Iniciativa de Ley para Prevenir los Abusos en el Uso de la Fuerza Pública para Guerrero

  1. DIPUTADOS SECRETARIOS

DE LA MESA DIRECTIVA DEL

  1. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E S.

 

Los suscritos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino y Magdalena Camacho Díaz, Integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 23, fracción I, 229, párrafo segundo, 231; y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, ponemos a la consideración de esta Soberanía Popular, la presente Iniciativa con Proyecto Ley para Prevenir los Abusos en el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de Guerrero, al tenor de la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

Dentro de la rama del Derecho Público que tiene por objeto regular la actividad de la administración pública, y que se encarga de satisfacer las necesidades esenciales de la colectividad (denominado Derecho Administrativo), existe una función ejercida por medio de un poder conferido para su ejercicio principalmente a los policías, -aunque la autoridad que emite el acto es quien tiene formalmente el uso de la misma-, y se le denomina fuerza pública, la cual, se puede conceptualizar como la potestad del estado para exigir el cumplimiento de sus determinaciones fundadas en una ley aun en contra de la voluntad del gobernado, mismas que van encaminadas a crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de manera unilateral.

 

Luego entonces, podemos señalar que el poder político, o sea el poder del Estado, es el único que tiene el monopolio de la coacción física legítima para hacerse obedecer. Lo cual significa que solamente él está en aptitud de acudir a la amenaza o al uso de la fuerza a fin de dar eficacia a sus disposiciones, siempre cuidando el debido respeto a las garantías del ciudadano y a los derechos humanos en los términos precisados y establecidos en el artículo 1°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Esta es una de las diferencias básicas entre el poder del Estado, como sociedad total, y el poder de las sociedades menores insertas en su territorio al amparo de sus leyes, la cuales dentro de una sana convivencia enmarcada por el estado de derecho deben respetar precisamente para el logro de la paz y el orden, los derechos de terceros y a las propias instituciones públicas que constituyen el engranaje de los servicios en beneficio de los gobernados como un logro social a través de la historia del Estado de Guerrero..

 

El instrumento final una vez agotados los protocolos que conminen a quienes cometen un abuso de su propio derecho y en contra de los derechos de terceros, y más importante para lograr este objetivo lo es precisamente el uso de la fuerza pública, a través de un cuerpo de policías capacitados en su actuar  integrada por  hombres armados, conocedores de los derechos ciudadanos,  a quienes la sociedad entrega la misión de respaldar los mandatos de la ley y las órdenes de la autoridad y salvaguardar con ello el orden público.

 

Sin embargo, la realidad que hemos vivido en México y en especial en Guerrero, dista mucho de la conceptualización original de la fuerza pública. Un ejemplo claro fueron las declaraciones de Christof Heyns, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias.

 

El relator de la ONU, ha señalado que México sigue afrontando serias dificultades en materia de protección del derecho a la vida. Los actos de violencia cometidos por agentes estatales y no estatales siguen afectando a la vida, en particular, de las personas vulnerables, contexto en el cual las medidas de protección son insuficientes e ineficaces[1].

 

Por lo anterior, Heyns, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, urgió a las autoridades mexicanas aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza y a crear una institución nacional autónoma de servicios forenses[2].

 

La lastimosa veracidad de lo manifestado por el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, tiene como punto de partida las llagas que han socavado el Estado de Derecho y la credibilidad de las instituciones de seguridad pública.

 

Ayotzinapa. Tlatlaya. San Fernando, Nochixtlan, son lugares conocidos por las atrocidades que allí ocurrieron, y sus casos probablemente considerados como las heridas más emblemáticas del país. Sin embargo, hay muchas otras localidades en el país como Ojinaga, Allende, Apatzingán, por ejemplo, que no han quedado exentas del dolor.

 

Open Society Justice Initiative, en colaboración con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, I(dh) eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), presentaron este año el informe “ATROCIDADES INNEGABLES. CONFRONTANDO CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN MÉXICO”, en el que se precisa que existen fundamentos razonables para considerar que existen actores tanto estatales como no estatales que han cometido crímenes de lesa humanidad en México.

 

El informe sugiere que el aumento de la violencia, si bien es cierto se ha debido a la perpetrada por el crimen organizado, la fallida estrategia de seguridad del Estado, en que se suele recurrir excesivamente al uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza, ha contribuido en buena medida a la ola de violencia que se ha apoderado de las calles de nuestro país.

 

De lo hasta ahora expuesto podemos concluir que acorde con el ius todo gobierno es responsable de la seguridad de su pueblo, sin embargo, el Estado mexicano, lo ha hecho mediante el uso de una abrumadora fuerza extrajudicial en contra de la población civil, sin una regulación adecuada del uso de la fuerza y prácticamente sin ningún tipo de determinación de responsabilidades por los abusos resultantes.

 

Como consecuencia de esta política, las fuerzas policiacas han cometido numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas, dejando ver un patrón de comportamiento muy claro que permite concluir que no se trata de actos aislados ni al azar.

 

Hace más de dos años, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, el mundo fue testigo de que los excesos y abusos en el uso de la fuerza pública en Guerrero, no era la excepción, sino la regla en sí.

 

Los diputados ciudadanos creemos que recurrir a acciones criminales en la lucha contra el crimen no deja de ser una contradicción, una que carcome trágicamente el Estado de Derecho.

 

Por ello, sometemos a la consideración de esta soberanía la iniciativa de Ley para Prevenir los Abusos en el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de Guerrero, en la que se retoman los instrumentos internacionales aportados por las Naciones Unidas, a saber: Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; la Declaración Universal de Derechos Humanos y se reafirma en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; y el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que a diferencia de la Ley Bala, establece la obligación de los funcionarios encargados de salvaguardar la seguridad pública de cumplir en todo momento los deberes que les impone la Ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.

