Iniciativa de Ley de Trata de Personas en Guerrrero

  1. DIPUTADAS SECRETARIAS

DE LA MESA DIRECTIVA DEL

  1. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E S.

 

Los suscritos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino  y Magdalena Camacho Díaz, Integrantes de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, ponemos a la consideración de esta Soberanía Popular, la Iniciativa con Proyecto de Ley para Prevenir, Combatir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos del Estado de Guerrero, al tenor de la siguiente

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

La trata de personas es un fenómeno delictivo que se encuentra extendido por todo el mundo: miles de personas víctimas de este delito, particularmente mujeres, niñas y niños, son captados, trasladados, vendidos y comprados con fines de explotación.

 

Ya sea la perpetrada en el ámbito familiar como la que tiene como fin último la servidumbre doméstica o aquella, producto de complejas operaciones de corporaciones transnacionales del crimen, este delito transgrede los derechos y libertades fundamentales del ser humano.

 

Hoy día, este delito se considera el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, sólo superado por el tráfico de drogas y de armas, y cada año genera ganancias que van de 32,000 a 36,000 millones de dólares, aproximadamente, según estimaciones del Foro de Viena para combatir la Trata de Personas, organizado por diversas agencias de las naciones Unidas.[1]

 

La trata de personas ocurre desde tiempos ancestrales pero es en la última década que la comunidad internacional se ha preocupado por entender el alcance del fenómeno y desarrollar instrumentos para combatir esta nueva forma de esclavitud.

 

El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, es el instrumento universal que aborda todos los aspectos de la trata de personas: prevención, persecución penal del delito, protección a las víctimas y promoción de la cooperación internacional.

 

El instrumento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ratificado por el Estado mexicano el trece de diciembre de dos mil, define a la trata de personas como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

 

El Congressional Research Center, calcula que de 2 a 4 millones de personas son captadas cada año con fines de trata en el mundo, de las cuales entre 800,000 y 900,000 son trasladadas a través de las fronteras[2]  para ser sometidas a algún tipo de explotación laboral o sexual (trata transnacional).

 

Según datos de la Oficina de las naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el periodo que va de 2003 a 2006 las mujeres víctimas de trata se ubicaron entre 66 y 74 %; de niñas, entre 10 y 16 %; de niños, entre 12 y 16 %, y de varones, entre 3 y 9 %. De esta manera, el mayor número de víctimas correspondió a personas del sexo femenino, con un porcentaje que fluctuó entre 80 y 84 puntos para los años 2004 y 2006.

 

Para el periodo de 2007 a 2010 esa misma oficina detectó una reducción en el porcentaje de mujeres adultas identificadas como víctimas, el cual osciló entre 55 y 60 %; paralelamente, registró un incremento en el número de niñas víctimas de este delito, que se ubicó entre 15 y 20 %, de manera que el porcentaje de víctimas del sexo femenino fluctuó entre 70 y 80, y se ubicó entre 8 y 10 el de niños víctimas de este delito.

 

Por otra parte, un número muy significativo de niños, niñas y adolescentes son también víctimas de este delito; para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los niños, niñas y adolescentes representan 21 % de las víctimas de explotación sexual y 27 % de explotación laboral.[3]

 

Según la UNODC, México tiene de 15 a 20 zonas con una alta incidencia en la comisión del delito de trata de personas y cuatro grandes rutas para traficarlas[4].

 

El incumplimiento del Protocolo internacional en la materia y cambios constantes en las estructuras delictivas, han favorecido a que las redes de tratantes continúen operando con relativa facilidad.

 

De acuerdo con el reporte de la UNODC Guerrero, se encuentra como uno de los Estados con mayor incidencia de ese delito.

 

A manera de ejemplo, podemos señalar que en el marco del Foro Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en Guerrero, Nuria Gabriela Hernández Abarca, directora de Estudios Jurídicos de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Equidad de Género del Congreso de la Unión, disertó una conferencia magistral en donde señaló que para el caso de Guerrero los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatonoc aún sigue prevaleciendo la trata de personas[5].

 

Explicó que de las diversas formas de trata de personas, se encuentra la venta de mujeres para matrimonios obligados, en la que, sobre todo los padres de familia, bajo el argumento de los usos y costumbres de sus comunidades literalmente venden a sus hijas por un cartón de cerveza o un guajolote.

 

Por su parte, el organismo no gubernamental de Tlachinollan, reconocido mundialmente por su férrea defensa de los derechos humanos, ha denunciado públicamente que en la montaña de Guerrero, la marginación y pobreza extrema orilla a algunos indígenas nahuatlecos, mixtecos, amuzgos y tlapanecos, por usos y costumbres, cuando las hijas cumplen 12 años, sus padres las entregan en matrimonio a cambio de una “dote” que se traduce en especie o en dinero en efectivo.

 

Tlachinollan documentó denuncias por la entrega de las hijas de entre 12 y 15 años de edad a cambio de dinero, según la práctica de usos y costumbres.

 

En algunos casos, las jóvenes son llevadas a las familias de sus novios a cambio de una “dote” de 100 mil pesos, lo que la organización no gubernamental calificó de “un comercio” que propicia la violencia familiar debido a que los novios consideran a las mujeres un objeto de su propiedad.

 

La venta de niñas se mantiene en municipios como Cochoapan el Grande, Metlatónoc, Atixtlac y Acatepec, considerados entre los más pobres del país.

 

Por su parte, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de la Subdirección del Programa de Trata de Personas, durante la conferencia para prevenir la trata de personas, Libertad sin engaños ni promesas falsas, Meixueiro, celebrada en abril de dos mil dieciséis, señaló que las regiones de la Montaña, Acapulco y Costa Chica, son las que registran más casos de trata de personas en la entidad.

 

Explicó además que en la entidad, las personas que son captadas para la explotación laboral y sexual provienen de municipios como Tlapa de Comonfort, Zihuatanejo, Cruz Grande, Alcozauca, Huamuxtitlán, Coyuca de Catalán y Xalpatláhuac.

 

Pese a los esfuerzos del Gobierno guerrerense para combatir y erradicar la trata de personas en el Estado, estos se han visto limitados, como han dejado en claro los organismos referidos, por ello y como una medida para contrarrestar y erradicar definitivamente los delitos de trata de personas, se propone la creación de una nueva Ley que sea homologa para con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en la que se incorporen los principios establecidos por el Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de persona, del que México es parte desde 2003.

 

Con la nueva Ley que se propone, se pretende alcanzar una homologación del concepto de trata de personas; así como de los tipos penales de los delitos relacionados con la misma, además, se busca dotar de conocimiento y sensibilidad a los servidores públicos en torno a este fenómeno delictivo.

 

Otra modalidad de la trata de personas, que se tipifica en esta nueva Ley, es la relacionada con el trabajo forzado en actividades relacionadas con la delincuencia organizada y la posibilidad de otros perfiles con base en la incidencia de nuevas herramientas que pueden ser usadas por los tratantes, como el Internet.

 

En la nueva legislación, se hace un especial énfasis en la capacitación especializada para servidores públicos, en la detección e identificación de víctimas, así como en estrategias para evitar su criminalización y la violación a derechos humanos por parte de las instituciones de persecución del delito.

 

No está demás señalar que la presente iniciativa, además de incorporar los principios del Tratado de Palermo, retoma los postulados de la Ley número 761 para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero el veintiséis de agosto de dos mil once.

 

La nueva Ley para Prevenir, Combatir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos del Estado de Guerrero, está compuesta por 111 artículos, dividida en cuatro Títulos.

 

El Título Primero, denominado de lo sustantivo, prevé las disposiciones generales para la aplicación de la Ley, así como el objeto de la misma que a continuación se citan:

 

  1. Establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución, sanción de los delitos en materia de trata de personas que, en términos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, deberán observar las autoridades del Estado de Guerrero que integran la Administración Pública, así como el Tribunal Superior de Justicia, las Instituciones y la sociedad civil organizada y no organizada.

 

  1. Establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones;

 

III. Determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos;

 

  1. Reparar el daño a las víctimas de trata de personas de manera integral, adecuada, eficaz y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida.

 

  1. Establecer los mecanismos e instancias que emitirán las políticas en la materia, así como el Programa del Estado de Guerrero para la Prevención de los delitos previstos en esta Ley y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, Ofendidos y Testigos de Estos Delitos.

 

  1. Fijar los mecanismos para la formación, actualización, profesionalización y capacitación de las personas servidoras públicas que participan en los procesos de prevención y de atención a víctimas.

 

VII. Implementar los mecanismos a través de los cuales se brindará asistencia y protección a las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos contenidos en esta Ley, y

 

VIII. Emitir las bases para la evaluación y revisión de las políticas, programas y acciones que desarrollen las autoridades, instituciones y aquellos en donde participe la sociedad civil organizada y no organizada.

 

Es este Título, se contempla además que para la adecuada ejecución de las disposiciones contenidas en esta Ley, en lo no previsto por la misma, serán de aplicación supletoria las disposiciones normativas contenidas en los Tratados Internacionales que en la materia haya suscrito el Estado Mexicano; la Ley General; el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número. 499; el Código Nacional de Procedimientos Penales; la Ley número 812 para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero; la Ley número 694 de Victimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero y todas aquellas en que en la materia sean aplicables.

 

Se señala además que en la interpretación y aplicación de eta Ley se deberá de atender a los principios de respeto a la dignidad humana, la libertad, autonomía, igualdad, justicia, confidencialidad y secrecía en la investigación.

 

Por su parte, el Título Segundo denominado del Delito de Trata de Personas y de la Reparación del Daño, prevé los principios a que deberán sujetarse para la investigación, procesamiento e imposición de las sanciones por la comisión de delitos en materia de trata de personas.

 

Entre estos principios, resaltan que la Fiscalía, el Ministerio Público y el Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero, garantizarán en todo momento los derechos de las víctimas, con el fin de brindar asistencia, protección, seguridad y acceso a la justicia; además de que los imputados por la comisión de las conductas delictivas previstas en esta Ley estarán sujetos a prisión preventiva durante el proceso.

 

Asimismo, se señala que el Ministerio Público y los policías procederán de oficio con el inicio de la indagatoria por los delitos en materia de trata de personas y que, en todos los casos, la sentencia condenatoria que se dicte por los delitos previstos en esta Ley, deberán contemplar la reparación del daño a las víctimas, cuyo monto fijará el Juez de la causa, con los elementos que el Ministerio Público o la víctima aporten, o aquellos que se consideren procedentes, en términos de Ley.

 

Por otra parte, en cuanto toca a la tipicidad de los delitos de trata de personas, se establece que toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el Estado de Guerrero, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley.

 

La Ley tipifica además los casos por explotación de una persona, dentro de los que se encuentran la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la explotación laboral, el trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzosa, la utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, la adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, el matrimonio forzoso o servil, el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos y la experimentación biomédica ilícita en seres humanos.

 

Es importante señalar que en el caso de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, se tipifican como delitos las conductas siguientes:

 

I: La de aquel se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada mediante: el engaño, la violencia física o moral, el abuso de poder, el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, daño grave o amenaza de daño grave o la amenaza de denunciarle ante autoridades respecto a su situación migratoria en el país o cualquier otro abuso de la utilización de la ley o procedimientos legales, que provoque que el sujeto pasivo se someta a las exigencias del activo.

 

Sobre el particular, cabe decir que la Ley señala que tratándose de personas menores de edad o personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho no se requerirá la comprobación de los medios a los que se ha hecho referencia.

 

  1. La de aquel que someta a una persona o se beneficie de someter a una persona para que realice actos pornográficos, o produzca o se beneficie de la producción de material pornográfico, o engañe o participe en engañar a una persona para prestar servicios sexuales o realizar actos pornográficos.

 

III. La de aquel que se beneficie económicamente de la explotación de una persona mediante el comercio, distribución, exposición, circulación u oferta de libros, revistas, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos, de carácter lascivo o sexual, reales o simulados, sea de manera física, o a través de cualquier medio.

 

Cabe decir al respecto, que no se sancionará a quien incurra en estas conductas con material que signifique o tenga como fin la divulgación científica, artística o técnica, o en su caso, la educación sexual o reproductiva. En caso de duda sobre la naturaleza de este material, el juez solicitará dictamen de peritos para evaluar la conducta en cuestión.

 

  1. La de aquel que procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por cualquier medio, a una persona menor de dieciocho años de edad, o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o no tenga capacidad de resistir la conducta, a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal, con fines sexuales, reales o simulados, con el objeto de producir material a través de video grabarlas, audio grabarlas, fotografiarlas, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos, y se beneficie económicamente de la explotación de la persona.

 

También se castigara a quien financie, elabore, reproduzca, almacene, distribuya, comercialice, arriende, exponga, publicite, difunda, adquiera, intercambie o comparta, por cualquier medio, el material a que se refieren las conductas anteriores.

 

  1. La de aquel que promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que realicen cualquier tipo de actos sexuales, reales o simulados, con una o varias personas menores de dieciocho años de edad, o con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, y se beneficie económicamente de ello.

 

También será sancionado aquel que contrate a una persona u oferte un trabajo distinto a los servicios sexuales y la induzca a realizarlos, bajo engaño en cualquiera de las siguientes circunstancias:

 

Se contempla además en la nueva ley, que la tentativa para los delitos relacionados con la trata de personas tendrá el carácter de punible, y deberá sancionarse hasta con las dos terceras partes de la pena correspondiente al delito doloso consumado que el sujeto activo quiso realizar.

