QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 77 BIS DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL; Y 83,84 Y 354 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

El proponente, Ricardo Mejía Berdeja, y los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en su carácter de diputados al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona al artículo 77 Bis el inciso d) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral , se modifican los artículos 83, numeral 1, inciso d), fracción III, y 84, numeral 1, inciso a), y se adiciona la fracción IV al artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor del siguiente

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La desigualdad e inequidad que prevalece en los procesos electorales celebrados en nuestro país, preocupa a la sociedad y a los partidos políticos democráticos, el riesgo de que intereses ilegales o ilegítimos, a través de dinero, puedan influir en la vida de los partidos y en el curso de las campañas electorales, se ha convertido en una realidad.

Desde el inicio del periodo de la campaña política presidencial, el candidato de la coalición compromiso por México dio muestras del dispendio que se escondía tras el rubro de gastos de campaña. Por ello, el Movimiento progresista, por conducto de sus representantes, en reiteradas ocasiones presento las quejas correspondientes ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Sin embargo la autoridad electoral fue totalmente omisa al respecto del cauce y resolución de todas y cada una de ellas, puesto hasta la fecha no ha habido pronunciamiento alguno por parte de los representantes de dicho instituto.

Como se ha dicho uno de los principales estigmas de la pasada contienda electoral es el que se relaciona con la enorme disparidad de los candidatos, por lo que se ve a presencia, cobertura y menciones positivas en los diferentes medios masivos de comunicación. Pues en efecto el principio de equidad se vulnera cuando los partidos políticos o terceros, contraten o utilicen espacios de radio y televisión fuera de los tiempos pautados por el Estado para difundir propaganda electoral y política debido a que con ello se transgrede a lo previsto en el artículo 41, Base III, apartado A, penúltimo párrafo de la constitución Política de los estados Unidos mexicanos; en relación con los numerales 49, párrafo 3; 342, párrafo 1, incisos a) e i), y 344, párrafo 1, inciso f), del Código Federal de Instituciones y procedimientos electorales.

Es así, que en el caso se presenta una vulneración directa a la Constitución Federal, así como a los principios de equidad y certeza.

En ese orden, el principio de equidad en la contienda se configura como uno de los valores superiores del ámbito electoral, debido a que se materializa en diversos rubros como el financiamiento, la propaganda electoral y política, así como la asignación de tiempos en radio y televisión, entre otros.

En el caso se irroga afectación al principio de equidad, en razón de que existieron transmisiones en forma de notas informativas y comentarios tanto en radio como televisión que favorecieron al candidato de la coalición “Compromiso por México” frente a los electores que siguieron las campañas a través e la radio y televisión en sus espacios de noticias.

Además de la adquisición encubierta de tiempo de radio y televisión, se presentaron algunas otras conductas igualmente graves y que atentaron en contra de los principios rectores de los procesos electorales, como son:rebasar los topes de gastos de campaña, el acceso al financiamiento indebido de manos de particulares o extranjeros, la presión y coacción sobre los electores en diversas modalidades. Con lo cual se vulnero lo dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo, bases l ll párrafo tercero, de la constitución Política federal. Dichas conductas además de conculcar el principio de equidad, provocaron lesión a los principios de certeza y equidad propios de la función electoral, afectando la libertad y autenticidad que debe haber en los procesos electorales.

Los principios de elecciones y votos libres, así como la equidad en la contienda toman una posición relevante. La compra del voto y el rebase de topes de campaña , entre otras violaciones presentes en el proceso electoral del 2012, son dos formas en el que estos principios se violentaron de manera grave.

Todos los sistemas democráticos el mexicano no es la excepción están preocupados por cuidar el flujo de dinero que se involucra en las campañas. Para ello se crearon dos sistemas de control: el primero de ellos la obligación que existe en la legislación electoral de un sinnúmero de países de que dichas aportaciones sean públicas, incluso desde el momento de la campaña, el otro sistema es, precisamente, la determinación de topes de campaña.

