INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 5°, RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES DE LA LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA.

El proponente RICARDO MEJÍA BERDEJA y el suscrito RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 5°, RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES DE LA LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA,  al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En años recientes, México ha vivido un crecimiento importante de violencia y criminalidad, que horada el tejido y la paz social. Así hoy en día, la inseguridad es una de las principales amenazas para la estabilidad, el fortalecimiento democrático y el desarrollo de nuestro país. Este incremento y auge de la criminalidad denota, entre otras cosas, un fracaso gubernamental para garantizar la seguridad.

Ante este contexto, diversos actores sociales han recurrido a contratar servicios de seguridad privada.

La seguridad privada en México es tan antigua como la sociedad misma, tuvo su origen con el surgimiento de las clases adineradas en el país casta social que siempre ha necesitado gente discreta, confiable, preparada física y psicológicamente con un perfil altamente eficiente a su lado, en un principio contrataron personal exmilitar para su servicio personal.

La regulación de este gremio comenzó con la Ley que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, promulgada en 1995. Más tarde, el 6 de julio 2006, se publicó la Ley Federal de Seguridad Privada.

La seguridad privada surge como una alternativa a la urgente necesidad por llenar los espacios que no cubrían las corporaciones policíacas en un entorno cada vez más amenazado por la inseguridad, dónde delitos como el secuestro han  amenazado la integridad y patrimonio de las víctimas.

En agosto de 2008, funcionarios de policía estimaron que alrededor de 80% de unas 10,000 compañías de seguridad privada, que empleaban más o menos a 40% del personal, operaban de manera informal a lo largo del país. La mayoría de dichas compañías privadas estaban a cargo de exmilitares o exfuncionarios de la policía de los cuerpos federales y estatales. Tomando en cuenta la percepción de las deficiencias de la policía ordinaria, las compañías de seguridad privada brindan un servicio esencial. A la vez, las firmas privadas también pueden crear problemas serios. El conocimiento de las familias, los negocios, las rutinas y las vulnerabilidades le confiere al personal de seguridad privada la oportunidad de extorsionar a sus empleadores.[1]

En contraste con la autoprotección, las “soluciones de mercado” negativas incluyen la limpieza social y la justicia por contrato, cuando se emplea a compañías de seguridad privada o contratistas individuales para sellar disputas o eliminar a grupos indeseables.

Los reportes de la prensa ofrecen algunos casos extremos. Un grupo que se hace llamar Comando Ciudadano Pro Juárez, que reclama apoyo financiero de la comunidad empresarial local, anunció que ejecutaría a un criminal cada día e invitó a la gente a enviar información por correo electrónico acerca de posibles objetivos. En Tijuana, un reporte señaló que algunos familiares de víctimas de secuestro (rescatadas exitosamente) ordenaron posteriormente la ejecución de los secuestradores[2].

Recordemos que entre los meses de octubre y noviembre de 2009. Mauricio Fernández, presidente municipal del PAN en San Pedro Garza García, en la zona metropolitana de Monterrey, afirmó sin reparos que estaba armando un “grupo de limpieza” para actuar de manera extralegal y expulsar a los secuestradores de su ciudad. Su aseveración tuvo resonancia cuando cuatro hombres fueron hallados muertos en la Ciudad de México. Junto a los cuerpos se encontraron mensajes que indicaban que se trataban de secuestradores. En este caso, Fernández comentó públicamente las muertes antes de que las autoridades capitalinas las hubieras hecho públicas. El presidente municipal señaló que el asunto le interesaba porque uno de aquellos hombres, supuestamente, había pedido permiso para asesinarlo a él. El secretario de Gobernación emitió un comunicado en el que condenaba la justicia extraoficial, y el presidente municipal fue presuntamente reprendido por el entonces presidente del PAN César Nava Vázquez.