 

En este Título, se prevé además el resarcimiento y reparación del daño, por ello, cuando una persona sea declarada penalmente responsable de la comisión de los delitos previstos en esta Ley, el Juez deberá condenarla al pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendidos, en todos los casos.

 

La reparación del daño, deberá ser plena y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación del proyecto de vida, y comprenderá por lo menos:

 

  1. La restitución de los bienes o la cosa obtenida por el delito con sus frutos y accesorios, y el pago, en su caso, de los deterioros que hubiere sufrido, y si no fuese posible la restitución el pago de su valor actualizado;

 

  1. El pago de los daños físicos, materiales, psicológicos, así como la reparación al daño moral.

 

Incluirá, por lo menos, los costos de tratamiento médico, medicina, exámenes clínicos e intervenciones necesarias, rehabilitación física, prótesis o aparatos ortopédicos, así también la terapia o tratamiento psiquiátrico, psicológico y rehabilitación social y ocupacional hasta la rehabilitación total de la víctima.

 

III. La pérdida de oportunidades, del empleo, educación y prestaciones sociales que de no haberse cometido el delito se tendrían; por tanto deberá repararse el daño para que la víctima u ofendido puedan acceder a nuevos sistemas de educación, laborales y sociales acorde a sus circunstancias;

 

  1. El pago de los ingresos económicos que se hubieren perdido, así como y el lucro cesante ocasionado por la comisión del delito, para ello se tomará como base el salario que en el momento de sufrir el delito tenía la víctima, en caso de no contar con esa información, será conforme al salario mínimo, al tiempo del dictado de la sentencia;

 

  1. Los gastos de asistencia y representación jurídica o de peritos, hasta la total conclusión de los procedimientos legales;

 

  1. Los costos del transporte de retorno a su lugar de origen, si así lo decide la víctima, gastos de alimentación, vivienda provisional, vestido y los que sean necesarios durante la investigación, el proceso y la rehabilitación física y psíquica total de la víctima;

 

VII. La declaración que restablezca la dignidad y la reputación de la víctima u ofendido y de las personas vinculadas a ella, a través de los medios que solicite;

 

VIII. La disculpa pública de reconocimiento de hechos y aceptación de responsabilidad, cuando en el delito participe servidor público o agente de autoridad.

 

Por su parte, el Título Tercero denominado de la protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos en materia de trata de personas, establece que para su protección y asistencia, el Estado, además de lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá:

 

  1. Garantizar a las víctimas de los delitos previstos en la presente Ley, cuando sea necesario, alojamiento adecuado, atención médica de calidad, acceso a la educación, capacitación y oportunidades de empleo, hasta su total recuperación y resocialización.

 

  1. Garantizar a las víctimas de los delitos previstos en esta Ley, atención física, psicológica y social hasta su total recuperación y rehabilitación.

 

III. Las demás que resulten pertinentes para salvaguardar su seguridad física, su libertad, dignidad, integridad física y mental, sus derechos humanos y la reparación del daño, así como el normal desarrollo de su personalidad en el caso de niñas, niños y adolescentes.

 

Se  contempla además, que la Fiscalía General del Justicia del Estado elabore un programa para ofrecer cambio de identidad y reubicación a víctimas, ofendidos y testigos de los delitos relacionados con la trata de personas, cuya integridad pueda estar amenazada.

 

Finalmente, en el Título Cuarto denominado de la Política de Estado, se establecen las bases para la intervención y coordinación, en el ámbito de sus respectivas competencias, de las personas servidoras públicas que integran la Administración Pública Estatal o Municipal para garantizar en todo momento los derechos de las víctimas, ofendidos y testigos.

 

 

Asimismo, se señala retomar la Comisión Interinstitucional para la Prevención y el Combate de trata de Personas del Estado de Guerrero, con el objeto de:

 

  1. Definir y coordinar la implementación de una política pública en materia de trata de personas;

 

  1. Impulsar la vinculación interinstitucional para prevenir, combatir y erradicar los delitos establecidos en esta Ley, y

 

III. Diseñar los mecanismos de evaluación del programa y de las acciones que se generen con motivo de la implementación del presente ordenamiento.

 

En este caso, la Comisión será presidida por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero y estará conformada por el Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría General de Gobierno, quien sustituirá al Gobernador del Estado en sus ausencias, la Fiscalía General de Justicia quien tendrá a su cargo de la coordinación ejecutiva, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Guerrero, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de la Mujer y la Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

 

Además, serán invitados permanentes en la Comisión Interinstitucional con derecho a voz pero sin voto la persona titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero; la persona que presida la Comisión de Derechos Humanos del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero y dos representantes de la sociedad civil organizada o expertos con conocimiento y trabajo relevante sobre el tema de trata de personas.

 

Con lo que se busca con esta nueva Ley, es eficiente los esfuerzos del Gobierno en el diseño e implementación de la política pública general del Estado de Guerrero en materia de trata de personas, así como la focalizada en la prevención, atención y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 8 fracciones II y III, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, someto a la consideración del Pleno la siguiente:

 

LEY NÚMERO ___ PARA PREVENIR, COMBATIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS DEL ESTADO DE GUERRERO.

 

Título Primero

De lo Sustantivo

 

Capítulo I

Disposiciones Generales

 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y observancia general dentro del territorio del Estado de Guerrero y tendrá por objeto:

 

  1. Establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución, sanción de los delitos en materia de trata de personas que, en términos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, deberán observar las autoridades del Estado de Guerrero que integran la Administración Pública, así como el Tribunal Superior de Justicia, las Instituciones y la sociedad civil organizada y no organizada.

 

  1. Establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones;

 

III. Determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos;

 

  1. Reparar el daño a las víctimas de trata de personas de manera integral, adecuada, eficaz y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida.

 

  1. Establecer los mecanismos e instancias que emitirán las políticas en la materia, así como el Programa del Estado de Guerrero para la Prevención de los delitos previstos en esta Ley y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, Ofendidos y Testigos de Estos Delitos.

 

  1. Fijar los mecanismos para la formación, actualización, profesionalización y capacitación de las personas servidoras públicas que participan en los procesos de prevención y de atención a víctimas.

 

VII. Implementar los mecanismos a través de los cuales se brindará asistencia y protección a las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos contenidos en esta Ley, y

 

VIII. Emitir las bases para la evaluación y revisión de las políticas, programas y acciones que desarrollen las autoridades, instituciones y aquellos en donde participe la sociedad civil organizada y no organizada.

 

Artículo 2. Para efectos de esta ley se entenderá por:

 

  1. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

 

  1. Ley: Ley para Prevenir, Combatir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Las Víctimas de estos Delitos del Estado de Guerrero.

 

III. Ley General: Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos;

 

  1. Administración Pública: Administración Pública Centralizada y Paraestatal del Estado de Guerrero;

 

  1. Comisión Interinstitucional: Comisión Interinstitucional para la Prevención y el Combate de trata de Personas del Estado de Guerrero;

 

  1. Fiscalía: Fiscalía General del Estado de Guerrero;

 

VII. Secretaría de Desarrollo Social: Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero;

 

VIII. Secretaría de Educación: Secretaria de Educación Guerrero;

 

  1. Secretaría de Gobierno: Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero;

 

  1. Secretaría de la Mujer: Secretaría de la Mujer del Estado de Guerrero;

 

  1. Secretaría de Salud: Secretaría de Salud del Estado de Guerrero;

 

XII. Secretaría de Seguridad Pública: Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero;

 

XIII. Secretaría del Trabajo: Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Guerrero;

XIV. Secretaría de Turismo: Secretaría de Turismo del Estado de Guerrero;

 

  1. DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero;

 

XVI. Testigos: Toda persona que de forma directa o indirecta, a través de sus sentidos tiene conocimiento de los hechos que se investigan, por lo que puede aportar información para su esclarecimiento, independientemente de su situación legal;

 

XVII. Tribunal Superior de Justicia: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, y

 

XVIII. Fondo: Fondo para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas;

 

XIX. Programa: Programa para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas del Estado de Guerrero;

 

  1. Ofendido: Cualquiera de los sujetos señalados en la Ley General;

 

XXI. Víctima: La persona titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión por los delitos previstos en esta Ley.

 

XXII. Abuso de poder: Aprovechamiento que realiza el sujeto activo para la comisión del delito derivado de una relación o vínculo familiar, sentimental, de confianza, de custodia, laboral, formativo, educativo, de cuidado, religioso o de cualquier otro que implique dependencia o subordinación de la víctima respecto al victimario, incluyendo a quien tenga un cargo público o se ostente de él, o pertenecer a la delincuencia organizada.

 

XXIII. Daño grave o amenaza de daño grave: Cualquier daño físico, psicológico, financiero, sexual o a la reputación, o la sola amenaza para la víctima, capaz de hacerle creer que no tiene más opción que someterse o seguir sometida a la conducta de explotación, y que el sujeto activo, conociéndola, la utilice para obtener el sometimiento de la víctima.

 

XIV. Asistencia y protección a las víctimas: Conjunto de medidas de apoyo y protección de carácter integral que se brindan a las víctimas desde el momento de su identificación o rescate y hasta su reincorporación plena a la sociedad, que cumplen la función de orientarlas legalmente, otorgar apoyo médico, psicológico, económico temporal, así como protección para ella y su familia.

 

  1. Publicidad ilícita: Para los fines de esta Ley, se considerará ilícita la publicidad que, por cualquier medio, se utilice para propiciar de manera directa o indirecta la comisión de los delitos en materia de trata de personas que se prevén.

 

XVI. Publicidad engañosa: Para los fines de esta Ley, se considerará engañosa la publicidad que por cualquier medio induzca al error como consecuencia de la presentación del mensaje publicitario, como consecuencia de la información que transmite o como consecuencia de omisión de información en el propio mensaje, con objeto de captar o reclutar personas con el fin de someterlas a cualquier tipo de explotación o de inducir la comisión de cualquier delito en materia de trata de personas.

 

XXVII. Situación de vulnerabilidad: Condición particular de la víctima derivada de uno o más de las siguientes circunstancias que puedan derivar en que el sujeto pasivo realice la actividad, servicio o labor que se le pida o exija por el sujeto activo del delito:

 

  1. a) Su origen, edad, sexo, condición socioeconómica precaria;

 

  1. b) Nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo, violencia o discriminación sufridas previas a la trata y delitos relacionados;

 

  1. c) Situación migratoria, trastorno físico o mental o discapacidad;

 

  1. d) Pertenecer o ser originario de un pueblo o comunidad indígena;

 

  1. e) Ser una persona mayor de sesenta años;

 

  1. f) Cualquier tipo de adicción;

 

  1. g) Una capacidad reducida para formar juicios por ser una persona menor de edad, o

 

  1. h) Cualquier otra característica que sea aprovechada por el sujeto activo del delito.

 

Artículo 3. En lo no previsto por esta Ley, serán de aplicación supletoria las disposiciones normativas contenidas en los Tratados Internacionales que en la materia haya suscrito el Estado Mexicano; la Ley General; el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número. 499; el Código Nacional de Procedimientos Penales; la Ley número 812 para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero; la Ley número 694 de Victimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero y todas aquellas en que en la materia sean aplicables.

 

Artículo 4. La aplicación de la presente Ley corresponde a las Dependencias que integran la Administración Pública del Estado y a los Municipios en el ámbito de su competencia.

 

Artículo 5. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de actuar con diligencia para prevenir la trata de personas, realizar las investigaciones y acciones necesarias con la finalidad de que los responsables de la trata de personas sean sancionados, y brindar atención y protección a las víctimas de este delito; asimismo, deberán colaborar en la realización de programas permanentes para evitar que se vulneren los derechos humanos por razón de la trata de personas.

 

Artículo 6. El delito de trata de personas, se investigará y perseguirá de oficio por las autoridades de procuración y administración de justicia estatal, cuando se inicien, preparen o cometan en otra Entidad Federativa, siempre y cuando produzcan o se pretenda que tengan efectos en nuestra Entidad.

 

Capítulo II

De los Principios Rectores

 

Artículo 7. Las disposiciones previstas en la presente Ley se interpretarán y aplicarán atendiendo a los principios de respeto a la dignidad humana, la libertad, autonomía, igualdad, justicia, confidencialidad, secrecía en la investigación y, con independencia de los previstos por otras normas en materia de trata de personas, los siguientes principios:

 

  1. Máxima protección: Obligación de cualquier autoridad, de velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos humanos de las víctimas y los ofendidos de los delitos previstos por esta ley. Las autoridades adoptarán, en todo momento, medidas para garantizar su seguridad, protección, bienestar físico y psicológico, su intimidad y el resguardo de su identidad y datos personales.

 

  1. Perspectiva de género: Entendida como una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres y las relaciones entre ellos en la sociedad, que permite enfocar y comprender las desigualdades socialmente construidas a fin de establecer políticas y acciones de Estado transversales para disminuir hasta abatir las brechas de desigualdad entre los sexos y garantizar el acceso a la justicia y el ejercicio pleno de sus derechos.

 

III. Prohibición de la esclavitud y de la discriminación: En los términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

  1. Interés superior de la infancia: Entendido como la obligación del Estado de proteger los derechos de la niñez y la adolescencia, y de velar por las víctimas, ofendidos y testigos menores de 18 años de edad, atendiendo a su protección integral y su desarrollo armónico.

 

Los procedimientos señalados en esta Ley reconocerán sus necesidades como sujetos de derecho en desarrollo.

