INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 402, 403, 405, 406, 407, 409,   411 y 412 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

Los proponentes RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 402, 403,  405, 406, 407, 409, 411 y 412 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor del siguiente:

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según el diccionario de la Real Academia, electoral es “todo lo que guarda relación con la elección, entendiéndose por esta la acción y efecto de elegir, palabra que deriva del latín eligiere que quiere decir escoger o preferir a una persona, objeto o idea para un fin”.

El derecho electoral es aquella rama del derecho constitucional que, confiere un alto grado de autonomía por regular los procesos a través de los cuales la sociedad como entidad colectiva constituida en electorado, procede a la unificación de los órganos del Estado, a la sustitución periódica de sus titulares, así como aquellos procesos en que el mismo electorado interviene en la función legislativa o en la definición de una cuestión crítica de política nacional por medio de diversos procesos tales como: la iniciativa, el referéndum o el plebiscito, según sea el caso.

El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; esto es, el voto es universal, se expresa en forma individual, de manera libre, secreta y directa.

Así, acciones que vulneran el ejercicio del sufragio pueden constituirse en delitos electorales.

Datos remotos de los que hoy en día se entienden como delitos electorales, hay antecedentes tanto en la cultura griega y romana. En las polis griegas, aquellas conductas que lesionaban los derechos de los ciudadanos, como votar dos veces, comprar o vender el voto, eran merecedores de castigos sumamente severos, incluso podían  ser acreedores a la pena de muerte.

Una de las funciones primigenias del derecho penal electoral, y cuya finalidad es la de preservar los valores e intereses que resguarda y ampara cada delito en particular; por lo tanto, el objeto de tutelar será el de garantizar la transparencia, la legalidad y el pleno ejercicio de la libertad para todos los que intervienen en un proceso electoral. El derecho penal electoral es la ultima ratio y a través de sus procedimientos distintos tiene como objeto que todo aquel que participe en la contienda electoral ya sean: votantes,  candidatos, funcionarios de casilla, servidores públicos y funcionarios electorales  tengan conductas que fortalezcan los procesos comiciales en cuanto a los principios y valores que deben rodear toda elección con el fin de salvaguardar, la soberanía de la nación.

Los delitos electorales son aquellas conductas que refieren y penaliza el Código Penal Federal, por lesionar o poner en riesgo la función electoral específicamente el sufragio en cualquiera de sus circunstancias ya sea esta la elección de Presidente de la República, de Diputados Federales o Estatales al Congreso de la Unión.

Sanciona aquellos actos con la característica de ilícitos, siendo estos en forma de omisión y por otro lado en forma de ejecución, sancionados y señalados previamente por la ley penal.

La finalidad del Derecho Penal Electoral es preservar, los valores e intereses que protege cada delito en particular, por lo tanto el objeto que tutela será garantizar la transparencia, legalidad y ejercicio de la libertad para todos los que intervienen en el proceso electoral.

El Delito Electoral debe entenderse como aquel acto que viola una norma electoral y quién lo lleva a cabo se hace acreedor a una sanción previamente estipulada y sancionada por la ley.

Desafortunadamente, para nuestro sistema democrático, la comisión de delitos electorales ha proliferado sin que al final, se castiguen y con ello se ponga un alto a la impunidad.

Es predecible que, si el Estado mexicano no actúa en la dirección correcta en las décadas por venir frente a los comicios electorales, este problema se agravará como ha ocurrido en otros temas. Por eso el objeto medular de las políticas de seguridad pública y procuración de justicia de esta iniciativa es amparar una permanente y constante lucha en contra de las conductas delictivas, a fin de garantizar el amplio marco de libertades conquistado a lo largo de nuestra historia por todas y todos los mexicanos.

Si bien he cierto que se han realizado transformaciones inéditas, en materia electoral, estos cambios no garantizan los requisitos que exige la gobernabilidad y buen desempeño de la jornada electoral.

Por ello creemos, que endurecer las penas, pueden contribuir a inhibir los delitos, y a tener sanciones más severas que desincentiven la realización de conductas antisociales en materia electoral. 