Comparar el caso mexicano con las compañías de seguridad privadas rusas de los años noventa resulta instructivo. De acuerdo con Volkov (2002), el colapso del sistema soviético a fines de los ochenta creó un mundo hobbesiano de anarquía, donde la protección privada evolucionó, en el transcurso del tiempo, de la extorsión a los grupos delictivos de protección y a las asociaciones de aplicación de justicia, hasta llegar a las más sofisticadas y multifacéticas campañas de seguridad privada[3].

Si bien el mercado de la seguridad privada en México, se ha valorado en 240 mil millones de pesos, también cuenta con puntos álgidos que da cabida a suplantaciones de guardias o filtraciones de delincuentes.

Su valor equivale al 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) DE México, contemplan la contratación de guardias, blindajes de unidades, adquisición de equipo de rastreo, entre otros factores.

El dinamismo de esta industria, el cual repunta por arriba del PIB, se debe a que la percepción de la inseguridad en el país continúa, como es corroborado por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública  Urbana del INEGI que en junio de 2014 reportó que el 70% de los mexicanos se siente inseguro.

El presidente de la Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad Privada y Similares de los Servicios del Ramo (Conesprysir), Arnulfo Garibo, hace hincapié que hay entre 8 mil y 10 mil empresas de seguridad privada, tomando en cuenta las formales e informales, donde labora un millón 50 mil guardias; de ellos, 600 mil pertenecen a compañías de las llamadas “patito”, lo cual representa un gran peligro para la propia seguridad del Estado.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el presidente de la  (Conesprysir), estima que en México hay 600 mil guardias en la ilegalidad y otros 450 dentro de empresas constituidas de manera legal, lo cual representa un peligro incluso para la seguridad del Estado Mexicano, aseveró.[4]

Así el empresariado mexicano fomenta el surgimiento de empresas informales, resulta que contratan un elemento de seguridad privada por 6 mil pesos, cuando el costo promedio de un guardia se ubica en los 13 mil o 14 mil pesos mensuales, pero por estar a mitad de precio se van con las informales.

De acuerdo  con datos de la Asociación  Mexicana  de Empresas de Seguridad Privada, 40% de estas empresas en el país son informales, lo cual representa que más de 4 mil compañías no tengan ningún respaldo de la autoridad y cuenten con los mínimos filtros para la contratación de sus elementos.

Por lo antes expuesto es menester contemplar en la Ley Federal de Seguridad Privada la obligación por parte del Estado (que corresponde al ejecutivo pero que asumirá la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Dirección General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada) de contar con instituciones de seguridad privada confiables, efectivas, con estándares de calidad y con servicio eficiente, como parte indispensable a fin de implementar y  fortalecer una política de Estado en materia de seguridad, ante la evidente, fragilidad e incapacidad de contar con un mecanismo que permita reorganizar su población objetivo en función del número total de empresas registrada e identificadas; del número de empresas con autorización vigente, del número de empresas con alguna resolución derivada de visitas de verificación, de su ubicación geográfica y tamaño, así como de los recursos de que disponga[5].

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 5°, RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES DE LA LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA.

Artículo Único. Se adiciona una fracción al artículo 5°, recorriéndose las subsecuentes de la Ley Federal de Seguridad Privada.

Artículo 5.- La Secretaría …

  1. Contar con instituciones de seguridad privadas confiables, efectivas, con estándares de calidad y con servicio eficiente. 
  1. –  VIII

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de Diciembre de 2014.

[1] Bailey Jhon. Crimen e impunidad: Las trampas de la seguridad en México. Editorial Debate. Septiembre 2014

[2] ídem

[3] Ídem.

[4] EL UNIVERSAL “Inseguridad, empresas de seguridad privada” en línea], México, Dirección URL: http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/inseguras-empresas-de-seguridad-privada-1033065.html

[5] El Economista. “Piden supervisar empresas de seguridad privada” en línea], México, Dirección URL: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/05/05/piden-supervisar-empresas-seguridad-privada.