Iniciativa para crear la Fiscalía Nacional Electoral que tendrá a su cargo la persecución eficaz de los delitos electorales

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII INCISOS A), B), C), D), E), F) Y SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 41DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.                         

 

Los proponentes RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII INCISOS A), B), C), D), E), F) Y SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 41DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor del siguiente.

 

Planteamiento del problema

 

En México existe una grave impunidad en la sanción de los delitos, diversos estudios nos indican que el 98% de los delitos denunciados no concluyen con la sanción a los responsables, lo que significa falta de confianza generalizada por parte de los ciudadanos en las autoridades encargadas de la persecución de delitos, como lo es la Procuraduría General de la República y las Procuradurías locales, que en el mejor de los casos son vistas por la sociedad como autoridades ineficaces en el desempeño de sus funciones.

La impunidad en la sanción de los delitos representa un problema sumamente grave para la gobernabilidad del país, ya que en un alto grado constituye un problema de legitimación de las autoridades Estatales.

Dentro de la amplia gama de delitos existente se encuentran los llamados delitos electorales, que pretenden sancionar algunas de las malas prácticas electorales que han sido utilizadas en este país, como la alteración de actas, el embarazo de urnas, la compra de votos, la presión de funcionarios a sus subordinados para que voten por uno u otro partido y un sinfín de conductas nocivas al desarrollo adecuado de las elecciones.

Con motivo del reconocimiento histórico de la existencia de estas lamentables prácticas, en 19 de julio de 1994, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, el decreto de creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, así como la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para incorporar al marco jurídico a dicha fiscalía.

Sin embargo, lo cierto es que a casi diez años de la creación de la FEPADE, su desempeño no ha abonado a la lucha por la democracia plena en México, por el contrario ha sido motivo de críticas, pues el sesgo de sus investigaciones ha marcado su vida Institucional.

La Fiscalía debe actuar de manera imparcial ante la atención de delitos electorales, sancionando y persiguiendo no importando la investidura de quien o quienes hayan cometido  algún delito en materia electoral, sin embargo la autoridad electoral es totalmente omisa al respecto del cauce y resolución ya que es de destacar que dicha fiscalía recibe denuncias, pero sólo inicia averiguaciones previas en  1.43% de los casos  y a penas el 0.2% de las denuncias registra detenciones

Hemos tenido ejemplos del mal desempeño de la FEPADE en diversas elecciones, en las cuales las investigaciones no fructifican en las sanciones correspondientes, es más existe la sospecha que en la mayoría de los casos, las investigaciones pertinentes ni siquiera se efectúan, existe un retraso en la integración de las averiguaciones previas con el objetivo de cerrarlas de forma completa.

Siendo la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) la encargada de garantizar la equidad, legalidad y transparencia de las elecciones federales y locales, en los casos que resultan de su competencia con el fin de garantizar la legalidad, equidad y transparencia de los procesos electorales. Sin embargo en nuestra democracia aún en ciernes, se visualiza que  en los últimos años los procesos electorales han estado plagados de irregularidades que derivan en graves problemas de legitimidad, legalidad e ingobernabilidad que hacen imposible garantizar los derechos de los ciudadanos y desestabilizan la vida social, política y económica de nuestro país.

Asimismo, en muchos de los casos haciendo argucias legales los propios ministerios públicos de la fiscalía pretenden hacer un uso indebido de los elementos jurídicos para impedir la integración adecuada de las averiguaciones, obstruir la procuración de justicia denegándola, con tácticas dilatorias para decentar a los denunciantes,  lo cual provoca la impunidad de los delincuentes.

Lo anterior, se comprueba de las propias estadísticas que deja a disposición de los ciudadanos la FEPADE, en donde podemos observar que de manera sostenida tiene un rezago en la integración de cerca de 3 mil averiguaciones previas, lo que implica la falta de probidad de la fiscalía que ha dejado de atender la investigación de tales delitos, sin que exista una causa justificada de dicho retraso, y que incluso hace sospechar que se trata de un retraso provocado e intencional, aduciendo en muchos casos la indeterminación de la naturaleza de la denuncia.

