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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, LOS ARTÍCULOS 41, 115, 116 Y 122 Y SE DEROGAN LOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS DE LA FRACCIÓN V DEL PROPIO ARTÍCULO 41,DE LA CONSTITUCIÓN POLITÍCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Los proponentes RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, LOS ARTÍCULOS 41, 115, 116 Y 122 Y SE DEROGAN LOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS DE LA FRACCIÓN V DEL PROPIO ARTÍCULO 41, DE LA CONSTITUCIÓN POLITÍCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,al tenor del siguiente.

Planteamiento del problema

A lo largo de los años y en diferentes países, la democracia ha sido identificada con valores humanistas de la cultura occidental como la equidad, la libertad, el pluralismo, la participación popular, pero también con características de la sociedad y la economía que parecen contradictorias, como el capitalismo, la propiedad privada, la manipulación de las masas a través de los medios o la cooptación clientelar de los movimientos sociales.

Estas circunstancias han venido generando, desde hace algún tiempo, un cierto desaliento difuso y algunas actitudes y condiciones de lo que podría llamarse cansancio de la democracia representativa, lo que nos obliga como representantes populares a practicar una revisión minuciosa de las instituciones fundamentales de naturaleza electoral, cuya operatividad vaya de la mano con el desarrollo integral del país, y el cumplimiento de sus fines no se convierta en una carga económica excesiva, sin diezmar que se garanticen plenamente los derechos político electorales de los ciudadanos.

Es un hecho innegable, que existe una cierta atmósfera de descalificación implícita o explícita de todo aquello que suene a representación electoral, a actividades de partido o a militancia política.

Lo preocupante, es que vivimos en un sistema de democracia representativa de partidos.

Por consiguiente, si ese cansancio no se refiere a éstos o aquellos representantes sino a la idea misma de representación o si esa suerte de desconfianza no se expresa respecto de éste o aquel partido, sino frente a la noción misma de partido, el problema puede ser de cierta gravedad. Porque lo que nos aburre entonces, no son ciertas jugadas repetitivas y trilladas de unos u otros, sino el sentido mismo del juego y de las reglas que lo organizan.

Esta circunstancia, nos obliga a reflexionar si la distribución competencial que impera en materia administrativa electoral es la adecuada para nuestro desarrollo democrático.

El tema de la unificación competencial en materia administrativa electoral es sustancial e indispensable para continuar con el desarrollo democrático del país, ya que la misma función realizada por diferentes autoridades en el ambito de su competencia ha mermado la credibilidad de la ciudadania en las autoridades electorales, sobre todo en las locales.

Por consiguiente, se propone la creación de una sola autoridad electoral que organice comicios y demás ejercicios de participación ciudadana, que privilegie la actividad electoral administrativa con una aplicación homogénea de criterios y disposiciones legales.

El Instituto Federal Electoral, es el órgano administrativo electoral que tiene por objetivo contribuir al desarrollo de la vida democrática, garantizando el ejercicio de los derechos político-electorales de la sociedad a través de la promoción de la cultura democrática y la organización de comicios federales en un marco de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Por ello se considera importante el cambio del nombre, para que facilite la identificación del nuevo y único órgano administrativo electoral, bajo el titulo de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, modificando solamente la palabra federal que alude a una distribución de competencias, por el término nacional que unifica la atribución en toda la entidad mexicana.

ARGUMENTACIÓN

La serie de reformas electorales efectuadas en nuestro país, de 1977 a la fecha, han dejado pendientes que es importante resolver, para continuar con el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas.

Uno de los rasgos que se ha abandonado por parte del legislador, es lo atinente a generar instituciones jurídicas especializadas para celebrar las elecciones constitucionales.

Si bien es cierto, en este momento nos encontramos transitando hacia una reforma que genuinamente fortalezca las instituciones electorales, también es cierto que ésta debe buscar que el órgano encargado de organizar supervisar y validar las elecciones en el ámbito administrativo, sea la única autoridad nacional en la materia, a fin de evitar la duplicidad de funciones y aparatos burocráticos federal, estatales y del Distrito Federal, cuyo costo lacera significativamente la economías estatales de nuestro país.

Las atribuciones exclusivas que ya detenta el Instituto Federal electoral como lo son los casos de ser la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos, así como, de su competencia exclusiva en materia de régimen sancionador electoral, para garantizar la anterior atribución; aunado a la elaboración del padrón electoral que es utilizado para todo tipo de elecciones que el Instituto Federal Electoral elabora y mediante convenio es utilizado en las elecciones locales, son ejemplos de la viabilidad de tener una autoridad única en la materia administrativa electoral.

