Palacio Legislativo de San Lázaro, 4 de septiembre de 2014

 Diputadas y diputados de PRD, PT y Movimiento Ciudadano exigen la liberación de Ángel Amílcar Colón, migrante hondureño torturado e injustamente encarcelado en México

El señor Ángel Amilcar Colón Quevedo, quien fue Presidente de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), dedicada a defender los derechos culturales y territoriales de la etnia garifunas, emigró de Honduras en enero del año 2009, con el objetivo de llegar a los Estados Unidos, como miles de sus conciudadanas y conciudadanos, para encontrar un trabajo digno que le permitiera solventar el tratamiento médico de su hijo, enfermo de cáncer.

Dos meses después de haber ingresado a México y de haber enfrentado extorsión, robo y secuestro por su camino, llegó a Tijuana, como pasaje previo a su destino final: Houston, Texas. En dicha ciudad fue víctima de un traficante de personas, quién prometió cruzarlo a los Estados Unidos, obligándolo a permanecer en una casa a la que fue trasladado con los ojos vendados.

El 9 de marzo de 2009, elementos de la Policía Federal Preventiva, la Policía Ministerial del Estado y la Policía Municipal, allanaron dicha casa, y Ángel Amílcar debió ser rescatado por las fuerzas de “seguridad” en su calidad de víctima del crimen organizado; sin embargo, fue detenido y criminalizado al asociarlo con otras 10 personas, en la comisión de delitos federales como delincuencia organizada, acopio de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud en su modalidad de posesión de cocaína y marihuana con fines de comercio.

Durante su detención y en días posteriores, Ángel Amílcar Colón fue torturado, permaneció de forma irregular en instalaciones militares bajo arraigo durante 77 días, tiempo en el que de acuerdo con el estudio médico y psicológico del Protocolo de Estambul, aplicado por peritos independientes certificados por  Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (IRCT), fue  sometido a malos tratos por elementos del Ejército y policías federales con el objetivo de obtener una declaración autoinculpatoria que hoy lo mantiene como único elemento de prueba en prisión.

A más de cinco años de los hechos, Ángel Amílcar se encuentra encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social No.4 Noroeste en Tepic, Nayarit, y su caso evidencia una vez más la vulnerabilidad, criminalización y estigmatización que enfrentan las personas migrantes en el territorio mexicano.

Estos hechos contravienen diversos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otros, además de afectar diversos derechos de carácter económico, social y cultural. Con la detención de Ángel Amílcar también se generaron violaciones a los derechos de sus familiares, al privarles de su principal sostén económico.

Otro elemento paradigmático del caso de Ángel Amílcar es que se violó el derecho de asistencia consular, pues fue obligado a declarar sin que se notificara previamente al Consulado hondureño de su detención y, por tanto, se violó su derecho a ser asistido y defenderse adecuadamente. Esta violación da cuenta de una práctica incongruente de la PGR, pues en casos en donde mexicanos son acusados en Estados Unidos, lo que nuestro país ha reivindicado es la violación del derecho de asistencia consular.

Nos preocupa la frecuencia y la manera sistemática con que se producen en México este tipo de prácticas, es decir, que se detenga y se mantenga en prisión a las personas con omisiones y abusos de las autoridades, sustrayéndolas así de la protección de la ley.El caso de Ángel Amílcar condensa las graves violaciones que viven las personas migrantes en tránsito por nuestro país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el 18 de agosto del presente año su Informe “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México”, en que da cuenta de “La ausencia de una política de seguridad ciudadana específica para la prevención, protección y persecución de delitos que afectan a las y los migrantes constituye un grave problema que requiere una solución urgente. Asimismo, la respuesta estatal ante el crimen y el narcotráfico a través del accionar de las fuerzas policiales y militares, más que servir para salvaguardar la seguridad de las personas que habitan el territorio mexicano, en muchos casos solo ha contribuido a un recrudecimiento de la violencia y de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes estatales”.

Actualmente el caso de Ángel Amílcar se encuentra en la etapa final de la primera instancia, por lo que la PGR está en el momento procesal oportuno para retirar los cargos y poner fin a esta cadena de injusticias, razón por la cual las diputadas y diputados signantes hemos solicitado mediante punto de acuerdo, que dicha institución analice el expediente 53/2009 que se lleva ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales, para que presente conclusiones de no acusación y se genere la liberación inmediata del migrante hondureño.

Por tales razones, nos unimos a la postura de diversas organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales que reconocen a Ángel Amílcar como preso de conciencia y continuaremos emprendiendo acciones como representantes populares, obligadas y obligados al respeto, la promoción, la garantía y la protección  de los derechos humanos en un marco democrático. Asimismo, exigimos a las autoridades a que en el ámbito de sus facultades procedan a investigar las violaciones en agravio de Ángel Amílcar y a promover su pronta liberación.

Dip. Elena Tapia Fonllem

Dip. Roberto López Suárez

Dip. José Luis Muñoz Soria

Dip. Lourdes Amaya Reyes

Dip. Ricardo Mejía Berdeja

Dip. Loretta Ortiz Ahlf

Dip. Víctor Nájera Medina