 

El ejercicio de los derechos de los adultos no podrá condicionar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

 

  1. Debida diligencia: Obligación de los servidores públicos de dar respuesta inmediata, oportuna, eficiente, eficaz y responsable en la prevención, investigación, persecución y sanción, así como en la reparación del daño de los delitos previstos por esta Ley, incluyendo la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.

 

  1. Prohibición de devolución o expulsión: Las víctimas de los delitos previstos en esta Ley no serán repatriadas a su país o enviadas a su lugar de origen en territorio nacional, cuando su vida, libertad, integridad, seguridad o las de sus familias, corra algún peligro. La autoridad deberá cerciorarse de esta condición.

 

En el caso de los refugiados, se les reconozca o no tal calidad, no se les podrá poner en fronteras o territorios donde el peligro se dé por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, opiniones políticas o cualquier otra razón que permita creer que su seguridad e integridad estarían en riesgo, independientemente de cuál sea su estatus jurídico como extranjero en cuanto a duración y legalidad.

 

La repatriación de las víctimas extranjeras de los delitos previstos en esta Ley, será siempre voluntaria y conforme a los protocolos de repatriación vigentes, para garantizar un retorno digno y seguro.

 

VII. Derecho a la reparación del daño: Entendida como la obligación del Estado y los Servidores Públicos de tomar todas las medidas necesarias para garantizar a la víctima la restitución de sus derechos, indemnización y rehabilitación por los daños sufridos, así como de vigilar la garantía de no repetición, que entre otros incluye la garantía a la víctima y a la sociedad de que el crimen que se perpetró no volverá a ocurrir en el futuro, el derecho a la verdad que permita conocer lo que verdaderamente sucedió, la justicia que busca que los criminales paguen por lo que han hecho, y a la reparación integral.

 

VIII. Garantía de no revictimización: Obligación del Estado y los servidores públicos, en los ámbitos de sus competencias, de tomar todas las medidas necesarias para evitar que las víctimas sean revictimizadas en cualquier forma.

 

  1. Laicidad y libertad de religión: Garantía de libertad de conciencia, asegurando a las víctimas la posibilidad de vivir y manifestar su fe y practicar su religión, sin ninguna imposición en los programas o acciones llevados a cabo por las instituciones gubernamentales o de la sociedad civil que otorgue protección y asistencia; y

 

  1. Presunción de minoría de edad: En los casos que no pueda determinarse o exista duda sobre la minoría de edad o documentos de identificación y no se cuente con dictamen médico, se presumirá ésta.

 

Las medidas de atención, asistencia y protección, beneficiarán a todas las víctimas de los delitos previstos por esta Ley, con independencia de si el sujeto activo ha sido identificado, aprehendido, juzgado o sentenciado, así como de la relación familiar, de dependencia, laboral o económica que pudiera existir entre éste y la víctima.

 

Artículo 8. De manera enunciativa, más no limitativa, conforme a la presente Ley, las víctimas, los ofendidos o testigos de los delitos de trata de personas tendrán los derechos siguientes:

 

  1. Recibir información sobre sus derechos en un idioma que comprendan, y en forma accesible a su edad y madurez;

 

  1. Recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente e higiene personal adecuada;

 

III. Contar con asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas, incluyendo la representación jurídica en las materias civil y familiar;

 

  1. Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado;

 

  1. Recibir protección frente a toda posible represalia contra su persona o su familia, pudiéndose incorporar al programa nacional de protección de testigos en las condiciones previstas en la Ley;

 

  1. Adoptar las medidas necesarias para garantizar su integridad física y psicológica;

 

VII. Ser informadas del estado, de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de la evolución del proceso;

 

VIII. Ser oídas en todas las etapas del proceso;

 

  1. Recibir la protección de su identidad, datos personales e intimidad;

 

  1. Permanecer en el país de conformidad con la legislación vigente, y a recibir la documentación o constancia que acredite tal circunstancia;

 

  1. Recibir facilidades para el retorno al lugar en el que estuviera asentado su domicilio; y

 

XII. Acceder de manera voluntaria y gratuita a los recursos de asistencia.

 

Artículo 9. Las medidas de atención, asistencia y protección, beneficiarán a todas las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos previstos en esta Ley, con independencia de la relación que mantuvieran con el sujeto activo o sí éste ha sido identificado, localizado, aprehendido, juzgado o sentenciado.

 

Título Segundo

Del Delito de Trata de Personas y de la Reparación del Daño

 

Capítulo I

De los Principios para la Investigación, Procesamiento e Imposición de las Sanciones

 

Artículo 10. Para dar cumplimiento a esta Ley, en materia de investigación, procesamiento y sanción, se deberá observar y atender lo siguiente:

 

  1. La Fiscalía, El Ministerio Público y el Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero, garantizarán en todo momento los derechos de las víctimas, con el fin de brindar asistencia, protección, seguridad y acceso a la justicia.

 

  1. Los imputados por la comisión de las conductas delictivas previstas en esta Ley estarán sujetos a prisión preventiva durante el proceso, excepto las previstas en los artículos 38, 39 y 40 de esta Ley.

 

III. El Ministerio Público y los policías procederán de oficio con el inicio de la indagatoria por los delitos en materia de trata de personas.

 

  1. En todos los casos, la sentencia condenatoria que se dicte por los delitos previstos en esta Ley, deberán contemplar la reparación del daño a las víctimas, cuyo monto fijará el Juez de la causa, con los elementos que el Ministerio Público o la víctima aporten, o aquellos que se consideren procedentes, en términos de Ley.

 

  1. Las policías, el Ministerio Público y las autoridades jurisdiccionales adoptarán medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de los delitos previstos en esta Ley. A esos efectos, respetarán los intereses y las circunstancias personales de víctimas, ofendidos y testigos, entre otros la edad, el género y la salud, y tendrán en cuenta la naturaleza de los delitos, en particular los de violencia sexual, violencia por razones de género y violencia contra los niños, niñas y adolescentes.

 

Artículo 11. Las policías, Ministerio Público y autoridades jurisdiccionales harán una consideración especial en el desarrollo de sus actividades, cuando la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad por haber sufrido algún daño físico o emocional que requieran tomar medidas especiales.

 

Artículo 12. En todo lo no previsto en materia de investigación, procedimientos y sanciones de los delitos materia de esta Ley, aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número. 499; del Código Nacional de Procedimientos Penales; la Ley número 812 para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero; la Ley número 694 de Victimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero y todas aquellas en que en la materia sean aplicables.

 

Capítulo II

De los Delitos en Materia de Trata de Personas

 

Artículo 13. Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales correspondientes.

 

Se entenderá por explotación de una persona a:

 

  1. La esclavitud, de conformidad con el artículo 14 de la presente Ley;

 

  1. La condición de siervo, de conformidad con el artículo 15 de la presente Ley;

 

III. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, en los términos de los artículos 16 a 23 de la presente Ley;

 

  1. La explotación laboral, en los términos del artículo 24 de la presente Ley;

 

  1. El trabajo o servicios forzados, en los términos del artículo 25 de la presente Ley;

 

  1. La mendicidad forzosa, en los términos del artículo 27 de la presente Ley;

 

VII. La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, en los términos del artículo 28 de la presente Ley;

 

VIII. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, en los términos de los artículos 29 y 30 de la presente Ley;

 

  1. El matrimonio forzoso o servil, en los términos del artículo 31 de la presente Ley, así como la situación prevista en el artículo 32;

 

  1. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, en los términos del artículo 33 de la presente Ley; y

 

  1. Experimentación biomédica ilícita en seres humanos, en los términos del artículo 34 de la presente Ley.

 

Artículo 14. A quien tenga o mantenga a otra persona en una situación de esclavitud, será sancionado con pena de 15 a 30 años prisión y de un mil a 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero.

 

Se entiende por esclavitud el dominio de una persona sobre otra, dejándola sin capacidad de disponer libremente de su propia persona ni de sus bienes y se ejerciten sobre ella, de hecho, atributos del derecho de propiedad.

 

Artículo 15. A quien tenga o mantenga a una persona en condición de siervo será sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión y de un mil a 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero.

 

Tiene condición de siervo:

 

  1. Por deudas: La condición que resulta para una persona del hecho de que un deudor se haya comprometido a prestar sus servicios personales, o los de alguien sobre quien ejerce autoridad, como garantía de una deuda, si los servicios prestados, equitativamente valorados, no se aplican al pago de la deuda, o si no se limita su duración ni se define la naturaleza de dichos servicios.

 

  1. Por gleba: Es siervo por gleba aquel que:

 

  1. a) Se le impide cambiar su condición a vivir o a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona;

 

  1. b) Se le obliga a prestar servicios, remunerados o no, sin que pueda abandonar la tierra que pertenece a otra persona;

 

  1. c) Ejerza derechos de propiedad de una tierra que implique también derechos sobre personas que no puedan abandonar dicho predio.

 

Artículo 16. Será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, al que se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada mediante:

 

  1. El engaño;

 

  1. La violencia física o moral;

 

III. El abuso de poder;

 

  1. El aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad;

 

  1. Daño grave o amenaza de daño grave; o

 

  1. La amenaza de denunciarle ante autoridades respecto a su situación migratoria en el país o cualquier otro abuso de la utilización de la ley o procedimientos legales, que provoque que el sujeto pasivo se someta a las exigencias del activo.

 

Tratándose de personas menores de edad o personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho no se requerirá la comprobación de los medios a los que hace referencia el presente artículo.

 

Artículo 17. Será sancionado con pena de 10 a 15 años de prisión y de un mil a 30 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, al que someta a una persona o se beneficie de someter a una persona para que realice actos pornográficos, o produzca o se beneficie de la producción de material pornográfico, o engañe o participe en engañar a una persona para prestar servicios sexuales o realizar actos pornográficos.

 

Artículo 18. Será sancionado con pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 30 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, al que se beneficie económicamente de la explotación de una persona mediante el comercio, distribución, exposición, circulación u oferta de libros, revistas, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos, de carácter lascivo o sexual, reales o simulados, sea de manera física, o a través de cualquier medio.

 

No se sancionará a quien incurra en estas conductas con material que signifique o tenga como fin la divulgación científica, artística o técnica, o en su caso, la educación sexual o reproductiva. En caso de duda sobre la naturaleza de este material, el juez solicitará dictamen de peritos para evaluar la conducta en cuestión.

 

Artículo 19. Se impondrá pena de 15 a 30 años de prisión y de 2 mil a 60 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, incluyendo la destrucción de los materiales resultantes, al que procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por cualquier medio, a una persona menor de dieciocho años de edad, o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o no tenga capacidad de resistir la conducta, a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal, con fines sexuales, reales o simulados, con el objeto de producir material a través de video grabarlas, audio grabarlas, fotografiarlas, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos, y se beneficie económicamente de la explotación de la persona.

 

Si se hiciere uso de la fuerza, el engaño, la violencia física o psicológica, la coerción, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, las adicciones, una posición jerárquica o de confianza, o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra o cualquier otra circunstancia que disminuya o elimine la voluntad de la víctima para resistirse, la pena prevista en el párrafo anterior se aumentará en una mitad.

 

Se impondrán las mismas sanciones previstas en el primer párrafo del presente artículo, a quien financie, elabore, reproduzca, almacene, distribuya, comercialice, arriende, exponga, publicite, difunda, adquiera, intercambie o comparta, por cualquier medio, el material a que se refieren las conductas anteriores.

 

Artículo 20. Se impondrá pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero al que almacene, adquiera o arriende para sí o para un tercero, el material a que se refiere el artículo anterior, sin fines de comercialización o distribución.

 

Artículo 21. Se impondrá pena de 15 a 25 años de prisión y de un mil a 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, al que promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que realicen cualquier tipo de actos sexuales, reales o simulados, con una o varias personas menores de dieciocho años de edad, o con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, y se beneficie económicamente de ello.

 

Artículo 22. Será sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión y de 4 mil a 30 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, el que contrate a una persona u oferte un trabajo distinto a los servicios sexuales y la induzca a realizarlos, bajo engaño en cualquiera de las siguientes circunstancias:

 

  1. Que el acuerdo o contrato comprende la prestación de servicios sexuales; o

 

  1. La naturaleza, frecuencia y condiciones especificas; o

 

III. La medida en que la persona tendrá libertad para abandonar el lugar o la zona a cambio de la realización de esas prácticas; o

 

  1. La medida en que la persona tendrá libertad para dejar el trabajo a cambio de la realización de esas prácticas; o

 

  1. La medida en que la persona tendrá posibilidad de salir de su lugar de residencia a cambio de la realización de esas prácticas; o

 

  1. Si se alega que la persona ha contraído o contraerá una deuda en relación con el acuerdo: el monto, o la existencia de la suma adeudada o supuestamente adeudada.

 

Artículo 23. Será sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión y de 4 mil a 30 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, el que, obteniendo beneficio económico para sí o para un tercero, contrate aun sea lícitamente, a otra para la prestación de servicios sexuales en las circunstancias de las fracciones II al VI del artículo anterior.

 

Artículo 24. Será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, quien explote laboralmente a una o más personas.

 

Existe explotación laboral cuando una persona obtiene, directa o indirectamente, beneficio injustificable, económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad, tales como:

 

  1. Condiciones peligrosas o insalubres, sin las protecciones necesarias de acuerdo a la legislación laboral o las normas existentes para el desarrollo de una actividad o industria;

 

  1. Existencia de una manifiesta desproporción entre la cantidad de trabajo realizado y el pago efectuado por ello, o

 

III. Salario por debajo de lo legalmente establecido.

 

Artículo 25. Será sancionado con pena de 10 a 20 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, quien tenga o mantenga a una persona en trabajos forzados.

