INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS RICARDO MEJÍA BERDEJA Y RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

El proponente, Ricardo Mejía Berdeja, y el suscrito, Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 243 del Código Penal Federal, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La falsificación de documentos oficiales ha sido un problema constante derivado de la corrupción que permea en la sociedad mexicana, la incidencia de este delito se da en el sector público y en el privado.

La identidad consiste en poseer algún documento oficial, como acta de nacimiento, expedida por el Registro civil, pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, credencial para votar, expedida por el Instituto Federal Electoral; o cédula profesional, expedida por la Secretaría de Educación.

La falsificación de documentos es una de las actividades más comunes, misma que se desarrolla sin mayor complejidad, falsificar se define como “falsear o adulterar algo” o “copia o imitación de una cosa que se requiere hacer pasar por verdadera o auténtica”. Realizar una falsificación es un delito.

Este delito se relaciona de manera específica con los documentos. Por ese proceso, una o varias personas alteran o transforman la información original que posea un documento de cualquier índole.

Ejemplo de ello son las recientes cifras de la Secretaría de Educación Pública federal sobre la detección de 3 mil 147 cédulas y 1 mil 914 certificados de bachillerato falsificados en el periodo 2002-2012.

El gran mercado de documentos apócrifos está situado en las inmediaciones del centro histórico de la capital del país en la plaza de Santo Domingo. Aquí, autoridades del Distrito Federal han realizado operaciones que de 2011 a agosto de 2013 tuvieron como resultado 47 personas consignadas por el delito de falsificación de documentos. En ese lugar, 6 mil pesos bastan para que cualquier persona pueda obtener un título, una cédula profesional, un certificado de estudios y hasta la credencial para votar por 2 mil pesos, igual que el pasaporte.

La Procuraduría General de la República cuenta con 25 expertos a nivel central y 30 en el del país, encargados de verificar la autenticidad de documentos dudosos, mismos que son con su dictamen ayudan al Ministerio Público a integrar averiguaciones previas.

Entre las entidades con mayor cantidad de documentos falsos, según la cantidad de egresados, destacan Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Distrito Federal, México, Puebla e Hidalgo.

Argumentación

Es necesario combatir la delincuencia y evitar la impunidad sin pretextos ni dilataciones. La proliferación de las conductas delictivas tiene su origen en la severa ausencia e insuficiencia de valores, ineficacia y corrupción por parte de las autoridades, además de una falta de aprecio al valor del trabajo.

La presencia de los coyotes, quienes cobran cuotas exorbitantes para asesorar a potenciales clientes, y la existencia de medios delincuenciales con capacidad instalada para producir, falsificar y alterar todo tipo de documentos oficiales, de manera sofisticada o no, deben de poner alertar a las autoridades con única finalidad que erradicar este delito.

El delito de falsificación de documentos puede estar ligado con el “robo de identidad o suplantación”, pues para realizar estos delitos es necesario contar con algún tipo de identificación oficial (credencias apócrifas) para operar los fraudes.

Empero, la situación actual de pobreza, desigualdad, falta de oportunidades para poder acceder a un espacio en alguna institución educativa, la relación oferta-demanda de los espacios en las universidades públicas, aunado a la infinidad de requisitos que solicitan los empleadores para la contratación conlleva a veces a acudir a éste tipo de prácticas delictivas que ponen en riesgo a las sociedad en general, sin embargo debemos de estar conscientes que estas personas están participando en el delito de falsificación.

Desafortunadamente, la actividad delictiva que nos acosa presenta un constituye un agravio frontal a los más altos valores de la sociedad mexicana.

Es menester combatir este tipo de delito y evitar la impunidad sin pretextos ni dilaciones. La proliferación de las conductas delictivas como la falsificación tiene su origen en la ausencia e insuficiencia de valores, ineficacia y corrupción por las autoridades.

Por tanto, surge la imperiosa necesidad de reformar el artículo 243 del Código Penal Federal, referente a la falsificación de documentos en general, elevando la pena de prisión.

Fundamento legal

La iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo fundado y expuesto se somete a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 243 del Código Penal Federal

Artículo Único. Se reforma el artículo 243 del Código Penal Federal.

Artículo 243. El delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cinco a quince años y de doscientos a trescientos sesenta días multa. En el caso de documentos privados, con prisión deun año a cinco años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días multa.

Si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate se aumentará hasta en una mitad más.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero de 2014.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)