Que reforma el artículo 15 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Zuleyma Huidobro González, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente:

Exposición de Motivos

El concepto de tortura, de conformidad con la Real Academia de la Lengua, lo podemos definir como:

“El acto perpetrado en contra de un individuo, consistente en causar de forma intencional un grave dolor físico o psicológico, utilizado como mecanismo para quebrantar la residencia y la moral del torturado, despojándolo de su integridad.”

En el mundo grecorromano los esclavos eran sometidos a torturas por el hecho de ser considerados como cosas, en contraste de los hombres libres, quienes estaban exentos de ese trato.

Concepción que poco a poco fue cambiando, incluso en el mismo imperio romano, cuando también hombres sin libertad condicionada eran sometidos a este tipo de prácticas.

Lo anterior a consecuencia de que desde tiempos muy remotos, el hombre se percató que el miedo al dolor y al sufrimiento de otros, podría ser una atractiva herramienta para la consecución de ciertos beneficios.

Durante la época medieval, los tribunales de la Inquisición sometieron a los herejes a deleznables prácticas de tortura, aplicándola como una sanción con el fin de provocar un efecto coercitivo obligando a los miembros de las comunidades a conducirse dentro de “ciertos lineamientos”.

Con el advenimiento de la Ilustración, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y a principios del XIX, el sistema de estados soberanos como consecuencia de la nueva visión del hombre y de la sociedad que se conformaba, se adoptó una actitud tendiente a erradicar este tipo de prácticas, llegando a ser un objetivo a nivel mundial. Así llegado el siglo XXI, dicho propósito se materializó con la celebración de múltiples tratados internacionales que censuran, condenan y prohíben la tortura.

Sin embargo, pese las obligaciones a cargo de los estados signatarios de dichos documentos y de las constantes negativas de sus gobiernos sobre la utilización de estas reprochables conductas, lo cierto es que estos actos siguen siendo una práctica común y sistemática en muchos países, con independencia de sus regímenes políticos, siendo parte integral, inclusive de la propia estrategia de seguridad de estos o utilizados como instrumento para eliminar a los disidentes o contener a la oposición y así obtener determinados fines como información, confesiones o revelaciones.

El Estado mexicano se ha comprometido a través de la ratificación de diversos instrumentos internaciones como tratados, acuerdos y pactos para erradicar la tortura, como es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; incluso en el plano nacional con la publicación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura (Diario Oficial de la Federación 27 de diciembre de 1994).

Asimismo, a través del trabajo de importantes organizaciones, se ha luchado durante varios años por el respeto a los derechos humanos y la erradicación de la violencia y la tortura, como son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) o la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, esta última afiliada a la Federación Internacional de Los Derechos Humanos, a la Organización Mundial Contra la Tortura, al Observatorio Internacional de Prisiones y a Trabajar Juntos por los Derechos Humanos.

Sin embargo, hoy más que nunca el incremento de la violencia, que sin duda alguna forma parte de la descomposición social que desde hace varios años se ha desbocado en el país; ha creado grandes desafíos para las autoridades mexicanas al momento de cumplir con su obligación de proporcionar y garantizar el máximo respeto a la integridad de todas las personas que se encuentran dentro de sus fronteras.

Los integrantes de las organizaciones antes mencionadas coinciden en expresar que el ejercicio del poder público debe conducirse dentro de un marco de estricto respeto a los derechos humanos, y manifestar su más enérgico rechazo a toda práctica que se traduzca en tortura por tratarse de un crimen aberrante.

En virtud de lo anterior consideramos que la nueva Ley de Amparo, particularmente el contenido del artículo 15 de este ordenamiento legal, omite importantes elementos de protección a los derechos humanos de todos los mexicanos.

El caso de la protección contra la tortura, cuya esencia es detener inmediatamente una situación que está coartando o violentando una garantía constitucional, es uno de los mencionados en el párrafo anterior.

No dar la posibilidad para presentar la demanda de amparo por un tercero, cuando se actualicen algunas de las modalidades de la tortura, es una grave omisión del legislador, ya que este delito es uno de los actos que mayormente trastocan y vulneran los derechos más elementales de toda persona.

En este sentido, el hecho de no modificar ese descuido legislativo, provoca ir en contra de lo establecido en la Carta de los Derechos Humanos en su artículo 55, además del artículo 5 de la Declaración de los Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, preceptos en los que expresamente se manifiesta que nadie podrá ser sometido a tortura ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

En un país donde los montajes y la fabricación de culpables es casi una institución, debemos procurar la salvaguarda de los derechos humanos.

No hacerlo permitía la consumación de prácticas desiguales en el tratamiento a los ciudadanos y de los responsables de atropellos a sus derechos, así como la consolidación de un retroceso en la protección de garantías.

El hecho de omitir la figura de la tortura como un asunto que el amparo de la justicia federal debe proteger contraviene en un primer plano lo dispuesto en múltiples tratados internaciones, reduciendo la importancia que este tema reviste.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica el primer párrafo del artículo 15 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se modifica el primer párrafo del artículo 15 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la tortura u otros actos crueles, inhumanos y degradantes, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.

[…]

[…]

Texto vigente

Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, extradición o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el afectado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.

En este caso, el órgano jurisdiccional que conozca del amparo abrirá un cuaderno de antecedentes en el que dictará las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física del quejoso y lograr su comparecencia, en la que será requerido para que manifieste si ratifica la demanda de amparo; si lo hace se tramitará el juicio y, en caso contrario, se tendrá por no presentada la demanda.

Si a pesar de las medidas tomadas no se lograre su comparecencia, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio pondrá los hechos en conocimiento del ministerio público de la federación y, en caso de ser éste la autoridad responsable, lo hará del conocimiento del procurador general de la República.

Transcurridos tres meses sin que nadie se apersone en el juicio en representación legal del quejoso, se tendrá por no presentada la demanda.

Texto propuesto

Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, extradición o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la tortura u otros actos crueles inhumanos y degradantes, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el afectado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.

En este caso, el órgano jurisdiccional que conozca del amparo abrirá un cuaderno de antecedentes en el que dictará las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física del quejoso y lograr su comparecencia, en la que será requerido para que manifieste si ratifica la demanda de amparo; si lo hace se tramitará el juicio y, en caso contrario, se tendrá por no presentada la demanda.

Si a pesar de las medidas tomadas no se lograre su comparecencia, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio pondrá los hechos en conocimiento del ministerio público de la federación y, en caso de ser éste la autoridad responsable, lo hará del conocimiento del Procurador General de la República.

Transcurridos tres meses sin que nadie se apersone en el juicio en representación legal del quejoso, se tendrá por no presentada la demanda.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.

Diputados: Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja, Zuleyma Huidobro González.