¿Por qué se crean estos mecanismos? Existen dos razones fundamentales que tiene que ver con el origen del capital y las consecuencias políticas de dicha inversión: 1) un exceso de dinero privado inclusive ilícito; puede secuestrar la capacidad de decisión de un gobierno. Los compromisos creados en virtud del financiamiento, crean incentivos que todas las democracias modernas reconocen como peligrosos. Si la información es pública, los electores pueden saber si están de acuerdo con votar por un candidato que ha contraído intereses con grupos empresariales por todos conocidos. 2) El dinero de origen ilícito tiene implicaciones aun más graves: se utiliza para comprar impunidad y vuelve inviables los esfuerzos para combatir eficazmente la delincuencia, la legitimidad del sistema nacional electoral y político sucumbe ante esta realidad.

En la iniciativa ya se ha hablado antes de la lógica que existe detrás de los topes de campaña. Sin embargo, existe otra razón fundamental que inspira este tipo de regulaciones: lo legisladores consideran que esa cantidad es la óptima para que el ciudadano sea debidamente informado y no bombardeado, que sea convencido y no comprado.

Rebasado el tope de campaña, y asumiendo que la legislación tiene un sentido que transciende a la norma, cada peso adicional gastado debe considerarse una fuente peligrosísima de ilegitimidad y debe legislarse para considerarla un motivo de nulidad de la elección. En primer lugar porque, cualquier donativo que se realiza rebasándolo, no puede ser debidamente informado a las autoridades electorales. Hacerlo, de hecho, llevaría a la confesión de los hechos ilícitos. Por lo tanto, al acreditar que los topes de campaña rebasaron, aun por la vía indiciaria con estas cifras, además, tan alarmantes se asume que la coalición del PRI-PVEM incumplirá además con la obligación de reportar veraz y legalmente sus gastos de campañas, violando transversal y sistemáticamente la legislación electoral.

Las empresas y los partidos políticos gastan grandes cantidades de dinero en publicidad. Se considera, pues, la estrategia de venta por excelencia. Los partidos políticos juegan con los topes de campaña a su antojo. Rebasarlos es una inversión que sale muy a cuenta: al no considerarse siquiera la invalidez como una opción, convierten a la ley electoral en una pantomima y a la declaratoria del tribunal electoral en un trámite. Los costos de violentar la ley son calculados por quienes saben que solo podrán ser sancionados económicamente. No deja de ser irónico que los castiguen en el ámbito de las multas cuando ya han demostrado que eso, es su proyecto político, nunca va escasear.

Permitir que se rebasen los topes de campaña se traduce en la creación de incentivos para que actores perversos públicos o privados inviertan capital económico para incidir en los resultados electorales. No castigarlo ejemplarmente significa aceptar un riesgo altísimo, que pone en entredicho la legitimidad de nuestro sistema democrático y electoral. Así como de la estabilidad institucional de México

ARGUMENTACIÓN

Si bien los partidos políticos gozan del derecho de recibir financiamiento tanto público como privado, tanto el uno como el otro deben de respetar los términos y las condiciones por virtud de los cuales les fue otorgado. Pero en ningún momento están autorizados para rebasar los topes de gasto dentro de sus campañas electorales; esta tajantemente prohibido que lo hagan, y si lo hicieren, serán acreedores a distintas sanciones.

Por lo tanto una vez fijado el financiamiento para las campañas políticas específicamente para los partidos políticos nacionales con sus respectivos candidatos, cuando cualquiera de ellos realice gastos de campaña que rebasen el total permitido por la propia ley, se estaría rompiendo el principio de constitucional del artículo 41 de la Carta Magna y por lo tanto se estaría viciando la campaña electoral, al poner a algunos contendientes en una situación de desventaja de manera completa y totalmente ilegal.