 

Se establece además que los cuerpos de seguridad, en el desempeño de sus tareas, respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los Derechos Humanos de todas las personas.

 

Estableciendo además, con la fortaleza de que le da una Ley, los principios básicos para prevenir el abuso en el uso de la fuerza pública, recalcando en todo momento que los cuerpos de seguridad pública, no emplearán la fuerza, salvo cuando sea estrictamente necesario para mantener la seguridad y el orden o cuando corra peligro la integridad física de las personas.

 

En el nuevo texto normativo se hace hincapié en que los cuerpos de seguridad solo podrán usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que razonablemente sea necesaria, según las circunstancias para la prevención de un delito, para efectuar la detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o para ayudar a efectuarla, recalcando en que no podrá usarse la fuerza en la medida en que exceda estos límites, reiterado además que las disposiciones contenidas en este nuevo ordenamiento, en ningún caso deberán interpretarse en el sentido de autorizar el uso de un grado de fuerza desproporcionado al objeto legítimo que se ha de lograr.

 

La ley que se expone, precisa además que el uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Por lo tanto, no podrán emplearse armas de fuego como señal de advertencia; tampoco podrán usarse para controlar o dispersar manifestaciones, como lastimosamente ocurriera el pasado 12 de diciembre de 2011, en donde el uso desmedido de la fuerza, cobro la vida de dos estudiantes de la Escuela normal rural Raul Isidro Burgos  de Ayotzinapa al desalojar un bloqueo carretero a la altura del tramo  conocido como Parador del Marques sobre la autopista del sol.

 

Por otra parte, la legislación que se propone establece principios para el uso de la fuerza del estado que se extiende a las personas que se encuentran recluidas en los centros de reinserción social, señalando al efecto que ningún miembro de los cuerpos de seguridad podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

 

Para los efectos de esta Ley se entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se considerarán torturas las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.

 

Se establece además que los cuerpos de seguridad deberán asegurar la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise. Se entiende que los cuerpos de seguridad proporcionarán también atención médica a las víctimas de un delito o de un accidente ocurrido en el curso de una violación de la Ley.

 

Asimismo se prevé que los cuerpos de seguridad no cometerán ningún acto de corrupción. También se opondrán rigurosamente a todos los actos de esa índole y los combatirán.

 

Finalmente, se establece que el Estado, tendrán la obligación de responder de los daños causados por los miembros de los cuerpos de seguridad con motivo del uso ilícito de la fuerza, cuando así haya sido determinado por la autoridad competente o por un organismo público de defensa de los derechos humanos, quien resulte víctima del uso indebido de la fuerza, tendrá derecho a que se le pague la indemnización correspondiente, previo procedimiento que exijan el Reglamento y las leyes de la materia con base en los principios y estándares internacionales en materia de reparación del daño por violaciones a derechos humanos.

 

Imponiendo para tal efecto la obligación a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General de Justicia del estado a que contraten un seguro de gastos médicos que cubra los daños ocasionados por los miembros de los cuerpos policiacos a las personas; o en su caso, a sus bienes, cuando las autoridades competentes o un organismo público de defensa de los derechos humanos determinen el uso ilícito de la fuerza. Dicho seguro contemplará necesariamente la cobertura de gastos médicos, psicológicos y de rehabilitación en que haya incurrido o pueda incurrir la víctima.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 23, fracción I, 229, párrafo segundo, 231, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, nos permitimos someter a la consideración del Pleno, la siguiente:

 

LEY NÚMERO ___ PARA PREVENIR LOS ABUSOS EN EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO DE GUERRERO.

 

Capítulo I

De las disposiciones generales

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio del Estado Libre y Soberano de Guerrero; su finalidad es prevenir los abusos en el uso de la fuerza pública, estableciendo los principios generales que deberán observar los cuerpos de seguridad a que se refiere la Ley número 281 de Seguridad Pública para el Estado de Guerrero.

 

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto:

 

  1. Establecer las normas generales bajo las cuales los integrantes de los cuerpos de seguridad, podrán ejercer el uso de la fuerza y utilizar el armamento oficial para el desempeño de sus funciones;

 

  1. Regular el catálogo normativo de funciones, derechos, obligaciones y prohibiciones para los integrantes de las autoridades y cuerpos de seguridad;

 

III. Consignar las reglas para el control y administración del equipamiento oficial de los integrantes de los cuerpos de seguridad;

 

  1. Normar los esquemas de coordinación operativa para los cuerpos de seguridad y elementos policiales en el uso de la fuerza y del armamento oficial;

 

  1. Prever los mecanismos de la reparación del daño; y

 

  1. El establecimiento del régimen de responsabilidades por la inobservancia de la Ley.

 

Artículo 3. Los funcionarios encargados de salvaguardar la seguridad pública cumplirán en todo momento los deberes que les impone la Ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.

 

Para los efectos de la presente Ley, se entiende por funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, a todos los miembros de los cuerpos de seguridad, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o detención.

 

Asimismo, en el servicio a la comunidad se procura incluir especialmente la prestación de servicios de asistencia a los miembros de la comunidad que, por razones personales, económicas, sociales o emergencias de otra índole, necesitan ayuda inmediata.

 

Artículo 4. En el desempeño de sus tareas, los cuerpos de seguridad respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los Derechos Humanos de todas las personas.

