Posicionamiento del Diputado Ricardo Mejía Berdeja sobre la Seguridad Pública de Michoacán

México es un estado enfermo y sus patologías son de diferente naturaleza, las hay de carácter social, económico y político; vivimos graves problemas de gobernabilidad, cohesión social y armonía comunitaria.

Estos problemas se acrecentan en un entorno de recesión económica inocultable y de falta de empleo y horizontes para millones de jóvenes.

La más grave enfermedad de la República es que se encuentra corroída por el cáncer del crimen organizado enquistado en la estructuras de poder.

Este cáncer amenaza con colapsar al Estado.

La inseguridad es el principal desafío para la estabilidad y el fortalecimiento democrático.

La estrategia de combate al crimen organizado iniciada con Felipe Calderón y que continúa con Enrique Peña Nieto ha sido un reverendo fracaso. Como una gran ironía donde inició este modelo fallido es donde se vive el entorno más sanguinario.

En el país han crecido las extorsiones y los secuestros, y no disminuye la presencia ominosa de la delincuencia organizada.

Michoacán, para infortunio de ese gran estado, es la expresión más dramática de la putrefacción política y del surgimiento de un narco estado.

La debilidad estructural del gobierno ha permitido el involucramiento en las corporaciones policíacas por parte de la delincuencia organizada, que ha traído como resultado la inoperancia del estado mexicano para ejercer el control territorial en grandes territorios.

El deterioro político y la inseguridad en ascenso que vive el país no fue producto de generación espontánea o de una calamidad bíblica, tiene su origen en gran medida en la manera como se constituye el poder político, en la falta de legitimidad de los gobiernos.

A raíz del alto costo que implican las campañas electorales para arribar a cargos públicos debido a la falta de actuación de los órganos electorales y a la mercantilización de la política, quienes buscan arribar al poder han utilizado cada día más dinero ilegal y no tienen escrúpulos para utilizar recursos de los grupos de la delincuencia organizada.

Las consecuencias de ello están a la vista.

Cuando se pacta con el crimen, se reciben recursos ilegales y se compran los cargos públicos en colusión con la delincuencia o los poderes fácticos la autoridad se encuentra maniatada ante estos supra poderes.

Del cobro de facturas pasan a las amenazas y de ahí a los actos criminales y terroristas.

Al abrirle y facilitarles el camino a sus latrocinios acaban por hacer presa de su poder criminal comunidades, pueblos y ciudades.

En Michoacán, como en otros lugares, los grupos delincuenciales han creado un estado dentro del estado.

Han creado un estado criminal paralelo, para ello han sometido o cooptado a las policías con la complacencia, complicidad o impotencia de las autoridades. Cobran impuestos ilegales a través de las extorsiones y el llamado derecho de piso a los comerciantes.

El origen de nuestros males, reconozcamoslo, se encuentra en la ilegitimidad del acceso al poder.

No basta la fuerza del Estado para afianzar la gobernabilidad es imprescindible la autoridad moral de la autoridad federal, estatal o municipal.

No basta inundar las calles y carreteras de policías y soldados, cuando los cimientos del gobierno son endebles.

Los gobernantes que han surgido de estos procesos están, de entrada, sometidos a las presiones de quienes contribuyeron a colocarlos en las posiciones públicas.

Quien negocia con grupos criminales para abastecerse de recursos  económicos o amedrentar a sus adversarios termina sometido a ellos.

Cuantos gobernadores, alcaldes y aún legisladores no han recurrido al financiamiento ilícito de narcotraficantes o miembros de la delincuencia organizada, han negociado plazas, posiciones en los mandos policiacos, para financiar sus campañas y proyectos políticos.

Los más cínicos en su apetito de poder no vacilan incluso en negociar la misma plaza con grupos enfrentados.

A medida que el costo de la política se ha incrementado ha crecido la intervención nociva del crimen organizado en los niveles de gobierno.

México se encuentra sacudido por la pobreza, la polarización social y la corrupción.

La sombra de Michoacán permea en todo el territorio nacional, lo mismo en Matamoros, Tamaulipas, que en la laguna, que en diferentes partes de la nación.

Nuestras fuerzas armadas han salido de los cuarteles para asumir funciones policíacas ante el colapso de los aparatos de seguridad, y a pesar de su esfuerzo los resultados son desalentadores, el setenta por ciento de los mexicanos percibe que la inseguridad va en aumento.

El modelo policiaco – represivo ha fracasado.

Este gobierno no cumple con su función básica: garantizar la paz y la seguridad de la población.

Tampoco ayuda a recuperar la concordia social y la seguridad la República de Agravios en que han sometido al país con las reformas regresivas.

Trabajadores, maestros, campesinos, clases medias, habitantes fronterizos, empresarios han sido golpeados por estas decisiones, y al mismo tiempo han sido sometidos a campañas de linchamiento desde el aparato propagandístico del régimen.

Si no se construye desde abajo un nuevo modelo de coexistencia política y social la República terminará por derrumbarse.

Sin un cambio verdadero y un nuevo rumbo para la nación este país no podrá salir adelante.

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