 

Hay trabajo forzado cuando el mismo se obtiene mediante:

 

  1. Uso de la fuerza, la amenaza de la fuerza, coerción física, o amenazas de coerción física a esa persona o a otra persona, o bien utilizando la fuerza o la amenaza de la fuerza de una organización criminal;

 

  1. Daño grave o amenaza de daño grave a esa persona que la ponga en condiciones de vulnerabilidad;

 

III. El abuso o amenaza de la denuncia ante las autoridades de su situación migratoria irregular en el país o de cualquier otro abuso en la utilización de la ley o proceso legal, que provoca que el sujeto pasivo se someta a condiciones injustas o que atenten contra su dignidad.

 

Artículo 26. No se considerará que hay trabajo o servicio forzado, ni explotación laboral, cuando:

 

  1. Se exija en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio;

 

  1. Forme parte de las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos hacia la Federación, el Estado de Guerrero o sus municipios;

 

III. Se exija a una persona en virtud de una condena pronunciada por sentencia judicial, o en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como trabajo a favor de la comunidad, a condición de que este trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y que dicha persona no sea cedida o puesta a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado;

 

  1. Los trabajos sean voluntarios y realizados por integrantes de una comunidad en beneficio directo de la misma y, por consiguiente pueden considerarse como obligaciones cívicas normales que incumben a los miembros de la comunidad local, nacional o a una organización internacional, a grupos o asociaciones de la sociedad civil e instituciones de beneficencia pública o privada.

 

Artículo 27. Será sancionado con prisión de 4 a 9 años y de 500 a 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, a quien utilice a una persona para realizar actos de mendicidad.

 

Se entiende por explotación de la mendicidad ajena, obtener un beneficio al obligar a una persona a pedir limosna o caridad contra su voluntad, recurriendo a la amenaza de daño grave, un daño grave o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, o el engaño.

 

Si se utiliza con los fines del párrafo primero de este artículo a personas menores de dieciocho años, mayores de setenta, mujeres embarazadas, personas con lesiones, enfermedades o discapacidad física o psicológica, se impondrá pena de 9 a 15 años de prisión y de un mil a 25 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero.

 

Artículo 28. Será sancionado con pena de 10 a 20 años de prisión y de un mil a 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, a quien utilice a personas menores de dieciocho años en cualquiera de las actividades delictivas señaladas en el artículo 2o de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

 

Artículo 29. Se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión y de 2 mil a 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, al padre, madre, tutor o persona que tiene autoridad sobre quien se ejerce la conducta que entregue o reciba de forma ilegal, ilícita, irregular o incluso mediante adopción, a una persona menor de dieciocho años con el fin de abusar o explotar de ella sexualmente o cualquiera de las formas de explotación a que se refiere el artículo 13 de la presente Ley.

 

En todos los casos en que se acredite esta conducta se declarará nula la adopción.

 

Artículo 30. Se impondrá pena de 3 a 10 años de prisión y de 500 a 2 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, al que entregue en su carácter de padre o tutor o persona que tiene autoridad sobre quien se ejerce la conducta o reciba a título oneroso, en su carácter de adoptante de forma ilegal, ilícita o irregular, a una persona menor de dieciocho años.

 

En todos los casos en que se acredite esta conducta se declarará nula la adopción.

 

No se procederá en contra de quien de buena fe haya recibido a una persona en condición irregular, con el fin de integrarla como parte de su núcleo familiar con todas sus consecuencias.

 

Artículo 31. Se impondrá pena de 4 a 10 años de prisión y de 200 a 2 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, además de la declaratoria de nulidad de matrimonio, al que:

 

  1. Obligue a contraer matrimonio a una persona, de manera gratuita o a cambio de pago en dinero o en especie entregada a sus padres, tutor, familia o a cualquier otra persona o grupo de personas que ejerza una autoridad sobre ella;

 

  1. Obligue a contraer matrimonio a una persona con el fin de prostituirla o someterla a esclavitud o prácticas similares;

 

III. Ceda o trasmita a una persona a un tercero, a título oneroso, de manera gratuita o de otra manera.

 

Artículo 32. Se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión y de 2 mil a 30 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, al que realice explotación sexual aprovechándose de la relación matrimonial o concubinato. En todos los casos en que se acredite esta conducta se declarará nulo el matrimonio.

 

Artículo 33. Se impondrá pena de 15 a 25 años de prisión, y de 2 mil a 30 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, a quien realice la extracción, remoción u obtención de un órgano, tejido o células de seres humanos vivos, a cambio de un beneficio o a través de una transacción comercial, sin incluir los procedimientos médicos lícitos para los cuales se ha obtenido el debido consentimiento, en los términos de lo establecido por la Ley General de Salud.

 

Artículo 34. Se impondrá pena de 3 a 5 años de prisión y de 2 mil a 30 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero a quien aplique sobre una persona o un grupo de personas procedimientos, técnicas o medicamentos no aprobados legalmente y que contravengan las disposiciones legales en la materia.

 

Artículo 35. Se impondrá pena de 2 a 7 años de prisión y de 500 a 2 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero al que, en cualquier medio impreso, electrónico o cibernético contrate, de manera directa o indirecta, espacios para la publicación de anuncios que encuadren en los supuestos de publicidad ilícita o engañosa, con el fin de facilitar, promover o procurar que se lleve a cabo cualquiera de las conductas delictivas objeto de la presente Ley.

 

Artículo 36. Se aplicará pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero a quien dirija, gestione o edite un medio impreso, electrónico o cibernético que, incumpliendo lo dispuesto con esta Ley publique contenidos a través de los cuales facilite, promueva o procure cualquiera de las conductas delictivas objeto de la misma.

 

Artículo 37. Al que dé en comodato, en arrendamiento o alquile un bien inmueble, casa o habitación, con conocimiento de que será utilizado para la comisión de cualquiera de las conductas señaladas en el presente capítulo, será sancionado con pena de 2 a 7 años de prisión y de 10 mil a 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero.

 

Artículo 38. Se sancionará con pena de 2 a 40 años de prisión y de un mil a 25 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, además de las que resulten por la comisión de conductas previstas en otros ordenamientos legales aplicables, al que, a sabiendas de su situación de trata, adquiera, use, compre, solicite o alquile servicios de una persona para cualquiera de los fines previstos en los delitos materia de la presente Ley.

 

Artículo 39. Se aplicará pena de 3 a 6 años de prisión y de un mil a 10 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, al que divulgue, sin motivo fundado, información reservada o confidencial relacionada con los delitos, procesos y personas objeto de esta Ley o relacionada con la protección de víctimas, ofendidos o testigos.

 

Si el sujeto es o hubiese sido integrante de una institución de seguridad pública, de procuración de justicia, de los centros de reclusión preventiva o penitenciaria, o del poder judicial la pena será de seis a doce años de prisión y de 2 mil a 15 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero.

 

Artículo 40. No se procederá en contra de la víctima de los delitos previstos en esta Ley por delitos que hubiesen cometido mientras estuvieran sujetas al control o amenaza de sus victimarios, cuando no les sea exigible otra conducta.

 

Artículo 41. Las víctimas extranjeras de delitos en materia de trata de personas, no serán sujetas a las sanciones previstas en la Ley de Migración u otros ordenamientos legales, por su situación migratoria irregular o por la adquisición o posesión de documentos de identificación apócrifos. Tampoco serán mantenidas en centros de detención o prisión en ningún momento antes, durante o después de todos los procedimientos administrativos o judiciales que correspondan.

 

Capítulo III

Reglas comunes para los delitos previstos en esta Ley

 

Artículo 42. La tentativa para los delitos objeto de esta Ley tendrá el carácter de punible, y deberá sancionarse hasta con las dos terceras partes de la pena correspondiente al delito doloso consumado que el sujeto activo quiso realizar.

 

En la aplicación de las consecuencias jurídicas señaladas en este artículo, la autoridad judicial tomará en consideración, además de lo previsto en el artículo Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 499, el mayor o menor grado de aproximación a la consumación del delito y la magnitud del peligro al que fue expuesto el bien jurídico.

 

Artículo 43. El consentimiento otorgado por la víctima, cualquiera que sea su edad y en cualquier modalidad de los delitos previstos en esta Ley no constituirá causa excluyente de responsabilidad penal.

 

Artículo 44. Las penas previstas en los delitos de este Título se aplicarán también a quien los prepare, promueva, incite, facilite o colabore.

 

Artículo 45. Las penas previstas en este Título se aumentarán hasta en una mitad cuando:

 

  1. Exista una relación familiar o tenga parentesco por consanguinidad o civil hasta el tercer grado o hasta el segundo grado por afinidad, o habite en el mismo domicilio, o tenga o haya tenido relación sentimental o de hecho con la víctima. En estos casos la sentencia impondrá la pérdida de los derechos que el sujeto activo tenga respecto de la víctima y sus bienes, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela, guarda y custodia;

 

  1. Se utilice violencia, intimidación, engaño, privación de libertad, fanatismo religioso o tratos crueles, inhumanos o degradantes, salvo en el caso del artículo 16;

 

III. El delito ponga en peligro la vida de la víctima deliberadamente o debido a negligencia;

 

  1. El delito cause la muerte o el suicidio de la víctima;

 

  1. El delito cause daño o lesiones corporales graves a la víctima y enfermedades psicológicas o físicas, incluido el VIH/SIDA;

 

  1. El delito sea cometido contra una mujer embarazada, personas con discapacidad física o psicológica, menor de dieciocho años de edad o de la tercera edad que no tengan capacidad de valerse por sí misma;

 

VII. Cuando la víctima pertenezca a un grupo indígena y en razón de ello sea objeto de alguna condición de desventaja o tenga una condición de vulnerabilidad;

 

VIII. El delito comprenda más de una víctima;

 

  1. Cuando el autor del delito:

 

  1. a) Sea miembro de la delincuencia organizada;

 

  1. b) Haya suministrado a la víctima substancias de las prohibidas por la Ley General de Salud;

 

  1. c) Tenga una posición de responsabilidad o confianza respecto de la víctima;

 

  1. d) Tenga posición de autoridad, control o dominio respecto de la víctima menor de 18 años de edad;

 

  1. e) Sea funcionario público, o

 

  1. f) Haya sido condenado con anterioridad por el mismo delito, o cualquier otro delito en materia de trata de personas.

 

Artículo 46. La pena se incrementará hasta en dos terceras partes, cuando el responsable del delito realice, además, acciones de dirección o financiamiento a otras personas para que cometan cualquiera de los delitos objeto de esta Ley.

 

Artículo 47. Los bienes que sean instrumento, objeto o producto de los delitos previstos en esta Ley, y que sean decomisados como resultado del ejercicio de la extinción de dominio, formarán parte del patrimonio del Fondo para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas.

 

Al imponer las consecuencias jurídicas accesorias previstas en este artículo, el Juez, oficiosamente, tomará las medidas pertinentes para dejar a salvo los derechos de los trabajadores y terceros, así como aquellos otros derechos que sean exigibles frente a otras personas, derivados de actos celebrados con la persona sancionada. Toda omisión de la autoridad judicial será sancionada en los términos de las leyes aplicables.

 

Artículo 48. Cuando un miembro o representante de una persona moral cometa algún delito de los previstos en esta Ley, con los medios que para tal objeto la misma persona moral le proporcione, de modo que el delito resulte cometido en su nombre, bajo el amparo o en beneficio de aquélla, el Juzgador impondrá en la sentencia, previo el procedimiento correspondiente y con intervención del representante legal, las consecuencias jurídicas accesorias correspondientes, con base a la Ley número 481 de Extinción de Dominio para el Estado de Guerrero, además del decomiso de los fondos y bienes ilícitos producidos por los delitos previstos en esta Ley, sin excepción alguna.

 

El Ministerio Público podrá tomar medidas para embargar de manera precautoria los productos y bienes del delito.

 

Artículo 49. La responsabilidad de las personas jurídicas será determinada conforme a lo señalado en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número. 499 y Código Nacional de Procedimientos Penales.

 

Artículo 50. Los sentenciados por los delitos a que se refiere la presente Ley no tendrán derecho a los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena.

 

Quienes colaboren proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción a la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión de delitos en materia de trata de personas y para la localización y liberación de las víctimas conforme al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número. 499, tendrán derecho a los beneficios citados en el primer párrafo del presente artículo, siempre que concurran todas las condiciones que a continuación se enuncian:

 

  1. El sentenciado haya cometido uno de los delitos sancionados con una pena que no exceda de cuatro años de prisión;

 

  1. El sentenciado acepte voluntariamente la colocación de un dispositivo de localización por el tiempo que falte cumplir la pena de prisión y pague el costo de su operación y mantenimiento;

 

III. El sentenciado sea primodelincuente;

 

  1. En su caso, cubra la totalidad de la reparación del daño o de manera proporcional, cuando haya sido condenado en forma solidaria y mancomunada y sea determinada dicha reparación;

 

  1. Cuente con una persona conocida que se comprometa y garantice a la autoridad penitenciaria el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el sentenciado;

 

  1. Compruebe fehacientemente contar con un oficio, arte o profesión o exhiba las constancias adecuadas que acrediten que continuará estudiando;

 

VII. Cuente con fiador, y

 

VIII. Se obligue a no molestar a la víctima y a los testigos que depusieron en su contra, así como a sus parientes o personas vinculadas a éstos.