 

Se entiende por Derechos Humanos, los determinados y protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

 

Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

 

  1. Armas de fuego: Las autorizadas para el uso de los cuerpos de seguridad pública de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento;
  2. Armas no letales o intermedias: Las que son utilizadas para controlar a un individuo, pero que solo disminuyen las funciones motoras de una persona sin ocasionar daños considerables o que pongan en peligro la vida de las personas.

 

III. Armas letales: Las que por su diseño y mecanismo ocasionan o pueden ocasionar lesiones graves o la muerte;

 

  1. Cuerpos de seguridad: A la policía estatal, policía auxiliar del Estado, policía ministerial, las policías de los municipios del Estado de Guerrero, así como los auxiliares de la seguridad pública, cuando actúen en apoyo de las instituciones policiales;

 

  1. Secretaría: La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero;

 

  1. Fiscalía: Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero;

 

VII. Detención: La restricción de la libertad de una persona por alguno de los cuerpos de policía con el fin de ponerla a disposición de los cuerpos de seguridad competente;

 

VIII. Uso de la fuerza: A la actuación e intervención de los elementos policiales en que se utiliza la fuerza pública a partir de técnicas y tácticas de control para restablecer el orden público y enfrentar a los probables responsables de los delitos, a través del uso de comandos verbales, del control físico y el uso o no de armas, bajo los principios de absoluta necesidad, racionabilidad, oportunidad y proporcionalidad;

 

  1. Control: La contención que el elemento policial ejerce sobre los movimientos de una persona con el fin de detenerla;

 

  1. Absoluta necesidad: Empleo inevitable del uso de la fuerza y de armas para el restablecimiento de la seguridad, cuando otras estrategias de control y detención resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro de los resultados deseados;

 

  1. Elementos policiales: Servidores públicos que se desempeñan como personal los Cuerpos de Policía en quienes recaen las responsabilidades de ejecución de los procedimientos y operaciones policiales;

 

XII. Fuerza pública: Facultad del Estado que ejerce a través de las instituciones policiales para hacer prevalecer el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos;

 

XIII. Función policial: Función administrativa del Estado que tiene por objeto mantener el orden público, brindar seguridad y protección a las personas, en la prevención, investigación y persecución de los delitos.

 

XIV. Intervenciones policiales: Procedimientos y operaciones que se despliegan para proteger la seguridad de personas, agraviados y víctimas de delitos, bienes materiales, instituciones, espacios de dominio público y demás bienes culturales y sociales implicados en su ámbito de competencia, ante eventos y situaciones de riesgo por actividades delictivas o que generen afectación de los derechos humanos y garantías individuales;

 

  1. Procedimientos policiales: Conjunto de actividades de tipo administrativo, técnico y operativo, organizado de forma programada y ordenada, de conformidad con un sistema o método, para la consecución de una misión o propósito policial determinado;

 

XVI. Legalidad: La actuación de los cuerpos de seguridad deberá ser realizada en base a la legislación vigente y al respeto de los derechos humanos.

 

XVII. Oportunidad: El momento inmediato posterior, idóneo para contrarrestar, Controlar o repeler una acción de resistencia o agresión;

 

XVIII. Proporcionalidad: La fuerza que aplican los cuerpos de seguridad de una forma adecuada o equiparable en intensidad, duración y magnitud a la amenaza o acto hostil que se enfrentan o intentan repeler, y

 

XIX. Racionalidad: El mecanismo mediante el cual los cuerpos de seguridad ejercen un pensamiento lógico, justificado y valorado que les permite hacer un juicio de valor para tomar la mejor decisión en su actuar, considerando entre otros elementos, la capacidad del individuo, la resistencia presentada, la magnitud, el riesgo y nivel de intensidad de la amenaza o del acto hostil que cometió. El empleo de la fuerza mortal deberá ser el último recurso y hasta que se agoten todos los medios de disuasión, persuasión y niveles de fuerza disponibles de empleo racionalmente idóneo.

 

Capítulo II

De los principios para prevenir el abuso en el uso de la fuerza pública

 

Artículo 6. El uso de la fuerza y armamento oficial de las instituciones policiales, se regirá por los principios siguientes:

 

  1. Legalidad: La actuación de los cuerpos de seguridad deberá ser realizada en base a la legislación vigente y al respeto de los derechos humanos;

 

  1. Oportunidad: El momento inmediato posterior, idóneo para contrarrestar, Controlar o repeler una acción de resistencia o agresión;

 

III. Proporcionalidad: La fuerza que aplica los cuerpos de seguridad de una forma adecuada o equiparable en intensidad, duración y magnitud a la amenaza o acto hostil que se enfrentan o intentan repeler.

 

  1. Racionalidad: El mecanismo mediante el cual los cuerpos de seguridad ejercen un pensamiento lógico, justificado y valorado que le permite hacer un juicio de valor para tomar la mejor decisión en su actuar, considerando entre otros elementos, la capacidad del individuo, la resistencia presentada, la magnitud, el riesgo y nivel de intensidad de la amenaza o del acto hostil que cometió.

 

  1. Estricta Necesidad: El empleo de la fuerza mortal deberá ser el último recurso y hasta que se agoten todos los medios de disuasión, persuasión y niveles de fuerza disponibles de empleo racionalmente idóneo.

 

Artículo 7. Los cuerpos de seguridad pública, no emplearán la fuerza, salvo cuando sea estrictamente necesario para mantener la seguridad y el orden o cuando corra peligro la integridad física de las personas.

 

Artículo 8. Los cuerpos de seguridad podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que razonablemente sea necesaria, según las circunstancias para la prevención de un delito, para efectuar la detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o para ayudar a efectuarla, no podrá usarse la fuerza en la medida en que exceda estos límites.

