La fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano concurre hoy a la instalación de esta legislatura en graves momentos para el Estado y para el país.

Somos la tercera fuerza electoral en la Entidad.

Representamos a los más de 115 mil guerrerenses que votaron por esta opción de cambio y la propuesta ciudadana honesta de Luis Walton.

Vamos a honrar el mandato ciudadano y a contribuir a la transformación con nuestra agenda progresista.

Seremos una oposición critica y propositiva.

El Poder Legislativo debe poner fin a la morosidad, la ineficiencia y el descrédito social.

Si queremos que se respete la función legislativa debemos comenzar por nuestra propia casa.
El Congreso requiere cirugía mayor en materia de transparencia, acceso a la información, modernización administrativa y de los procesos legislativos, para mejorar su desempeño y agilizar el acceso de la sociedad al conocimiento de la labor parlamentaria en todas sus facetas, incluyendo los aspectos financieros y presupuestales.

Contribuiremos a mejorar el marco jurídico estatal, a canalizar las diferencias por la vía institucional, a fiscalizar al poder y a transparentar la vida pública.

México y Guerrero viven momentos muy difíciles en materia de seguridad, justicia y rendición de cuentas.

Prevalece la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias en los poderes públicos federales y estatales. Los niveles de impunidad alcanzados y la infiltración de la delincuencia organizada en el ámbito gubernamental son alarmantes.

Guerrero es un reflejo magnificado de lo que pasa en la República.

Somos un estado precursor de la inconformidad social y promotor de las transformaciones sociales que requiere y reclama el país.

La crisis económica, la fallida estrategia de combate al crimen organizado y las reformas regresivas del Pacto por México han polarizado a la sociedad y sembrado la desesperanza.

Las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas en Iguala hace casi un año, enardecieron a la comunidad nacional e internacional, por la incalificable brutalidad en contra de los jóvenes de Ayotzinapa.

La incapacidad del Estado en su conjunto para brindar seguridad y justicia se exhibió como nunca antes.

Desde ahora proponemos, como parte de la agenda de este Congreso, las siguientes propuestas:

  • Discutir y aprobar la Ley estatal que crea la Comisión de la Verdad para la investigación de los asesinatos, la desaparición forzada de 43 normalistas y las violaciones a los derechos humanos durante los sucesos ocurridos a partir del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
  • Decreto por el que se declara el día 26 de septiembre como día de duelo para todo el estado de Guerrero con motivo de los asesinatos y las desapariciones forzadas, ocurridas en la ciudad de Iguala, debiendo izarse la bandera nacional a media asta.
  • Acuerdo Parlamentario por el que se nombra la Comisión para el Seguimiento de la Investigación del Caso Iguala.

Es innegable que las instituciones del Estado mexicano han perdido confiabilidad para conducir una investigación objetiva, profesional y exhaustiva para esclarecer la verdad de estos reprobables acontecimientos.

Las versiones urdidas desde la Procuraduría General de la República en torno al caso Ayotzinapa terminaron por derrumbarse.

La mentira de la incineración en Cocula, construida para salir al paso de la creciente presionnacional y mundial, fue precedida de varios hechos.

La cerrazón del Gobierno Federal para que los elementos del Ejército fueran debidamente investigados; el rechazo por parte del mismo gobierno a las declaraciones de Juan Méndez, Relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, quien afirmó que en México la tortura se da de manera generalizada; el rechazo e intento de desprestigio a la investigación y experiencia del Equipo Argentino de Antropología Forense que exhibió al menos 20 errores en las investigaciones de la PGR; la extinción anticipada de la Comisión Especial de Iguala – Ayotzinapa en la anterior legislatura de la Cámara de Diputados.

Demandamos una investigación conducida por un fiscal internacional con la coadyuvancia de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyas pesquisas las haga suyas el ministerio público para ejercitar la acción penal correspondiente.

Exijimos que el Estado mexicano cumpla con las responsabilidades que ha contraído a nivel internacional.
Los derechos humanos no tienen limites jurisdiccionales, la desaparición forzada no prescribe y es un crimen de lesa humanidad.

En materia de Derechos Humanos impulsaremos un marco jurídico que garantice su plena vigencia, acorde con las disposiciones nacionales más avanzadas y con los tratados internacionales.

Propondremos un conjunto de iniciativas para tipificar y sancionar en la legislación penal, de manera clara y precisa los delitos de tortura, trata de personas, desaparición forzada; así como una ley especializada en delitos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Movimiento Ciudadano no consentirá ni avalará la tipificación de delitos que atenten contra la libertad de expresión ni que legitimen la criminalización de la protesta.

Promoveremos el fortalecimiento institucional de los sistemas de seguridad y justicia comunitaria para fortalecer la gobernabilidad y la estabilidad social.

La revocación del mandato, es un elemento fundamental para fortalecer la democracia y el control ciudadano sobre el actuar del gobierno.

Con la revocación del mandato los gobernantes corruptos, negligentes o irresponsables son relevados por los ciudadanos. El que no cumple, se va.

Proponemos la Ley para la Revocación del Mandato para el Estado y los Municipios de Guerrero, reglamentaria de la fracción IX del artículo 128 de la Constitución Local.

Consideramos ineludible que se transparenten las finanzas estatales frente a la información confusa que ha surgido del actual gobierno estatal, en cuanto al déficit financiero, deuda pública y obligaciones gubernamentales, por esas razones insistiremos en que se realicen las auditorías necesarias ante la AGE y la propia Auditoría Superior de la Federación.

Señoras y señores de la mayoría parlamentaria:

La actual conformación del Congreso no es un cheque en blanco para la restauración caciquil ni para el retroceso político.

En esta hora crítica de Guerrero todos los actores políticos y sociales debemos actuar con la mayor responsabilidad sin que eso signifique claudicar en nuestras causas.

En una sociedad polarizada la tentación del mayoriteo, la imposición irracional y autoritaria de decisiones, es la peor alternativa para resolver la problemática social. Es el camino que ahondaría la división y el encono.

El Congreso del Estado no debe ser oficialía de partes del Gobernador, pero tampoco espacio para la obstrucción de sus propuestas.

Lo que sea bueno para Guerrero lo vamos a apoyar, lo que sea malo para Guerrero lo vamos a denunciar.

El Congreso tampoco puede marchar a los ritmos de las ocurrencias gubernamentales o agendas personalísimas como lo pretende el Gobernador actual, que primero anuncia las reformas y después pretende que sin reflexión ni debate se aprueben sus iniciativas.

Se debe legislar y construir las leyes de trascendencia mediante el trabajo consensado entre el ejecutivo y el legislativo, escuchando y tomando en cuenta en todo momento las propuestas ciudadanas.

No deben reproducir la lógica cupular y antidemocrática del Pacto por México que tanto daño le ha hecho al país.

De nada sirve imponer las leyes si no cuentan con el consenso social.

En la nueva realidad política de Guerrero solo la conciliación y la construcción de una agenda común podrá contribuir a resolver los graves problemas acumulados.