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PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE HIDALGO A LIBERAR A LOS PRESOS POLÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGÓN, Y RETIRAR CARGOS CONTRA INTEGRANTES DEL “MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD DE PROGRESO”, Y AL CONGRESO DEL ESTADO A RESOLVER A LA BREVEDAD EL PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO EN CONTRA DEL ALCALDE DE ESE MUNICIPIO, ALFREDO ZUÑIGA AVILÉS.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presente Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución conforme a la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde hace más de un año, en enero del 2012, en el municipio de Progreso de Obregón se vive una situación de ingobernabilidad al no poder sesionar el cabildo de manera ordinaria por conflictos políticos que no han sido atendidos y han ido escalando, al grado de haber ya detenidas cinco personas y perseguidas otros quince integrantes del “Movimiento por la dignidad de Progreso”, que por el tipo de delitos infundados que se les imputan, se pueden considerar presos y perseguidos políticos.

Esta situación en el municipio ha generado una prestación deficiente de los servicios y desarrollo de obras por parte del Ayuntamiento, así como la operación irregular de programas y presupuestos públicos, siendo la población de Progreso de Obregón los principales afectados ante la indiferencia del conflicto por parte del Gobierno y Congreso estatales.

El problema se generó a raíz del incumplimiento por parte del alcalde Alfredo Zúñiga Avilés, de programas aprobados por la mayoría del cabildo en el presupuesto municipal para el 2012, destinados a un plan de alimentación para beneficiar  permanentemente a 500 familias con hijos que cursan la educación básica, con problemas de alimentación.

Después de que el presidente municipal se opuso a la implementación de dicho programa y desconoció el presupuesto de egresos aprobado por mayoría en el cabildo, dejo de presentarse a las sesiones de cabildo, habiendo sido convocado en 20 ocasiones.

Se documenta además, que el alcalde continua en activo, laborando al frente de la Escuela Primaria de la SEP “La Patria es primero” en la Comunidad de Conejos del municipio de Atotonilco, Hidalgo. Situación irregular que aunada a su inasistencia a las sesiones del Ayuntamiento, éste decide por mayoría, el 30 de agosto del 2012, solicitar al Congreso del Estado de Hidalgo sancionar al alcalde por faltas graves a la ley orgánica municipal e iniciar procedimiento de juicio político en su contra, denuncia que fue ratificada el 3 de septiembre.

Posteriormente a la presentación de la denuncia de juicio político contra el alcalde, hay un enfrentamiento verbal en la calle entre el alcalde y regidores que interpusieron la denuncia, quienes se ven apoyados por ciudadanos que aprovechan para exigir al alcalde el cumplimiento de sus promesas de campaña, el alcalde se tiene que retirar del lugar.

A raíz de estos hechos se organiza el “Movimiento por la dignidad de Progreso” en el que participan tanto los regidores y síndico del municipio, como pobladores que están desesperados ante la inacción del gobierno municipal, y deciden como primer acción hacer una clausura simbólica del Palacio Municipal.

Estos dos hechos son usados por el Presidente Municipal, Zúñiga Avilés, para querellarse por el delito de secuestro agravado, y a través  del Secretario Municipal, inicia una denuncia por despojo agravado ante la Procuraduría de Justicia del Estado.

Pasaron los meses, sin que las denuncias en contra de los integrantes del Movimiento por la dignidad de progreso tuvieran efecto. Sin embargo, el detonante se da cuando, en la visita del gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera Ruíz, el 28 noviembre del 2012 al municipio de Mixquiahuala integrantes del “Movimiento por la dignidad de Progreso” se manifestaron para pedir la destitución del Alcalde Alfredo Zúñiga Avilés, pues seis días después de esa manifestación se giraron ordenes de aprehensión contra 20 de sus integrantes, por las denuncias puestas desde septiembre por el alcalde y su secretario, por secuestro y despojo agravado.

De las 20 órdenes de aprehensión que se giraron contra integrantes del “Movimiento por la Dignidad de Progreso” el 19 de diciembre se ejecutaron cinco ordenes de aprehensión, los quince restantes se encuentran prófugos, de ellos siete no estuvieron presentes en los hechos que denunció el presidente municipal, pero sí en la manifestación frente al Gobernador. Lo que es una evidencia de que se usa la procuración de justicia para un ajuste de cuentas político, y tanto las personas detenidas, como los prófugos deben considerarse presos y perseguidos políticos del gobierno del Estado de Hidalgo.

