Iniciativa que reforma el artículo 4° de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud en materia de empleo juvenil

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4° DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS RICARDO MONREAL ÁVILA, RICARDO MEJÍA BERDEJA Y ZULEYMA HUISOBRO GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.

Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Zuleyma Huidobro González, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 , fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de esta asamblea con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIII, y recorre las subsecuentes, al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de empleo juvenil, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con la Organización Iberoamericana de la Juventud, la juventud se define como una fase de transición de la niñez a la adultez, es decir, un proceso en el cual las personas van adquiriendo su autonomía, por lo que también puede entenderse como una etapa de preparación para que éstas se incorporen en el proceso productivo de cada nación.

Sin embargo, esta definición no siempre se cumple al término de la denominada etapa de transición, ya que no existe una garantía real para que los jóvenes logren insertarse de manera exitosa en el proceso productivo, parte de ello quizás se deba a que no existe una oferta real de empleo por parte del Estado para este sector, quizás el más relevante numéricamente en la pirámide poblacional de nuestro país, en los próximos años.

En la actualidad se manejan diversas hipótesis acerca de los factores que han detonado la creciente crisis de empleo juvenil en el mundo, sin embargo la complejidad del fenómeno ha obligado a que diversas naciones implementen acciones dependiendo del contexto histórico, social y económico que les es propio.

Las constantes transformaciones en el mercado laboral, han provocado que los diversos sectores productivos pongan mayor atención en la preparación académica y en la capacitación laboral de los jóvenes.

Otro factor es la sobrecalificación, la cual implica que no se puede acceder a puestos disponibles, porque la persona tiene calificaciones más allá de las requeridas, y las empresas prefieren personal cuya preparación corresponda exactamente a los requisitos relacionados con el puesto.

De cualquier forma, las dos constituyen una característica de la débil inserción laboral que se presenta, pues no resulta una garantía que los jóvenes se preparen durante años para aspirar a un empleo bien remunerado que les permita mejorar sus condiciones de bienestar, si los estándares de la oferta están muy por debajo de lo demandado.

De alguna u otra manera, los jóvenes se encuentran en una encrucijada, diversos factores podrían ser los que agravan el déficit de empleo juvenil en cada país, por lo que se han convertido en un serio desafió a nivel internacional entre países con economías emergentes o en vías desarrollo como en el caso de Latinoamérica.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, en el documento Jóvenes: optimismo moderado, indica que la frustración de este sector de la población ha sido uno de los factores que han contribuido al surgimiento de movimientos de protesta que ha tenido lugar en diferentes naciones de manera reciente.

En dicho documento se estima que en 2011, a escala internacional más de 70 millones de jóvenes, cuyas edades fluctuaban entre los 15 y 24 años se encontraban desempleados y cerca de 6.4 millones ya habían perdido las esperanzas de encontrar empleo.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y a las relaciones laborales, reveló que la informalidad laboral entre los jóvenes ha aumentado en países latinoamericanos, entre los que destacan Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras y México, pero la dimensión es mayor en naciones como Bolivia, Paraguay y Perú con 85 por ciento de la población joven.

De los jóvenes que de alguna forma u otra lograron conseguir algún empleo de cualquier tipo en el sector formal, 37 por ciento a escala mundial no están protegidos por algún tipo de seguridad social.

Parte de ello se debe a que acceden a trabajos transitorios o como se les conoce en distintos regímenes como eventuales, lo que los hace más vulnerables a los ciclos económicos.

Sin embargo, aunque parezca difícil, la crisis del empleo entre los jóvenes se centra en economías desarrolladas, como los es la Unión Europea, Medio Oriente y el norte de África.

Para darnos una idea del desempleo juvenil de las economías desarrolladas, en 2012, la Unión Europea presentó 18.1 por ciento y según estimaciones de la OIT la proporción de desempleo disminuirá sólo 2 por ciento en los próximos 5 años.

En los casos de España y Grecia, el desempleo entre los jóvenes de entre 16 y 24 años de edad no sólo tuvo repercusiones en este sector: se afectó también a más de la mitad de la población de esos países, así como en Italia, con 30 por ciento, y Francia, con 20.

Cifras presentadas por la OIT en el informe Las tendencias mundiales del empleo juvenil 2013 a conocer que la cifra de jóvenes desempleados en el mundo asciende a 73.4 millones, lo que representa un incremento de 3.5 millones entre el periodo de 2007 a 2013; es decir, 60 por ciento de los jóvenes está desempleado o tiene empleo irregular, de baja calidad y mal remunerado, con frecuencia en la economía informal.