La impunidad en los delitos electorales es una de las principales amenazas para la estabilidad, el fortalecimiento democrático y el desarrollo de nuestro país, sin embargo estos delitos han sido sistemáticamente ignorados por la Fiscalía.

Lo cierto es que de toda la población mexicana solo el 27 % de los ciudadanos tiene confianza en la democracia, lo que nos muestra una clara crisis institucional del sistema democrático nacional y la profunda desconfianza de la población en las instituciones democráticas, según Latonobarometro.

Resulta claro que ante la opinión pública la FEPADE es vista como una mera pantalla que únicamente pretende cumplir el requisito de contar con una fiscalía dedicada a los delitos electorales, que cuenta con una efectividad muy reducida frente a la realidad nacional. Igualmente la opinión que pudiéramos obtener de expertos en la materia, nos indica que se trata de un órgano del Estado que ha probado ser ineficaz para ejercitar la acción penal correspondiente.

En este escenario de desconfianza en las instituciones democráticas, corresponde hacer un análisis de los errores cometidos y que nos han llevado a este lamentable momento; a ello se debe reconocer que la eficacia de la Fiscalía se encuentra restringida por su diseño Institucional, es decir, el gran problema de la FEPADE radica en la integración de la misma a la Procuraduría General de la República y por consecuencia al Poder Ejecutivo.

Este vínculo desafortunado ha provocado el ejercicio parcial de la acción penal en materia electoral, sujetándola a los intereses partidistas y restringiendo el avance de las investigaciones que no le son favorables a los partidos en el poder, mismo que ha situado a un órgano esencial en la normalidad democrática en el uso de la justicia selectiva, que únicamente pretende satisfacer intereses políticos.

Existen numerosos ejemplos en que se ha denunciado la comisión de delitos electorales en diversas entidades en las que no existió la persecución de los mismos, como ha sido el caso de Coahuila, Veracruz, etc.

Resulta de la más profunda prioridad que exista una absoluta independencia de las autoridades en materia electoral respecto al poder político, porque solo de este modo se garantiza un ejercicio de poder autónomo.

 

ARGUMENTACIÓN

 

 

El andamiaje de instituciones electorales que incluyen a las instancias encargadas de la organización del proceso electoral, las instancias judiciales para garantizar la justicia electoral y los derechos político electorales de la ciudadanía, así como la fiscalía para procurar justicia en casos de delitos electorales han cumplido con los objetivos de dirigir su actuar bajo los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad de la función electoral.

 

No podemos ignorar la grave crisis institucional que vive nuestro país, la confianza de la población en el régimen político ha mermado en los años recientes, empujada por la profunda decepción que trajo consigo el “cambio” en el partido en el poder.

A partir de la “transición democrática” vivida en el año 2000, los mexicanos hemos sido testigos que el problema político de nuestro país no correspondía únicamente al partido en el poder, sino que refiere a la conformación de los órganos empoderados.

Debido al sistema hemos podido comprobar que el ejercicio del Poder en México no cuenta con los candados necesarios para impulsar el desarrollo democrático de la vida nacional.

Corresponde al Poder Legislativo y en especial a esta Cámara, el proponer las modificaciones pertinentes para detener este deterioro en la imagen lamentable que tienen los ciudadanos frente al poder político y los órganos del Estado. Corresponde a esta Cámara reconocer la insuficiencia del sistema electoral actual, que únicamente ha favorecido el ejercicio del poderoso, en detrimento de la democracia misma.

Es por lo anterior que se promueve la creación de un Órgano Constitucional Autónomo, que se encargue de la procuración de la justicia electoral y que cuente con los recursos y atribuciones necesarias para este cometido, dicho órgano tendrá la particularidad de ser completamente independiente del poder político y carecerá de conformaciones partidistas que lo alejen de su objetivo fundamental.

