Los conflictos de interés y la enorme corrupción han sido parte importante del fracaso de reformas estructurales privatizadoras.

Durante la comparecencia del Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell y el Director de PEMEX, Emilio Lozoya abordamos la corrupción desenfrenada que está en curso con la reforma energética privatizadora basándonos en los casos irresueltos en México, la experiencia internacional y estudios de analistas e instituciones internacionales.

Los conflictos de interés y la enorme corrupción han sido parte importante de la causa del fracaso de las reformas estructurales privatizadoras del pasado que se impusieron sin discusión democrática y que fracasaron rotundamente.

Un estudio del Banco Mundial intitulado “las trampas de la desigualdad” presenta como una de sus conclusiones más importantes, que las reformas privatizadoras de la última década del siglo XX llevadas a cabo por el gobierno de México, no produjeron los efectos esperados de mejorar el desempeño económico del país.
En ese estudio, el Banco Mundial determinócomo el resultado más fundamental y relevante: “Que más de la mitad del crecimiento de las fortunas actuales en el país, provino de la privatización”. Una privatización que fue impulsada por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que ha continuado con todos los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN.

Este trabajo de investigadores independientes del Banco Mundial se compagina con otro intitulado “Exporting Corruption Privatization, Multinationals and Bribery”, cuya autora es Sue Hawle una prestigiosa investigadora en temas de corrupción y procesos de privatización, el estudio concluyóque “el crecimiento de la corrupción en el mundo había sido consecuencia de los acelerados procesos de privatización de empresas públicas, asícomo de las reformas impulsadas por el Consenso de Washington, el Banco Mundial, el FMI y las empresas trasnacionales para reducir el tamaño del Estado en la economía”; reformas que por otra parte, los gobiernos neoliberales ejecutaron con mucha rapidez”.

Finalmente un balance de los resultados de la forma en que se han aplicado procesos acelerados de privatización sin establecer límites a los conflictos de interés, es presentado en el documentado libro de Hunter Lewis (académico y columnista de Financial Times, Washington Post y New York Times), en el que se concluye que las políticas privatizadoras poco cuidadosas y con claros conflictos de interés han significado estancamiento económico, y beneficios reducidos a la población y en contrapartida se ha enriquecido una minoría privilegiada.

Estos trabajos confirman, la investigación de Thomas Picketty (El capital en el siglo XXI) que con amplia evidencia empírica revela que el crecimiento desmesurado del capital bajo los esquemas de desregulación, privatización y desmantelamiento del Estado, conducen a una rampante desigualdad, en la que el capital crece 4 veces más que el crecimiento de la economía.

Estas lecciones de la historia, fueron dramáticamente olvidadas por quienes impulsaron en nuestro país, una reforma energética acelerada de tintes claramente privatizadores, y sin establecer un sistema legal, que erradique los conflictos de interés de quienes regularán la industria petrolera y de quienes se beneficiarán de las reformas privatizadoras.

El resultado de la reforma energética seráun prolongado estancamiento o cuando más un raquítico crecimiento de la economía por debajo de su potencial, que no resolverálos rezagos sociales y económicos acumulados en el país.

La reforma energética no fue acompañada de procesos cuidadosos, ni se establecieron candados orientados a potenciar el mercado doméstico, ni a incentivar una robusta empresa privada, basada en el dinamismo de la pequeña y mediana empresa que pudiera detonar el empleo.

Sin ir muy lejos, disponemos ya de los resultados de una reforma energética similar a la que se acaba de aprobar en México, la de Colombia. Después de 11 años de aplicada dicha reforma y con un diseño muy parecido a la de México, los resultados más importantes (que prefiguran con razonable certeza lo que ocurriráen nuestro país de acuerdo a los términos con que se aprobóla reforma energética secundaria) son los siguientes:

El Estado colombiano se apropia efectivamente solamente del 43% de la renta neta petrolera, un porcentaje por debajo de la meta establecida en la Reforma energética colombiana que era de 56%. Esto se debe sin duda a que las empresas privadas inflan los costos de producción, y se renegocian los contratos petroleros en favor de los intereses de las compañías petroleras privadas.

Una segunda conclusión de la experiencia de la reforma petrolera colombiana, es que al cabo de más de una década, el crecimiento de los egresos corrientes asociados con las actividades petroleras excedióel crecimiento de los ingresos por las exportaciones. Es decir, en el largo plazo haya más salidas de capitales que entradas en este sector petrolero de la economía de Colombia.

En Colombia el sector productor de petróleo y gas es altamente intensivo en capital de acuerdo con la evidencia existente, como no se pusieron requisitos de contenido nacional, la generación de empleo fue prácticamente de cero, tanto directo como indirecto.
Impacto macroeconómico. Son mínimos los encadenamientos directos que trajo la reforma energética colombiana (muy parecida a la que se aprobóen México). Al cabo de doce años de instrumentada la reforma en Colombia, el sector tiene una relativamente reducida capacidad de afectar la dinámica de la economía por medio de su demanda intermedia directa. Por lo tanto, las compras intermedias que realiza el Sector Petrolero y de Gas a los diferentes sectores económicos fue reducida en relación a la producción total de dichos sectores. El sector petrolero colombiano tiene una reducida capacidad de afectar la dinámica de la economía por medio de su demanda intermedia directa hacia el resto de sectores.

