Desde el pasado 17 de marzo Movimiento Ciudadano presentó ante el Congreso local una iniciativa de ley para legalizar la amapola con fines medicinales. Este proyecto legislativo debe ser aprobado por el pleno para poderse presentar a su vez como iniciativa ante el Congreso de la Unión. El artículo 71, fracción III de la Constitución Política de la República faculta a las legislaturas de los estados para poder presentar iniciativas ante el poder legislativo federal.

No obstante que el gobernador Héctor Astudillo, se ha pronunciado en diferentes ocasiones a favor de la legalización de la amapola con fines medicinales y de que los presidentes de las comisiones de Justicia y de Salud a los que se les turnó la iniciativa han manifestado su buena disposición sobre el tema, han pasado más de dos meses sin que se haya emitido un dictamen argumentando que se está en estudio del tema, que es un aspecto delicado y demás. Lo cierto es que mientras se posterga su análisis la violencia sigue en crecimiento en el estado.

Por nuestra parte creemos que orientar el cultivo del papaver somniferum hacia los cauces de la legalidad contribuiría a desempoderar al crimen organizado y reducir la violencia, tal y como la historia nos ha enseñado con los mercados ordenados de las bebidas embriagantes y en los últimos años, con la legalización de la mariguana en estados de la Unión Americana.

Los prejuicios de la mano de la política prohibicionista asumida por nuestro país luego de la Convención Internacional del Opio de 1912, lejos de frenar el mercado ilegal de opiáceos, lo ha convertido en un negocio muy rentable para los traficantes de dentro y los proveedores de fuera, añadiendo daños colaterales, principalmente en los estados productores, convirtiéndolos en verdaderos escenarios de la “guerra contra las drogas”. Todas las operaciones policiacas, todas las detenciones, campañas y muertes, no han reducido el flujo internacional de narcóticos prohibidos.

Según la Organización de la Naciones Unidas, en 2008, diez años después del acuerdo universal de prohibición, consumían drogas entre 155 y 250 millones de personas, es decir, entre 3.5% y 5.7% de la población mundial, un rango similar al de la década anterior.

Sin embargo, los costos de sangre son cada día más altos, y Guerrero, por ejemplo, se ha vuelto la zona más violenta de México. Según datos oficiales, su tasa de homicidios en 2014 fue de 47 asesinatos por cada 100 mil habitantes, el triple que la media nacional; ha sido también el escenario de la desaparición en septiembre de 2014 de 43 estudiantes a manos del gobierno de la ciudad de Iguala actuando al servicio del crimen organizado, y alcaldes y ex alcaldes han sido detenidos por estar al servicio de la delincuencia.

El tabú que se mantiene en relación a los narcóticos, además de las altas cuotas de sangre que le ha cobrado a los mexicanos, ha colocado un velo sobre una realidad que no debemos dejar de lado: los pacientes con enfermedades graves que requieren cuidados paliativos, miles de mexicanos sufren de dolor severo y moderado por enfermedades como cáncer y VIH.

En 2014, Human Rights Watch presentó el informe Care When There Is No Cure: Ensuring the Right to Palliative Care in Mexico, en el que señaló que decenas de miles de pacientes con enfermedades terminales en México sufren innecesariamente dolores severos y otros síntomas, debido a que no tienen acceso a una atención médica apropiada al final de sus vidas.

En México, según cálculos de la Organización Mundial de la Salud y la Alianza Mundial para el Cuidado Paliativo y Hospicios, cada año mueren casi 600 mil personas, de las cuales más de la mitad requieren cuidados paliativos.
Dejémonos de prejuicios y resistencias basadas en posturas poco claras y nada progresistas. La Organización Mundial de la Salud ha sostenido que los medicamentos derivados de los opiáceos como la morfina, la oxicodona, el fentanilo y la buprenorfina resultan más eficientes que los analgésicos comunes como el paracetamol o los fármacos antiinflamatorios no esteroideos en el tratamiento del dolor moderado a intenso.

Mientras 19 países del mundo pueden sembrar lícitamente amapola para fines medicinales, en México estados como Guerrero, el principal productor del país, se desangran en una guerra absurda donde los únicos que ganan son los delincuentes y quien pierde son las comunidades y los productores rurales con una cuota altísima de sangre, desapariciones forzadas, desplazamientos internos y pobreza.

Dejemos de darle espacio y beneficios a la delincuencia y volteemos los ojos a una de las zonas más golpeadas no solo de Guerrero, sino del país. Los campesinos no solo están amenazados por la delincuencia, lo están también por una legislación que los condena. El trabajo de la gente de la sierra se traduce en millones de dólares para las grandes mafias y en pobreza lacerante para ellos, significa vivir una suerte de esclavitud contemporánea.

Es momento de que el Poder Legislativo de Guerrero rompa con la autocensura y marque un punto de inflexión sobre la política de fiscalización del papaver somniferum.
La legalización de la amapola tendría un impacto multifactorial positivo, le quitaría la hegemonía al crimen organizado, restauraría la vigencia de la ley y se podría empezar a hablar en términos de desarrollo sostenido lo que permitiría que los pobladores de la zona entraran por fin, en el círculo virtuoso de la economía.

La ruta alterna propuesta por Movimiento Ciudadano parte de un enfoque sanitario para la regulación, la producción, procesamiento, distribución, venta y consumo del opio y sus productos derivados, para emplearse como medicamentos analgésicos para combatir el dolor que supera el umbral de acción de los calmantes tradicionales, siguiendo el modelo de éxito empleado en la India, el mayor productor legal a nivel mundial, así como otros países como Turquía.

Gobernar implica tomar decisiones, no dilatar respuestas a problemas sociales. ¿Si el gobernador Héctor Astudillo se ha pronunciado a favor de legalizar la amapola con fines medicinales, si el Congreso local tiene facultad para presentar iniciativas de leyes o reformas legislativas ante el Congreso federal, si ya hay una iniciativa sobre el tema presentada por Movimiento Ciudadano, si el Senado habrá de revisar en un periodo extraordinario en junio el tema de la mariguana, qué es lo que impide entonces que se apruebe la iniciativa y se envíe al Congreso federal para su trámite legislativo ? ¿Donde está el freno?

¿Han ganado los intereses creados y los prejuicios morales sobre los aspectos de salud y de seguridad? ¿Las declaraciones del secretario de Salud José Narro Robles buscan sabotear la posibilidad de que Guerrero ejercite su facultad constitucional de iniciativa ante el Congreso federal? Es la hora de las definiciones, no de las postergaciones. Nosotros ya actuamos, el resto de los actores políticos y la mayoría parlamentaria en el Congreso local tienen la palabra.

* Por Ricardo Mejia Berdeja, coordinador de los diputados de Movimiento Ciu-dadano en el Congreso de Guerrero.


fuente: suracapulco.mx