Sin duda, el panorama mundial del desempleo juvenil no es nada alentador, pues las tendencias marcadas por los organismos internacionales reflejan un incremento en la desocupación de un cuarto de este sector para 2018.

De no tomar acciones que ayuden a mitigar el creciente fenómeno a nivel global, las naciones con mayor porcentaje de desempleo juvenil, no sólo se enfrentarán al reto de la oferta de empleo, sino que también estarán enfrentando problemas de gobernabilidad, que posiblemente desembocarán en estallidos sociales, como se ha estado suscitando en diversas naciones de manera reciente.

Por ello es preciso romper con el círculo vicioso que mantiene a tantos millones de jóvenes sin educación, confinados a empleos no productivos e inmersos en la pobreza.

El caso mexicano no es ajeno al agudo panorama Internacional por el que atraviesan los jóvenes, pues la situación económica y la deserción escolar los coloca frente a escenarios complicados para su adecuada adaptación en el ámbito social y laboral, pues tan sólo en 2012, la OIT resaltó que en México los jóvenes de entre 14 y 29 años de edad, casi 6 millones se encuentran en la informalidad y 21 por ciento no está registrado como empleado ni estudiante.

El desempeño económico que acompañó a la coyuntura histórica del bono demográfico se caracterizó por el bajo ritmo de expansión de la actividad económica, así como una profundización del desequilibrio estructural en el mercado de trabajo, donde la población económicamente activa crece sistemáticamente a una velocidad superior a la creación de empleos formales.

Durante los trabajos realizados en el foro nacional Trabajo decente para jóvenes, el director de la OIT para México y Cuba, Thomas Wissing, detalló que el reto para los jóvenes es complejo, sistémico y multidimensional, pues incluye factores demográficos, de género, de calidad educativa, de articulación laboral, de estructura económica y de política pública, y por lo tanto no puede existir una solución simple o universal para contrarrestar este fenómeno.

De igual forma, la tercera parte de los jóvenes en nuestro país carecen de esquemas de protección social y en 45 de 100 hogares donde habitan uno o más jóvenes, la pobreza patrimonial está presente, es decir no cuentan con recursos suficientes para adquirir ropa o calzado.

Para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, los jóvenes urbanos son el sector de la población más vulnerable, ya que para ellos cada año se reducen las posibilidades de acceder a un empleo o estudios de nivel superior.

Ante esas limitaciones, gran parte de la población joven se han visto obligados a dejar sus estudios para incorporarse al trabajo de manera prematura como la mayoría de los jóvenes en el contexto internacional.

México tiene que dar el siguiente paso, porque mientras países de Sudamérica impulsan leyes en materia de derechos de la juventud, que garanticen una transición hacia la adultez con un trabajo formal, bien pagado y que les permita continuar con sus estudios y desarrollo profesional, nosotros seguimos rezagados.

Tenemos que cambiar la percepción de la política sobre la juventud en México, pues no se trata de poner la mira en medidas unidimensionales, como serían solo darles actividades deportivas; el Estado tiene la obligación y el compromiso de garantizar el acceso a la educación, pero sobre todo y más importante de asegurar que los jóvenes puedan concluir de manera satisfactoria sus estudios para que se puedan insertar de manera exitosa en el ámbito laboral.

El Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, asociación civil orientada a temas laborales, prevé que con las recientes reformas aprobadas en materia laboral, en el corto plazo las actuales generaciones de trabajadores se enfrentarán a nuevos esquemas que favorecen la anulación de sus derechos laborales, como la generalización del outsourcing y la falta de prestaciones básicas.

Pese a las limitaciones se han logrado avances en el establecimiento de normas en materia de empleo juvenil que ayuden a mejorar las condiciones de vida de los jóvenes, tal y como lo establece la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud en su artículo 3 que a la letra dice:

Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Artículo 3. instituto tendrá por objeto

• Promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos legales y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano;

• Definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país;

• (…)

• (…)

• (…)

• Promover coordinadamente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales y derechos; y

• (…)

En el artículo 4, fracción XII, se establecen las atribuciones del instituto para el cumplimiento de su objetivo y se habla del aprovechamiento de capacidades y potencialidades de los jóvenes en el desarrollo productivo, así como la asignación de fondos para la generación de auto empleos.

