PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A REVISAR LAS ACCIONES Y PROGRAMAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN A EMPRENDER PROGRAMAS Y POLÍTICAS DIRIGIDAS A GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PLENA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS MIGRANTES QUE TRANSITAN POR EL PAÍS.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las principales problemáticas que enfrentan las personas migrantes es la falta de seguridad en su, ya de por sí, peligroso recorrido rumbo al sueño americano; ante ello resulta evidente la creciente ola de violencia en contra de las personas migrantes en su paso por México.

Existe innumerable cantidad de historias que relatan la situación de las personas migrantes que transitan a bordo del tren conocido como “La bestia”, hace algunas semanas dos mujeres centroamericanas fueron baleadas, entre la estación Pakal-Nah y Salto de Agua en el estado de Chiapas, por negarse a pagar la cuota que se les exigía por parte de un comando armado que controla esa región; al igual que ellas un migrante de origen salvadoreño recibió cinco balazos por intentar bajar del tren a dos niños que se reusaron a pagar la cuota; ni qué decir de lo ocurrido con el grupo de centroamericanos que, en Cosoleacaque, Veracruz, fueron arrojados o por propia voluntad saltaron hacia las vías, ante el temor de ser asesinados por un grupo armado que tomó por asalto el tren.

Para dar algunos ejemplos, en marzo pasado, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron rescatadas 104 personas migrantes de origen centroamericano; mientras que en días recientes la Secretaría de Gobernación dio a conocer que, tras una denuncia anónima, fueron rescatadas 165 personas que estaban retenidas, en una casa de seguridad en el municipio Díaz Ordaz en el estado de Tamaulipas, donde se les encontró atadas y en un completo estado de insalubridad.

Entre ellas, 77 eran de origen salvadoreño, 50 guatemalteco, 23 provenientes de Honduras, una de la India y 14 connacionales; de las cuales 22 eran menores de edad y había dos mujeres embarazadas; quienes buscaban llegar a Estados Unidos y habían pagado a los llamados polleros para que les brindaran la ayuda requerida.

Aunado a ello, en días pasados, se presentó un nuevo caso en el que, por medio de un operativo, elementos de la Policía Federal y personal del Instituto Nacional de Migración rescataron a 58 personas provenientes de Guatemala, El Salvador y la India, quienes se encontraban cautivas en una casa en el municipio de Nogales, Sonora; entre ellas tres menores de edad.

Si bien, México ya cuenta con una Ley de Migración, así como acciones y programas que buscan mejorar las condiciones de las personas migrantes en el país; está documentado que existen abusos y malos tratos por parte de las autoridades migratorias; lo cual desemboca en la violación permanente de los derechos humanos tanto de extranjeros como de connacionales.

En este sentido, cabe destacar que el Instituto Nacional de Migración ha dado a conocer mediante un comunicado de prensa, que se reforzaría el Programa Paisano, en colaboración con los tres órdenes de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, lo cual pretende ser “una estrategia integral de protección a los mexicanos que retornan a nuestro país”, también existe una preocupación latente para quienes, provenientes de otros países, transitan por México resistiendo adversidades como el crimen organizado, los grupos relacionados al narcotráfico; trata de personas y violencia sexual principalmente de mujeres y niñas, extorsiones; entre muchas otras, que hacen de su paso un tormentoso camino plagado de violaciones a los derechos humanos.

Recordemos el lamentable caso que se presentó en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en donde 72 migrantes fueron asesinados en 2010 y sus cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas; revelando así la gravedad de la situación de las personas migrantes en el país, aunado al número de personas plagiadas ya que tan sólo en el estado se han rescatado a 696 migrantes en los últimos tres años, y en donde según información de la Procuraduría General de la República (PGR), se contabilizó de 2006 a 2001, 687 averiguaciones por el delito de secuestro a migrantes, de las cuales 392 corresponden al estado de Tamaulipas.

Datos de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) señalan que, junto con Tamaulipas, los estados que presentan el mayor número de secuestros a personas migrantes son Veracruz, Tabasco, Nuevo León, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Durango y Coahuila.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013, expresa que “las personas migrantes, se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad. México al ser país de origen, tránsito y destino presenta una problemática que repercute en agravio de los migrantes, quienes son objeto de las conductas delictivas de más alto impacto que se presentan en una sociedad: secuestro, trata de personas, violencia y comercio sexual y pornografía infantil.” Dentro de las propuestas que hace la CNDH, se encuentran:

a.  COORDINACIÓN. Implementar, monitorear y evaluar políticas públicas en coordinación con los interlocutores sociales y la sociedad civil para una adecuada gestión de las migraciones.

b. COOPERACIÓN. Fortalecer mecanismos de cooperación internacional partiendo del principio de responsabilidad compartida, a fin de fomentar la migración legal, segura y ordenada, y poder reducir la migración irregular.

c. PROTECCIÓN. Implementar programas de prevención y atención específica a las personas migrantes víctimas del delito, para evitar el secuestro y otros delitos conexos.

Con base en lo expresado por Fernando Batista Jiménez, quinto visitador general de la CNDH, “De acuerdo a las quejas que la CNDH ha recibido de los migrantes, los principales derechos vulnerados son a la seguridad jurídica, al trato digno, a la integridad y seguridad personal, a la legalidad y a la libertad.”

Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha emitido una serie de recomendaciones derivadas de la visita de personal del organismo a México, ante la situación migrante en el país; entre ellas se encuentran: garantizar de manera inmediata la vida y la integridad personal de los migrantes en territorio mexicano mediante acciones concretas que faciliten el tránsito seguro de todos los habitantes; facilitar medios de transporte seguros y adecuar los existentes para que cumplan con condiciones mínimas de seguridad; garantizar la seguridad en todas las terminales de transporte y albergues para migrantes; establecer protocolos, en consulta con la sociedad civil, en relación con el manejo y la identificación de los cadáveres y  cuerpos sin vida hallados; entre otras relacionadas a garantizar el pleno disfrute de derechos y seguridad humana bajo los criterios señalados en los estándares internacionales.

De esta manera, resulta urgente que se lleve a cabo una política bajo la dirección del Instituto Nacional de Migración que, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, garantice la seguridad de las personas migrantes que transitan en el país, sobre todo ante la situación que desde hace un par de años ha golpeado a México; no podemos reclamar un trato digno a nuestros paisanos, mientras aquí se cometen abusos y violaciones a los derechos humanos de los migrantes que se internan en nuestro país, en dicho tenor, presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a revisar las acciones y programas del Instituto Nacional de Migración dirigidas a promover y respetar los Derechos Humanos, así como garantizar la plena seguridad de las personas migrantes que transitan por el país.