Ley de Responsabilidad del Estado de Guerrero

  1. DIPUTADAS SECRETARIAS

DE LA MESA DIRECTIVA DEL

  1. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E S.

 

Los suscritos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino  y Magdalena Camacho Díaz, Integrantes de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, ponemos a la consideración de esta Soberanía Popular, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley número ___________ de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Guerrero, al tenor de la siguiente

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

El pasado 29 de abril de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero el Decreto por el que se adicionó el artículo 194 a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero mediante el cual se incorporó al orden constitucional guerrerense el principio de la responsabilidad patrimonial del Estado, de carácter objetiva y directa.

 

En tal sentido, la Bancada Ciudadana nos hemos dado a la tarea de elaborar la iniciativa de ley reglamentaria a esta nueva garantía constitucional, tomando en consideración la obra del Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Doctor Álvaro Castro Estrada, publicada por Editorial Porrúa en 1997 con el título Responsabilidad patrimonial del Estado.

 

Por principio de cuentas, es de recalcar que el nuevo texto del artículo 194 de nuestra Constitución califica la responsabilidad del Estado como de carácter directo y objetivo.

 

Con esta nueva garantía, los ciudadanos pueden obtener la indemnización correspondiente por parte del Estado, cuando con motivo de la actuación de los servidores públicos se les causa una lesión patrimonial.

 

Por ello, es menester incorporar los mecanismos para la ejecución de este derecho, adoptando la doctrina ius-publicista, así como la teoría de la culpa, pues en ambas se desarrolla con mayor amplitud el concepto de daño ilícito, que dan luz para el desarrollo de la reparación del daño a causa de los servidores públicos que con su actuar ocasionen daños y perjuicios a los particulares.

 

En consecuencia, se propone la creación de un régimen de responsabilidad patrimonial del Estado de carácter directa y objetiva.

 

La creación de un régimen de responsabilidad directa significa que es el Estado quien responde al reclamo de indemnización que le formulan los particulares cuando la actuación de los servidores públicos les ocasionan lesiones en ellos mismos o en sus respectivos patrimonios, en la inteligencia de que el Estado se reserva el derecho de repetir lo pagado contra los servidores públicos, que con su actuar (o no actuar, tratándose de una conducta omisiva) hayan incurrido en falta o infracción grave.

 

Por otra parte, la incorporación además de un régimen de responsabilidad objetiva significa que, independientemente de que la conducta del servidor público que ocasione la lesión haya sido lícita o ilícita, regular o irregular, legítima o ilegítima, la lesión causada debe indemnizarse en tanto que tal acción (u omisión) conculca un derecho a la integridad patrimonial que se contempla previamente como garantía, y que ahora se ha elevado a nivel constitucional.

 

Es por lo anterior que con el propósito de evitar cualquier género de contradicción o confusión entre la restricción de la responsabilidad del Estado sólo a su actividad administrativa irregular, y el carácter de responsabilidad objetiva que consigna la propia reforma constitucional, se hace preciso señalar que para los efectos de esta Ley, se entenderá por actividad administrativa irregular, aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate.

 

Esto bajo el entendido de considerar a la actividad irregular del Estado como causante de daños al patrimonio de los particulares, y no como conducta ilícita o irregular de los servidores públicos que lo produjeron.

 

Así, puede afirmarse que la actividad administrativa es irregular en tanto que produce lesiones patrimoniales que afectan el patrimonio de los particulares, sin tener éstos la obligación jurídica de soportarlos.

 

En consecuencia, la actividad desplegada por el Estado como hecho imputable deberá tener el carácter de irregular, entendiendo por ello un funcionamiento fuera de lo normal, donde existan conductas ilegales o sujetas a imputación de culpabilidad, ya sea de funcionarios o de manera impersonal.

 

De esta manera, se hace necesario demostrar el vínculo de causalidad entre el actuar irregular de la administración y sus servidores públicos, en ejercicio de su potestad como agentes de la misma, con el resultado dañoso.

 

Con la expedición de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado propuesta por los diputados ciudadanos, se espera generar una mayor confianza en el Estado y en el derecho en Guerrero.

 

Además, la presente iniciativa busca generar una mayor seguridad jurídica para los guerrerenses, pero sobre todo, lo que con esta Ley se pretende alcanzar una función inhibitoria de la ineficiencia y la impunidad dentro de la administración pública.