Artículo 4. (…)

(…)

XII. Diseñar, implementar y ejecutar, con una perspectiva de transversalidad, programas destinados al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes: en su desarrollo económico y productivo, a través de la incorporación laboral, de la asignación de fondos destinados a la generación y fortalecimiento del autoempleo donde los jóvenes tengan participación directa ya sea en su creación, desarrollo o inclusión laboral; en su desarrollo social, a través del conocimiento, aprecio y creación de la cultura en los ámbitos de expresión de las artes y del humanismo, la organización juvenil, el liderazgo social y la participación ciudadana; y en general en todas aquellas actividades que, de acuerdo a su capacidad presupuestal, estén orientadas al desarrollo integral de la juventud;

Si bien se habla del diseño y la implantación de programas focalizados al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes, se deja de lado uno de los factores importantes para la inclusión de este sector de la población al ámbito laboral, como lo es la capacitación y el adiestramiento.

En un contexto por demás cambiante, la capacitación y el adiestramiento debe convertirse para el Gobierno Federal, en sus principales herramientas, no sólo para mejorar y volver eficientes sus procesos productivos, sino también para insertarse de mejor manera en un mercado cada vez más competitivo.

Por ello, los diputados de Movimiento Ciudadano consideramos pertinente facultar al Instituto Mexicano de la Juventud en materia de empleabilidad juvenil mediante una adición de la fracción XII, para insertar el conceptocapacitación como un instrumento idóneo para que los jóvenes tengan los conocimientos, habilidades y destrezas, para enfrentar el mercado laboral de manera competente y provechosa.

De ser aprobada la presente reforma, nuestro país contará con una fuerza laboral que suministrará al mercado laboral de una ventaja competitiva y a los jóvenes de un mayor nivel de habilidades para hacer frente a sus necesidades presentes y futuras utilizando mejor su potencial humano.

Para cumplir el objetivo de la reforma propuesta el Instituto Mexicano de la Juventud estará facultado para que establezca convenios con la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública para que la capacitación se vincule con las ramas productivas y de servicio del país; así como el otorgamiento de asesorías de tipo legal, técnica y financiera para el emprendimiento joven para la generación de autoempleos.

Por lo expuesto sometemos a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona la fracción XIII, y recorre las subsecuentes, al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de empleo juvenil

Texto vigente

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Elaborar el Programa Nacional de Juventud, que tendrá por objeto orientar la política nacional en materia de juventud, el cual deberá ser congruente con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y con los programas sectoriales, institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación;

II. Concertar acuerdos y convenios con las autoridades de las entidades federativas y los municipios para promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas tendientes al desarrollo integral de la juventud y la difusión de sus derechos y obligaciones reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que nuestro país sea parte, así como los mecanismos para su exigibilidad;

III. Promover la coordinación interinstitucional con organismos gubernamentales y de cooperación en el ámbito nacional e internacional, como mecanismo eficaz para fortalecer las acciones que garanticen el cumplimiento efectivo de los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de los que nuestro país sea parte;

IV . Celebrar acuerdos y convenios de colaboración con organizaciones privadas y sociales, para el desarrollo de proyectos que beneficien a la juventud;

V. Consultar, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas las políticas, programas y acciones de desarrollo de los jóvenes indígenas; garantizar la participación de éstos en su diseño y operación; y, en su caso, incorporar a la planeación nacional sus recomendaciones propuestas;

VI. Celebrar acuerdos y convenios de colaboración con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los estados y los municipios, para intercambiar información y datos estadísticos sobre juventud;

VII. Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones de la problemática y características juveniles;

VIII. Recibir y canalizar propuestas, sugerencias e inquietudes de la juventud;

IX. Auxiliar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a los gobiernos de las entidades federativas y municipios en la difusión y promoción de los servicios que presten a la juventud cuando así lo requieran;

X. Prestar los servicios que se establezcan en los programas que formule el Instituto en aplicación de esta ley;

XI. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento público y difusión de las actividades sobresalientes de los jóvenes mexicanos en distintos ámbitos del acontecer nacional y, en especial, aquellas que reconozcan y fomenten la herencia cultural de los pueblos y comunidades indígenas y fortalezcan el respeto y el conocimiento de las diversas culturas existentes en el país;

XII. Diseñar, implementar y ejecutar, con una perspectiva de transversalidad, programas destinados al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes: en su desarrollo económico y productivo, a través de la incorporación laboral, de la asignación de fondos destinados a la generación y fortalecimiento del autoempleo donde los jóvenes tengan participación directa ya sea en su creación, desarrollo o inclusión laboral; en su desarrollo social, a través del conocimiento, aprecio y creación de la cultura en los ámbitos de expresión de las artes y del humanismo, la organización juvenil, el liderazgo social y la participación ciudadana; y en general en todas aquellas actividades que, de acuerdo a su capacidad presupuestal, estén orientadas al desarrollo integral de la juventud;

