PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE EN COORDINACIÓN CON LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO,  INVESTIGUEN Y ESCLAREZCAN CON PRONTITUD LA DESAPARICIÓN DE LINDA KARENT LÓPEZ ARIAS Y  DAVID GONZÁLEZ ARROYO.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila,  integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como función intrínseca del Estado y como mandato de origen constitucional, el gobierno mexicano está obligado a respetar, proteger, garantizar y promover el derecho a la integridad, a la libertad y a la seguridad de las personas.

Lo cierto es que desde 2006 el Estado mexicano no sólo ha sido incapaz de controlar a las poderosas organizaciones delictivas que operan en el país, sino que en el fallido combate contra el crimen organizado, miembros de las fuerzas de seguridad pública han incurrido en  graves violaciones de derechos humanos.

En febrero de 2013, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Lía Limón publicó extractos de una base de datos de personas registradas como desaparecidas en las procuradurías generales de justicia de los 32 estados y del Distrito Federal, así como en la Procuraduría General de la República entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012[1].

La información publicada, contiene el registro de 26 mil 121 personas desaparecidas, sin embargo, hay que señalar que dicho registro no sólo incluye personas a las que se presume se llevaron a la fuerza, sino también personas extraviadas o no localizadas, es decir, personas que quizá se hayan ausentado voluntariamente de sus hogares o que no recuerdan su identidad ni domicilio.

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas tampoco contempla los casos de desapariciones forzadas documentados por organizaciones locales e internacionales de derechos humanos, por ejemplo, Human Rights Watch ha documentado más de 140 casos desde 2007,  en las cuales participaron actores estatales en forma directa, o indirectamente mediante su colaboración o anuencia.[2]

Sin embargo, aunque el registro del Gobierno Federal  no ofrece un panorama terminado de los casos, sí confirma una constante sistemática de desapariciones forzadas, que las autoridades en distintos órdenes han pasado por alto y en donde no se adoptaron medidas pertinentes ni exhaustivas para buscar  el paradero de las víctimas o los hechos que condujeron a su desaparición.

El registro demuestra la lastimera metodología y la falta de  procedimientos claros para recabar datos fiables en la materia; estas deficiencias por parte de las autoridades encargadas de la política de seguridad pública, han socavado la naturaleza y dimensión de las desapariciones en el país, así como han velado la posibilidad de localizar e identificar a las víctimas. Ante dicho contexto, Human Rights Watch afirma:

“Durante los años en que el gobierno de Calderón ignoró el creciente problema de las desapariciones, el país no adoptó medidas serias para abordarlo. Esto dio lugar a la crisis más profunda en materia de desapariciones que se haya producido en América Latina en las últimas décadas. Si el gobierno de Peña Nieto repite esta estrategia fallida y no establece un plan integral y efectivo para investigar desapariciones ocurridas en el pasado y ayudar a prevenirlas en el futuro, los casos de desapariciones muy probablemente continuarán en ascenso. Y miles de familias de víctimas seguirán sumidas en la desesperación de no saber qué les sucedió a sus seres queridos.”[3]

Cuando Enrique Peña Nieto asumió la presidencia el 1° de diciembre de 2012, prometió resolver la crisis de seguridad que ha desangrado al país y que hasta el momento,  ha costado la vida a cerca de 100,000 mexicanos a lo largo de los últimos años[4].

Sin embargo, ha iniciado el segundo semestre de su primer año de gobierno, y la estrategia de seguridad pública permanece desdibujada y no sólo eso, hasta el momento, no hay visos claros que indiquen un compromiso verdadero con la obligación irrenunciable de asegurar que se resuelvan y reparen las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas  tanto por funcionarios como por miembros del crimen organizado.

Y para muestra un botón de los miles de casos,  que no dejan duda sobre la magnitud sin precedentes de la actual ola de desapariciones.

El pasado 10 de agosto Linda Karent López Arias, trabajadora de la Secretaría de Educación Pública (SEP)  de 27 años y David González Arroyo, comerciante de 32 años de edad, presuntamente desaparecieron  en el trayecto de municipio de Arcelia, Guerrero hacia  el Distrito Federal.[5]

El lunes 12 de agosto Karent y David no se presentaron  a sus respectivos lugares de trabajo, por tanto los familiares de ambos procedieron de  inmediato a su búsqueda.

El martes 13 de agosto,  los familiares de Karent, levantaron la denuncia AYO/2606/2013 ante el Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes de la  Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.

Posteriormente los familiares de González Arroyo notificaron  que éste tenía planeado dirigirse a Arcelia para luego trasladarse a Iguala, ambos municipios de Tierra Caliente en Guerrero, una de las regiones de alta incidencia delictiva en el país. Tras esta información, la familia de Karent se trasladó a Iguala, donde no había rastros de ninguno de los dos jóvenes.

El martes 20 de agosto, Nallely López Arias, hermana de la víctima,  levantó el reporte con número 8616 en la  Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos; no obstante aún no hay rastros que indiquen el paradero de la joven.

De acuerdo con el informe “Enfrentarse a una pesadilla: la desaparición de personas en México” de Amnistía Internacional,  los familiares que buscan a sus seres queridos hacen “recorridos dependencia tras dependencia”, donde se enfrentan a un “sinfín de organismos e instituciones –tales como: las corporaciones policíacas en  los tres ámbitos de gobierno; las Procuradurías especializadas en delincuencia organizada, ejército, fuerza naval, militares, tanto estatales y federales; Comisiones Nacional y Estatales de Derechos Humanos”[6] para intentar que las autoridades intervengan, y donde con frecuencia “no está claro quién tiene responsabilidad y autoridad,  los casos pasan de unas manos a otras, sin que haya un reconocimiento explícito de asegurar investigaciones oportunas y eficaces”[7]

Los esfuerzos infructuosos o inexistentes realizados por algunas autoridades para encontrar a las personas que fueron sustraídas, ahondan el sufrimiento de los familiares, por ello, nos unimos  a las exigencias de los familiares de las víctimas, para quienes no saber qué les sucedió a sus seres queridos les provoca una desesperación latente; por ello y por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos a esta asamblea la siguiente proposición, con

PUNTO DE ACUERDO

Primero.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero,  agilicen las investigaciones en torno a la desaparición de Linda Karent López Arias y  David González Arroyo.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a fin de ejercer la facultad de atracción referida en la fracción XXI del artículo 73 constitucional y el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales y atraiga la averiguación previa penal iniciada con motivo del caso de Linda Karent López Arias y  David González Arroyo, desaparecidos en días recientes.

Dado en el Senado de la República a los 28  días del mes de agosto de 2013.

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA



[1], ‘Segob reporta 26 mil 121 personas “no localizadas” en México’, [en línea], Animal Político, 27 de Febrero de 2013, Dirección URL: http://www.animalpolitico.com/2013/02/segob-reporta-26-mil-121-desaparecidos-en-mexico/

[2] Human Rights Watch, “Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada”, [en línea], Febrero 2013, p. 1, Dirección URL: http://www.hrw.org/es

[3] Ibíd., p. 3.

[4] Amnesty International: “Enfrentarse a una pesadilla: la desaparición de personas en México” de Amnistía Internacional”, Amnesty International , junio de 2013, p. 2.

[5] La Jornada, “Desaparecen empleada de la SEP y acompañante en viaje a Guerrero”, [en línea], México, 18 de Agosto de 2013, Dirección URL: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/08/18/151816609-desaparecen-empleada-de-la-sep-y-acompanante-en-viaje-a-guerrero

[6] Amnesty International, Op. Cit.,  p. 13.

[7] Idem.