En la característica de Órgano Constitucional Autónomo se ratificara la independencia absoluta de la Fiscalía Nacional Electoral frente a los tres poderes de la Unión, garantizándose así el compromiso único de dicho órgano con la sociedad y los principios constitucionales que deben regir la celebración de las elecciones, es decir, garantizar en el ámbito de sus facultades que las elecciones sean libres y auténticas.

A través de la existencia y actuación de este órgano se fortalecerá a la democracia, ya que su  labor no tendrá sesgos partidistas y fortalecerá la confianza de en las instituciones.

La designación del Fiscal General de este órgano preverá la participación de un órgano consultivo conformado para esos efectos, que tendrá que estar constituido por conocedores en la materia e instituciones educativos de alto nivel y la Cámara de Diputados, procurando en todo momento la imparcialidad del cargo a través de un procedimiento de insaculación.

Con la independencia propuesta se fortalecerá la institución encargada de la persecución de delitos electorales, pues ahora no tendrá ningún tipo de influencia ajena al ejercicio profesional de sus labores, constituyéndose como un órgano plenamente autónomo del poder político.

Lo anterior favorecería a disminuir el grado de impunidad de estos delitos, lo que igualmente tendría un impacto positivo en la opinión pública de la democracia.

 

 

FUNDAMENTO LEGAL

 

 

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII INCISOS A), B), C), D), E), F) Y SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 41DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOSal tenor de la siguiente:

 

Artículo Primero. Se reforma y adiciona la fracción Vll incisos a), b), c), d), e), f) y segundo y tercer párrafo del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

(…)

VII. Con el objetivo de garantizar plenamente que las elecciones, tanto Federales como Locales, sean libres y auténticas se constituirá como un órgano autónomo e independiente en su función y administración respecto de los demás poderes de la Unión, la Fiscalía Nacional Electoral que tendrá a su cargo la persecución eficaz de los delitos electorales, tanto en el ámbito local como el ámbito federal; igualmente se constituirá como el órgano acusador por la comisión de dichos delitos electorales.

 

La Fiscalía Nacional Electoral tendrá dentro de sus atribuciones todas las facultades necesarias para el ejercicio eficaz de su función, mismas que serán determinadas en la Ley Reglamentaria que para dichos efectos expida el Congreso de la Unión.

 

Para la designación del Titular de la Fiscalía Nacional Electoral, se integrará por parte de la Cámara de Diputados un Órgano consultivo en la materia, que estará integrado por dos representantes de asociaciones de abogados del país con reconocimiento público y tres representantes de Instituciones de Educación Superior, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes previa convocatoria pública designarán una terna de candidatos expertos en la materia electoral que cumplan con los siguientes requisitos:

 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

 

b) Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

 

c) Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

 

d) Gozar de buena reputación en el ámbito profesional relacionado con el derecho penal y electoral; no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

 

e) Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y                   

 

f) Acreditar de manera plena no haber sido militante de partido político alguno.

 

Una vez que se haya integrado la terna por parte del Consejo Consultivo, mediante un procedimiento de insaculación público se determinará el candidato que deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados, en la sesión inmediata siguiente, aprobándose la designación por la mayoría de dos terceras partes de los miembros presentes.

 

 

En el caso de que en la Cámara de Diputados no se ratifique el nombramiento del Fiscal General, se presentará un nuevo candidato bajo el mismo procedimiento señalado.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor  al día siguiente al de su publicación.

 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá emitir las adecuaciones necesarias al marco normativo para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto a más tardar en ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

 

 

TERCERO. Todos los recursos materiales de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, pasaran a conformar los activos de la Fiscalía Nacional Electoral.

 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el Senado de la República, a los 14 días del mes de Agosto de 2013.

 

 

 

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

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