Lo anterior de ninguna manera trastoca el sistema federal, como un sistema de distribución de responsabilidades de política pública entre diferentes autoridades, pues como lo sostiene Garmendia: “Este nuevo federalismo ha realizado cambios importantes respecto del antiguo en todos lo países occidentales: las competencias exclusivas han pasado a segundo plano y las más importantes son ahora las compartidas; se han multiplicado los órganos mixtos de la federación y de los Estados; las grandes inversiones se realizan a través de la planificación conjunta, etc. Mientras que en el pasado la actuación separada de la federación y de los Estados era suficiente para gobernar, en la actualidad se precisa la concertación entre ambas instancias para hacer frente a las complejas tareas de las instituciones públicas. Esta fuera de toda duda que el federalismo más eficaz que hoy existe en el mundo occidental es de tipo cooperativo e intergubernamental”[1].

En efecto, la instauración del Instituto Nacional Electoral, refleja al nuevo modelo jurídico que representa el Estado constitucional de Derecho en el sentido de que el Estado se encuentra obligado a garantizar la protección de los derechos fundamentales, al ser éstos la piedra angular del sistema jurídico.

Resulta entonces que el Instituto Nacional Electoral, será la instancia encargada de velar y garantizar la función Estatal de organizar las elecciones, fortaleciendo de este modo los principios constitucionales de la democracia, al realizar la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de las Estados parte del Pacto Federal, a través de elecciones libres, auténticas y periódicas. 

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, LOS ARTÍCULOS 41, 115, 116 Y 122 Y SE DEROGAN LOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS DE LA FRACCIÓN V DEL PROPIO ARTÍCULO 41,DE LA CONSTITUCIÓN POLITÍCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

Artículo único: Se reforman los artículos 41, 115, 116 y 122  y se derogan los dos últimos párrafos de la fracción V del propio artículo 41, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41.

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal, de conformidad con la demarcación territorial que corresponda a su registro.

II. ..

III. Los partidos políticos tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social.

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:

a)  A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado;

b)  … – f) …

 

g)    Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los periodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Nacional Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos nacionales en forma igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines propios o de otras autoridades electorales. Cada partido político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le corresponda en un programa mensual de cinco minutos y el restante en mensajes con duración de veinte segundos cada uno. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el horario que determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del presente Apartado. En situaciones especiales el Instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político, cuando así se justifique.

Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley:

a)          –   c)

Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y televisión a que se refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines o los de otras autoridades electorales, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera.

Apartado C.

Apartado D. Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el Instituto Nacional Electoral mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley.

IV.          …

V. La organización de las elecciones federales y locales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Nacional Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y ocho consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral. Una Contraloría General tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.

La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero presidente del Consejo General, los consejeros electorales, el Contralor General y el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral; quienes hayan fungido como consejero Presidente, consejeros electorales y Secretario Ejecutivo no podrán ocupar, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado.

El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados federales y senadores, cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, gobernadores, diputados locales e integrantes de ayuntamientos, jefe de gobierno y jefes delegacionales en los estados y el Distrito Federal, respectivamente; así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos estará a cargo de un órgano técnico del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dotado de autonomía de gestión, cuyo titular será designado por el voto de las dos terceras partes del propio Consejo a propuesta del consejero Presidente. La ley desarrollará la integración y funcionamiento de dicho órgano, así como los procedimientos para la aplicación de sanciones por el Consejo General. En el cumplimiento de sus atribuciones el órgano técnico no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

(se deroga)

(se deroga)

VI.          …

Artículo 115.

Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

I. – VII.

VIII. La ley introducirá el principio de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios.

Artículo 116.

El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I.       …

La elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será directa y en los términos que disponga la ley electoral.

II.         …

Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señale la ley;

III.        …

IV.        Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a) – c)

d)      El Instituto Nacional Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales;

e) – j)

k)      El Instituto Nacional Electoral es la autoridad única en materia de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, en los términos establecidos en los dos últimos párrafos de la base V del artículo 41 de esta Constitución;

l)     …

m)   …

n)    …

Artículo 122.

Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará con el número de diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal, en los términos que señalen esta Constitución y la ley.

 

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se abroga toda disposición legal contraria al presente ordenamiento.

TERCERO. Adecúese la brevedad, la normatividad complementaría, incluyendo lo relativo a los partidos políticos con registro en los Estados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de Mayo de 2013.

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA


[1] Ernesto Soto Reyes Garmendia, “Federalismo, sociedad y globalidad: los retos del porvenir”, Revista Política y Cultura, número 25, primavera 2006, P. 41.