 

En ningún caso debe interpretarse que esta disposición autoriza el uso de un grado de fuerza desproporcionado al objeto legítimo que se ha de lograr.

 

Artículo 9. El uso de armas de fuego se considera una medida extrema. No podrán emplearse armas de fuego como señal de advertencia. Tampoco pueden usarse para controlar o dispersar manifestaciones.

 

En general, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas.

 

Artículo 10. Las cuestiones de carácter confidencial de que tengan conocimientos los cuerpos de seguridad se mantendrán en secreto, a menos que el cumplimiento del deber o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario. Toda revelación de tal información con otros fines será sancionada en los términos que establezca el Reglamento.

 

Artículo 11. Ningún miembro de los cuerpos de seguridad podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

 

La interpretación a este precepto deberá extenderse a la protección más amplia posible contra todo abuso, sea físico o mental.

 

Artículo 12. Para los efectos de esta Ley se entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se considerarán torturas las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.

 

Artículo 13. Los cuerpos de seguridad deberán asegurar la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise.

 

La atención médica, que se refiere el párrafo anterior se extiende a los servicios que presta cualquier tipo de personal médico y el personal paramédico no adscrito a los órganos de cumplimiento de la Ley.

 

Se entiende que los cuerpos de seguridad proporcionarán también atención médica a las víctimas de un delito o de un accidente ocurrido en el curso de una violación de la Ley.

 

Artículo 14. Los cuerpos de seguridad no cometerán ningún acto de corrupción. También se opondrán rigurosamente a todos los actos de esa índole y los combatirán.

 

Artículo 15. Cualquier acto de corrupción, lo mismo que en cualquier otro abuso de autoridad será sancionado en los términos que establezca el Reglamento.

 

Artículo 16. Para los efectos de esta Ley la definición de corrupción deberá entenderse que abarca tanto la comisión u omisión de un acto por parte del responsable, en el desempeño de sus funciones o con motivo de éstas, en virtud de dádivas, promesas o estímulos ilegítimos, exigidos o aceptados, como la recepción indebida de éstos una vez realizado u omitido el acto.

 

Debe entenderse que la expresión acto de corrupción, prevista en el párrafo anterior abarca la tentativa de corrupción.

 

Capítulo III

De las reglas generales para el uso de la fuerza

 

Artículo 17. La decisión de hacer uso de la fuerza y del armamento de las instituciones policiales, además de la observancia ineludible de los principios reguladores previstos en la Ley, deberá sujetarse a los parámetros de regulación siguiente:

 

  1. La inevitable necesidad de su uso;

 

  1. La gravedad de la falta o delito;

 

III. El interés superior de salvaguardar la seguridad pública;

 

  1. El respeto a los derechos de terceros;

 

  1. La protección y defensa legítima del o los integrantes; y

 

  1. El cumplimiento de un deber.

 

Artículo 18. El uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad, se sujetará a estándares de aplicación modulados con base en los siguientes niveles de aplicación:

 

  1. Presencia de Autoridad: Consiste en el hecho de que el integrante haga acto de presencia frente a las personas informando del objetivo de su intervención o haciendo notar su investidura de autoridad;

 

  1. Utilización de Comandos de Voz: Se refiere al acto en el que el integrante ejerciendo su potestad de autoridad, libra instrucciones a la persona o personas para que desistan de su conducta y evite oponer resistencia a las órdenes dictadas, advirtiendo la posibilidad de hacer uso de acciones disuasivas, de control y aseguramiento.

 

La disuasión o persuasión verbal realizada por el policía en cumplimiento de sus funciones, de conformidad con lo establecido en la Ley y demás disposiciones aplicables, no constituyen provocación dolosa;

 

III. Técnicas de Control: Se refiere al empleo de procedimientos tácticos de coacción defensiva o proactiva, reducción física de movimientos y utilización de armas no letales; y

 

  1. Uso de armas letales: Consiste en el nivel extremo del uso de la fuerza y del armamento, orientado a defender la vida propia del integrante, de sus compañeros o de terceros, frente a una agresión violenta agravada del o los sujetos a controlar, que represente un escenario de violencia mortal.

 

Sección Primera

De las reglas para la detención

 

Artículo 19. Las detenciones en flagrancia deben realizarse de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones federales y locales aplicables.

 

Artículo 20. Los elementos policiales para realizar la detención de una persona, deberán observar en lo posible las siguientes reglas:

 

  1. Evaluar la situación para determinar inmediatamente el nivel de fuerza que utilizará;

 

  1. Comunicar de inmediato a la persona o personas las razones por las cuales serán detenidas;

 

III. Comunicar a la persona detenida ante qué autoridad competente será puesta a disposición y solicitar que la acompañen, y

 

  1. Poner a disposición de forma inmediata ante la autoridad competente, a la persona detenida.

 

Artículo 21. Cuando en la detención de una persona necesariamente se ejercite el uso de la fuerza, deberá atenderse lo siguiente:

 

  1. Procurar ocasionar el mínimo daño posible a la persona susceptible de detención y velar por el respeto a la vida e integridad física y emocional;

 

  1. Utilizar de forma racional, subsidiaria y proporcional, los distintos niveles del uso de la fuerza, conforme al siguiente orden:

 

  1. a) Disuasión o persuasión verbal;

 

  1. b) Reducción física de movimientos;

 

  1. c) Utilización de armas intermedias o no letales; y

 

  1. d) Utilización de armas letales.

