Una frase, un cartón o un cambio de una palabra puede ser más expresivo, más gráfico o más puntual en la crítica que todo un análisis, es el caso del nombre que le pusieron al órgano constitucional en materia de Derechos Humanos en el periodo de Raúl Plascencia Villanueva varios críticos de su gestión y que desde luego hacemos nuestro: La Omisión Nacional de los Derechos Humanos.

Y es que el actual titular de la CNDH ha derrumbado en estos años la credibilidad de esa institución y se ha dedicado a servir al régimen prianista, en especial al presidente de la República y a algunos gobernadores, como el de Puebla, con los que parece compartir algo más que una amistad para rayar en las complicidades, para ser tapadera de sus excesos represivos, en lugar de ser un auténtico defensor de los derechos del pueblo.

Además de sus omisiones y su intolerancia a la crítica, el periodo de su gestión ha estado marcado por la egolatría y el culto a la personalidad, como son los casos del salón de usos múltiples de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que lleva su nombre, gracias a la cercanía que tiene con el gobernador, Rafael Moreno Valle.

Un busto, un auditorio y cátedras universitarias que llevan su propio nombre se suman al lúgubre legado de Raúl Plascencia Villanueva, el hombre que en vez de defender los derechos del pueblo se ha convertido en el defensor de causas particulares y de intereses obscuros que atentan contra los derechos humanos.

Organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la defensa de los derechos humanos, así como diversos activistas, han denunciado una y otra vez la falta de autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual bajo el mando de Plascencia Villanueva ha cedido sus funciones indispensables al servicio de los poderes gubernamentales.

El coloquio “Evaluación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, realizado hace unos días en la Cámara de Diputados lo dejó en claro. Cada una de las personas especialistas que participaron en los diversos temas pusieron el dedo en la llaga: La CNDH no ha actuado ni de forma exhaustiva o eficiente en cada tema.

Las víctimas no son escuchadas, a las y los defensores de cada caso se les niega el acceso a los expedientes, las recomendaciones se emiten de manera incompleta, tardía, y en ocasiones con un ‘copiar-pegar’de un caso a otro.
Desde la Comisión se han visto con buenos ojos a diversas acciones que claramente son violatorias de derechos humanos, uno de esos casos es el de la llamada “Ley Bala”, de Moreno Valle, ley que fue avalada por Raúl Plascencia y que tiempo después cobrara la vida de un menor y lesionara a casi un centenar de personas. La CNDH ha validado desalojos y actos represivos del gobierno federal contra maestros y manifestantes que se oponen a las “reformas estructurales” del peñanietismo.

¿Es toda la Comisión la que funciona inadecuadamente? No. Como resultado del coloquio nos queda muy claro que sólo un grupo de personas, empezando por Plascencia, han secuestrado las funciones de la Comisión, mismas que ocupan algunos puestos directivos de la misma, y cuyo actuar no es compatible con la defensa de los derechos humanos.

Las cifras de profunda ineficiencia por parte de la Comisión están profundamente documentadas, en especial las del Ombudsman nacional, quien ha confirmado que está alejado de las víctimas, que carece de incomodidad ante el poder al que le rinde pleitesía y, por tanto, el puesto de defensor del pueblo está vacante en los hechos desde el 16 de noviembre de 2009, fecha desde la que Raúl Plascencia Villanueva ocupa la Presidencia de la CNDH.

Bajo su gestión la CNDH ha sido omisa, reactiva, ausente de la impugnación a las graves decisiones de la dictadura legislativa pactista que afectan los derechos humanos. No presentó acciones de inconstitucionalidad frente a leyes promovidas por Peña Nieto que afectan estos derechos, como la legislación secundaria en telecomunicaciones, que establece violaciones graves en materia de comunicaciones privadas, datos personales, derecho a la intimidad, restricción de las libertades, geolocalización sin orden judicial, etc; ahí no dijo una sola palabra el “defensor de los derechos humanos”.

Tampoco dijo nada en torno a la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que al resolver una contradicción de tesis prácticamente invalida la prevalencia en la interpretación de los tratados y la Constitución en favor de la protección más amplia de los derechos humanos, la corte prácticamente metió reversa en este principio pro persona y tampoco dijo nada el titular de los derechos humanos.

Tampoco ha dicho nada en materia de las leyes de la regulación de las protestas, como son los casos de las leyes de Chiapas, de Quintana Roo y algunas medidas que se han tomado incluso en la capital del país. Nada dijo, o más bien sí dijo cuándo legitimó el uso de la fuerza pública el día primero de diciembre de 2012 y cuando también legitimó el uso de la fuerza pública contra el movimiento magisterial.

