Iniciativa que reforma los artículos 28 y 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada

Que reforma los artículos 28 y 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponente, Ricardo Mejía Berdeja, y el suscrito, Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 28, adicionando las fracciones VII y VIII, y 32, fracciones IV y VI, recorriendo las subsecuentes, de la Ley Federal de Seguridad Privada, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

El panorama social del país es desolador. Reflejo de ello son los altos índices de violencia y delincuencia, los cuales han dado un fuerte impulso a la industria de la seguridad privada , pues ya alcanza un valor de mercado cercano a 1 por ciento del producto interno bruto.

Se estima que hay más de 10 mil empresas de seguridad privada en México, de las cuales 80 por ciento no está regulado o autorizado. De las 2 mil restantes, aproximadamente 10 por ciento (200 empresas) cuentan con algún certificado de calidad o aval legal.

La seguridad privada en México es tan antigua como la sociedad misma. Tuvo su origen con el surgimiento de las clases adineradas en el país casta social que siempre ha necesitado gente discreta, confiable, preparada física y psicológicamente con un perfil altamente eficiente a su lado, en un principio contrataron personal ex militar para su servicio personal.

La regulación de este gremio comenzó con la Ley que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, promulgada en 1995. Más tarde, el 6 de julio 2006, se publicó la Ley Federal de Seguridad Privada.

La seguridad privada surgió como una alternativa a la urgente necesidad por llenar los espacios que no cubrían las corporaciones policiacas en un entorno cada vez más amenazado por la inseguridad, dónde delitos como el secuestro han amenazado la integridad y patrimonio de las víctimas.

Los mismos cuerpos desplegados para proteger a la ciudadanía han contribuido a la inseguridad social y la crisis que vive el Estado nacional.

La seguridad privada es la actividad a cargo de los particulares, autorizada por el órgano competente, con objeto de desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores, incluidos su traslado; instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad; aportar datos para la investigación de delitos y apoyar en caso de siniestros o desastres, en su carácter de auxiliares a la función de seguridad pública.

Los servicios se deben prestar tomando en cuenta los principios de integridad y dignidad; protección y trato correcto a las personas, evitando en todo momento arbitrariedades y violencia, actuando en congruencia y proporcionalidad en la utilización de sus facultades y medios disponibles.

Argumentación

La falta de certeza en materia de seguridad, que no ha podido ser resuelta por el gobierno federal, ha generado que los corporativos ya establezcan este tipo de contrataciones como parte de sus insumos continuos y básicos. Las ramas con mayor demanda de servicios son los guardias de seguridad, los sistemas de circuito cerrado de televisión, centros de monitoreo, alarmas de casa habitación y guardaespaldas.

El sector empezó a detonar en 2000, por factores como la violencia y el crecimiento de bandas delictivas. Eso ha hecho que diversos empresarios y la misma industria se preocupen por ofrecer diferentes servicios de control de confianza, que permitan proporcionar mayor seguridad y certeza a los usuarios.

Lo más importante es la prevención del delito. Con ello debe buscarse la colaboración con las autoridades policiacas a fin de detener antes de que se cometan o incluso mientras se cometen los delitos; por lo tanto se debe contar con un marco jurídico integral en materia de seguridad privada, que permita a profesionales en el ramo, comprometidos a colaborar por un México mejor a través de la constante capacitación y regularización del gremio, ofreciendo servicios de calidad, así como el combatiendo la inseguridad que prolifera en el país.

Sin embargo, deben mantenerse los estándares de calidad en el servicio, con el objetivo de determinar el modus operandi de la delincuencia y, con base en ello, desarrollar las herramientas necesarias para su combate.

Es preocupante que las empresas irregulares en muchas ocasiones nutren sus filas con personal desertor de policía, militares y personal de escoltas con deficiente preparación y antecedentes penales aunado que además muchas operan sin registro oficial u ostentan documentos apócrifos o incompletos, este segmento del gremio de la seguridad privada le da continuidad a las formas de corrupción e inoperancia que caracterizan a los cuerpos policiacos a los que no se han logrado unificar en adiestramiento, criterios operativos, sueldos, armamento, coordinación operativo y en el registro puntual de todos sus elementos.

La existencia de las empresas de seguridad privada en México es necesaria, pero más su verdadera profesionalización y establecimiento de controles sólidos.

Se debe fortalecer y complementar la seguridad privada. Por tanto, reformamos ciertos artículos de la Ley de Seguridad Privada a fin de que el personal esté bajo los procesos de evaluación de control de confianza, contar con el perfil físico, médico y de personalidad de acuerdo con la modalidad de prestación del servicio.

Fundamento legal

La iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo fundado y expuesto, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 28, adicionando las fracciones VII y VIII, y 32, fracciones IV y VI, recorriendo las subsecuentes, de la Ley Federal de Seguridad Privada

Artículo Primero. Se reforman los artículos 28, adicionando las fracciones VII y VIII, y 32, fracciones IV y VI, recorriendo las subsecuentes, de la Ley Federal de Seguridad Privada.

Artículo 28. Para el desempeño de sus funciones, el personal operativo de los prestadores de servicios deberá reunir y acreditar los siguientes requisitos:

I. a VI. …

VII. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; y

VIII. Contar con el perfil físico, médico y de personalidad de acuerdo con la modalidad de prestación del servicio.

Artículo 32. Son obligaciones de los prestadores de servicios

I. a III. …

IV. Contar con métodos y mecanismos de control de confianza y estándares de calidad.

V. …

VI. Aplicar semestralmente exámenes socioeconómicos, médicos, psicológicos y toxicológicos al personal operativo en las instituciones autorizadas, en los términos que establece el reglamento.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2013.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)

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