Si sumamos la corrupción de las privatizaciones, los catastróficos resultados de una experiencia privatizadora similar como la colombiana, a los nuevos nombramientos de quienes integrarán los órganos reguladores del sector energético, los Consejos de Administración de Pemex, de la CFE y el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo se puede vislumbrar el saqueo por venir.

La amplia mayoría cuentan con un perfil pro privatizador o una currícula que los vincula al PRI, al PAN o a empresas nacionales y trasnacionales que serían las beneficiarias con la reforma energética privatizadora aprobada por el PRI y el PAN.

Para los Órganos Reguladores Coordinados (Subordinados), estarían integrados por personajes dóciles y “cómodos”, se anula por completo la necesaria preeminencia del interés general por encima de los intereses empresariales o partidistas. De este modo se desecha la visión de un Estado rector en el sector energético que garantice la seguridad a largo plazo para este sector estratégico del país. Por el contrario, se optó por una visión mercantilista, adversa hacia todo lo público, con el fin de favorecer a las empresas transnacionales y pareciera que lo que afirmamos en las discusiones de las leyes secundarias en materia energética, en el sentido que el objetivo final es liquidar a Pemex y CFE.

Un caso a destacar es el de Luis Téllez Kuenzler, quien fue ratificado para ser parte del comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo, ex secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Calderón, actual presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y simultáneamente miembro de la junta de directores de Sempra Energy, compañía multinacional con sede en California y que tiene participación en la empresas filiales de PEMEX, que actualmente está desarrollando proyectos para el servicio de transporte de gas.

El artículo 9 de la Ley del Fondo, en su fracción séptima, pide que los consejeros no hayan sido “accionista, socio o dueño, funcionario, directivo, representante legal o asesor importante de cualquier asignatario o contratista, en los dos años anteriores a su nombramiento”, mientras que en su fracción sexta establece: “No ejercer un empleo, cargo o comisión simultáneo que le impida el adecuado ejercicio de su función de miembro independiente”.

Evidentemente en el caso de Luis Téllez como en el de varios más hay un evidente conflicto de interés en su futura gestión, no sólo porque Sempra tiene intereses en el sector energético sino porque como señala la fracción sexta del artículo citado, no deben ejercer un cargo o comisión simultáneamente que le impida el ejercicio de su función, y el hecho de ser Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores es totalmente le imposibilita para ser un miembro del comité técnico del fondo que habrá de tomar decisiones relevantes sobre miles de millones de dólares.

Téllez preside el órgano encargado de las transferencias bursátiles, donde hay una dosis enorme de especulación, y ahora Enrique Peña Nieto y su mayoría parlamentaria prianista le van a permitir especular con los recursos petroleros, y lo más grave no es responsable por sus excesos.

Al respecto y por ser una cláusula de impunidad como lo denunciamos en las discusiones de la reforma energética, me permito reproducir el artículo 25 de la Ley del Fondo

Mexicano del Petróleo:

“Artículo 25.- Los miembros del Comitéserán sujetos a responsabilidad en el ejercicio de sus funciones cuando causen un daño o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública Federal, en los términos del Título Quinto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Los miembros del Comiténo se considerarán responsables por daños y perjuicios, cuando se actualicen los supuestos siguientes:

Actúen conforme a sus facultades;

Tomen sus decisiones con base en la información disponible al momento de la decisión, y

Hayan seleccionado la alternativa más adecuada, a su leal saber y entender, o los efectos patrimoniales negativos no hayan sido previsibles; en ambos casos, con base en la información disponible al momento de la decisión.

En los procedimientos de responsabilidad que, en su caso, se lleven a cabo en contra de los miembros del Comité, seránecesario que se acredite el dolo o mala fe con que se condujeron para poder fincar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativa que corresponda”.

Esto significa que Luis Téllez no es servidor público según esta ley, y por ende no serásujeto de responsabilidad administrativa, pero además según el citado artículo 25 no seráresponsable de daños y perjuicios cuando haya seleccionado la alternativa más adecuada a su leal saber y entender. Vía libre para especular con los recursos petroleros de la nación.

Los nuevos consejeros de las empresas productivas del estado no sólo opinarían sino también aprobarían los informes de los titulares de las empresas, darían aval a los proyectos y decisiones estratégicas y darían su visto bueno a las políticas y procedimientos para la celebración de contratos y alianzas estratégicas con los particulares. La característica común de todos ellos es su subordinación a Enrique Peña Nieto e intereses de las trasnacionales o empresas mexicanas ligadas al sector energético.

Uno de los consejeros independientes de Pemex será Octavio Francisco Pastrana, quien fungió como “presidente de British Petroleum en varios países entre 1995 y 2007”.

El 21 de la Ley de Pemex acota que los consejeros no estén “supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos” cuestión que señalamos que Pastrana no tiene ya que trabajo directamente para esta transnacional y además tendrá acceso a información privilegiada de nuestra empresa ahora productiva.

En próximas entregas seguiré abundando sobre los excesos de estos nombramientos del Ejecutivo.

Publicación original: La Silla Rota