 

Dada la importancia que reviste la responsabilidad patrimonial del Estado, en Movimiento Ciudadano hemos tomado la decisión de convertirnos en la fuerza política que apoye e impulse la presente iniciativa para introducir al sistema jurídico guerrerense la Ley Reglamentaria al artículo 194 de la Constitución Política del Estado, pues estamos convencidos de su alto contenido de justicia.

 

La presente iniciativa consta cincuenta y cinco artículos divididos en siete capítulos, el Primero contiene lo referente a las disposiciones generales que regirán la responsabilidad patrimonial de los entes públicos.

 

En el Capítulo Segundo se establece lo relativo a las indemnizaciones que deberán cubrir los entes públicos de resultar responsables, las cuales deberán ser suficientes para resarcir los daños y perjuicios materiales que constituyan la lesión patrimonial reclamada, incluidos los personales y morales.

 

Por su parte, en el Capítulo Tercero se rige el procedimiento para establecer la responsabilidad patrimonial de los sujetos obligados, el cual habrá de iniciar a petición de parte interesada, quien deberá presentar su reclamación ante el organismo, dependencia o entidad presuntamente responsable.

 

El Capítulo Cuarto se establece que en los casos donde exista concurrencia en la responsabilidad patrimonial del Estado, el pago de la indemnización deberá distribuirse proporcionalmente entre todos los causantes de la lesión patrimonial reclamada, de acuerdo con su respectiva participación.

 

En el Capítulo Quinto se establece el Derecho de los entes públicos de ejecutar acciones de responsabilidad patrimonial contra otros servidores públicos que causen daño al patrimonio de los guerrerenses

 

El Capítulo Sexto se prevé que las notificaciones personales del inicio y resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial se harán en el domicilio señalado por el reclamante, en el lugar de ubicación de la autoridad o por correo certificado con acuse de recibo si el domicilio se encuentra fuera del lugar de ubicación de la misma, pero en el estado de Guerrero.

 

Asimismo, se establece que las notificaciones surtirán sus efectos al día hábil siguiente a aquel en que se practiquen. Para tal efecto, se establece en ese apartado que se consideran días hábiles todos los del año, con exclusión de los sábados, domingos y aquellos que se señalen en el calendario oficial correspondiente.

 

 

Finalmente, en el Capítulo Séptimo se establecen los criterios para tener a una sentencia por ejecutoriada y el mecanismo para su ejecución.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 8 fracciones II y III, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, someto a la consideración del Pleno el siguiente:

 

DECRETO NÚMERO _____ POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY NÚMERO __________ DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley Número _____ de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Guerrero, para quedar como sigue:

 

LEY NÚMERO _________ DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

 

Capítulo I

Disposiciones Generales

 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del 194 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y sus disposiciones son de orden público e interés general.

 

Tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado o de los Ayuntamientos.

 

La responsabilidad extracontractual a cargo de los sujetos obligados por esta Ley es objetiva y directa, y la indemnización deberá ajustarse a los términos y condiciones señalados en esta y en las demás disposiciones legales a que la misma hace referencia.

 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por actividad administrativa irregular, aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate.

 

Artículo 2. Son sujetos obligados por las disposiciones contenidas en esta Ley, los representantes de elección popular, los funcionarios, empleados y, en general, toda persona que con independencia de su jerarquía o adscripción desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Ayuntamientos, los Órganos Autónomos y los Órganos con Autonomía Técnica.

 

La obligación de indemnizar de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los organismos autónomos, se entenderá exclusivamente para las funciones y actos irregulares materialmente administrativos que realicen.

 

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero y sus servidores públicos, no son sujetos de responsabilidad patrimonial por las opiniones y recomendaciones que formulen, así como por los actos que realicen en ejercicio de las funciones de su competencia.

 

Artículo 3. Las disposiciones de esta Ley serán aplicables, en lo conducente, para cumplimentar los fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, aceptadas por los entes públicos estatales y municipales, en cuanto se refieran al pago de indemnizaciones.

 

La aceptación y cumplimiento de las recomendaciones a que se refiere el párrafo anterior, en su caso, deberá llevarse a cabo por el ente público que haya sido declarado responsable; lo mismo deberá observarse para el cumplimiento de los fallos jurisdiccionales de reparación.