 

Capítulo IV

Del Resarcimiento y Reparación del Daño

 

Artículo 51. Cuando una persona sea declarada penalmente responsable de la comisión de los delitos previstos en esta Ley, el Juez deberá condenarla al pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendidos, en todos los casos.

 

La reparación del daño, deberá ser plena y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación del proyecto de vida, y comprenderá por lo menos:

 

  1. La restitución de los bienes o la cosa obtenida por el delito con sus frutos y accesorios, y el pago, en su caso, de los deterioros que hubiere sufrido, y si no fuese posible la restitución el pago de su valor actualizado;

 

  1. El pago de los daños físicos, materiales, psicológicos, así como la reparación al daño moral.

 

Incluirá, por lo menos, los costos de tratamiento médico, medicina, exámenes clínicos e intervenciones necesarias, rehabilitación física, prótesis o aparatos ortopédicos, así también la terapia o tratamiento psiquiátrico, psicológico y rehabilitación social y ocupacional hasta la rehabilitación total de la víctima.

 

III. La pérdida de oportunidades, del empleo, educación y prestaciones sociales que de no haberse cometido el delito se tendrían; por tanto deberá repararse el daño para que la víctima u ofendido puedan acceder a nuevos sistemas de educación, laborales y sociales acorde a sus circunstancias;

 

  1. El pago de los ingresos económicos que se hubieren perdido, así como y el lucro cesante ocasionado por la comisión del delito, para ello se tomará como base el salario que en el momento de sufrir el delito tenía la víctima, en caso de no contar con esa información, será conforme al salario mínimo, al tiempo del dictado de la sentencia;

 

  1. Los gastos de asistencia y representación jurídica o de peritos, hasta la total conclusión de los procedimientos legales;

 

  1. Los costos del transporte de retorno a su lugar de origen, si así lo decide la víctima, gastos de alimentación, vivienda provisional, vestido y los que sean necesarios durante la investigación, el proceso y la rehabilitación física y psíquica total de la víctima;

 

VII. La declaración que restablezca la dignidad y la reputación de la víctima u ofendido y de las personas vinculadas a ella, a través de los medios que solicite;

 

VIII. La disculpa pública de reconocimiento de hechos y aceptación de responsabilidad, cuando en el delito participe servidor público o agente de autoridad.

 

Artículo 52. La reparación del daño será fijada por el juez, según el daño o perjuicios que sean precisos reparar, de acuerdo con las pruebas obtenidas.

 

La reparación del daño se cubrirá con los bienes del responsable y subsidiariamente con el importe de la caución que otorgue para obtener su libertad provisional o sanción pecuniaria.

 

Tiene el carácter de pena pública, será exigida de oficio por el Ministerio Público, sin que medie formalidad alguna y fijada por el juzgador habiéndose demostrado la existencia del hecho y la responsabilidad del inculpado.

 

La obligación de pagar la reparación del daño es preferente al pago de cualquier otra sanción pecuniaria u obligación contraída con posterioridad a la comisión del delito, salvo las referentes a alimentos y relaciones laborales.

 

Tienen derecho a la reparación del daño:

 

  1. La víctima y la o las personas ofendidas;

 

  1. A falta de la víctima o de la o las personas ofendidas, sus dependientes económicos, herederos o derechohabientes, en la proporción que señale el derecho sucesorio.

 

Artículo 53. La reparación del daño se podrá reclamar en forma conexa a la responsabilidad penal, por la vía civil; y cuando sea exigible a terceros, tendrá el carácter de responsabilidad civil.

 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 358.

 

Artículo 54. Son obligaciones de las autoridades para garantizar la reparación del daño:

 

  1. Realizar todas las acciones y diligencias necesarias para que la víctima sea restituida en el goce y ejercicio de sus derechos; y

 

  1. Proporcionar los tratamientos médicos y psicológicos para la recuperación de la víctima.

 

Capítulo V

De las Técnicas de Investigación

 

Artículo 55. Cuando la reparación del daño no sea cubierta total o parcialmente por el sentenciado, el Estado cubrirá dicha reparación con los recursos del Fondo para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas.

 

Los derechos de la autoridad para exigir al sentenciado la reparación del daño, quedarán a salvo para hacerlos efectivos.

 

Artículo 56. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento por cualquier medio de la comisión de alguno de los delitos en materia de trata de personas asumirá la función de la dirección de investigación a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Artículo 57. El Ministerio Público convocará a una reunión de planeación de la investigación a la que asistirán todas las áreas requeridas, en la que se deberá fijar por lo menos:

 

  1. El Agente del Ministerio Público responsable del caso;

 

  1. Los policías de investigación asignados;

 

III. Integrar a funcionarios encargados de las investigaciones patrimoniales y financieras;

 

  1. El mando policial responsable;

 

  1. El análisis y estrategia básica de la investigación;

 

  1. El control de riesgo y manejo de crisis;

 

VII. El control de manejo de información;

 

VIII. Lugar en el que deberá ser alojada la víctima, en caso de ser necesario;

 

  1. La relación con el personal encargado de la atención y apoyo a la víctima u ofendidos, y

 

  1. Periodicidad de las reuniones del grupo en las fases críticas y en la continuación de la investigación.

 

Artículo 58. Las policías y el Ministerio Público en el respectivo ámbito de sus competencias deberán tener como metas de la investigación, por lo menos las siguientes:

 

  1. Extracción segura de la víctima del lugar de los hechos o de donde se encuentra;

 

  1. Identificación del modus operandi de los involucrados;

 

III. Obtención de elementos probatorios antes, durante y posterior a la extracción segura de la víctima;

 

  1. Aseguramiento de elementos probatorios conforme a los lineamientos de cadena de custodia;

 

  1. Detención de las personas que cometieron o participaron en la comisión;

 

  1. Identificación y aseguramiento de los recursos económicos obtenidos por el responsable del delito;

 

VII. Identificación de bienes relacionados con los hechos o propiedad de los responsables del delito que pueda ser objeto de extinción de dominio;

 

VIII. En caso de que el delito sea cometido por más de dos personas, identificar, determinar las actividades que realiza y detener a cada integrante del grupo criminal, y

 

  1. Obtener sentencias definitivas contra los responsables del delito.

 

Artículo 59. Las policías que actuarán bajo la dirección y conducción del Ministerio Público, además de las facultades que les confieren otros ordenamientos, durante la fase de investigación podrán:

 

  1. Recabar información en lugares públicos, mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarias para la generación de inteligencia. En el ejercicio de esta atribución se deberá respetar los derechos particulares de los ciudadanos;

 

  1. Recabar información de bases de datos públicos, con el objeto de identificar a las víctimas, testigos, lugares de los hechos, forma de operar, sujetos involucrados o bienes de estos;

 

III. Realizar análisis técnico táctico o estratégico de la información obtenida para la generación de inteligencia;

 

  1. Verificar la información que reciba sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito o delitos para, en su caso, informarlo al Ministerio Público; y

 

  1. Efectuar el procesamiento del lugar de los hechos, para lo cual deberán fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física al Ministerio Público, conforme al procedimiento previamente establecido por éste y en términos de las disposiciones aplicables, en caso de contar con personal calificado para tal fin.

 

Artículo 60. El Ministerio Público, además de las facultades que les confieren otros ordenamientos, durante la fase de investigación podrá:

 

  1. Solicitar la intervención de comunicaciones, en términos de la legislación federal o local aplicable;

 

  1. Solicitar información a las empresas telefónicas y de comunicación, en términos de la legislación federal o local aplicable;

 

III. Autorizar el seguimiento de personas hasta por un período de un mes, el cual podrá ser prorrogado siempre que existan motivos suficientes, sin que la misma tenga una duración mayor a seis meses, en términos de la normatividad aplicable;

 

  1. Solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre la actividad financiera de las personas sujetas a investigación;

 

  1. Autorizar la colaboración de informantes, en los términos de los lineamientos mínimos que emita el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como demás disposiciones;

 

  1. Autorizar la utilización de cualquier medio, instrumentos o herramienta para la obtención de pruebas, siempre que ésta no contravenga los derechos humanos no violente el orden jurídico, y

 

VII. Toda aquella que determinen las leyes aplicables.

 

Artículo 61. Por informante se entenderá toda persona que de forma directa o indirecta tiene conocimiento de la comisión de delitos, y por su situación o actividad que realiza, provee dicha información a las instancias de gobierno para la investigación.

 

Título Tercero

De la Protección y Asistencia a las Víctimas, Ofendidos y Testigos de los Delitos en Materia de Trata de Personas

 

Capítulo I

Derechos de las Víctimas y Testigos Durante el Procedimiento Penal y Medidas de Protección a su Favor

 

Artículo 62. Para los efectos de esta ley, se considera víctima al titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión por los delitos previstos en esta Ley.

 

Lo anterior con independencia de que se identifique, aprehenda, sujete a procesos o condene al autor, coautor o partícipe del delito y con independencia de la relación familiar entre éste y la víctima u ofendido.

 

Los ofendidos gozarán de los mismos derechos reconocidos a la víctima.

 

Artículo 63. Tendrán la calidad de ofendido, los familiares de la víctima hasta en cuarto grado, dependientes económicos, así como a cualquier otra persona que tenga una relación de hecho o convivencia afectiva con la víctima y que sufran, hayan sufrido o se encuentren en situación de riesgo de sufrir algún daño o perjuicio por motivos o a consecuencia de la comisión del delito. Entre los que se encuentran:

 

  1. Hijos o hijas de la víctima;

 

  1. El cónyuge, concubina o concubinario;

 

III. El heredero declarado judicialmente en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la víctima u ofendido;

 

  1. La persona que hubiere vivido de forma permanente con la víctima durante por lo menos dos años anteriores al hecho, y

 

  1. La persona que haya sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

 

Artículo 64. Tendrá la calidad de testigo toda persona que de forma directa o indirecta, a través de sus sentidos tiene conocimiento de los hechos que se investigan, por lo que puede aportar información para su esclarecimiento, independientemente de su situación legal.

 

Artículo 65. La protección de las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos contenidos en la presente Ley comprenderá, además de lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los demás contemplado en esta Ley, los siguientes rubros:

 

  1. Se garantizará a las víctimas de los delitos previstos en la presente Ley, cuando sea necesario, alojamiento adecuado, atención médica de calidad, acceso a la educación, capacitación y oportunidades de empleo, hasta su total recuperación y resocialización.

 

Asimismo, se les ofrecerán modelos de medio camino y opciones dignas y viables para su reincorporación a la sociedad, encaminada a la construcción de autonomía.

 

  1. Se garantizará a las víctimas de los delitos previstos en esta Ley, atención física, psicológica y social hasta su total recuperación y rehabilitación.

 

Esta atención deberá ser proporcionada por autoridades competentes en coordinación con organizaciones no gubernamentales y otros sectores de la sociedad civil.

 

III. Las demás que resulten pertinentes para salvaguardar su seguridad física, su libertad, dignidad, integridad física y mental, sus derechos humanos y la reparación del daño, así como el normal desarrollo de su personalidad en el caso de niñas, niños y adolescentes.

 

Artículo 66. Las víctimas y ofendidos de los delitos previstos en la presente Ley y los testigos de cargo, además de los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendrán los siguientes:

 

  1. En todo momento serán tratadas con humanidad, respeto por su dignidad, y, con estricto apego a derecho, acceso inmediato a la justicia, la restitución de sus derechos y reparación del daño sufrido;

 

  1. Estar presentes en el proceso, en sala distinta a la que se encuentre el inculpado;

 

III. Obtener la información que se requiera de las autoridades competentes;

 

  1. Solicitar y recibir asesoría por parte de autoridades competentes, proporcionada por experto en la materia, quien deberá mantenerlas informadas sobre la situación del proceso y procedimientos, así como de los beneficios o apoyos a que tienen derecho;

 

  1. Solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de las víctimas, ofendidos y testigos, para la investigación y persecución de los probables responsables del delito y para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño;

 

  1. Requerir al juez que al emitir una sentencia condenatoria, en la misma se sentencie a la reparación del daño a favor de la víctima;

 

VII. Contar, con cargo a las autoridades competentes, con apoyo permanente de un grupo interdisciplinario de especialistas que las asesore y apoye en sus necesidades durante las diligencias;

 

VIII. Rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la audiencia, teniendo la obligación el juez de resguardar sus datos personales y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos;

 

  1. Participar en careos a través de medios remotos;

 

  1. Obtener copia simple gratuita y de inmediato, de las diligencias en la que intervengan;

 

  1. Coadyuvar con el Ministerio Público y aportar pruebas durante el proceso;

 

XII. Conocer en todo momento el paradero del autor o partícipes del delito del que fue víctima, ofendido o testigo;

 

XIII. Ser notificado previamente de la libertad del autor o autores del delito del que fue víctima, ofendido o testigo, y ser proveído de la protección correspondiente de proceder la misma;

 

XIV. Ser inmediatamente notificado y proveído de la protección correspondiente, en caso de fuga del autor o autores del delito del que fue víctima, ofendido o testigo, y

 

  1. Tener el beneficio de la prueba anticipada, que podrá hacer valer el Ministerio Público de oficio o el representante de las víctimas y ofendidos por delitos que sean menores de edad, cuando con la ayuda de un especialista se pueda determinar la necesidad de obtener su declaración de manera anticipada, cuando por el transcurso del tiempo hasta que se llegase a la audiencia la persona menor de edad no pudiere rendir su testimonio o cuando la reiteración en su atesto sea altamente perjudicial en su desarrollo psicológico.