ARGUMENTACIÓN

El Estado de Derecho es el régimen jurídico político que se caracteriza por la plena vigencia del imperio de la Ley; concepto que se positiviza cuando las reglas que definen las acciones permitidas y prohibitivas no son decisiones arbitrarias de un individuo, sino que toma la forma de leyes que disciplinan a todos los gobernados independientemente de su poder o estatus. El imperio de la Ley es la materialización plena de los siguientes requisitos:

1) ninguna orden extralegal es obligatoria;

2) las acciones del gobierno y de sus funciones deben estar sujetas a la regulación de reglas generales y públicas;

3) el sistema legal debe cumplir con el requisito de generalidad;

5)  el sistema legal debe cumplir el requisito de regularidad;

6) el sistema legal debe ofrecer procedimientos justos y ordenados para la resolución de casos; y

7) las acciones que el imperio de la ley exige o prohíbe deben tener una forma que permita a las personas razonablemente cumplirlas o evitarlas.

Los fenómenos políticos electoraleses aquella disciplina en que el origen tiene elementos configurativos, y evolución de todas aquellas instituciones y actividades relacionadas con el ejercicio ciudadano tendientes de renovar de forma periódicamente a los titulares de algunos órganos de gobierno.

Clasificación de los delitos electorales:

A)  En función de su gravedad:

Las conductas deben ser consideradas como delitos; puesto que son sancionados por la autoridad judicial y afecta los principios consagrados por el orden jurídico.

B)  Por la conducta del agente:

Es decir delitos cometidos por un particular sean estos en específico ya sea por: ministros de culto, por funcionarios de partido o candidatos, por servidores públicos; así cómo, en materia de Registro Nacional de Ciudadanos; es admisible únicamente la conducta activa del agente.

C)  Por el resultado:

Los delitos electorales pueden incluirse en la categoría de los delitos de resultado formal, o bien, de resultado material, dependiendo de las características y los elementos del tipo específico al que se haga alusión.

En general, en Movimiento Ciudadano consideramos que los delitos Electorales pueden situarse tanto en los delitos de categoría de lesión, como de peligro; siendo el primer caso, de daño, cuando la conducta ilícita consigue alterar el proceso comicial, y su resultado; y de peligro, cuando el delito solo pone en riesgo la normalidad o eficiencia del proceso electoral.

Por ello se pone en riesgo la soberanía de la Nación, de ahí que entre los desafíos que implica revertir este déficit de gobernabilidad y transitar hacia una verdadera gobernabilidad democrática, depende en gran medida, de hacer frente y sancionar todos aquellos actos y actores que vulneran y pongan en peligro la elección y el adecuado desempeño de las funciones antes, durante y posterior a la jornada electoral.

El sistema político mexicano experimenta una redefinición de forma estructural, funcional y de cultura política, como lo podemos constatar con las diversas reformas del año de 2008, entre ellas a nuestro sistema penal, en el que se incluye el nuevo sistema oral.

Los cambios deben ser enfocados hacia la construcción de un nuevo sistema penal electoral con el ánimo de garantizar la equidad en la contienda electoral tan deteriorada hasta ahora.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 402, 403, 405, 406, 407, 409, 411 y 412 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL,  al tenor de la siguiente.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 402, 403,  405, 406, 407, 409, 411 y 412 del Código Penal Federal.

Artículo 402.- Por la comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en el presente Capítulo se podrá imponer además de la pena señalada, la inhabilitación de cinco a diez años, y en su caso, la destitución del cargo.

Artículo 403.- Se impondrán de cuatrocientos a quinientos días multa y prisión de cinco a diez años, a quien:

I. – Xlll …

Artículo 405.- Se impondrá de quinientos a ochocientos días multa y prisión de diez a quince años, al funcionario electoral que:

I.- XI. …

Artículo 406.- Se impondrán de quinientos a ochocientos días multa y prisión de diez a quince años, al funcionario partidista o al candidato que:

I. – VI .  ..

Vll. Obtenga  y utilice a sabiendas y en su calidad de candidato, fondos provenientes de actividades ilícitas o recursos gubernamentales para su campaña electoral. 

Artículo 407.- Se impondrán de trescientos a seiscientos días multa y prisión de ocho a diez años, al servidor público que:

I – IV. ..

Artículo 409.- Se impondrán de trescientos a seiscientos días multa y prisión de ocho a nueve años, a quien:

I – II…

Artículo 411.- Se impondrá de trescientos a  seiscientos días multa y prisión de siete años a diez años, a quien por cualquier medioaltere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, de los listados nominales o en la expedición ilícita de credenciales para Votar.

Artículo 412.- Se impondrá prisión de nueve a diez años, al funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que, a sabiendas aproveche ilícitamente fondos, bienes oservicios en los términos de la fracción III del artículo 407 de este Código. En la comisión de este delito no habrá el beneficio de la libertad provisional.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Senado de la República, a  los  17  días del mes de Julio de 2013.