 

Artículo 4. Se exceptúan de la obligación de indemnizar, de acuerdo con esta Ley:

 

  1. Los supuestos de caso fortuito y de fuerza mayor;

 

  1. Los daños y perjuicios que no sean consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado;

 

III. Las que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de su acaecimiento; y

 

  1. En aquellos casos en los que el solicitante de la indemnización sea el único causante del daño.

 

Artículo 5. Los daños y perjuicios materiales que constituyan la lesión patrimonial reclamada, incluidos los personales y morales, habrán de ser reales, evaluables en dinero, directamente relacionados con una o varias personas, y desiguales a los que pudieran afectar al común de la población.

 

Artículo 6. Los sujetos obligados por esta Ley cubrirán las indemnizaciones derivadas de responsabilidad patrimonial que se determinen conforme a la misma, con cargo a sus respectivos presupuestos.

 

Los pagos de las indemnizaciones derivadas de responsabilidad patrimonial se realizarán conforme a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente, sin afectar el cumplimiento de los objetivos de los programas que se aprueben en el Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero.

 

En la fijación de los montos de las partidas presupuestales deberán preverse las indemnizaciones que no hayan podido ser pagadas en el ejercicio inmediato anterior, según lo dispuesto en los artículos 9 y 12 de la presente Ley.

 

Artículo 7. El Ejecutivo del Estado propondrá al Congreso Local, en la iniciativa de Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal correspondiente, el monto de la partida presupuestal que deberá destinarse para cubrir las erogaciones que se deriven de la responsabilidad patrimonial del Estado.

 

De igual forma, los Ayuntamientos al aprobar su presupuesto de egresos, deberán prever el monto de la partida presupuestal que deberá destinarse para cumplir con las erogaciones que deriven de la responsabilidad patrimonial del Municipio.

 

La suma total de los recursos comprendidos en los respectivos presupuestos de egresos del Estado o de los ayuntamientos, no podrá exceder del equivalente al 0.3 al millar del respectivo gasto programable para el ejercicio fiscal correspondiente.

 

El excedente que no se haya aplicado en el ejercicio fiscal correspondiente, siempre y cuando no hubiese procedimientos pendientes o resoluciones firmes que se deban ejecutar, podrán reorientarse a obras o servicios públicos.

 

En el establecimiento de los montos correspondientes a las partidas presupuestales, deberán preverse las indemnizaciones que no hayan podido ser pagadas en el ejercicio inmediato anterior.

 

Artículo 8. El Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, en los términos de la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero, deberá autorizar el traspaso de los montos presupuestales aprobados a las diferentes dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal para responsabilidad patrimonial, cuando por la naturaleza de la actividad administrativa de las mismas, sea pertinente y se justifique ante las autoridades competentes.

 

En el caso de las entidades no sujetas o sujetas parcialmente a control presupuestal, los traspasos correspondientes deberán ser aprobados por los órganos de gobierno respectivos.

 

Artículo 9. Las indemnizaciones fijadas por autoridades administrativas que excedan del monto máximo presupuestado en un ejercicio fiscal determinado serán cubiertas en el siguiente ejercicio fiscal, según el orden de registro a que se refiere el artículo 17 de la presente Ley.

 

Artículo 10. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán de manera supletoria, en lo conducente las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, el Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 358, el Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 364 y los principios generales del derecho.

 

Artículo 11. Los entes públicos están en obligación de denunciar ante el Ministerio Público a toda persona que directa o indirectamente participe, coadyuve, asista o simule la producción de daños con el propósito de acreditar indebidamente la Responsabilidad Patrimonial o de obtener alguna de las indemnizaciones a que se refiere esta Ley.

 

Capítulo II

De las Indemnizaciones

 

Artículo 12. La indemnización por responsabilidad patrimonial derivada de la actividad administrativa irregular, deberá pagarse al reclamante de acuerdo a las modalidades que establece esta Ley y las bases siguientes:

 

  1. Deberá pagarse en moneda nacional;

 

  1. Podrá convenirse su pago en especie;

 

III. La cuantificación de la indemnización se calculará de acuerdo a la fecha en que la lesión efectivamente se produjo o la fecha en que haya cesado cuando sea de carácter continuo;

 

  1. En todo caso deberá actualizarse la cantidad a indemnizar al tiempo en que haya de efectuarse el cumplimiento de la resolución por la que se resuelve y ordena el pago de la indemnización;

 

  1. En caso de retraso en el cumplimiento del pago de la indemnización procederá la actualización de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Guerrero número 429; y

 

  1. Los sujetos obligados por esta Ley podrán cubrir el monto de la indemnización mediante parcialidades en ejercicios fiscales subsecuentes, realizando una proyección de los pagos de acuerdo a lo siguiente:

 

  1. a) Los diversos compromisos programados de ejercicios fiscales anteriores y los que previsiblemente se presentarán en el ejercicio de que se trate;

 

  1. b) El monto de los recursos presupuestados o asignados en los cinco ejercicios fiscales previos al inicio del pago en parcialidades, para cubrir la Responsabilidad Patrimonial por la actividad administrativa irregular impuestas por autoridad competente; y

 

  1. c) Los recursos que previsiblemente serán aprobados y asignados en el rubro correspondiente a este tipo de obligaciones en los ejercicios fiscales subsecuentes con base en los antecedentes referidos en el numeral anterior y el comportamiento del ingreso-gasto.