 

Artículo 67. Durante todas las etapas del proceso penal, especialmente cuando se presuma que el o los sujetos activos del delito sean integrantes de la delincuencia organizada, o haya algún nivel de involucramiento de ésta, las autoridades ministeriales y judiciales deberán aplicar, medidas para asegurar que la víctima, ofendido o testigo pueda declarar y rendir sus testimonios libre de intimidación o temor por su seguridad y sus vidas o las de sus familiares.

 

Asimismo, se tomarán medidas para prevenir cualquier riesgo de revictimización durante las diligencias, limitando la exposición pública de las víctimas.

 

Entre éstas medidas se incluirán, de manera enunciativa pero no limitativa y de manera única o combinada, de acuerdo a las necesidades de las víctimas y de las características y el entorno del delito cometido, las siguientes:

 

  1. Mecanismos judiciales y administrativos que les permitan obtener reparación mediante procedimientos expeditos, justos, poco costosos y accesibles, e informarles de sus derechos para obtener reparación mediante estos mecanismos;

 

  1. Mantenerlas informadas en su idioma de su papel en cada momento del proceso, así como del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones y de la decisión de sus causas;

 

III. Permitir que sus opiniones y preocupaciones sean presentadas y examinadas en las etapas apropiadas de las actuaciones cuando estén en juego sus intereses, sin perjuicio del derecho al debido proceso del acusado, y

 

  1. Evitar demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan reparación del daño.

 

Capítulo II

Protección y Asistencia a las Víctimas

 

Artículo 68. La protección de las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos contenidos en la presente Ley comprenderá, además de lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los demás contemplados en esta Ley, los siguientes rubros:

 

  1. Se garantizará a las víctimas de los delitos previstos en la presente Ley, cuando sea necesario, alojamiento adecuado, atención médica de calidad, acceso a la educación, capacitación y oportunidades de empleo, hasta su total recuperación y resocialización.

 

Asimismo, se les ofrecerán modelos de medio camino y opciones dignas y viables para su reinserción social encaminada a la construcción de autonomía.

 

  1. Se garantizará a las víctimas de los delitos previstos en esta Ley, atención física, psicológica y social hasta su total recuperación y rehabilitación.

 

Esta atención deberá ser proporcionada por autoridades competentes en coordinación con organizaciones no gubernamentales y otros sectores de la sociedad civil.

 

III. Las demás que resulten pertinentes para salvaguardar su seguridad física, su libertad, dignidad, integridad física y mental, sus derechos humanos y la reparación del daño, así como el libre desarrollo de su personalidad en el caso de niñas, niños y adolescentes.

 

Artículo 69. Las víctimas, ofendidos y testigos recibirán la asistencia material, jurídica, médica y psicológica que sea necesaria, por conducto de las autoridades federales y estatales encargadas en la materia, las que se podrán auxiliar de organizaciones privadas, comunitarias y de la Sociedad Civil.

 

En todo momento la autoridad que corresponda les informarán y gestionarán los servicios de salud y sociales y demás asistencia pertinente.

 

Artículo 70. Para mejor atender las necesidades de las víctimas de los delitos objeto de esta Ley, se proporcionará al personal de policía, justicia, salud, servicios sociales, capacitación que los sensibilice sobre dichas necesidades, así como directrices que garanticen que esta ayuda sea siempre especializada y oportuna.

 

Artículo 71. Al proporcionar servicios y asistencia a las víctimas, se prestará atención a las necesidades especiales que resulten por la índole de los daños sufridos o debido a cualquier situación de vulnerabilidad.

 

Artículo 72. Al aplicar las disposiciones de esta Ley, las autoridades darán la debida consideración a factores humanitarios y personales, especialmente para la reunificación familiar en un entorno seguro.

 

El Fondo contará con recursos específicos para estos fines.

 

Artículo 73. Las víctimas, ofendidos y testigos tendrán derecho a que se les dicten cualquier tipo de medidas cautelares, providencias precautorias y protección personal, que garanticen la vigencia y salvaguarda de sus derechos, las cuales tendrá vigencia durante la investigación, proceso, sentencia y ejecución de penas, y deberán ser adoptadas por el Ministerio Público y el Poder Judicial,.

 

Artículo 74. El Ministerio Público y el Poder Judicial deberán asegurar, que durante las comparecencias y actuaciones de las víctimas, ofendidos o testigos sus declaraciones se desarrollen libres de intimidación o temor por su seguridad o la de sus familiares y personas cercanas, por lo que al menos garantizará:

 

  1. Medios remotos de distorsión de voz y rasgos;

 

  1. Comparecencia a través de Cámara de Gesell, y

 

III. Resguardo de la identidad y otros datos personales.

 

En los casos en que la víctima, ofendido o testigo declare en contra de grupos de la delincuencia organizada, el Ministerio Público y el Poder Judicial adoptarán un conjunto de medidas de carácter excepcional para resguardar su vida, libertad, integridad, seguridad e identidad.

 

Capítulo III

Del Programa de Protección a Víctimas y Testigos

 

Artículo 75. La Fiscalía elaborará un programa para ofrecer cambio de identidad y reubicación a víctimas, ofendidos y testigos de los delitos objeto de la presente Ley, cuya integridad pueda estar amenazada.

 

Título Cuarto

De la Política de Estado

 

Capítulo II

De la Intervención y Coordinación

 

Artículo 76. En el ámbito de sus respectivas competencias, las personas servidoras públicas que integran la Administración Pública Estatal o Municipal garantizarán en todo momento los derechos de las víctimas, ofendidos y testigos.

 

Artículo 77. Con independencia de lo depuesto en otros instrumentos jurídicos, corresponde al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero:

 

  1. Formular políticas e instrumentar programas para prevenir los delitos previstos en esta Ley así como para la protección, atención, rehabilitación y recuperación del proyecto de vida de las víctimas y posibles víctimas, ofendidos y testigos de los mismos;

 

  1. Impulsar las acciones efectivas de prevención y protección en materia de trata de personas en coordinación con las organizaciones civiles y sociales, instituciones académicas, grupos sociales y los habitantes del Estado de Guerrero;

 

III. Aprobar el Programa y ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero;

 

  1. Establecer de manera concertada con la Federación programas y proyectos de atención, educación, capacitación e investigación en materia de los delitos previstos en esta Ley;

 

  1. Concertar acuerdos y celebrar convenios con los distintos sectores públicos y sociales en torno a la problemática implícita en materia de trata de personas;

 

  1. Incluir anualmente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero, los recursos para la ejecución y cumplimiento de las metas y objetivos del Programa en la materia, y en la medida que lo permitan las previsiones, y

 

VII. Las demás atribuciones establecidas en la Ley General, el presente ordenamiento y demás normas aplicables.

 

Artículo 78. Además de las previstas por otros ordenamientos, corresponde a la Secretaría de Gobierno:

 

  1. Vigilar el cumplimiento de la Ley General, el presente ordenamiento, así como demás normas que se expidan con motivo de entrada su vigor;

 

  1. Dictar las medidas administrativas necesarias para prevenir la comisión de los delitos contenidos en esta Ley al interior de los centros de reinserción social así como en las comunidades para adolescentes, y

 

III. Las demás atribuciones establecidas en la Ley General, el presente ordenamiento y demás normas aplicables.

 

Artículo 79. Con independencia de lo dispuesto por otra normatividad, corresponde a la Fiscalía:

 

  1. Ser la instancia encargada de coordinar los trabajos de la Comisión Interinstitucional;

 

  1. Servir de enlace para los temas materia de la presente Ley con los Órganos de Gobierno del Estado de Guerrero, Dependencias, Entidades, Municipios, Órganos Autónomos y demás entes públicos o privados que con motivo de sus atribuciones u objeto social se encuentren relacionados con el objeto de este ordenamiento;

 

III. Ejecutar acciones tendentes al fortalecimiento de la prevención de los delitos previstos en esta Ley, así como de la protección y asistencia de las víctimas, ofendidos o testigos;

 

  1. Contar con espacios físicos que cumplan con las condiciones de confidencialidad y seguridad para el desarrollo de las diligencias en las que intervengan las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos contemplados por esta Ley, especialmente cuando se trate de niñas, niños o personas jóvenes;

 

  1. Capacitar de manera permanente a su personal en materia de planeación de investigación de los delitos contenidos en esta Ley, así como proporcionarles talleres intensivos de sensibilización respecto de las necesidades de las víctimas, ofendidos o testigos;

 

  1. Implementar mecanismos por los que se proporcionen atención integral a las víctimas y ofendidos de los delitos contenidos en esta Ley;

 

VII. Implementar mecanismos para que de los resultados derivados de la investigación de los delitos previstos en esta Ley, se generé información que permita el desarrollo de nuevas políticas y programas para su prevención y combate, así como para desarrollar nuevas medidas de atención, protección y asistencia a las víctimas; y

 

VIII. Las demás atribuciones establecidas en la Ley General, el presente ordenamiento y demás normas aplicables.

 

Artículo 80. Además de lo previsto por otras leyes, corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública:

 

  1. Diseñar y ejecutar protocolos así como lineamientos para la prevención de los delitos contenidos en esta Ley;

 

  1. Planear y llevar a cabo la capacitación y sensibilización de sus elementos en materia de la trata de personas;

 

III. Establecer mecanismos de coordinación con la Fiscalía para obtener, procesar e interpretar toda aquella información geodelictiva por medio del análisis de los factores que generan conductas antisociales previstas en esta Ley con la finalidad de identificar las zonas, sectores y grupos de alto riesgo;

 

  1. Realizar en coordinación con la Fiscalía estudios sobre las causas estructurales, distribución geodelictiva, estadística, tendencias históricas y patrones de comportamiento, lugares de origen, tránsito y destino, modus operandi, modalidad de enganche o reclutamiento, modalidad de explotación, entre otros, que permitan actualizar y perfeccionar la investigación para la prevención de los delitos tipificados por esta Ley;

 

  1. Sistematizar y ejecutar en coordinación con la Procuraduría General de Justicia los métodos de análisis de información estratégica que permita identificar a personas, grupos, organizaciones, zonas prioritarias y modos de operación vinculados con las conductas previstas en el presente ordenamiento;

 

  1. Ejecutar acciones tendentes al fortalecimiento de la prevención de los delitos previstos en esta Ley, así como de la protección y asistencia de las víctimas, ofendidos o testigos;

 

VII. Capacitar de manera permanente a su personal en materia de planeación de investigación de los delitos contenidos en esta Ley, así como proporcionarles talleres intensivos de sensibilización respecto de las necesidades de las víctimas, ofendidos o testigos, y

 

VIII. Las demás que se establezcan en la Ley General, el presente ordenamiento y demás normas aplicables.

 

Artículo 81. Con independencia de lo previsto en otras normas, corresponde a la Secretaría de Salud:

 

  1. Brindar la debida atención física y psicológica a víctimas y ofendidos de los delitos previstos en esta Ley;

 

  1. Diseñar una estrategia para informar a la sociedad acerca de los riesgos que para la salud significa las conductas contenidas en los delitos previstos en esta Ley;

 

III. Elaborar modelos psicoterapéuticos especializados de acuerdo al tipo de victimización que tenga por objeto la atención integral a la víctima u ofendido, y

 

  1. Las demás que se establezcan en la Ley General, el presente ordenamiento y demás normas aplicables.

 

Artículo 82. Además de lo previsto en otras leyes, corresponde a la Secretaría de Educación:

 

  1. Desarrollar programas educativos sobre los potenciales riesgos que implica el manejo de información por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, dirigido al personal de los planteles educativos, madres y padres de familia, así como a estudiantes, con el objeto de que puedan identificar, detectar, evitar y denunciar los delitos contenidos en esta Ley;

 

  1. Diseñar módulos de prevención en materia de trata de personas para los distintos ciclos escolares dentro del sistema educativo del Estado de Guerrero;

 

III. Proponer a la Secretaría de Educación Pública, la actualización sistemática de los contenidos regionales, relacionados con la prevención de los delitos materia de esta Ley, dentro de los planes y programas de estudio para la educación Normal y para la formación de maestros; así como la educación básica, media y media superior y superior, en la detección de las posibles víctimas;

 

  1. Generar programas para hacer posible la incorporación de las niñas y los niños víctimas de los delitos materia de esta Ley, en el nivel correspondiente del Sistema Educativo Nacional;

 

  1. Editar libros y producir materiales didácticos gratuitos, que contengan temas relacionados con los delitos materia de esta Ley, que sirvan para orientar a los estudiantes, y

 

  1. Las demás que se establezcan en la Ley General, el presente ordenamiento y demás normas aplicables.

 

Artículo 83. Con independencia de lo previsto pot otra normatividad, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social:

 

  1. Realizar estudios estadísticos e investigaciones en colaboración con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública que permitan la elaboración de políticas públicas para la prevención de la trata de personas;

 

  1. Diseñar y aplicar modelos que permitan combatir las causas estructurales que generan condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad frente a los delitos previstos en esta Ley, con especial referencia a la pobreza, marginación y la desigualdad social;

 

III. Impulsar y fortalecer en coordinación con la Procuraduría General de Justicia a las instituciones y organizaciones privadas que en sus tareas prestan atención a las víctimas y posibles víctimas, ofendidos y testigos de los delitos contenidos en esta Ley y en su prevención;