Tampoco ha dicho nada contra con el gran atentado a los derechos humanos que representa la adopción del fracking, la fractura hidráulica, que no solo es un tema medioambiental o sanitario, es un tema de derechos humanos porque se está atentando contra el derecho de los mexicanos a la salud, a un medio ambiente sano, a poder opinar y decidir en temas de relevancia pública; lo conocemos más por sus silencios, que por sus posiciones públicas; más por sus omisiones, que por sus acciones.

Actualmente, la Comisión enfrenta dos retos: la debida atención a las víctimas del derrame de químicos en el Río Sonora por parte de una mina operada por el Grupo México. A través de un comunicado, Raúl Plascencia dio a conocer que ordenó el traslado de visitadores adjuntos para recabar información y atender de inmediato las quejas de las personas afectadas, para emitir una determinación conforme a sus facultades constitucionales en el “momento oportuno”.

Hasta ahora, este informe no ha sido emitido a pesar de que éste hecho ha sido catalogado como la peor tragedia ecológica que ha sufrido el país, y a pesar de la ínfima multa que se ha fijado a Grupo México, que deberá pagar un peso por litro de químicos derramados. ¿La multa sería la misma si la CNDH hubiera presentado un informe acreditando las violaciones a derechos humanos que detectaran hasta la fecha? Evidentemente con este antecedente nada se puede esperar de la defensa de los derechos humanos en el caso de las afectaciones y devastaciones que vienen con la fractura hidráulica que se ensañará sobre muchas regiones del país con la reforma energética privatizadora.

Otro gran pendiente es el anuncio del gobierno federal mediante el que “endurece” las medidas para evitar que las personas migrantes hagan uso del tren conocido como La Bestia en su traslado hacia la frontera con Estados Unidos.
Anunciando una inversión pública de 6 mil 58 millones de pesos para mejorar la infraestructura del tren, la respuesta del gobierno federal al problema migratorio es hacer que el ferrocarril circule a mayor velocidad, con el propósito de imposibilitar que las personas migrantes lo aborden.

¿Qué sucederá con los migrantes que deban recorrer la ruta hacia su destino a pie, evitando grupos del crimen organizado que han cometido masacres como las de San Fernando, o que han sido señalados en repetidas ocasiones por diversas violaciones?

La presencia de Enrique Peña Nieto en la conmemoración de los 15 años de autonomía constitucional de la CNDH es, por lo menos, grave. Refleja una vez más que Plascencia Villanueva mantiene una estrecha y complaciente cercanía con los poderes que gobiernan este país, y además agrava las profundas sospechas de una reelección impuesta desde esos mismos poderes.

Ante estos y otros cuestionamientos, el pasado 19 de agosto realicé una invitación más, otra más, al presidente de la CNDH, para sostener un diálogo abierto con diputadas, diputados y organizaciones de la sociedad civil (OSC), a celebrarse el día 3 de septiembre del presente año, a las 10:00 hrs., en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Hasta el momento, no se ha recibido respuesta.

Es reprobable que la Comisión Nacional no defienda a cabalidad a la población, no obstante que cuenta con un presupuesto multimillonario y facultades para ello, y que ante las omisiones y los intereses del Ombudsman nacional sea la sociedad civil, sobre todo las organizaciones vinculadas a la materia que hacen una labor ejemplar, las que actúen en defensa de los derechos humanos con la dedicación, la entrega y el profesionalismo que las caracteriza. Otra historia sería contar con una persona honesta y con ética al frente de la CNDH que actuara junto con la ciudadanía para defender los derechos humanos.

La brutal paradoja es que ahora la población debe defenderse de quien en teoría defiende los derechos humanos. La CNDH, con Plascencia al frente, viola los derechos humanos de las víctimas porque: 1) No las escucha ni aplica la reforma constitucional de 2011 en su favor. 2) No aplica el principio de expedites. Tarda años. 2) No solicita medidas cautelares 4) Esta distanciada de la sociedad civil con la que está francamente confrontada. 5) Hoy organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, periodistas y defensores civiles tienen que defenderse del defensor, como lo reiteraron en el reciente Coloquio en San Lázaro. 6) El colmo, hoy producto de sus deficientes recomendaciones y sus omisiones, las víctimas y defensores civiles han presentado amparos contra la CNDH. 7) No rinde cuentas a nadie.

Es inaudito que existan amparos de víctimas y defensores en contra de las recomendaciones de la CNDH. Eso ejemplifica la descomposición de su funcionamiento. Por lo mismo, seguiremos dando la batalla en defensa de los derechos humanos, desde el Poder Legislativo, de la mano de todas estas organizaciones de la sociedad civil, en busca de la elección de una persona que en verdad cumpla con las funciones de defender al pueblo, sin miramientos a causar incomodidad al poder.

Hacemos un respetuoso llamado a la Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República para que la Comisión que encabeza realice una consulta pública transparente, en los términos del artículo 102 constitucional, para la elección de quién presidirá la CNDH durante los próximos cinco años. Raúl Plascencia Villanueva no debe ser ratificado en el cargo.

Publicación original: La Silla Rota