Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los proponentes Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II;; y 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción l del artículo 1168 y se derogan los artículos 1170, 1171, 1172, 1173, 1174 y 1179 del Código de Comercio, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La reforma financiera recientemente aprobada en este Congreso, ha significado un retroceso en materia de derechos humanos, al institucionalizar el arraigo como una sanción civil.

Históricamente el arraigo ha sido el medio por excelencia mediante la cual se ha materializado cualquier cantidad de violaciones a los derechos humanos, tales como el derecho a la libertad personal, al debido proceso, a un recurso judicial efectivo, a la seguridad jurídica y al derecho de presunción de inocencia entre otros.

Mediante el arraigo se ha obligado a los imputados de una conducta contraria a derecho a permanecer en un lugar determinado bajo la vigilancia de la autoridad investigadora. Situación en la que muchas veces son sometidos a tortura u otros tratos cueles, inhumanos o degradantes, dejándolos en completo estado de indefensión.

No podemos dejar de considerar a nuestra referencia más clara del arraigo, es aquella que contempla nuestra legislación en materia penal, la cual tiene por objeto asegurar la disponibilidad del inculpado en la investigación previa o durante el proceso.

Nos resulta un error gravísimo que bajo el amparo de una supuesta reforma de avanzada, se haya incluido un mecanismo por demás perverso como el arraigo o la radicación de una persona, que tras una relación semántica en identidad de conceptos es decir que bajo la misma categoría gramatical sea reconocida, ahora también en la legislación civil como un componente por demás violatorio de la garantías individuales.

Mucho se ha cuestionado al arraigo por operar como una prisión preventiva en donde la autoridad investigadora pese a no haber acreditado la probable responsabilidad de una persona en la comisión de un delito la priva de su libertad.

En definitiva esta figura es aún más discutible cuando lo que se busca es dar celeridad a los procedimientos mercantiles y seguridad jurídica a los acreedores respecto al retorno de sus recursos económicos.

En dicha modificación se atenuó el impacto que la figura de arraigo reviste, suavizándola gramaticalmente introduciendo el termino radicación como una medida cautelar o preventiva especialmente para que los acreedores recuperen de manera más sencilla sus recursos en caso de incumplimiento por parte del deudor.

Lo anterior contraviene el derecho fundamental de audiencia consagrado en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, por lo que su cumplimiento por parte de los órganos del Estado constituye una obligación absoluta y cuya omisión encierra una de las más graves violaciones a los derechos humanos.

En este sentido la audiencia es un derecho fundamental a favor de los gobernados, por el cual se impide la privación de sus bienes o libertad sin que exista procedimiento judicial previo en el que se le permita participar de manera activa.

Por ello, considerar el hecho que el acreedor pueda solicitar a la autoridad que se dicte una medida cautelar dentro de un juicio mercantil sin que antes se haya acreditado su acción y sin hacerse notificado al demandado de las pretensiones del acreedor sin duda alguno derivará en un trato desigual para las partes en conflicto, y más aun si la medida consiste en la radicación del deudor.

Argumentación

Por ello, la figura de radicación de personas es contraria a la garantía de audiencia y contraviene los preceptos constitucionales antes señalados.

Pues la supuesta bandera de dotar de una mayor seguridad jurídica a favor de los acreedores para recuperar de manera más sencilla sus recursos en caso de incumplimiento por parte del deudor, particularmente, en aquellos casos en los que existe una garantía no es más que el reconcomiendo de un mecanismo satírico en contra de los deudores tal y como lo son la radicación, que no es otra cosa sino un arraigo simple y llano.

A todas luces con ésta determinación se pierde toda empatía con el ciudadano al que se ha coartado el goce y disfrute de algún derecho, así como la finalidad de una verdadera reforma por la que se debe considerar el principio rector de la impartición de justicia.

En este sentido lo planteado en los artículos que hoy se pretenden reformar violentan severamente los principios antes mencionados.

Lo que verdaderamente se está haciendo es contribuir a los abusos de los que muchos de los acreedores fincan en perjuicio de sus deudores, abriendo la puerta a graves repercusiones en la esfera jurídica de aquellas personas que han caído en insolvencia de pagos

Fundamento Legal

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se deroga la fracción l del artículo 1168 y se derogan los artículos 1170, 1171, 1172, 1173, 1174 Y 1179 del Código de Comercio

Artículo Único. Se reforma el artículo 1168 y elimina los artículos 1170, 1171, 1172, 1173, 1174 y 1179 del código de comercio.

Artículo 1168. En los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias, previstas en este Código, y que son las siguientes:

I. Radicación de persona, cuando hubiere temor fundado de que se ausente u oculte la persona contra quien deba promoverse o se haya promovido una demanda. Dicha medida únicamente tendrá los efectos previstos en el artículo 1173 de éste Código;

II. Retención de bienes, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes, y

b) Tratándose de acciones personales, siempre que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene.

En los supuestos a que se refiere esta fracción, si los bienes consisten en dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, u otros bienes fungibles, se presumirá, para los efectos de este artículo, el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo.

Tratándose de la retención de bienes cuya titularidad o propiedad sea susceptible de inscripción en algún registro público, el juez ordenará que se haga la anotación sobre el mismo.

Artículo 1170. Se deroga.

Artículo 1171. Se deroga.

Artículo 1172. Se deroga.

Artículo 1173. Se deroga.

Artículo 1174. Se deroga.

Artículo 1179. Se deroga.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2014.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)