INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 92 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN.

El proponente RICARDO MEJÍA BERDEJA y el suscrito RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE  ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 92 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En años recientes México ha sido sepultado por una creciente  “ola” de violencia a manos del crimen organizado, que ha cobrado la vida de aproximadamente 80,000 personas de 2007 a la fecha. La inseguridad pública es una de las principales amenazas para la estabilidad, el fortalecimiento y desarrollo democrático. Éste auge de la criminalidad denota, entre otras cosas, un fracaso gubernamental para garantizar la seguridad.

La delincuencia organizada se ha convertido en el principal motor de la violencia criminal, se ha adueñado de espacios públicos y en ocasiones ha orillado ha poblaciones enteras a trasladarse a otros sitios, mostrando con ello que el fenómeno de desplazamiento forzado ha sido una de las más importantes consecuencias de la guerra contra el narcotráfico en nuestro país.

Según los principios rectores de la Organización de las Naciones Unidas, los desplazados internos son las personas que se han visto forzadas a escapar o huir de sus casas, dentro de su propio país, como resultado de conflictos armados o para evadir situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o catástrofes naturales provocadas por el ser humano.

Los desplazamientos forzados a causa de la violencia generalizada por parte de los cárteles de la droga, van acompañados de una violación masiva de los derechos humanos y la perturbación del contexto social, al grado de verse obligados a marcharse por el clima de inseguridad, lo que erosiona la calidad de vida de las personas y las oportunidades laborales.

En este sentido para tener una visión sobre dicho fenómeno, la proporción de personas que abandonan municipios violentos es entre 4 o 5 veces mayor que la de las personas que abandonan municipios que no lo son y que se encuentran en las mismas condiciones socioeconómicas.

En la Segunda Conferencia Regional Humanitaria sobre Migraciones Forzadas en Bogotá, Colombia, Sarnata Reynolds –una importante asesora de Refugiados Internacional (RI) en materia de Derechos Humanos- presentó un informe de campo sobre los desplazados internos (IPDs, por sus siglas en inglés) del país, titulado “Mexico’s Unseen Victims” (Las Víctimas Invisibles de México). El informe es el producto de la investigación de campo realizada por Refugiados Internacionales en México en mayo y junio de este año (2014).

La organización encontró que las personas desplazadas por las organizaciones criminales comparten tres características: 1) huyen de la violencia extrema en las formas de asesinato, secuestro o desaparición de al menos uno de los miembros de sus familias; 2) se enfrentan a graves problemas económicos después del desplazamiento, incluyendo la dificultad para encontrar trabajo; 3) han perdido tierras y propiedades sin recibir ningún tipo de compensación económica.

Según RI, hay varias razones por las cuales los grupos criminales en México buscan el control de la tierra, incluyendo el cultivo de plantas utilizadas para la producción de drogas, el control de los recursos naturales, y el establecimiento de las rutas de tráfico de drogas. La organización encontró que muchos de los desplazados internos habían sido obligados a dejar sus comunidades directamente por las organizaciones criminales –ya sea perpetrando violencia contra ellos o sus familias, o amenazándolos con hacerlo- mientras que otros habían huido de la violencia causada por las disputas territoriales entre grupos rivales, por las ofensivas militares, o por los enfrentamientos con las milicias de autodefensa.

En el mismo informe se expone que a pesar de que el gobierno mexicano no dispone de cifras oficiales sobre el número de personas que habían huido de las organizaciones criminales, los investigadores de RI habían señalado que el desplazamiento forzoso es un fenómeno que va en aumento.

La situación de los desplazados es que antes de migrar, muchos de ellos han pagado considerables rescates a los grupos criminales, y en un intento de liberar a sus familiares secuestrados, aún cuentan con estas deudas; esto hace evidente el escenario que enfrentan los desplazados de manera inmediata a su salida de su lugar de origen: la necesidad de alojamiento y alimentación que únicamente puede ser subsanada a través de un empleo que les permitan sufragar los gastos de supervivencia, sin embargo, derivado de haber abandonado (en su mayoría de manera abrupta) su lugar de origen, no llevan consigo documentos para acreditar su identidad, lo cual les limita el acceso al pleno goce de sus derechos (trabajo, educación, vivienda, asistencia social, etc.)