 

Artículo 13. Las indemnizaciones corresponderán a la reparación integral del daño y, en su caso, por el daño personal y moral.

 

Artículo 14. El monto de la indemnización por daños y perjuicios materiales se calculará de acuerdo con los criterios establecidos por la Ley número 877 de Expropiación para el Estado de Guerrero, el Código Fiscal del Estado de Guerrero número 429 y demás disposiciones aplicables, debiéndose tomar en consideración los valores comerciales o de mercado.

 

Artículo 15. Los montos de las indemnizaciones se calcularán de la siguiente forma:

 

  1. Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de la reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo.

 

Para calcular la indemnización que corresponda se tomará como base el cuádruplo del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en la región y se extenderá al número de días que para cada una de las incapacidades mencionadas señala la Ley Federal del Trabajo.

 

En caso de muerte la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima. Los créditos por indemnización cuando la víctima fuere un asalariado son intransferibles y se cubrirán preferentemente en una sola exhibición, salvo convenio entre las partes.

 

  1. En el caso de daño moral, la autoridad administrativa o jurisdiccional, en su caso, calculará el monto de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en el Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 358, debiendo tomar en consideración los dictámenes periciales ofrecidos por el reclamante.

 

La indemnización por daño moral que el Estado esté obligado a cubrir no excederá del equivalente a 20,000 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero, por cada reclamante afectado.

 

III. Cuando el daño sea sobre bienes, el monto de la indemnización se sujetará a la práctica de un avalúo, que tenderá a establecer el valor comercial, los frutos que en su caso hubiere podido producir la cosa objeto del avalúo y todas las circunstancias que puedan influir en la determinación del valor comercial. Las erogaciones del avalúo serán a cargo del sujeto obligado.

 

Artículo 16. Las indemnizaciones deberán cubrirse en su totalidad de conformidad con los términos y condiciones dispuestos por esta Ley y a las que ella remita. En los casos de haberse celebrado contrato de seguro contra la responsabilidad, ante la eventual producción de daños y perjuicios que sean consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado o de los Ayuntamientos, la suma asegurada se destinará a cubrir el monto equivalente a la reparación integral. De ser ésta insuficiente, el ente público responsable continuará obligado a resarcir la diferencia respectiva. El pago de cantidades líquidas por concepto de deducible corresponde al sujeto obligado y no podrá disminuirse de la indemnización.

 

Artículo 17. Las sentencias firmes deberán registrarse por el ente público responsable, quienes deberán llevar un registro de indemnizaciones debidas por responsabilidad patrimonial, que será de consulta pública.

 

Las indemnizaciones por lesiones patrimoniales serán pagadas tomando en cuenta el orden cronológico en que se emitan las resoluciones de las autoridades administrativas.

 

Capítulo III

Del Procedimiento

 

Artículo 18. El procedimiento de responsabilidad patrimonial se iniciará a petición de parte interesada, quien deberá presentar su reclamación ante el organismo, dependencia o entidad presuntamente responsable.

 

Los particulares en su demanda, deberán señalar, en su caso, el o los servidores públicos involucrados en la actividad administrativa que se considere irregular.

 

Si iniciado el procedimiento de responsabilidad patrimonial se encontrare pendiente alguno de los procedimientos por los que el afectado haya impugnado el acto de autoridad que se reputa como dañoso, el procedimiento de responsabilidad patrimonial se suspenderá hasta en tanto en los otros procedimientos, la autoridad competente no haya dictado una resolución que cause estado.

 

Artículo 19. El procedimiento de responsabilidad patrimonial deberá ajustarse, además de lo dispuesto por esta Ley, a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, en la vía jurisdiccional.

