PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA APLIQUE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE GARANTIZAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES (FEPADE), SE CONDUZCAN BAJO LOS PRINCIPIOS DE HONESTIDAD, LEGALIDAD E IMPARCIALIDAD DE MANERA EFICAZ  Y EFICIENTE EN LA ATENCIÓN DE LOS DELITOS ELECTORALES.

 

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

El sistema político mexicano ha transitado de un régimen político históricamente hegemónico a un pluralismo partidista que no ha logrado consolidarse. Los intentos de restauración  autoritaria del viejo régimen siguen en marcha en detrimento de nuestra inacabada democracia.

 

 

Sin embargo en nuestra democracia aún en ciernes, se visualiza que  en los últimos años los procesos electorales han estado plagados de irregularidades que derivan en graves problemas de legitimidad, legalidad e ingobernabilidad que hacen imposible garantizar los derechos de los ciudadanos y desestabilizan la vida social, política y económica de nuestro país.

 

 

Contar con el personal capacitado, los instrumentos e instancias que permitan establecer y garantizar una cultura de legalidad e imparcialidad abonará a construir y consolidar un régimen político democrático, capaz de aminorar la desigualdad e inequidad en los procesos electorales que se celebran en este año.

 

 

El andamiaje de instituciones electorales que incluyen a las instancias encargadas de la organización del proceso electoral, las instancias judiciales para garantizar la justicia electoral y los derechos político electorales de la ciudadanía, así como las fiscalías para procurar justicia en casos de delitos electorales son las encargadas de dirigir su actuar bajo los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad de la función electoral.

 

Siendo la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) la encargada de garantizar la equidad, legalidad y transparencia de las elecciones federales y locales, en los casos que resultan de su competencia con el fin de garantizar la legalidad, equidad y transparencia de los procesos electorales; es menester dotarla de los recursos que  le permitan consumar su actuar bajos los principios antes descritos.

 

La Fiscalía debe actuar de manera imparcial ante la atención de delitos electorales, sancionando y persiguiendo no importando la investidura de quien o quienes hayan cometido  algún delito en materia electoral, sin embargo la autoridad electoral es totalmente omisa al respecto del cauce y resolución ya que es de destacar que dicha fiscalía recibe denuncias, pero sólo inicia averiguaciones previas en  1.43% de los casos  y a penas el 0.2% de las denuncias registra detenciones.

 

Por lo tanto dichas conductas además de conculcar el principio de equidad, provocaron lesión a los principios de certeza y equidad propios de la función y ejercicio electoral, afectando la imparcialidad y ética que debe estar presente en las próximas elecciones.

 

De tal modo las autoridades deben dar certeza y demostrar que en el ámbito de su proceder cuentan con servidores públicos regidos por principios  éticos e imparciales, que son vistos dependiendo de su actuar como  agentes  generadores de confianza  ó como  punto de ignición para desatar un clima de inseguridad, inestabilidad y  frustración para la ciudadanía; llegando a extremos en los que la sociedad en general podría castigar por propia mano los delitos que no se atiendan de manera correcta por las autoridades competentes.

 

Es de hacer notar que ante la fuerte actividad por los comicios  electorales habrán de  celebrarse en este año, como en los casos de los estados de: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, que representan casi la mitad del país y que acudirán de nueva cuenta a las urnas para elegir, el próximo 7 de julio, diversos cargos de elección popular; es que surge la imperiosa necesidad de contar con servidores públicos honestos capaces de perseguir y sancionar los delitos electorales y con ello erradicar la ola de violencia que azota a nuestro país.

 

 

 

Es responsabilidad de esta soberanía velar por el correcto funcionamiento de las instituciones, y en ese sentido estar atentos a que cumplan con las atribuciones que le han sido conferidas.

 

En razón de lo antes expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición

 

PUNTO DE ACUERDO

 

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta Exhorta a la Procuraduría General de la República aplique las medidas necesarias para que los servidores públicos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), se conduzcan bajo los principios de honestidad, legalidad e imparcialidad de manera eficaz  y eficiente en la atención y persecución de los delitos electorales.

 

 

Dado en el Senado de la República a los 25 días del mes de junio de 2013.