 

III. No exponer a la persona detenida a tratos denigrantes, constitutivos de tortura o de abuso de autoridad.

 

Artículo 22. El elemento policial para lograr la detención de una persona, observará los siguientes criterios:

 

  1. Utilizará la reducción física de movimientos cuando la disuasión o persuasión verbal no haya causado los efectos necesarios para el ejercicio de sus funciones;

 

  1. Usará la técnica que produzca el menor daño posible a la persona y a terceros; e

 

III. Inmediatamente al control de la persona, la asegurará a fin de que no presente algún peligro para sí misma, para sus compañeros o para terceros.

 

Artículo 23. Los policías utilizarán las esposas u otro dispositivo de restricción de movimiento, para impedir que la persona que se intenta controlar, se produzca un daño mayor a sí misma, a terceros y con ello poder trasladarla ante la autoridad correspondiente.

 

Artículo 24. En el uso de las esposas o su equivalente, el elemento policial deberá:

 

  1. Manipularlas exclusivamente para controlar a una persona, en caso de que se oponga o resista a la detención;

 

  1. Utilizarlas en su caso, para el aseguramiento de una persona;

 

III. Utilizar de forma correcta y exclusivamente las que le hayan sido asignadas;

 

  1. Incluir en todo parte informativo o documento que acredite la puesta a disposición ante autoridad competente, las circunstancias que hicieron necesario el uso de dicho dispositivo;

 

  1. Cerciorarse de que no ejerzan presión innecesaria sobre la persona;

 

  1. Abstenerse de usar fuerza física o cualquier otro medio de coerción sobre la persona inmovilizada; y

 

  1. Utilizarlas durante el tiempo estrictamente necesario, retirándolas inmediatamente en la puesta a disposición ante la autoridad competente.

 

Artículo 25. En caso de que la persona que se intenta controlar oponga resistencia utilizando un arma, el elemento policial seguirá el siguiente procedimiento, siempre que las circunstancias lo permitan:

 

  1. Utilizar los distintos niveles de uso de la fuerza para:

 

  1. a) Tratar de disminuir la actitud agresiva de la persona; y

 

  1. b) Conminar a la persona a apartarse de la posesión del arma.

 

  1. Controlar y detener a la persona;

 

III. Retirar inmediatamente el arma que se encontraba en posesión de la persona controlada, para evitar daños o lesiones a sí misma, a sus compañeros o a terceros; y

 

  1. Remitir inmediatamente a la persona y el arma a la autoridad competente.

 

Sección segunda

De las reglas para la vigilancia de personas sujetas a custodia, detenidas o privadas de su libertad

 

Artículo 26. Las instituciones policiales que tengan a su cargo centros de control de detención, separos o cualquier otra instalación destinada a la prisión preventiva o imposición de penas privativas de libertad, deberán abstenerse de ejercer el uso de la fuerza, en el desarrollo de las relaciones de trato con las personas bajo su custodia, salvo que las circunstancias demanden la necesidad de su uso para el mantenimiento del orden y la seguridad o se ponga en riesgo la integridad de las personas.

 

Artículo 27. Los policías no podrán hacer uso de las armas de fuego salvo que se utilicen en legítima defensa o de terceros y se presente un peligro real, actual e inminente de perder la vida, provocación de lesiones graves, o bien, cuando sea estrictamente necesario para impedir la fuga de la persona o personas detenidas o sujetas a custodia y que represente un peligro en términos del artículo anterior.

 

Capítulo IV

Del equipamiento y normas de utilización

 

Artículo 28. Las instituciones policiales estarán obligadas a proveer a sus integrantes de armamento y equipo necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

 

Artículo 29. La asignación del equipo y del armamento se proveerá de acuerdo al servicio y operaciones que realizarán en cumplimiento de sus funciones, actualizándolas conforme al desarrollo de diseños y tecnologías que sirvan para lograr los objetivos.

 

Artículo 30. Los cuerpos de seguridad dispondrán de las medidas necesarias para mantener el nivel de efectividad del equipo, dotado a través del mantenimiento especializado necesario.

 

Artículo 31. Los integrantes de los cuerpos de seguridad, en los términos que fije el Reglamento, podrán tener a su cargo y portar las siguientes armas:

 

  1. Armas no letales.

 

  1. a) Bastón policial en sus diferentes tipos;

 

  1. b) Dispositivos eléctricos de control;

 

  1. c) Armas o pistolas noqueadoras;

 

  1. d) Agentes químicos permitidos propios para la labor policial;

 

  1. e) Dispositivos de presión de agua; y

 

  1. f) Las demás que autorice la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

 

  1. Armas letales:

 

  1. a) Armas de fuego en sus distintos tipos;

 

Artículo 32. Los integrantes de los cuerpos de seguridad, en los términos que fije el Reglamento, podrán tener a su cargo el equipo autoprotector siguiente:

 

  1. a) Escudos;

 

  1. b) Cascos;

 

  1. c) Coderas;

 

  1. d) Rodilleras;

 

  1. e) Chalecos antipuntas o antitrauma;

 

  1. f) Chalecos balísticos;

 

  1. g) Caretas protectoras;

 

  1. h) Mascarillas antigás;

 

  1. i) Vallas de contención; y

 

  1. j) Vehículos oficiales policiales con o sin blindaje.

 

Artículo 33. Los cuerpos de seguridad deberán contar con una base de datos actualizada que contenga el registro detallado de cada arma y equipo asignado a su cargo.

 

Artículo 34. Los integrantes de las instituciones policiales tendrán la obligación de establecer procedimientos para la asignación, resguardo, relevo, traslado, ubicación y destino final del equipamiento que les fue otorgado para el cumplimiento de sus funciones.

 

Capítulo V

De la capacitación, adiestramiento y especialización

 

Artículo 35. En el diseño de los programas de profesionalización, capacitación y actualización que lleven a cabo los cuerpos de seguridad, deberán incluirse aspectos y temas especializados sobre el uso de la fuerza y armamento a su cargo.

