INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

El proponente Ricardo Mejía Berdeja y el suscrito Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable asamblea, la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En años recientes, México ha vivido un crecimiento importante de violencia relacionada al crimen organizado, donde el crimen organizado se ha convertido en el principal motor de éste clima y criminalidad, que horada la paz social.

Hoy, la inseguridad es una de las principales amenazas para la estabilidad, el fortalecimiento democrático y el desarrollo de nuestro país. Este incremento y auge de la criminalidad denota, entre otras cosas, un fracaso gubernamental para garantizar la seguridad.

El aumento en la comisión de delitos con violencia en México no tienen fin, el incremento de la inseguridad en el país ha sido rebasada por estos; de acuerdo a la  Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de enero a junio de 2014, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI)  para junio de 2014 y en términos de delincuencia, 70.2% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.  

La ENSU tiene una periodicidad trimestral e incluye conceptos relevantes en el tema de la seguridad pública, tales como: la sensación de inseguridad por temor al delito (percepción); expectativa social sobre la tendencia del delito (percepción); atestiguación de conductas delictivas o antisociales (conocimiento); cambio de rutinas por temor a ser víctima del delito (experiencias) y percepción del desempeño de la policía como autoridad responsable en materia de seguridad pública. La impunidad agrava el conflicto social y cultural, fractura la estructura de una sociedad. La impunidad se vuelve un nuevo factor traumático que hace imposible la justicia y por ende una pérdida de seguridad y confianza en las víctimas violentando sus derechos humanos.

Las cifras negras y números rojos que arrojó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (Envipe 2013) son escalofriantes: en una tercera parte, es decir 32.4% de los hogares mexicanos hay al menos una víctima de algún delito, se denuncia poco más de la décima parte (12.2%) de esos delitos; únicamente se inicia averiguación previa en el 8% de los delitos cometidos, y solamente se castiga el 1.6%, es decir, el 98.4% de los delitos queda impune.

Quienes han padecido la comisión de un delito en nuestro país tienden a no denunciar porque, tienen la firme idea que no se soluciona nada y jamás se trabaja para encontrar y aprehender al delincuente; porque acudir a denunciar implica una vulneración a la dignidad de las personas, ya que más que como víctimas se les trata como al propio delincuente, se les niega el acceso a la justicia, pierden tiempo, reciben un mal trato e incluso a veces se les humilla, y ven el proceso al que se enfrentaran de manera muy desgastante.

El Estado debe asumir su responsabilidad frente a las víctimas de violencia, en este sentido desde el surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en marzo de 2011, organizado por mujeres y hombres, familiares y amigos que han perdido a un ser querido y que han sido alcanzados por las garras del contexto de violencia e inseguridad de nuestro país, salieron a las calles a externar su hambre y sed de justicia, su dolor e impotencia ante la nula respuesta por parte de las autoridades.

Resultado de este movimiento fue la Ley General de Víctimas, que tuvo el apoteósico escenario de intransigencia de algunos integrantes del Congreso de la Unión así como de los demás involucrados en dicho proceso en cuanto a la elaboración, dictaminación y expedición; ya que significaba hacer visible una realidad latente pero tras una cortina de humo.

En un discurso panegírico, el miércoles 10 de Enero de 2013, Enrique Peña Nieto promulgó la Ley General de Víctimas en el Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, la víctima de un delito conserva cicatrices imposibles de eliminar, empero con un programa integral de reparación del daño sufrido, puede superar dicho el hecho victimizante, dichas directrices para que esto se lleve a cabo se encuentran en La Ley General de Víctimas.

Es por ello que derivado de la importancia que reviste dotar de los recursos necesarios así como de la garantía de no disminuir el monto presupuestal al Programa de atención Integral a Víctimas, a los demás instrumentos programáticos relacionados con la protección, ayuda asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia y reparación integral de las víctimas de algún delito, surge la imperiosa necesidad de contemplarlos dentro de la Ley General de Desarrollo Social.

Tal como lo como lo contempla la Ley de Asistencia Social en su artículo 4° que a la letra dice:

Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferente:

I – VII…

VIII. Víctimas de la comisión de delitos;

IX- XII.

Dicha reforma abonará a contemplar en el proceso de elaboración, dictaminación, votación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos necesarios para hacerle frente a la reparación del daño a cada una de las víctimas de la violencia de nuestro país. Y no, caer en el hastío de los laberintos burocráticos, haciendo eficiente y eficaz cada uno de los procesos, sistemas y estructuras encargadas de dar respuesta a las víctimas, al contar con el recurso necesario.

Fortalecer el marco jurídico a fin de destinar los recursos económicos necesarios, hará de nuestro país un Estado de Derecho socialmente responsable, justo y equitativo, garante de los derechos sociales, de una política social en materia de atención a víctimas integral, que dé cabida a una nueva realidad social que logre una verdadera protección, ayuda, asistencia o reparación integral de las víctimas.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de siguiente PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

ÚNICO.- Se adiciona la fracción X al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social.

Artículo 19.- Son prioritarios y de interés público:

I.-IX

X. los programas dirigidos a la atención de víctimas del delito.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de Septiembre de 2014.