Palacio Legislativo de San Lázaro
17 de diciembre de diciembre de 2014
Boletín de Prensa

Los hechos de violencia sucedidos en La Ruana, demuestran que Michoacán no es un caso cerrado, y que la violencia aún impera en la entidad.

  • La imposición de un virrey no es la estrategia adecuada para restablecer la seguridad.
  • En Michoacán sigue existiendo el narcotráfico, La Tuta sigue libre y ya no es el objetivo principal de búsqueda de las destruidas autodefensas y mucho menos del Gobierno Federal.
  • Este hecho debe llamarnos a acciones desde el Poder Legislativo, pues claramente el titular del Ejecutivo federal está rebasado ante eventos como Ayotzinapa, Tlatlaya y la violencia en el estado de Michoacán.

Lo sucedido el día de ayer en La Ruana, Michoacán, son un claro reflejo de lo que hemos advertido de manera reiterada: la imposición de un virrey, en lugar del fortalecimiento de los poderes en el Estado, no es la estrategia adecuada para lograr el restablecimiento de la seguridad en dicha entidad.

Es ya sabido que en Michoacán se impulsó la creación de los grupos de autodefensas, mismos que recibieron apoyo de gobiernos municipales en primera instancia, y después de policía federal e incluso del Ejército, en acciones coordinadas con soldados en contra de grupos de delincuencia organizada.

Después, cuando los grupos de autodefensa habían ganado más autoridad y respaldo que las propias instancias del Estado, se sometió a tales grupos con la captura de José Manuel Mireles, el más conocido de los líderes de las autodefensas, para después enrolar en la Fuerza Rural -que ya era un “grupo de autodefensa” controlado por el virrey Castillo- a Hipólito Mora y Estanislao Beltrán, mejor conocido como Papá Pitufo.

Con estas acciones se pretendió vender una paz michoacana que nadie compró, y que el día de ayer terminó por desgajarse con el enfrentamiento entre el grupo dirigido por Hipólito Morra y el de Luis Antonio Torres, El Americano, que resultó en la muerte de 11 personas, incluido Manuel Mora, hijo de Hipólito.

Hace poco más de seis meses, el comisionado Castillo hizo que Mora y Torres se estrecharan la mano, para la foto mediática y propagandística que asegurara de manera visual que las cosas en Michoacán estaban mejorando en todo sentido, que estaba todo arreglado.

Nada ha cambiado. En Michoacán sigue existiendo el narcotráfico, La Tuta sigue libre y ya ni siquiera es el objetivo principal de búsqueda de las destruidas autodefensas y mucho menos del Gobierno Federal, además de que el panorama electoral para la elección del próximo gobernador se encuentra en una situación tan complicada como la que existe en Guerrero.

La estrategia de Enrique Peña Nieto falla nuevamente y su teatro se derrumba de nueva cuenta con violencia y muerte.

Es necesario un cambio de política real, que reafirme la construcción del Estado y no que empodere a una figura gris como la del virrey Castillo, quien siempre ha sido enviado a controlar los problemas de violencia en los gobiernos de Peña Nieto, sin que en realidad pueda resolver nada de manera eficiente, aunque los indicios se encuentren debajo de un colchón.

Este hecho debe llamarnos a acciones desde el Poder Legislativo, pues claramente el titular del Ejecutivo federal está rebasado ante eventos como Ayotzinapa, Tlatlaya y la violencia en el estado de Michoacán, que tampoco es un caso cerrado y que se encuentra lejos de la solución pacífica que se había anunciado.