XIII. Elaborar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, programas y cursos de orientación e información sobre adicciones, nutrición, educación sexual y sobre salud reproductiva, derechos humanos, cultura de la no violencia y no discriminación, equidad de género, medio ambiente, apoyo a jóvenes en situación de exclusión y vivienda;

XIV. Proponer a la Secretaría de Educación Pública la operación de programas especiales de becas para fortalecer la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior de los estudiantes indígenas;

XV. Difundir en las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como en los gobiernos de los estados y municipios, la información y los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en los tratados internacionales en materia de juventud; y

XVI. Las demás que le otorguen la presente ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios.

Propuesta

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Elaborar el Programa Nacional de Juventud, que tendrá por objeto orientar la política nacional en materia de juventud, el cual deberá ser congruente con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y con los programas sectoriales, institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación;

II. Concertar acuerdos y convenios con las autoridades de las entidades federativas y los municipios para promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas tendientes al desarrollo integral de la juventud y la difusión de sus derechos y obligaciones reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que nuestro país sea parte, así como los mecanismos para su exigibilidad;

III. Promover la coordinación interinstitucional con organismos gubernamentales y de cooperación en el ámbito nacional e internacional, como mecanismo eficaz para fortalecer las acciones que garanticen el cumplimiento efectivo de los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de los que nuestro país sea parte;

IV . Celebrar acuerdos y convenios de colaboración con organizaciones privadas y sociales, para el desarrollo de proyectos que beneficien a la juventud;

V. Consultar, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas las políticas, programas y acciones de desarrollo de los jóvenes indígenas; garantizar la participación de éstos en su diseño y operación; y, en su caso, incorporar a la planeación nacional sus recomendaciones propuestas;

VI. Celebrar acuerdos y convenios de colaboración con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los estados y los municipios, para intercambiar información y datos estadísticos sobre juventud;

VII. Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones de la problemática y características juveniles;

VIII. Recibir y canalizar propuestas, sugerencias e inquietudes de la juventud;

IX. Auxiliar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a los gobiernos de las entidades federativas y municipios en la difusión y promoción de los servicios que presten a la juventud cuando así lo requieran;

X. Prestar los servicios que se establezcan en los programas que formule el Instituto en aplicación de esta ley;

XI. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento público y difusión de las actividades sobresalientes de los jóvenes mexicanos en distintos ámbitos del acontecer nacional y, en especial, aquellas que reconozcan y fomenten la herencia cultural de los pueblos y comunidades indígenas y fortalezcan el respeto y el conocimiento de las diversas culturas existentes en el país;

XII. Diseñar, implementar y ejecutar, con una perspectiva de transversalidad, programas destinados al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes: en su desarrollo económico y productivo, a través de la incorporación laboral, de la asignación de fondos destinados a la generación y fortalecimiento del autoempleo donde los jóvenes tengan participación directa ya sea en su creación, desarrollo o inclusión laboral; en su desarrollo social, a través del conocimiento, aprecio y creación de la cultura en los ámbitos de expresión de las artes y del humanismo, la organización juvenil, el liderazgo social y la participación ciudadana; y en general en todas aquellas actividades que, de acuerdo a su capacidad presupuestal, estén orientadas al desarrollo integral de la juventud;

XIII. Capacitar y adiestrar para el trabajo a los jóvenes, a fin de mejorar sus condiciones de vida, instalar, fortalecer y desarrollar servicios de talleres en colaboración con la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública para el aprendizaje y ejercicio de la mano de obra calificada de los jóvenes, así como prestara asesoría legal, técnica y financiera para el emprendimiento joven y autoempleo.

XIV. Elaborar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la administración pública federal, programas y cursos de orientación e información sobre adicciones, nutrición, educación sexual y sobre salud reproductiva, derechos humanos, cultura de la no violencia y no discriminación, equidad de género, medio ambiente, apoyo a jóvenes en situación de exclusión y vivienda;

XV. Proponer a la Secretaría de Educación Pública la operación de programas especiales de becas para fortalecer la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior de los estudiantes indígenas;

XVI . Difundir en las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como en los gobiernos de los estados y municipios, la información y los compromisos asumidos por el Estado mexicano en los tratados internacionales en materia de juventud; y

XVII. Las demás que le otorguen la presente ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo, a 18 de diciembre de 2013.

Diputados: Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja, Zuleyma Huidobro González.

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