 

Artículo 36. Los cuerpos de seguridad establecerán un programa de evaluaciones periódicas de acuerdo a estándares de eficiencia sobre el uso legítimo de la fuerza y el armamento a su cargo.

 

Artículo 37. Los miembros de los cuerpos de seguridad deberán ser capacitados en el uso adecuado de la fuerza y la utilización del armamento y equipo, con técnicas que causen los menores daños y lesiones posibles, y el mayor respeto a la integridad física y emocional y a la vida de las personas contra quienes se utilicen.

 

Artículo 38. En todo programa educativo o de formación policial, incluidos los cursos básicos, de actualización y de especialización, existirá un módulo destinado exclusivamente al uso legítimo de la fuerza de conformidad con lo establecido en la Ley y demás disposiciones reglamentarias.

 

Artículo 39. Los órganos responsables de la formación, actualización y especialización policial, impartirán talleres que comprendan ejercicios y análisis de casos reales en los que se apliquen los principios y reglas establecidos en la Ley y demás disposiciones reglamentarias.

 

Los cursos educativos, de formación, actualización y especialización deberán contener las técnicas y tácticas actualizadas, necesarias para que el ejercicio de la función policial en el uso de la fuerza cause el menor daño posible a las personas.

 

Artículo 40. Las instituciones policiales emitirán, conforme a las reglas que se determinen en el Reglamento, un manual teórico práctico de técnicas y tácticas para el uso legítimo de la fuerza y la descripción de las conductas a realizar por parte de los policías.

 

El manual correspondiente determinará el contenido de las prácticas que los integrantes deberán cumplir para estar capacitados en el uso legítimo de la fuerza, así como la periodicidad del entrenamiento para el uso de las armas permitidas.

 

Artículo 41. El adiestramiento y la actualización, entre otras, comprenderán técnicas de solución alternativa de conflictos, tales como la negociación y la mediación, así como de comportamiento de multitudes manejo de multitudes y otros medios lícitos que limiten al máximo el uso de la fuerza en sus niveles de utilización de armas no letales y de armas de fuego.

 

Capítulo VI

De las normas comunes para los integrantes de los cuerpos policiales

 

Artículo 42. Los integrantes de los cuerpos policiales, estarán sujetos a un régimen normativo común de derechos, obligaciones y prohibiciones, en materia de uso de la fuerza y el armamento oficial que se les asigne para el cumplimiento de sus funciones.

 

Artículo 43. Los integrantes de los cuerpos de seguridad, contarán con las facultades siguientes:

 

  1. Ejercer su investidura de autoridad frente a las personas;

 

  1. Solicitar el apoyo de otras autoridades y de auxiliares de la seguridad pública;

 

III. Cumplir un deber o las órdenes lícitas giradas por autoridades competentes;

 

  1. Emplear técnicas y tácticas de control para la disuasión, persuasión o control de personas que infrinjan la Ley;

 

  1. Utilizar el equipamiento asignado;

 

  1. Efectuar detenciones, arrestos y aseguramientos ya sea en flagrancia o mediante mandamiento escrito de autoridad competente;

 

VII. Poner a disposición de forma inmediata ante las autoridades competentes a las personas detenidas por la comisión de faltas o delitos;

 

VIII. Utilizar en medida de lo posible, medios no violentos antes de emplear el uso de la fuerza, y

 

  1. Las demás que contemplen en otras disposiciones legales.

 

Artículo 44. Los integrantes de los cuerpos de seguridad, tendrán los derechos siguientes:

 

  1. Ser respetado como autoridad en el desempeño de sus funciones;

 

  1. A la protección de su vida e integridad física;

 

III. Al respeto de su dignidad como ser humano;

 

  1. Recibir de manera gratuita uniformes, equipo y armamento para el cumplimiento de sus responsabilidades;

 

  1. Recibir capacitación, adiestramiento y especialización en materia de uso de la fuerza y el armamento asignado;

 

  1. Recibir de su institución atención médica, apoyo psicológico, victimológico y jurídico, inmediatamente después de haberse involucrado en un hecho donde se haya ejercido la facultad del uso de la fuerza y el armamento;

 

VII. A que se le proporcionen los manuales, directivas, circulares, reglamentos y leyes necesarias que regulen sus funciones como integrante;

 

VIII. A defenderse ante una agresión, real, actual e inminente que ponga en riesgo su integridad, la de sus compañeros o de terceros;

 

  1. A defender la integridad, imagen y respeto de la institución que representa;

 

  1. Cuando resulte procedente, recibir apoyo económico para el pago de la caución para la obtención de su libertad;

 

  1. A ser asistido y defendido por abogado oficial o externo, cuando se vea involucrado en un procedimiento disciplinario, de responsabilidad administrativa, civil o penal;

 

XII. A la presunción de su inocencia, y

 

XIV. Los demás que se establezcan en otras disposiciones jurídicas.

 

Artículo 45. Los integrantes de los cuerpos de seguridad, deberán cumplir estrictamente las obligaciones siguientes:

 

  1. Ejercer la facultad del uso de la fuerza con sujeción estricta a las disposiciones de la Ley;

 

  1. Prestar auxilio a las personas que hayan resultado lesionadas con motivo de una intervención policial, así como, a las víctimas de los eventos en que se haya empleado la fuerza;

 

III. Rendir informe pormenorizado de las intervenciones policiales en las que se haya ejercitado la facultad del uso de la fuerza;

 

  1. Participar en los cursos de capacitación, adiestramiento, actualización y especialización en materia de uso de la fuerza y armamento oficial;