 

  1. Diseñar programas de asistencia social inmediata a las víctimas de los delitos contenidos en esta Ley;

 

  1. Formular y ejecutar políticas y programas de prevención orientadas a grupos sociales vulnerables de los delitos contenidos en esta Ley;

 

  1. Impulsar, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la creación de refugios, albergues y casas de medio camino para las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos que esta Ley define como del fuero común así como apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, para la creación y operación de los mismos, hasta la total recuperación de las víctimas, ofendidos y testigos;

 

VII. Generar y difundir información accesible para todo público, sobre las modalidades de la trata de personas y sus riesgos, y

 

VIII. Las demás que se establezcan en la Ley General, el presente ordenamiento y demás normas aplicables.

 

Artículo 84. Además de las previstas por otras normas, corresponde a la Secretaría del Trabajo:

 

  1. Crear programas de capacitación para el trabajo dirigidos a las víctimas de los delitos contenidos en esta Ley, así como a grupos altamente vulnerables a los mismos;

 

  1. Ofrecer oportunidades de bolsa de trabajo y firmar convenios con empresas para brindar oportunidades laborales para la resocialización a las víctimas de los delitos previstos en esta Ley;

 

III. Desarrollar lineamientos y ejecutar acciones que permitan identificar en los centros laborales la comisión de los delitos señalados en esta Ley;

 

  1. Denunciar ante las autoridades competentes cuando se tenga conocimiento de alguna conducta vinculada con los delitos señalados en esta Ley;

 

  1. Impulsar campañas de difusión acerca de la explotación laboral y sexual como una modalidad del delito de trata de personas, dirigidas principalmente a personas vulnerables, de ser posibles víctimas, en las que se informará acerca de las conductas que la constituyen, los medios que se utilizan en este tipo de explotación, así como las alternativas o rutas de atención que hay en el Estado de Guerrero;

 

  1. Gestionará la aplicación de recursos, para la implementación de un programa de becas de capacitación para el empleo, a las víctimas de los delitos materia de esta Ley, y

 

VII. Las demás que se establezcan en la Ley General, el presente ordenamiento y demás normas aplicables.

 

Artículo 85. Con independencia de lo previsto pot otras normas, corresponde a la Secretaría de Turismo:

 

  1. Diseñar programas y políticas públicas para desalentar el turismo sexual en el Estado de Guerrero;

 

  1. Emitir mecanismos para la capacitación del personal involucrado con actividades relacionadas con el turismo orientadas a prevenir, desalentar y denunciar los delitos previstos en esta Ley, y

 

III. Las demás que se establezcan en la Ley General, el presente ordenamiento y demás normas aplicables.

 

Artículo 86. Además de lo previsto en otros ordenamientos, corresponde a la Secretaría de la Mujer:

 

  1. Establecer vínculos de colaboración con la sociedad civil organizada y no organizada para impulsar acciones concretas de prevención y atención a las mujeres víctimas de los delitos contenidos en esta Ley;

 

  1. Brindar asesoría y orientación de las mujeres víctimas de los delitos contenidos en esta Ley;

 

III. Celebrar convenios con instituciones académicas para la capacitación de las mujeres víctimas de los delitos contenidos en esta Ley;

 

  1. Desarrollar mecanismos para coadyuvar a la protección y atención antes, durante y después de las diligencias y actuaciones ministeriales y judiciales en las que participen todas las mujeres víctimas, ofendidas de los delitos contenidos en esta Ley;

 

  1. Llevar un registro de las organizaciones civiles que cuenten con modelos para la atención de las mujeres víctimas, y

 

  1. Las demás que se establezcan en la Ley General, el presente ordenamiento y demás normas aplicables.

 

Artículo 87. Con independencia de las establecidas en otros ordenamientos, corresponde al DIF:

 

  1. Establecer mecanismos de colaboración con la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia para la debida protección y atención antes, durante y después de las diligencias ministeriales o judiciales en las que intervengan las personas menores de edad que hayan sido víctimas de los delitos de trata contemplados en esta Ley;

 

  1. Llevar a cabo registros estadísticos de los menores que son víctimas de los delitos de trata;

 

III. Procurar que se atiendan en el ámbito de su competencia todas las necesidades de los menores de edad nacionales y extranjeros que no tengan o no se localice a sus familiares y hayan sido víctimas de los delitos de trata;

 

  1. Solicitar la tutela de los menores de edad que hayan sido víctimas de los delitos previstos en esta Ley;

 

  1. Otorgar la protección y atención antes, durante y después del proceso, de todas aquellas víctimas del delito menores de 18 años, cuidando que sus necesidades especiales y cuidados alternativos sean satisfechos en albergues, y

 

  1. Las demás que se establezcan en la Ley General, el presente ordenamiento y demás normas aplicables.

 

Artículo 88. Además de lo previsto en otros ordenamientos, corresponde al Tribunal Superior de Justicia:

 

  1. Contar con espacios físicos que cumplan con las condiciones de confidencialidad y seguridad para el desarrollo de las diligencias en las que intervengan las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos contemplados en esta Ley, especialmente cuando se trate de niñas, niños y personas jóvenes, y

 

  1. Las demás que se establezcan en la Ley General, el presente ordenamiento y demás normas aplicables.

 

Artículo 89. Con independencia de lo previsto por otras leyes, corresponde a los Ayuntamientos:

 

  1. Instrumentar políticas y acciones en sus respectivas demarcaciones territoriales para prevenir y erradicar los delitos previstos en esta Ley;

 

  1. Apoyar la creación de programas de sensibilización y capacitación para las personas servidoras públicas que puedan estar en contacto con posibles víctimas de los delitos previstos en esta Ley;

 

III. Apoyar la creación de refugios o modelos de protección y asistencia de emergencia, hasta que la autoridad competente tome conocimiento del hecho y proceda a proteger y asistir a la víctima, ofendido o testigo de los delitos previstos en esta Ley;

 

  1. Celebrar convenios con las dependencias y entidades de la Administración Pública para coordinar y unificar sus actividades en la materia de esta Ley, para cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo;

 

  1. Establecer mecanismos que permitan detectar y prevenir la trata de personas y demás delitos previstos en esta Ley en su respectiva demarcación territorial, en los permisos que otorgue a establecimientos mercantiles de impacto zonal y vecinal, así como solicitar cuando proceda la verificación a estos negocios a la autoridad que corresponda, y

 

  1. Las demás que se establezcan en la Ley General, el presente ordenamiento y demás normas aplicables.

 

Capítulo III

De la Comisión Interinstitucional

 

Artículo 90. Se crea la Comisión Interinstitucional para la Prevención y el Combate de trata de Personas del Estado de Guerrero, con el objeto de:

 

  1. Definir y coordinar la implementación de una política pública en materia de trata de personas;

 

  1. Impulsar la vinculación interinstitucional para prevenir, combatir y erradicar los delitos establecidos en esta Ley, y

 

III. Diseñar los mecanismos de evaluación del programa y de las acciones que se generen con motivo de la implementación del presente ordenamiento.

 

Artículo 91. La Comisión estará integrada por las personas titulares de las siguientes dependencias:

 

  1. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero;

 

  1. Tribunal Superior de Justicia;

 

III. Secretaría General de Gobierno, quien sustituirá al Gobernador del Estado en sus ausencias;

 

  1. Fiscalía General de Justicia quien tendrá a su cargo de la coordinación ejecutiva;

 

  1. Secretaría de Seguridad Pública;

 

  1. Secretaría de Salud;

 

VII. Secretaría de Educación;

 

VIII. Secretaría de Desarrollo Social;

 

  1. Secretaría del Trabajo;

 

  1. Secretaría de Turismo;

 

  1. Secretaría de la Mujer; y

 

XII. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

 

Por cada miembro propietario habrá un suplente designado por el titular, quien en su caso deberá tener nivel de Director General u homólogo.

 

En las reuniones el suplente contará con las mismas facultades que los propietarios.

 

Artículo 92. Serán invitados permanentes en la Comisión Interinstitucional con derecho a voz pero sin voto:

 

  1. La persona titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero;

 

  1. La persona que presida la Comisión de Derechos Humanos del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y

 

III. Dos representantes de la sociedad civil organizada o expertos con conocimiento y trabajo relevante sobre el tema de trata de personas.

 

Serán invitados a las reuniones de la Comisión los Presidentes de los Ayuntamientos que a consideración de la misma sea necesaria su presencia de conformidad a los asuntos a tratar.

 

Artículo 93. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

 

  1. Diseñar el proyecto de Programa;

 

  1. Establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades integran la Administración Pública Estatal y Municipal, el Tribunal Superior de Justicia, así como las Instituciones y las Organizaciones no Gubernamentales;

 

III. Recopilar los datos estadísticos que de conformidad con el presente ordenamiento deban generarse, con la finalidad de analizarla, sistematizarla y proponer al Titular del Poder Ejecutivo del Estado la instrumentación de políticas públicas;

 

  1. Promover la celebración de convenios con asociaciones, fundaciones y demás organismos no gubernamentales que tengan relación con el objeto de esta Ley;

 

  1. Impulsar programas de asistencia y apoyo para la reunificación familiar y social de las víctimas del delito objeto de esta Ley;

 

  1. Proponer a la Comisión Intersecretarial a que se refiere la Ley General contenidos nacionales y regionales, para ser incorporados al Programa Nacional;

 

VII. Revisar y evaluar la eficacia de las políticas, programas y acciones con base en los lineamientos que para tal efecto desarrollen las autoridades federales;

 

VIII. Impulsar, promover y suscribir convenios de colaboración interinstitucional y suscribir acuerdos de coordinación;

 

  1. Establecer programas de asistencia y apoyo para la reunificación familiar y social de las víctimas del delito objeto de esta Ley;

 

  1. Realizar campañas para promover la denuncia de los delitos previstos por esta Ley y lograr la detección, persecución y desarticulación de las redes delictivas de los delitos en materia de trata de personas previstos por la Ley;

 

  1. Desarrollar programas educativos sobre los riesgos en el uso de internet y redes sociales;

 

XII. Desarrollar programas para la protección de datos personales y control de la información personal, que incluya distintas formas de operación para el reclutamiento, modos y formas de intervención de cuentas, y restricciones de envío de fotografías personales e íntimas;

 

XIII. Elaborar un informe anual de los resultados obtenidos del Programa que será remitido al Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero;

 

XIV. Proponer la adopción de medidas legislativas, administrativas a fin de erradicar los factores de vulnerabilidad de los delitos contenidos en esta Ley;

 

  1. Proponer estrategias para la difusión de materiales orientados a la prevención de los delitos previstos en esta Ley en todas sus formas y modalidades;

 

XVI. Promover mecanismos de colaboración con instancias federales, estatales o municipales, así como organizaciones de la sociedad civil orientados a prevenir y combatir los delitos contenidos en esta Ley, y

 

XVII. Las demás establecidas en la Ley General, el presente ordenamiento y demás normas aplicables.

 

Artículo 94. La Comisión deberá diseñar y supervisar el funcionamiento de modelos únicos de asistencia y protección para las víctimas, posibles víctimas, ofendidos y testigos de los delitos objeto de esta Ley, mismos que serán desarrollados por la Administración Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, que deberán comprender como mínimo:

 

  1. Orientación jurídica, incluida la migratoria, asistencia social, educativa y laboral a las víctimas de los delitos previstos en esta Ley.

 

En el caso de que las víctimas pertenezcan a algún pueblo o comunidad indígena o hablen un idioma diferente al español, se les designará un traductor que les asistirá en todo momento;

 

  1. Asistencia social, humanitaria, médica, psicológica, psiquiátrica, aparatos ortopédicos y prótesis a las víctimas de los delitos objeto de esta Ley, hasta su total recuperación;

 

III. Oportunidades de empleo, educación y capacitación para el trabajo a las víctimas del delito a través de su integración en programas sociales.

 

En aquellos casos en que el o los sujetos activos de los delitos formen parte de la delincuencia organizada, se deberán diseñar programas especiales que no pongan en riesgo su vida, su seguridad y su integridad, incluyendo el cambio de identidad y su reubicación;

 

  1. Construcción de albergues, refugios y casas de medio camino especializados para las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos previstos en esta Ley, donde se garantice un alojamiento digno por el tiempo necesario, asistencia material, médica, psiquiátrica, psicológica, social, alimentación y cuidados atendiendo a sus necesidades y a su evolución;

 

  1. Garantizar que la estancia en los refugios, albergues, y casas de medio camino o en cualquier otra instalación diseñada para la asistencia y protección de las víctimas de los delitos previstos en la presente Ley sea de carácter voluntario y cuenten con medios para poder comunicarse, siempre y cuando el o los sujetos activos del delito no se presuman integrantes de la delincuencia organizada y estas medidas pongan en peligro su vida, su integridad y su seguridad y las de las demás víctimas con las que comparta las medidas de protección y asistencia;

 

  1. Garantizar que bajo ninguna circunstancia se alberge a víctimas nacionales o extranjeras, en centros preventivos, penitenciarios o estaciones migratorias, ni lugares habilitados para ese efecto;

 

VII. Garantizar protección frente a posibles represalias, intimidaciones, agresiones o venganzas de los responsables del delito o de quienes estén ligados con ellos a:

 

  1. a) Las víctimas;

 

  1. b) Los familiares o personas que se encuentren unidas a la víctima por lazos de amistad o de estima;

 

  1. c) Los testigos y personas que aporten información relativa al delito o que colaboren de alguna otra forma con las autoridades responsables de la investigación, así como a sus familias, y

 

  1. d) A los miembros de la sociedad civil o de organizaciones no gubernamentales que se encuentran brindando apoyo a la víctima, sus familiares o testigos.