 

Artículo 20. La demanda de reclamación de indemnización deberá presentarse por escrito, debiendo contener lo siguiente:

 

  1. La autoridad a la que se dirige;

 

  1. El nombre, denominación o razón social del reclamante y, en su caso, del representante legal, agregándose los documentos que acrediten su personalidad, así como la designación de la persona o personas autorizadas para oír y recibir notificaciones y documentos;

 

III. El domicilio para recibir notificaciones, ubicado en la sede de la autoridad del sujeto obligado;

 

  1. La petición que se formula, agregando un cálculo estimado del daño generado;

 

  1. La descripción de los hechos y razones en los que se apoye la petición;

 

  1. La relación de causalidad entre el daño producido y la actividad administrativa irregular del sujeto obligado; y

 

VII. Las pruebas que acrediten los hechos argumentados y la naturaleza del acto que así lo exijan, así como el ofrecimiento de las demás que estime pertinentes.

 

Toda demanda de reclamación deberá estar firmada por quien la formule y sin este requisito se tendrá por no presentada, a menos que el solicitante no sepa o no pueda firmar, caso en el cual, imprimirá su huella digital y firmará su representante en la reclamación.

 

Artículo 21. Las autoridades acordarán la acumulación de los expedientes de los procedimientos que ante ellas se sigan, de oficio o a petición de parte, cuando los interesados o los actos administrativos sean iguales, se trate de actos conexos o resulte conveniente el trámite unificado de los asuntos para evitar la emisión de resoluciones contradictorias.

 

Artículo 22. Se considerará que una reclamación es improcedente cuando:

 

  1. Se presente fuera de los plazos establecidos por el artículo 34 de esta Ley;

 

  1. Contra actos que sean materia de otra reclamación de indemnización y que se encuentren pendiente de resolución, promovido por el mismo reclamante y respecto del mismo acto irregular;

 

III. No se desprenda de una actividad administrativa irregular; o

 

  1. Los daños que se le causen al afectado provengan de una resolución de juicio jurisdiccional, laboral o administrativo que haya sido declarado como cosa juzgada o la resolución sea firme y definitiva o en su caso tenga otro medio de defensa legal que pueda restituirle al estado que guardaban antes que se le causara el daño.

 

Artículo 23. Las reclamaciones de indemnización por responsabilidad patrimonial notoriamente improcedentes serán desechadas de plano por la autoridad ante la cual se presenten.

 

A quien promueva una reclamación de indemnización notoriamente improcedente o afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con dicha reclamación, se le impondrá una multa cuyo monto será equivalente de veinte a ciento veinte veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado de Guerrero.

 

La nulidad o anulabilidad de actos administrativos por la vía administrativa, o por la vía jurisdiccional contencioso-administrativa, no presupone por sí misma derecho a la indemnización.

 

Artículo 24. Será sobreseído el juicio de reclamación, cuando:

 

  1. El reclamante se desista expresamente de la demanda de indemnización; o

 

  1. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia.

 

Artículo 25. Iniciado el procedimiento, el sujeto obligado que conozca del juicio de reclamación tendrá un término de diez días hábiles para responder lo que a sus intereses convenga, así como para que ofrezca las pruebas que considere necesarias.

 

El incumplimiento de esta obligación, implicará que se tenga la presunción de ser ciertos los hechos expresados por el reclamante.

 

Artículo 26. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, se abrirá un periodo probatorio por un término que no excederá de quince días hábiles para el desahogo de las pruebas oportunamente ofrecidas por las partes, pudiendo ampliarse por una sola vez por igual término.

 

Las pruebas no documentales deberán ofrecerse dentro de los cinco primeros días de la dilación probatoria.

 

En el procedimiento que regula la presente Ley, se admitirán, desahogarán, evaluarán y valorarán los medios de prueba previstos por el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215. Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado resolución definitiva.

 

Artículo 27. Cuando los objetos o documentos sobre los cuales debe versar la prueba pericial, estén en poder de los sujetos obligados, se les requerirá para que los pongan a la vista del perito, a fin de que pueda rendir su dictamen.

 

Artículo 28. En caso necesario y por razones fundadas y motivadas, el sujeto obligado podrá ordenar la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre y cuando sea de las reconocidas por esta Ley y tenga relación inmediata con la reclamación tramitada.

