacera la calidad de vida de los mexicanos.

Hoy en día las cifras oficiales nos hablan de miles de muertos como consecuencia de la fallida estrategia de guerra contra el crimen organizado, que a su paso va dejando una estela de sangre, daños colaterales y miles de víctimas a lo largo de todo el territorio nacional, empero sobre sale un grupo que ha sido fuertemente golpeado y vulnerado: los niños que han perdido a sus padres, tutores o a quienes se hacían cargo de ello.

Para Julio de 2011, solamente en el estado de Chihuahua se tienen una cifra cercana a 12 mil infantes que perdieron a sus padres quedando en situación de orfandad como consecuencia de la violencia en el país. Por tanto el gobierno del estado creó un fideicomiso en el cual sin discriminación, todos los niños, niñas y adolescentes serían incluidos hayan sido hijos de delincuentes o no, para recibir ayuda en asesoría psicológica, alimentos y educación.

Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) calcula que 50 mil niños han quedado huérfanos entre 2006 y 2011. Muchos menores han presenciado los asesinatos de sus familias, las balaceras entre grupos delincuenciales y las autoridades, así como tiroteos en las escuelas. Por lo tanto son muy pocos los niños que reciben apoyo por ser víctimas de la violencia, ya que son insuficientes los recursos y los programas.

Las niñas, niños y adolescentes que sufren la ausencia de sus padres o tutores, son una de las caras más amargas y devastadoras de la ola de violencia en la que seguimos sumergidos, es menester visibilizar y sensibilizar ésta problemática al contemplar que son legiones de niños los que han pasado por una situación similar a ésta, con esto abonaremos a fin de contemplarlos como víctimas del narcotráfico   brindando y garantizando las condiciones que les permitan readaptarse a la esfera social implementando las acciones necesarias que les permita un desarrollo integral.

México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial de niños, niñas y adolescentes víctimas en situación de violencia, ya que a pesar de contar con un marco jurídico y con instrumentos Internacionales a favor del pleno desarrollo y reconocimiento de los derechos de la infancia, realmente no contamos con una política en consonancia con el interés superior de la niñez mexicana, el ejemplo lacónico y representativo son los niños y niñas huérfanos del narcotráfico que en algunas situaciones han tenido o tienen un lazo sanguíneo con algún integrante de la delincuencia organizada o que han estado vinculados con alguno o algunos de ellos; mismos que son fuertemente señalados y vulnerables a discriminación, exclusión, abandono y abusos por parte de la sociedad.

Los “huérfanos del narcotráfico” son una realidad latente que se está incrementando ante la omisión de éste Gobierno; romper con la estigmatización hacia este grupo permitirá romper con el ciclo de violencia que acecha a nuestro país.

Es latente que el engrose en las filas del narcotráfico se correlaciona con la pobreza, desigualdad económica, desempleo, por decir algunos, en este sentido consideramos a las niñas, niños y adolescentes huérfanos como consecuencia del narcotráfico son más vulnerables a ataques por parte de la sociedad y menos proclives a insertarse en la esfera pública.

La descomposición del tejido social en México ha originado que niños, niñas y adolescentes se vean enfrascados en un una espiral de rechazo, apatía y desencanto por la vida, sin embargo la percepción de la sociedad es de gran impacto para éste sector de la población dado que la constante estigmatización y discriminación que sufren, son un detonante para abandonar las aulas de las escuelas y el asidero perfecto para convertirse en carne de cañón para la delincuencia organizada. La violencia a los menores tiene como resultado violencia de mayores.

Es menester como legisladores contar con un marco jurídico idóneo que asegure las condiciones de bienestar y pleno desarrollo para los niños, niñas y adolescentes

El narcotráfico tiene un fuerte impacto psicosocial en los niños, niñas y adolescentes que desean formar parte y/o ser líderes de un grupo criminal, exaltan los actos de los narcos de la droga y quieren emularlos.

El Estado está obligado a proteger y garantizar la vida y la integridad  física y psicológica de los niños, niñas y adolescentes; pretender y en su caso reforzar actos y conductas estigmatizantes o criminalizar a los niños, niñas y adolescentes por el hecho de haber estado vinculados con miembros de la delincuencia organizada, puede agravar de sobre manera la situación de menoscabo, olvido y desprecio por la sociedad y el Estado.

Sensibilizar y visibilizar éste fenómeno permitirán contar con una legislación más sensible y acorde a la realidad que aqueja a la infancia con el fin de garantizar un desarrollo  pleno con igualdad y respeto de la niñez mexicana.

 

ARGUMENTACIÓN

Por lo anterior urge la imperiosa necesidad de crear las condiciones a fin de readaptarlos a la sociedad con el fin de evitar que al encontrarse bajo un constante estigma, rechazo y señalamiento por parte de la sociedad, a la par de la  falta de oportunidades puedan desarrollar sentimientos de odio y  conductas violentas que generen una falta de identidad y los conviertan en futuros y potenciales criminales.

El rompimiento de la célula familiar conlleva problemas mayores de los que no llegamos a visualizar, los niños se vuelven agresivos con deseos de venganza hacia los asesinos de sus padres, se ven enfrascados en sentimientos de odio, resentimiento social, desamparo y profunda tristeza, éstos niños se encuentran en proceso de formación que precisa de cuidados, educación, afectos y  seguridad.

Es necesario velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, debemos recuperar los espacios públicos y con esto a nuestra niñez de las garras de las adicciones, reclutamiento y de la criminalidad, las autoridades están obligadas a proteger la infancia, no debemos criminalizar un problema meramente social, se deben entender las causas, proporcionar las mismas oportunidades y prevenir antes de combatir los efectos.

Los tres niveles de gobierno son los principales responsables de velar, proteger y garantizar por el efectivo cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  Fortalecer a la sociedad y a las instituciones relacionadas con los derechos de la niñez en el cumplimiento de los derechos universales y crear acciones de política pública propicias para la restitución de estos.

La presente reforma tiene como objetivo garantizar los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes a fin de brindarles calidad de vida después de haber sido víctimas del narcotráfico y la violencia.

Los tres poderes del estado no muestran ser responsables por acción u omisión  en las investigaciones que dan cuenta de la realidad que viven los niños, niñas y adolescentes huérfanos del narco.

Se deben de diseñar programas y apoyos oficiales concretos de prevención y asistencia para que la niñez víctima de la delincuencia organizada sea readaptada socialmente sin sufrir ningún tipo de discriminación por ser hijos de personas vinculas al narcotráfico como sicarios, halcones, panteras, narcos, secuestradores, extorsionadores, etc.

Esta iniciativa busca proteger a las y los menores huérfanos del narcotráfico, evitando que sean juzgados con calificativos, o discriminarlos por su edad, condición y/o ascendencia.

Debemos atenderlos y cuidarlos de igual manera sean o no hijos, o tengan algún vinculo a integrantes de la delincuencia, porque son víctimas inocentes de eventos desencadenados por la violencia persistente en nuestro país.

¿Qué clase de país es México?, ¿hacia dónde va nuestra niñez? porque lo único evidente y constante es un futuro incierto para cada uno de nuestros niños que no tienen ni han tenido en toda su vida más modelos que la violencia, la muerte, el dolor, la orfandad y el desamparo.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 INCISO E) DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al tenor de lo siguiente:

Artículo Primero. Se reforma el artículo 3 inciso E al tenor de la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, al tenor de la siguiente.

Artículo 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes:

A. – D

E. El de tener una vida libre de violencia, evitando que sean estigmatizados y criminalizados, por sus vínculos familiares con presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

F.- G

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los  18 días del mes de junio de 2013.