 

  1. Denunciar ante el superior jerárquico, las órdenes que reciban y que entrañen un abuso, una notoria inconstitucionalidad, ilegalidad o que pudiera constituir un delito;

 

  1. Denunciar cualquier acto u omisión que vulnere las disposiciones de la Ley;

 

VII. Velar por la vida e integridad física de la persona o personas que se someta a una detención;

 

VIII. Conservar en buen estado el armamento y equipo asignado para el cumplimiento de sus funciones;

 

  1. Respetar y defender la dignidad humana como principio básico de su actuación;

 

  1. Respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas;

 

  1. Limitar al mínimo necesario el empleo del uso de la fuerza, procurando causar el menor daño posible, y

 

XII. Las demás que se establezcan en otras disposiciones legales.

 

Artículo 46. Los integrantes de los cuerpos de seguridad, tendrán las prohibiciones siguientes:

 

  1. Apartarse de la observancia de las disposiciones de esta Ley;

 

  1. Hacer uso arbitrario, desproporcionado e innecesario de la facultad del uso de la fuerza;

 

III. Omitir observar los procedimientos modulados del uso de la fuerza;

 

  1. Infligir, instigar o tolerar actos de tortura u otros tratos crueles inhumanos o degradantes en agravio de las personas;

 

  1. Hacer uso de la fuerza y del armamento sujetándose a criterios discriminatorios;

 

  1. Efectuar detenciones sin sujetarse a los parámetros establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

 

VII. Falsear información en torno a la investigación de casos relacionados con el uso de la fuerza;

 

VIII. Abstenerse de rendir informe oficial inmediato cuando se haga uso de la facultad de uso de la fuerza y el armento asignado;

 

  1. Incurrir en imputación de hechos falsos para justificar el uso de la fuerza;

 

  1. Utilizar las armas de fuego en la realización de algún operativo que se esté efectuando en carretera o en cualquier otra vía de transporte y el sujeto obligado no detuviera su marcha por cualquier circunstancia;

 

  1. Utilizar de manera inadecuada o fuera de su servicio el equipo y el armamento asignado;

 

XII. Omitir u obstaculizar el goce de los derechos que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a favor de los imputados, víctimas u ofendidos; y

 

XIII. Las demás que se establezcan en otras disposiciones legales.

 

Capítulo VII

De la coordinación operativa

 

Artículo 47. Cuando el uso de la fuerza requiera de acciones coordinadas con otros niveles de gobierno, o bien de la concurrencia de dos o más instituciones policiales, los mandos se sujetarán a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y demás disposiciones aplicables, y previamente a los operativos de coordinación, se determinará:

 

  1. Las instituciones participantes;

 

  1. El servidor público que coordinará las acciones de cada una de las instituciones policiales que participan;

 

III. Los servidores públicos responsables de cada uno de los cuerpos de seguridad pública que participan;

 

  1. Las acciones que se intentan repeler o, en su caso, las órdenes que se van a cumplir;

 

  1. Los antecedentes de los asuntos que se van a conocer; y

 

  1. El servidor público que coordinará la puesta a disposición de los detenidos ante la autoridad competente.

 

Podrán determinarse perímetros de acción en los que se generarán responsables por cada uno de ellos.

 

Artículo 48. La coordinación de las instituciones policiales con otras corporaciones se formalizará mediante convenios suscritos por las autoridades que tengan la representación legal de las mismas, o bien, en casos de urgencia o emergencia, mediante el establecimiento de los planes u órdenes de operaciones emergentes, que considerarán al menos lo previsto en el artículo anterior.

 

Podrán suscribirse convenios marco para incluir diversas líneas de colaboración en el momento en que se requiera, de tal forma que se logre la mayor agilidad en la determinación.

 

Artículo 49. Los convenios que se suscriban tendrán la naturaleza de un acuerdo de voluntades para colaborar en forma coordinada en diversos fines vinculados a la seguridad pública, según los requerimientos de la cooperación entre las corporaciones que concurran a la celebración de dicho instrumento.

 

Artículo 50. Las operaciones conjuntas no implicarán la afectación de los marcos reglamentarios en materia de seguridad pública, de las instituciones policiales que se coordinen.

 

Artículo 51. La realización de acciones coordinadas incluye la formulación de planes, programas y la definición de estrategias, tácticas y líneas de operación en el territorio del Estado, así como la jurisdicción de todas las instancias coordinadas, sin menoscabo de sus atribuciones y competencias.

 

La coordinación consistirá principalmente en aportar respaldo técnico, fortalecer las capacidades de fuerza de tarea e intercambiar información para la consecución de la misión a realizar.

 

Artículo 52. En el caso de la designación de un mando único, éste no limitará la autoridad operativa de los mandos de las instituciones policiales participantes, en sus respectivos ámbitos de competencia.

 

Artículo 53. El mando único ejercerá un carácter de comandante superior de operaciones coordinadas, sin que pueda tener injerencia en la organización interior o en la propia dirección orgánica de las instituciones policiales participantes, de tal suerte que su función, será únicamente dirigir el plan estratégico.

 

Artículo 54. Las órdenes del mando único se transmitirán a través de los mandos de las instituciones policiales que concurran.

 

Capítulo VIII

De la elaboración de informes

 

Artículo 55. Los informes policiales correspondientes deberán contener, en su caso, una descripción sucinta de los hechos y circunstancias que exigieron el uso de la fuerza, así como la justificación que sustentó el nivel de uso de la fuerza, armas y municiones empleadas.