 

Artículo 29. El daño que se cause al patrimonio de los particulares por la actividad administrativa irregular, deberá acreditarse tomando en consideración los siguientes criterios:

 

  1. En los casos en que la causa o causas productoras del daño sean identificables, la relación causa-efecto entre la lesión patrimonial y la acción administrativa irregular imputable al ente público deberá probarse fehacientemente, y

 

  1. En su defecto, la causalidad única o concurrencia de hechos y condiciones causales, así como la participación de otros agentes en la generación de la lesión reclamada, deberá probarse a través de la identificación precisa de los hechos que produjeron el resultado final, examinando rigurosamente las condiciones o circunstancias originales o sobrevenidas que hayan podido atenuar o agravar la lesión patrimonial reclamada.

 

Artículo 30. La responsabilidad del sujeto obligado por esta Ley deberá probarla el reclamante que considere lesionado su patrimonio, por no tener la obligación jurídica de soportarlo. Por su parte, al ente público señalado como responsable, corresponderá probar, en su caso, la participación de terceros o del propio reclamante en la producción de los daños y perjuicios irrogados al mismo; que los daños no son consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado; que los daños derivan de hechos o circunstancias imprevisibles o inevitables según los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de su acaecimiento, o bien, la existencia de la fuerza mayor que lo exonera de responsabilidad patrimonial.

 

Artículo 31. Una vez concluido el periodo probatorio, el ente público responsable deberá emitir su resolución en un término de diez días hábiles. Dicha resolución deberá ser notificada al reclamante.

 

Artículo 32. Las resoluciones que dicte el ente público responsable con motivo de las reclamaciones que prevé la presente Ley, deberán contener como elementos mínimos los siguientes:

 

  1. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las pruebas que se hayan rendido;

 

  1. Los fundamentos legales en que se apoyen para producir la resolución;

 

III. El relativo a la existencia de la relación de causalidad entre la actividad administrativa y la lesión producida;

 

  1. La valoración del daño o perjuicio causado, así como el monto en dinero o en especie de la indemnización, explicitando los criterios utilizados para su cuantificación; y

 

  1. En los casos de concurrencia previstos en esta Ley, se deberán razonar los criterios de imputación y la graduación correspondiente para su aplicación a cada caso en particular.

 

Artículo 33. Las resoluciones de la autoridad administrativa que nieguen la indemnización, o que, por su monto, no satisfagan al interesado podrán impugnarse mediante recurso de revisión acorde con lo dispuesto por el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, en la vía jurisdiccional.

 

Artículo 34. El derecho a reclamar indemnización prescribe en un año, mismo que se computará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera producido la lesión patrimonial, o a partir del momento en que hubiesen cesado sus efectos lesivos, si fuesen de carácter continúo.

 

Cuando existan daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo de prescripción será de dos años.

 

Los plazos de prescripción previstos en este artículo, se interrumpirán al iniciarse el procedimiento de reclamación, a través de los cuales se impugne la legalidad de los actos administrativos que probablemente produjeron los daños o perjuicios.

 

Artículo 35. Los reclamantes afectados podrán celebrar convenio con los entes públicos federales, a fin de dar por concluida la controversia, mediante la fijación y el pago de la indemnización que las partes acuerden. Para la validez de dicho convenio se requerirá, según sea el caso, la aprobación por parte de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental o del órgano de vigilancia correspondiente del ente público responsable.

 

Capítulo IV

De la Concurrencia

 

ARTÍCULO 37. En caso de concurrencia acreditada en términos del artículo 32 de esta Ley, el pago de la indemnización deberá distribuirse proporcionalmente entre todos los causantes de la lesión patrimonial reclamada, de acuerdo con su respectiva participación. Para los efectos de la misma distribución, las autoridades administrativas tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios de imputación, mismos que deberán graduarse y aplicarse de acuerdo con cada caso concreto:

 

  1. Deberá atribuirse a cada ente público responsable los hechos o actos dañosos que provengan de su propia organización y operación, incluyendo las de sus órganos administrativos desconcentrados;

 

  1. Los entes públicos responsables responderán únicamente de los hechos o actos dañosos que hayan ocasionado los servidores públicos que les estén adscritos;

 

III. Los entes públicos responsables que tengan atribuciones o responsabilidad respecto de la prestación del servicio público y cuya actividad haya producido los hechos o actos dañosos responderán de los mismos, sea por prestación directa o con colaboración interorgánica;

 

  1. Los entes públicos responsables que hubieran proyectado obras que hayan sido ejecutadas por otras responderá de los hechos o actos dañosos causados, cuando las segundas no hayan tenido el derecho de modificar el proyecto por cuya causa se generó la lesión patrimonial reclamada. Por su parte, los entes públicos ejecutores responderán de los hechos o actos dañosos producidos, cuando éstos no hubieran tenido como origen deficiencias en el proyecto elaborado, y

 

  1. Cuando en los hechos o actos dañosos concurra la intervención de la autoridad Estatal y la municipal, estas responderán del pago de la indemnización en forma proporcional a su respectiva participación.