 

VIII. Medidas para garantizar la protección y asistencia, incluyendo, por lo menos, protección física, adjudicación a cargo de la Procuraduría de un nuevo lugar de residencia, cambio de identidad, ayuda en la obtención de empleo, así como aquellas medidas humanitarias que propicien la unificación familiar, también a cargo de la Procuraduría.

 

A fin de llevar a cabo las medidas de protección antes citadas, podrá hacerse uso de los recursos del Fondo, sujetándose a las disposiciones aplicables.

 

Artículo 95. La Comisión fomentará acciones tendientes a fortalecer la solidaridad y prevención social del delito conforme a los siguientes criterios:

 

  1. Sensibilizar a la población, sobre el delito de trata de personas y demás delitos previstos en esta Ley, los riesgos, causas, consecuencias, los fines y medidas de protección, así como los derechos de las víctimas y posibles víctimas;

 

  1. Desarrollar estrategias y programas dirigidos a desalentar la demanda que provoca la trata de personas y demás delitos previstos en esta Ley;

 

III. Realizar campañas de información acerca de los métodos utilizados por los responsables de los delitos previstos en esta Ley para captar o reclutar a las víctimas;

 

  1. Informar sobre las consecuencias y daños que sufren las víctimas de la trata de personas y demás delitos previstos en esta Ley, tales como daños físicos, psicológicos, adicciones, peligros de contagio de infecciones de transmisión sexual, entre otros, y

 

  1. Establecer medidas destinadas a proteger los derechos y la identidad de las víctimas por parte de los medios de comunicación, para que en caso de no respetar sus derechos, incurran en responsabilidad. Se exceptúa cuando la información sea en torno a los sujetos activos y las consecuencias de este delito, de forma comprometida para su prevención y no su promoción y fomento.

 

Capítulo IV

De las Políticas y el Programa para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas del Estado de Guerrero;

 

Artículo 96. El Gobierno diseñará e implementará la política pública general del Estado de Guerrero en materia de trata de personas, así como la focalizada en la prevención, atención y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos.

 

Artículo 97. En la implementación de las políticas se incluirá la cooperación de la sociedad civil organizada y no organizada, con el objeto de elaborar el programa en materia de trata de personas, el cual deberá incluir los lineamientos necesarios para su aplicación.

 

Artículo 98. El Programa representa el instrumento rector en materia de trata de personas en el Estado de Guerrero, en él se establecen los objetivos, estrategias y líneas de acción concretas para la prevención y combate de estas conductas así como la protección, asistencia y atención a las víctimas, ofendidos y testigos.

 

Artículo 99. La Comisión, en el diseño del Programa, deberá incluir lo siguiente:

 

  1. Un diagnóstico con evaluación cuantitativa y cualitativa sobre la situación que prevalezca en la materia, así como la identificación de la problemática a superar;

 

  1. Los objetivos generales y específicos del Programa;

 

III. Las estrategias y líneas de acción, incluyendo aquellas en las que participe la población activa y propositiva;

 

  1. Los mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional;

 

  1. Los criterios de vinculación, colaboración y corresponsabilidad con la sociedad civil organizada u otras organizaciones relacionadas;

 

  1. El diseño de programas de asistencia inmediata a las víctimas de trata;

 

VII. El diseño de campañas de difusión en los medios de comunicación, para sensibilizar a la sociedad sobre las formas de prevención y protección a víctimas, ofendidos y testigos;

 

VIII. La generación de alternativas para obtener recursos y financiar las acciones del programa;

 

  1. Las herramientas que habrán de desarrollarse para la debida capacitación y formación de las personas servidoras públicas, debidamente alineadas a lo establecido en el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas;

 

  1. Los indicadores que habrán de aplicarse y las metas que deberán alcanzarse con el programa, y

 

  1. El establecimiento de la evaluación y seguimiento de las actividades que deriven del programa, fijando indicadores para medir los resultados.

 

 

Capítulo V

De la Formación, Actualización, Profesionalización y Capacitación de las Personas Servidoras Públicas

 

Artículo 100. La Administración Pública, implementará un programa integral de formación, actualización, capacitación y profesionalización de las personas servidoras públicas que participen en los procesos de prevención, combate y erradicación de los delitos contenidos en esta Ley, así como la asistencia y protección a las víctimas, testigos y ofendidos.

 

Artículo 101. Se deberá brindar capacitación especializada a las personas servidoras públicas, que tengan contacto directo con las víctimas u ofendidos a efecto de sensibilizarlos sobre el trato que deben brindarles, garantizándoles en todo momento una ayuda especializada y oportuna.

 

Artículo 102. La capacitación que se proporcione a las personas servidoras publicas contendrá información de los diversos instrumentos internacionales que México ha firmado y ratificado en materia de trata de personas así como la obligación que tienen de aplicarlos en el ámbito de sus respectivas competencias.

 

Capítulo VI

De las Bases para la Evaluación y Revisión de las Políticas, Programas y Acciones

 

Artículo 103. Las autoridades están obligadas a implementar los indicadores que se señalen en el Programa con la finalidad de establecer mecanismos de evaluación sobre la materia.

 

Tales indicadores serán públicos y se difundirán por los medios disponibles.

 

Capítulo VII

Mecanismos de Asistencia y Protección a los Ofendidos, Víctimas y Testigos

 

Artículo 104. Las personas servidoras públicas que tengan contacto con las víctimas, ofendidos y testigos están obligados en los ámbitos de sus respectivas competencias, a proporcionarles información completa sobre la naturaleza de la protección, la asistencia y el apoyo a que tienen derecho en términos de la Ley General y el presente ordenamiento así como las posibilidades de obtener asistencia y apoyo de organizaciones no gubernamentales y de otros organismos de asistencia e información sobre cualquier procedimiento judicial relacionado con ellas.

 

La información se proporcionará en un idioma que la víctima comprenda. Si la víctima no sabe leer, será informada oralmente por la autoridad competente.

 

Artículo 105. La asistencia y protección a las victimas ofendidos y testigos que proporcionen las autoridades del Estado de Guerrero estarán orientadas a la recuperación física, psicológica y social.

 

Artículo 106. Las autoridades competentes proporcionarán a las víctimas de la trata de personas los servicios y prestaciones básicos que se refieren la Ley General y el presente ordenamiento, independientemente de su situación migratoria, capacidad o voluntad de la víctima de participar en la investigación y en el enjuiciamiento del presunto tratante.

 

La víctima contará con servicio de traducción o interpretación cuando no hable el idioma español y en la medida de lo posible, se prestará la misma asistencia a los ofendidos.

 

Las víctimas de la trata de personas no serán mantenidas en ningún centro de detención como resultado de su situación de víctimas o su situación migratoria.

 

Todos los servicios de asistencia se otorgarán de manera consensual y apropiada, considerando las necesidades especiales de los menores y otras personas en situación vulnerable.

 

Artículo 107. La Fiscalía General de Justicia y demás autoridades competentes dispondrán de las medidas apropiadas para garantizar que las víctimas o los testigos de la trata de personas, y sus familias, reciban protección adecuada sí su seguridad está en peligro, incluidas medidas para protegerlos de la intimidación y las represalias de los tratantes y sus asociados.

 

Las víctimas y los testigos de la trata de personas tendrán acceso a todos los programas o medidas de protección de víctimas o testigos.

 

Artículo 108. Las personas menores víctimas y ofendidos por los delitos de trata deberán recibir cuidados y atención especiales.

 

En caso de que existan dudas acerca de la edad de la víctima y cuando existan razones para creer que la víctima es un menor, se le considerará como tal y se le concederán medidas de atención y protección específicas a la espera de la determinación de su edad, la asistencia a los menores víctimas estará a cargo de profesionales especializados y se realizará de conformidad con sus necesidades especiales.

 

Artículo 109. En el caso de que la víctima sea un menor y no se encuentre acompañado, las autoridades competentes que los atiendan deberán:

 

  1. Designar a un tutor legal para que represente los intereses del menor;

 

  1. Tomar todas las medidas necesarias para determinar su identidad, y en su caso, su nacionalidad, y

 

III. Realizar todas las acciones posibles para localizar a su familia, siempre que se favorezcan los intereses superiores del menor.

 

La información podrá proporcionarse a las personas menores víctimas por conducto de su tutor legal.

 

La información proporcionada de manera directa a las personas menores víctimas será de forma comprensible, la persona servidora pública que la proporcione deberá cerciorase que la misma ha sido comprendida.

 

Las entrevistas, los exámenes y otros tipos de investigaciones que se desarrollen, tratándose de personas menores víctimas estarán a cargo de profesionales especializados, y se realizarán en un entorno adecuado y en el idioma que el menor utilice y comprenda en presencia de sus padres o tutor legal.

 

Artículo 110. Todos los procedimientos relacionados con la admisión de personas y las medidas adoptadas se mantendrán estrictamente confidenciales, incluyendo los documentos que se entreguen como justificantes o comprobantes deben ser tratados con este criterio, excepto mediante orden de tribunal competente.

 

Para garantizar la confidencialidad, se establecerán medidas altamente profesionales para la selección y reclutamiento del personal del Centro, quien deberá cumplir con los más altos requisitos de certificación y de esa manera prevenir la divulgación de la información relacionada con las normas y procedimientos de trabajo, el personal del programa, el paradero o la identidad de las víctimas y testigos de los delitos previstos en esta Ley.

 

Capítulo VIII

Fondo para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas

 

Artículo 111. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero de acuerdo con la capacidad y disponibilidad presupuestal, dispondrá de un fondo para la protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos previstos en esta Ley. El Fondo se constituirá en los términos y porcentajes que establezca el Reglamento y se integrará de la siguiente manera:

 

  1. Recursos previstos para dicho fin en los Presupuestos de Egresos del Estado de Guerrero;

 

  1. Recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales que correspondan a los delitos materia de esta Ley;

 

III. Recursos adicionales obtenidos por los bienes que causen abandono;

 

  1. Recursos producto de los bienes que hayan sido objeto de extinción de dominio y estén relacionados con la comisión de los delitos previstos en esta Ley;

 

  1. Recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad judicial;

 

  1. Recursos que se produzcan por la administración de valores o los depósitos en dinero, de los recursos derivados del Fondo para la Atención de Víctimas, distintos a los que se refiere la fracción anterior, y

 

VII. Las donaciones o aportaciones hechas a su favor por terceros.

 

El Fondo para la Atención de Víctimas de Trata de Personas será administrado por la instancia y en los términos que disponga el Reglamento, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y racionalidad que serán plasmados en el Reglamento correspondiente, el cual determinará los criterios de asignación de recursos.

 

Los recursos que integren el Fondo serán fiscalizados por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero.

 

Los recursos del Fondo provenientes de las fracciones II, III, IV, V y VII, de este artículo, podrán utilizarse para el pago de la reparación del daño a la víctima, en caso de que los recursos del sentenciado sean insuficientes para cubrir el monto determinado por el juzgador.

 

Transitorios

 

Primero. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.

 

Segundo. Se abroga la Ley número 761 para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero del 26 de agosto de 2011.

 

Tercero. Los procesos penales y sentencias que se sigan o se hayan seguido conforme a los tipos penales establecidos en la Ley número 761 para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Guerrero, se seguirán substanciado desde su inicio hasta su conclusión y compurgación de acuerdo a las penas, sanciones que señala la Ley antes citada.

 

Cuarto. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero contará con noventa días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones jurídico administrativas para la entrada en vigor de esta norma.

 

Quinto. La Comisión Interinstitucional a que se refiere la presente Ley, deberá instalarse dentro de los noventa días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

 

Sexto. La Comisión Interinstitucional para la Prevención y el Combate de Trata de Personas del Estado de Guerrero, una vez instalada, contará con un plazo de noventa días, a partir de la publicación de la Ley, para elaborar el Programa para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas del Estado de Guerrero.

 

Séptimo. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, destinará los recursos necesarios, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, para el funcionamiento de la Comisión Interinstitucional para la Prevención y el Combate de Trata de Personas del Estado de Guerrero, a fin de cumplir con los objetivos de la presente Ley.

 

Octavo. El Fondo que se refiere la presente ley se constituirá e instalará cuando el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero otorgue la suficiencia presupuestal para constituirlo.

 

Noveno. Publíquese el presente Decreto para el conocimiento general, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el Portal Web del Congreso del Estado, en las redes sociales de internet y difúndase a través de los medios de comunicación.

 

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los 31 días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E

LOS INTEGRANTES DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE MOVIMIENTO CIUDADANO

 

 

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

 

DIPUTADO SILVANO BLANCO DEAQUINO DIPUTADA MAGDALENA CAMACHO DÍAZ

 

 

 

 

[Hoja de firmas correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Ley para Prevenir, Combatir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos del Estado de Guerrero]

[1] International Labor Office. Forced Labour and Human Trafficking. A Handbook for Labour Inspectors. Suiza. 2008.

[2] Congressional Research Center. Trafficking in Persons in Latin America and the Caribbean. Washington

  1. C., 2011.

 

[3] International Labour Office. ILO 2012 Global Estimate.

[4] UNODC. 2015 Global Report on TIP.

 

[5] Secretaría de la Mujer del Estado de Guerrero. Foro Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en Guerrero. 2014.