Tal como lo indica Refugiados Internacionales la falta de documentos de identidad entre los desplazados internos, dificulta que los niños se matriculen en la escuela o que los adultos sean contratados legalmente. Para los grupos criminales, la falta de identificación también hace de los niños un atractivo blanco para el reclutamiento forzado, ya que son menos propensos a ser atrapados cometiendo crímenes.

Aunque las cifras sobre la cantidad de personas que han sido desplazadas internamente varían, el centro de pensamiento mexicano Parametría, estima que 1,65 millones de personas huyeron de sus hogares entre 2006 y 2011. Según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), sólo en 2011 160.000 personas fueron desplazadas internamente en México, y los estados con las mayores tasas de desplazamiento ese año fueron Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Michoacán y Guerrero -todos con una significativa presencia de los carteles de la droga.

De estos lugares, la cadena montañosa de la Sierra Madre en el estado de Sinaloa se ha visto particularmente afectada. La región forma parte de una zona conocida como el “Triángulo Dorado”, conocido por el cultivo de marihuana y también de amapola -utilizada para fabricar heroína- y también se cree que es el hogar de grandes laboratorios de metanfetamina.

Así cuando el cártel de Sinaloa y la Organización Beltrán Leyva comenzaron a luchar por el control de la zona en 2011, los residentes fueron forzados a trabajar con los criminales o a irse. Miles dejaron las montañas. Según la organización no gubernamental Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, en 2012 hasta 25.000 personas abandonaron la zona en un período de varios meses. Sin embargo, el gobierno mexicano se negó a reconocer la magnitud del problema. Tratando de minimizar el papel de los carteles de la droga, las autoridades mexicanas informaron que sólo 5.000 personas habían huido, y atribuyeron parte de la migración a una grave sequía.

Actualmente las autoridades han sido omisas frente al desplazamiento interno en México,  sobre todo por la sistemática falta de voluntad para reconocer el problema y abordarlo. Es menester visibilizar  que la violencia de los cárteles está provocando que la gente se desplace, no podemos procrastinar más el tema, debemos crear los mecanismos que den respuesta a la problemática así como a las necesidades y vulnerabilidades de las personas que se desplazan como consecuencia de la violencia criminal.

Miles de personas han huido de Ciudad Juárez, el sitio de otra feroz batalla entre carteles rivales. Entre 2008 y 2012, el Cartel de Juárez y el Cartel de Sinaloa se enfrentaron por el control de la ciudad, en una sangrienta disputa que causó la muerte de casi 10.000 personas. Según un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, alrededor de 230.000 personas abandonaron la zona entre 2007 y 2010, y aproximadamente la mitad de intentó emigrar a Estados Unidos.

El desplazamiento forzado ha sido poco abordado a pesar de la magnitud, el impacto y las consecuencias que deja en sus víctimas; abandonar de manera forzada la región, municipio o zona de residencia significa hacer frente a un viaje peligroso, extenuante, a una descapitalización e inopia, en el marco de un futuro incierto. Sin embargo, el desplazamiento significa también la esperanza de una búsqueda de protección y seguridad en sí misma.

Por lo anterior surge la imperiosa necesidad de contemplar dentro de la Ley General de Población, facultades para que la Secretaría de Gobernación implemente procesos de identificación personal para que en un tiempo mínimo se restituyan los documentos que acrediten la identidad a aquellas personas o población que sean víctimas de desplazamiento forzado por la violencia criminal.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de siguiente PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE  SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 92 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN.

ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 92 de la Ley General de Población.

Artículo 92. La …

Así mismo implementará procedimientos de identificación personal para la pronta restitución de los documentos que acrediten la identidad a aquellas personas o población que sean víctimas de desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia criminal; en los términos establecidos por esta ley y su reglamento.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de Septiembre de 2014.