 

Artículo 38. En el supuesto de que el reclamante se encuentre entre los causantes de la lesión cuya reparación solicita, la proporción cuantitativa de su participación en el daño y perjuicio causado se deducirá del monto de la indemnización total.

 

Artículo 39. En el supuesto de que entre los causantes de la lesión patrimonial reclamada no se pueda identificar su exacta participación en la producción de la misma, se establecerá entre ellos una responsabilidad solidaria frente al reclamante, debiéndose distribuir el pago de la indemnización en partes iguales entre todos los cocausantes.

 

Artículo 40. En el supuesto de que las reclamaciones deriven de hechos o actos dañosos producidos como consecuencia de una concesión de servicio público por parte de la Administración Pública Estatal o municipal, y las lesiones patrimoniales hayan tenido como causa una determinación del concesionante que sea de ineludible cumplimiento para el concesionario, el ente público responsable de otorgar la concesión responderá directamente.

 

Los concesionarios tendrán la obligación de contratar seguros u otorgar garantías a favor del concesionante, para el caso de que la lesión reclamada haya sido ocasionada por la actividad del concesionario y no se derive de una determinación del concesionante.

 

Capítulo V

Del Derecho del Estado de Repetir contra los Servidores Públicos

 

Artículo 41. Los entes públicos responsables podrán repetir de los servidores públicos el pago de la indemnización cubierta a los particulares cuando, previa substanciación del procedimiento administrativo disciplinario previsto en la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero, se determine su responsabilidad, y que la falta administrativa haya tenido el carácter de infracción grave. El monto que se exija al servidor público por este concepto formará parte de la sanción económica que se le aplique.

 

La gravedad de la infracción se calificará de acuerdo con los criterios que establece la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero. Además, se tomarán en cuenta los siguientes criterios:

 

  1. Los estándares promedio de la actividad administrativa, la perturbación de la misma:

 

  1. La existencia o no de intencionalidad; y

 

III. La responsabilidad profesional y su relación con la producción del resultado dañoso.

 

Artículo 42. Los sujetos obligados por esta Ley podrán, también, instruir igual procedimiento a los servidores públicos por ellos nombrados, designados o contratados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal o municipal, cuando le hayan ocasionado daños y perjuicios en sus bienes y derechos derivado de faltas o infracciones administrativas graves. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto por otras leyes aplicables en la materia.

 

Artículo 43. Los servidores públicos podrán impugnar las resoluciones administrativas por las que se les imponga la obligación de resarcir los daños y perjuicios que el ente público responsable haya pagado con motivo de los reclamos indemnizatorios respectivos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero.

 

Artículo 44. La presentación de reclamaciones por responsabilidad patrimonial por parte de los sujetos obligados por esta Ley, interrumpirá los plazos de prescripción que la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero determina para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario a los servidores públicos, los cuales se reanudarán cuando quede firme la resolución o sentencia definitiva que al efecto se dicte en el primero de los procedimientos mencionados.

 

Artículo 45. Las cantidades que se obtengan con motivo de las sanciones económicas que las autoridades competentes impongan a los servidores públicos, en términos de lo dispuesto por la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero se adicionarán, según corresponda, al monto de los recursos previstos para cubrir las obligaciones indemnizatorias derivadas de la responsabilidad patrimonial de los entes públicos responsables.

 

Capítulo VI

De las Notificaciones y Términos

 

Artículo 46. Las notificaciones para el reclamante serán personales:

 

  1. Cuando se trate del acuerdo recaído a la solicitud de indemnización, así como cuando se notifique la resolución definitiva;

 

  1. La primera resolución que se dicte cuando por cualquier motivo se hubiere suspendido el procedimiento o dejado de actuar durante más de dos meses;

 

III. Cuando la autoridad estime que se trata de un caso urgente o de alguna circunstancia especial que así lo haga necesario; y

 

  1. En los demás casos en que la Ley expresamente lo disponga.

 

Las notificaciones que no deban ser personales se harán en las oficinas del sujeto obligado, en lugar visible y de fácil acceso, por medio de lista fechada que se fijará a primera hora de despacho del día siguiente al de la fecha de la resolución o acuerdo.

