México: Reprobado en derechos humanos

No es posible erradicar la práctica de la tortura si las autoridades a quienes corresponde esta tarea se niegan a admitir la gravedad y las dimensiones de los casos que ocurren a nivel nacional.

El pasado 9 de marzo, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, presentó su informe elaborado tras su visita a México que tuvo lugar del 21 de abril al 2 de mayo de 2014, en el que confirmó uno de nuestros más grandes temores: La tortura en México es generalizada.

En el informe el relator resaltó que nuestro país atraviesa por una compleja situación de seguridad pública, señalando que a partir del inicio de la denominada “guerra contra el narcotráfico” se ha registrado un aumento de las quejas por tortura y malos tratos.

Asimismo, enfatizó que la militarización de la seguridad pública se mantiene como una estrategia, ya que más de 32.000 militares aún cumplen tareas que corresponderían a la policía.

El relator, Juan Méndez, concluyó que “la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”, especificando que la frecuente utilización de torturas y malos tratos en diversas partes del país es realizada “por parte de policías municipales, estatales y federales, agentes ministeriales estatales y federales, y las fuerzas armadas”. 
 
Uno de los puntos recomendatorios del informe consiste en “reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos”, las cuales, de acuerdo con el relator, son resultado de “fallas estructurales, repetidas a nivel federal y estatal, que potencian esta impunidad” ya que en varias ocasiones “los ministerios públicos son reticentes a investigar las denuncias” o bien “reiteradamente las víctimas deben denunciar la tortura ante el mismo cuerpo al que acusan de cometerla o permitirla”.

Además el relator denunció que existe una fuerte tendencia a calificar los actos de tortura o malos tratos como delitos sin la mayor importancia y de menor gravedad. Y no se equivoca, las reacciones de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) en torno a este informe así lo confirman.

Como un grave elemento que complementa el incremento de la tortura en nuestro país, el relator reiteró en su informe algo que desde 2012 afirmamos algunas diputadas y diputados integrantes de la LXII Legislatura: El arraigo no es compatible con los derechos humanos.

El informe da cuenta de una tendencia existente que se ve reflejada en detenciones para investigar, en vez de realizar investigaciones para detener, por lo que también ha recomendando la eliminación de la figura del arraigo, misma que en la actual Legislatura el PRI, PAN, Partido Verde y Nueva Alianza detuvieron.

Resulta preocupante que tras la presentación del informe, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresara su rechazo a la aseveración del relator sobre el carácter generalizado de la práctica de la tortura en el país sin que ofreciera evidencias que sostuvieran una explicación verosímil que contrastara lo afirmado en el informe.

Por el contrario, las cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de la Procuraduría General de la República demuestran que en efecto, la situación es alarmante.

En ambos casos, las quejas o averiguaciones previas abiertas relacionadas con hechos de tortura reflejan un aumento importante.

Sin embargo, lejos de aceptar la recomendación de aceptar las dimensiones del problema, el gobierno de Enrique Peña Nieto, en voz del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Juan Manuel Gómez Robledo, descalificó el trabajo del relator sobre tortura de la ONU, calificando su actuación “irresponsable, poco ética y sin sustento”, por afirmar que en todo México se experimentan casos de tortura.

Dicha afirmación fue realizada en una sesión de trabajo con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, en donde agregó que “por algún tiempo” dejarán de trabajar con el relator.

Estas temerarias acusaciones fueron respaldadas por José Antonio Meade, secretario de Relaciones Exteriores, quien ha manifestado públicamente su molestia con el relator especial, Juan Méndez, por el informe presentado, afirmando que “suscribe todos y cada uno” de los términos empleados por Gómez Robledo.

No es esta la primera vez que el gobierno de Peña Nieto rechaza las recomendaciones o investigaciones de prestigiosos y reconocidos entes del ámbito internacional en materia de derechos humanos.

Tan solo hace unos meses, el ex procurador Jesús Murillo Karam rechazó las investigaciones y recomendaciones realizadas por el equipo argentino de antropología forense, en torno a los hechos ocurridos hace seis meses en Iguala, Guerrero, que resultaran en la desaparición forzada de 43 estudiantes.

Respecto a lo que fue acreditado en el informe del relator respecto a la tortura en nuestro país, las recomendaciones coinciden plenamente con aquellas que fueron emitidas por el Comité de Desaparición Forzada en febrero de 2015, las surgidas del Examen Periódico Universal de 2013, así como las emitidas por el Comité Contra la Tortura en 2012.

Es grave que el gobierno federal dé poca credibilidad a esta información, pues no es posible erradicar la práctica de la tortura si las autoridades a quienes corresponde esta tarea se niegan a admitir la gravedad y las dimensiones de los casos que ocurren a nivel nacional.

Nuevamente nos enfrentamos ante una situación en la que un gobierno ineficiente rechaza lo que a nivel internacional es evidente e ineludible: En México no se respetan los derechos humanos y el gobierno federal está dispuesto a desacreditar a cualquier institución, antes que aceptar que hoy en día, la situación social, política y económica de nuestro país es tan inestable que ha llevado al 57% de la población a rechazar la gestión de Enrique Peña Nieto.



Fuente: http://lasillarota.com

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