Desafortunadamente nos encontramos en una profunda iniquidad en la distribución de los tiempos en los medios, irresponsabilidad en el manejo de las finanzas locales, debido a que se sigue privilegiando la presencia de los partidos tradicionales en detrimento de las fuerzas políticas emergentes, generando así un circulo vicioso donde se cancela la oportunidad de que la ciudadanía conozca nuevas propuestas, ya que en los hechos se opta por mantener a los privilegiados y la anulación de la pluralidad en el ámbito político.

En Movimiento Ciudadano proponemos una reforma electoral trascendente que establezca, entre otras cuestiones, como causa especifica de nulidad de la elección presidencial el rebase de los topes de gastos de campaña. Para tal efecto, se propone modificar de igual manera los plazos establecidos en los artículos 83 y 84 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para la presentación y revisión de los informes de campaña con el propósito de que se puedan tener con oportunidad los elementos para determinar si se violaron estos topes de gastos de campaña, antes de la declaración de validez de la elección presidencial por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior, para que los juzgadores no puedan eludir, basados en criterios letrísticos, la posibilidad de anular la elección cuando se rebasen los topes de gastos de campaña.

Así como también manifestamos el compromiso con la sociedad mexicana de sumar nuestra voluntad política, para definir y conducir las acciones que recuperen el poder ciudadano sobre su futuro.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona al artículo 77 Bis el inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral , se modifican los artículos 83, numeral 1, inciso d), fracción III, y 84, numeral 1, inciso a), y se adiciona la fracción IV al artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Texto normativo propuesto

Artículo Primero. Se adiciona al artículo 77 Bis el inciso d), de la Ley General del sistema de medios de impugnación en materia electoral.

Artículo 77 Bis. Son causas de nulidad de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos cualquiera de las siguientes:

a. Cuando alguna o algunas de las causales de nulidad previstas en el párrafo 1 del artículo 75 de esta ley, se acrediten en por lo menos el veinticinco por ciento de las casillas instaladas en el territorio nacional, y en su caso, no se hayan corregido durante el recuento de votos; o

b. Cuando en el territorio nacional no se instale el veinticinco por ciento o más de las casillas y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida; o

c. Cuando el candidato ganador de la elección resulte inelegible; o

d. Cuando el candidato ganador rebase los topes de gastos de campaña, establecidos por el Consejo General del Instituto Federal Electoral mediante el acuerdo correspondiente.

Artículo Segundo. Se modifican los artículos 83, numeral 1, inciso d), fracción III, y 84, numeral 1, inciso a), y se adiciona la fracción IV al artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 83

1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Unidad los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:

(…)

d) Informes de campaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

II. Los partidos políticos presentarán un informe preliminar, con datos al 30 de mayo del año de la elección, a más tardar dentro de los primeros quince días de junio del mismo año;

III. Los informes finales serán presentados a más tardar dentro de los treinta días siguientes al de la jornada electoral; y

IV. En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros señalados en el artículo 229 de este Código, así como el monto y destino de dichas erogaciones.

Artículo 84

1. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos se sujetará a las siguientes reglas:

a) La Unidad contará con sesenta días para revisar los informes anuales; con treinta días para revisar los informes de precampaña, y con veinticinco días para revisar los informes de campaña; revisión y dictamen que en el caso de la elección presidencial, deberán estar concluidos de manera previa a la calificación de la misma y a la declaración de validez prevista en el articulo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para lo cual podrá contratar despachos de auditores externos. Tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada partido político la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes;

(…)

Articulo 354. Las fracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

Respecto de los partidos políticos.

I. Con amonestación pública.

II. Con multa

III, IV, V, VI

Respecto de las agrupaciones políticas nacionales:

I. Con amonestación pública;

II, III.

Respecto de los aspirantes precandidatos o candidatos a cargos de elección popular:

I. Con amonestación pública;

II, III

IV. En caso de que el candidato rebase el tope de campaña se declarara la inelegibilidad del candidato infractor.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2012.

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA (rúbrica)