 

En los autos, la autoridad hará constar el día y hora de la notificación por lista y formará un legajo mensual de las listas, que deberá conservar por el término de un año a disposición de los interesados.

 

Artículo 47. Las notificaciones deben contener:

 

  1. Copia del texto íntegro del acto o resolución;

 

  1. El lugar, fecha y hora en que se practiquen;

 

III. La identificación del procedimiento y el número de expediente; y

 

  1. El fundamento legal.

 

Artículo 48. Las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado por el reclamante, en el lugar de ubicación de la autoridad o por correo certificado con acuse de recibo si el domicilio se encuentra fuera del lugar de ubicación de la misma, pero en el estado de Guerrero.

 

Cuando exista imposibilidad para hacer la notificación en la forma establecida en este párrafo, previa circunstanciación, se acordará la notificación por listas de todas las actuaciones. Las notificaciones podrán realizarse en las oficinas de las autoridades si se presentan los interesados.

 

Las notificaciones que deban hacerse a los sujetos obligados, se harán por medio de oficio que serán entregados en el domicilio de su oficina principal, en el lugar del procedimiento por el empleado de la autoridad competente, quien recabará el recibo correspondiente y agregará al expediente, asentando la razón correspondiente.

 

Si el domicilio de los servidores públicos se encuentra fuera del lugar sede de la autoridad responsable de conocer del procedimiento, las notificaciones a que se refiere el párrafo anterior, se practicarán por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, el cual se agregará al expediente. También podrán realizarse mediante el uso de medios electrónicos o cualquier otro medio; cuando así lo hayan autorizado expresamente y siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción de las mismas.

 

Artículo 49. Las notificaciones surtirán sus efectos al día hábil siguiente a aquel en que se practiquen.

 

Artículo 50. Son días hábiles todos los del año, con exclusión de los sábados, domingos y aquellos que se señalen en el calendario oficial correspondiente. Tampoco son hábiles aquellos en los que, por cualquier causa materialmente no fuere posible que haya labores. La existencia de personal de guardia no habilita los días.

 

Son horas hábiles las comprendidas en el horario de servicio al público señalado por la autoridad de que se trate.

 

Las autoridades competentes pueden habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa justificada que lo exija, expresando cuál sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse, notificando al interesado. Si una diligencia se inició en día y hora hábiles, puede llevarse hasta su fin sin interrupción y sin necesidad de habilitación expresa.

 

Artículo 51. Los términos, salvo disposición expresa de la Ley, empezarán a correr desde el día hábil siguiente a aquél en que surta efectos la notificación y se incluirán en ellos el día del vencimiento que se considerará completo.

 

Artículo 52. Transcurridos los términos fijados a los interesados, se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, sin necesidad de declaratoria en ese sentido.

 

Artículo 53. Cuando la Ley no señale término para la práctica de alguna diligencia o para el ejercicio de algún derecho, se tendrá por señalado el de tres días hábiles.

 

Artículo 54. La autoridad competente podrá ordenar de oficio o a petición de parte, subsanar las irregularidades u omisiones que observe en la tramitación del procedimiento para el solo efecto de regularizar el mismo, sin que ello implique que pueda revocar sus propias resoluciones.

 

Capítulo VII

De la Sentencia Ejecutoriada y Ejecución de Sentencia

 

Artículo 55. Para considerar que una sentencia ha causado ejecutoria, así como para que pueda ser ejecutada se aplicará lo establecido para tal efecto en el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215 y a falta de disposición expresa, a lo señalado por el Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 364.

 

Transitorios

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero del año siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.

 

El Estado y los municipios, deberán tomar las previsiones necesarias a efecto de que en sus presupuestos de egresos para el ejercicio correspondiente, se incluya una partida especial para este fin.

 

Segundo. Los juicios de responsabilidad patrimonial que sean resueltos a favor del actor sin que exista aún una partida presupuestal deberán de liquidarse en el ejercicio fiscal que si esté determinada.

 

Tercero. Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

 

Cuarto. Publíquese el presente Decreto para el conocimiento general, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el Portal Web del Congreso del Estado, en las redes sociales de internet y difúndase a través de los medios de comunicación.

 

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los _______ días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E

LOS INTEGRANTES DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE MOVIMIENTO CIUDADANO

 

 

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

 

 

DIPUTADO SILVANO BLANCO DEAQUINO DIPUTADA MAGDALENA CAMACHO DÍAZ

 

 

 

 

[Hoja de firmas correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Guerrero]