De acuerdo a definición de organismos internacionales de Derechos Humanos, un preso político o prisionero político es cualquier persona física al que se mantenga en la cárcel o detenido de otra forma, por ejemplo bajo arresto, porque sus ideas supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido, sea este de la naturaleza que sea. Muchos de los prisioneros considerados políticos por grupos activistas son calificados por los gobiernos a los que se oponen de “terroristas” o “subversivos“.

En consecuencia, rara vez una autoridad estatal admite la existencia de presos políticos; los críticos del gobierno aducen que los procedimientos legales empleados están solamente diseñados para ocultar la condición de preso político. Esto puede incluir la invención de cargos criminales, o la negativa de beneficios concedidos otros presos en situación semejante, así como la aplicación de poderes especiales, como el estado de excepción. En el caso de los detenidos del “Movimiento por la Dignidad de Progreso” es evidente la invención de cargos y la negativa a garantizar un proceso justo.

Además es de destacarse, que entre los hechos denunciados por el presidente municipal y la orden de aprehensión pasaron más de tres meses, nunca se les notificó del inicio del procedimiento en su contra y fueron detenidos con lujo de violencia siendo trasladados de manera directa al CERESO de Pachuca, Hidalgo, donde los jueces se declararon incompetentes de conocer el caso  y dictarles auto de formal prisión sin haber cumplido en término de las 72 horas, haciéndolo además al inicio del período vacacional de los juzgados, por lo que hasta enero se les dio entrada a los expedientes.

Al día de hoy, a más de cinco meses, están recluidos en el CERESO de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo, en el juzgado penal de primera instancia, sujetos a procedimiento judicial por las causas penales 5/2013 por delito de secuestro agravado, y 21/2013 por despojo agravado:

1.- Adrián Eslava Barrera

2.- José Luis Hernández Uranga

3.- Santos Ramírez Mendoza

4.- Martin Osorio Pérez

5.- Venancio Eusebio Zamorano

Todos estos hechos ocurridos en el Municipio de Progreso de Obregón, no pueden seguirse ignorando y pretendiendo que se opera con normalidad democrática. Es un hecho latente que existe un grave problema político desde hace más de un año, lo que tiene  a la población de ese municipio en la ingobernabilidad, sin que el Congreso de muestras de tomar cartas en el asunto para resolver el conflicto.

Además, es lamentable la situación a la que el gobierno del Estado de Hidalgo se ha prestado para usar la procuración e impartición de justicia con fines políticos, lo que lejos de resolver el problema añade elementos de incertidumbre y autoritarismo frente a un conflicto que en principio tuvo que tener una salida política, pero que ha sido llevada al extremo.

Hoy en día la población se encuentra enfrentada por esta situación, además de que, en los hechos, el Ayuntamiento no funciona desde que inicio el conflicto hace más de un año. Por lo que es una situación que no puede seguir esperando una solución, ya que los principales afectados son los pobladores de este municipio.

Ante esta situación que requiere de una solución pronta para devolver la normalidad democrática a los pobladores del municipio de Progreso de Obregón, presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del Estado de Hidalgo, Francisco Olvera Ruíz, a liberar a los presos políticos del municipio de Progreso de Obregón, y retirar cargos contra integrantes del “Movimiento por la dignidad de Progreso”.

SEGUNDO.- La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Congreso del Estado de Hidalgo a resolver a la brevedad el procedimiento de juicio político en contra del Alcalde del municipio de Progreso de Obregón, Alfredo Zúñiga Avilés, y a restituir la normalidad democrática para el funcionamiento del Ayuntamiento de ese municipio.

TERCERO.- La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a revisar la situación jurídica y la violación a los derechos de los presos y perseguidos políticos integrantes del “Movimiento por la dignidad de Progreso” a quienes se les imputan delitos de secuestro y despojo agravados por manifestarse para exigir solución a la ingobernabilidad que se vive en el Municipio de Progreso de Obregón.

Dado en el Senado de la República a los 28 días del mes de mayo de 2013.