 

Artículo 56. Siempre que el policía utilice la fuerza en cumplimiento de sus funciones deberá realizar un reporte pormenorizado a su superior jerárquico inmediato. Una copia de éste se integrará al expediente del integrante.

 

Los superiores jerárquicos serán responsables cuando deban tener o tengan conocimiento de que los integrantes bajo su mando hayan empleado ilícitamente la fuerza y/o los instrumentos y armas de fuego a su cargo, y no lo impidan o no lo denuncien ante las autoridades correspondientes.

 

Artículo 57. El reporte pormenorizado contendrá:

 

  1. Nombre, adscripción y datos de identificación del policía;

 

  1. Nivel de fuerza utilizado;

 

III. Circunstancias, hechos y razones que motivaron la decisión de emplear dicho nivel de fuerza, y

 

  1. En caso de haber utilizado armas letales:

 

  1. a) Detallar las razones que se tuvieron para hacer uso del arma de fuego;

 

  1. b) Identificar el número de disparos; y

 

  1. c) Especificar las bajas de personal civil u oficial, las personas lesionadas y los daños materiales causados.

 

Capítulo IX

De la investigación de hechos sobre el uso de la fuerza

 

Artículo 58. Los cuerpos de seguridad a través de los órganos de asuntos internos, establecerán procedimientos eficaces para la investigación de los hechos en los que se haya ejercido la facultad del uso de la fuerza y del armamento.

 

Artículo 59. Los procedimientos de investigación que realicen las unidades de asuntos internos estarán encaminados a determinar la existencia o inexistencia de responsabilidad del integrante respecto de las disposiciones internas, así como de la inobservancia de la Ley, para que en su caso se proceda a su vinculación a procedimiento disciplinario.

 

Artículo 60. Los procedimientos de investigación podrán iniciarse de oficio, a petición de parte, por denuncia ciudadana o por reporte oficial de los mandos policiales o cualquier integrante.

 

Artículo 61. El resultado de las investigaciones que realicen las unidades de asuntos internos, deberá de hacerse del conocimiento público, a través del formato que en versión pública se prepare, el cual deberá difundirse en el portal oficial de la corporación policiaca. Lo anterior con sujeción estricta a las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Guerrero.

 

Capítulo X

De la reparación del daño

 

Artículo 62. El Estado, tendrán la obligación de responder de los daños causados por los miembros de los cuerpos de seguridad con motivo del uso ilícito de la fuerza, cuando así haya sido determinado por la autoridad competente o por un organismo público de defensa de los derechos humanos, quien resulte víctima del uso indebido de la fuerza, tendrá derecho a que se le pague la indemnización correspondiente, previo procedimiento que exijan el Reglamento y las leyes de la materia con base en los principios y estándares internacionales en materia de reparación del daño por violaciones a derechos humanos.

 

Artículo 63. La Secretaría y la Fiscalía tienen la obligación de celebrar un contrato de seguro de gastos médicos que cubra los daños ocasionados por la o el policía a las personas o en su caso de seguro a los bienes cuando las autoridades competentes o un organismo público de defensa de los derechos humanos determinen el uso ilícito de la fuerza. Dicho seguro contemplará necesariamente la cobertura de gastos médicos, psicológicos y de rehabilitación en que haya incurrido o pueda incurrir la víctima.

 

Capítulo XI

De la inobservancia de la Ley

 

Artículo 64. Las violaciones cometidas a las disposiciones de esta Ley darán lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles y penales en los términos de las disposiciones legales aplicables.

 

Artículo 65. El uso excesivo, arbitrario e ilegal de la fuerza y las armas de fuego, constituirá una falta grave al régimen disciplinario de las instituciones policiales, consecuentemente podrá dar lugar a la remoción del cargo.

 

Capítulo XII

De los Derechos de los miembros de los cuerpos de seguridad

 

Artículo 66. Toda persona está obligada a respetar a los integrantes de las autoridades y cuerpos de seguridad, quienes también gozan de los derechos que tiene toda persona para la protección de su vida e integridad física, el respeto a su dignidad como ser humano y como autoridad.

 

Artículo 67. Los cuerpos de seguridad y elementos policiales tienen derecho al respeto por parte de sus superiores jerárquicos.

 

Asimismo, tendrán derecho a que se les proporcione atención médica, psicológica, y jurídica que, en su caso, requieran con motivo del uso lícito de la fuerza pública, derivado del cumplimiento de su deber, la cual deberá de ser otorgada por la institución de seguridad pública a la que pertenezcan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

 

PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

 

SEGUNDO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Guerrero deberá expedir el reglamento de esta Ley, en un plazo que no exceda de noventa días hábiles contados a partir del inicio de su vigencia.

 

TERCERO. Los Ayuntamientos de la Entidad cuentan con un plazo de noventa días hábiles contados a partir del inicio de su vigencia, para que emitan los manuales correspondientes a sus policías preventivas.

 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

 

QUINTO. Publíquese la presente Ley en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y en el Portal web de este Honorable Congreso del Estado, para el conocimiento general.

 

Dado en el Recinto Legislativo “Primer Congreso de Anáhuac” del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a los 17 días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E

LOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DE MOVIMIENTO CIUDADANO

 

 

 

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

 

 

DIPUTADO SILVANO BLANCO DEAQUINO DIPUTADA MAGDALENA CAMACHO DÍAZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Hoja de firmas correspondiente a la Iniciativa con Proyecto Ley para Prevenir los Abusos en el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de Guerrero]

[1] José Antonio Román. Persistente, el uso excesivo de la fuerza por agentes de seguridad. Periódico La Jornada. Martes 21 de junio de 2016.

[2] http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/2016/06/21/onu-pide-mexico-crear-ley-de-uso-de-la-fuerza