Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los proponentes, Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 y se adiciona la fracción VI, recorriendo la subsecuente, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Los últimos 20 años, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual ha capturado la atención y ocupado las agendas políticas nacionales e internacionales dadas las implicaciones de las redes trasnacionales de traficantes, ya que cifras de la Organización Internacional del Trabajo señalan que 2.4 millones de personas en el mundo están sujetas a la explotación como resultado de la trata de seres humanos; convirtiéndose en uno de los negocios más lucrativos después del tráfico de armas y el tráfico de estupefacientes, con ganancias que oscilan entre 8 mil millones y 10 mil millones de dólares al año.

En el país, gracias a la denuncia de diversas organizaciones sociales, se hace visible una de las mayores violaciones de los derechos humanos, una forma de esclavitud moderna y de las caras más amargas de la violencia de género: la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

México no sólo exporta esclavos sexuales y laborales a Estados Unidos. También es el destino final de centenares de víctimas de trata provenientes de más de 20 países.

Según datos de la Fiscalía Especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas (Fevimtra), entre enero de 2008 y julio de 2013 fueron rescatadas en México 187 víctimas, originarias de 18 países.

El Instituto Nacional de Migración (INM) también cuenta con propios datos: en un periodo más corto, enero de 2008-octubre de 2012, reporta haber atendido a 301 víctimas de trata, procedentes de 17 naciones.

Aunque las cifras de la Fevimtra y del INM difieren entre sí, coinciden en que Guatemala y Honduras suministran más de 60 por ciento de los extranjeros explotados sexual y laboralmente en el país.

A México han llegado víctimas de trata provenientes de 23 países de América, Asia, Europa, y África. El destino final era México y otras eran llevadas a la Unión Americana. Se identifican 35 puntos en 16 estados del país como los principales destinos de explotación de extranjeros. Encabezan la lista Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, aunque también hay casos importantes en Cancún, Villahermosa, Distrito Federal, Jalapa, Veracruz y Frontera Comalapa.

La violencia en México se ha encrudecido hacia las mujeres. En el contexto de la situación de violencia generalizada que se vive en el país, la violencia contra las mujeres debe de enmarcarse en dos aspectos: primero en el impacto que ha tenido el crimen organizado en la violencia contra las mujeres y segundo en un marco normativo que no acaba de proteger ni garantizar su vida, integridad y seguridad.

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en países donde hay conflicto armado la seguridad y vida de las mujeres se ven agraviadas por la presencia de los diferentes grupos armados en la vida cotidiana y por el control social que estos ejercen sobre sus vidas en los espacios públicos y privados. Esta situación genera una violación sistemática a sus derechos humanos donde las mujeres y niñas son las más vulnerables.

Todos podemos ser víctimas de trata de personas, pero son más vulnerables las mujeres, los niños y los adolescentes, así como los migrantes.

El tema de la trata de personas es justamente un reflejo muy concreto de cómo el país se debate entre un México que lucha por construir una cultura de derechos humanos de las mujeres y que por otro lado vive una práctica cotidiana de impunidad, que deriva en la ausencia del estado democrático de derecho.

Detrás de cada víctima de este delito, en la mayoría de los casos está no sólo la propia vida de la persona sino, también, la de la familia, de los padres, de la madre, de los amigos, de la sociedad entera.

Derivado de lo anterior, esta reforma tiene como objetivo recalcar que este delito abarca a todas las personas; sin embargo, tiene mayor incidencia en niñas y mujeres sin distinción de condición social y edad. No sólo un sector de la población es vulnerable a la trata.

Se pretende reformar la legislación vigente, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para fortalecer el estado de derecho en materia de derechos humanos a fin de erradicar la violencia hacia las mujeres.

Fundamento legal

La iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo fundado y expuesto sometemos a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 6 y se adiciona la fracción VI, recorriendo la subsecuente, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Único. Se reforma el artículo 6 y se adiciona la fracción VI, recorriendo la subsecuente, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son

I. a V. …

VI. Se entenderá por trata de personas el fenómeno que involucra diferentes tipos de violencia hacia las mujeres, y se define como quien por acción u omisión dolosa de una o varias personas capte, enganche, transporte, retenga, entregue, reciba, aloje, a una o varias personas a través de engaño, amenaza, violencia física o moral, abuso de poder, situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual: prostitución ajena, pornografía, exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual, o cualquier otra actividad sexual remunerada; trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a esta, la servidumbre, la mendicidad forzada; matrimonio forzoso o servil, la explotación laboral; tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos y experimentación biomédica ilícita en seres humanos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2014.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)