PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO A INFORMAR DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA INVESTIGACIÓN DE LOS ASESINATOS DEL ACTIVISTA ADRIÁN RODRÍGUEZ Y SU ACOMPAÑANTE, EL HONDUREÑO LLAMADO WILSON EN EL PASADO MES DE NOVIEMBRE, EN EL ESTADO DE MÉXICO, AMBOS, PERSONAS QUE OTORGABAN ALIMENTACIÓN A LOS MIGRANTES CENTROAMERICANOS.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Mejía Berdeja diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente

CONSIDERACIONES

Francisco Cerezo, miembro del Comité Cerezo México denunció una vez más, que México se convirtió durante las últimas dos administraciones federales en un lugar hostil para el activismo y la prensa, que lejos de mejorar, empeoró al grado de que encarcelar a un defensor de derechos humanos y amenazar a un periodista es una práctica común entre los funcionarios públicos que nadie castiga.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto fueron detenidos arbitrariamente 669 defensores de los derechos humanos acusados por motín, ultrajes a la autoridad, homicidio y secuestro.

Cerezo planteó que el incremento de detenidos por fabricación de delitos despuntó durante la administración actual, pues durante todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se registraron mil casos. Si a este dato –dijo– se le suma que de 2008 a la fecha fueron ejecutados extraoficialmente 90 activistas defensores de derechos humanos a manos de funcionarios públicos, el panorama para el activismo en México es poco alentador.

“Los defensores de derechos humanos están sufriendo amenazas, hostigamientos por la labor que están haciendo en México en su lucha en contra de megaproyectos y de las reformas estructurales. El Estado está generando un clima de criminalización para golpear, amenazar, para la ejecución extraoficial y desaparición forzada”, indicó.

De acuerdo con los registros del Comité, personas vestidas de civil acuden con mayor frecuencia a los lugares de trabajo de los activistas para intimidarlos. Los estados más peligrosos para ser activista en México son: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y el Distrito Federal. Para Alberto Patishtán Gómez, maestro indígena que estuvo preso por más de 13 años y que fue encarcelado cuando denunciaba la corrupción del Alcalde de El Bosque, Chiapas, la situación en México no es mejor que hace una década. Los ataques hacia los activistas continúan y el encaramiento para detener la protesta social, se convirtió en uno de los mejores métodos para detenerlos.

En un macabro seguimiento de esta tendencia, en días pasados un nuevo atentado a la causa migrante se dio en nuestro país, nos informan que un activista mexicano y otros hondureño que alimentaban a los migrantes centroamericanos que viajan en el tren conocido como “La Bestia” fueron asesinados. Ya es una demencial costumbre que en México los activistas, de cualquier tema que refiera derechos humanos, sufra ataques y estos permanezcan impunes. Esta recurrencia sistemática es una figura de un modelo que explica la situación de los derechos humanos, de los migrantes y de la seguridad y la impartición de justicia. No hay figura más honrosa y más valiente que un activista que denuncie injusticias en México, su campo de trabajo no ofrece la seguridad en ninguno de sus conceptos. Son los herederos netos de Belisario Domínguez.

El activista Adrián Rodríguez recibió tres disparos en la cabeza, el pecho y la pierna el pasado domingo cuando estaba visitando a sus padres en el Estado de México. Su amigo, un hondureño de nombre Wilson, recibió cinco disparos y murió a la mañana siguiente.

El activista mexicano Jorge Andrade, integrante del grupo que se dedica a ofrecer comida a los migrantes centroamericanos se expresó que: “Es muy preocupante que le suceda esto a una persona que se dedicaba a dar ayuda humanitaria a los migrantes”. Wilson acababa de recibir una visa humanitaria que le permitía vivir legalmente en México, gracias a su cooperación como testigo de un ataque armado registrado en febrero pasado. “Espero que la muerte de Wilson y Adrián sea una semilla de esperanza. Ya se ha derramado demasiada sangre”, dijo el padre Pedro Pantoja, el sacerdote jesuita mexicano que también trabaja con migrantes y que además es director de la Casa del Migrante Belén, localizada en Saltillo, Coahuila.

En conferencia de prensa, Pantoja señaló que este caso se suma a los ataques que sufren cada día los activistas, en especial aquellos que defienden a los migrantes ante la inoperancia de órganos del Estado, como el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Migrantes.

En el sur de México ‘La Bestia’ se puso en marcha a una mayor velocidad para evitar el abordaje de migrantes. Jorge Andrade y Andrea González, integrantes del Colectivo Ustedes somos Nosotros, informaron que Adrián y Wilson formaban parte del voluntariado que trabaja con su organización, a la que se unieron después de que los tres albergues en los que daban asistencia a migrantes cerraron sus puertas por amenazas del crimen organizado y el hostigamiento de vecinos y autoridades municipales.

Luego de destacar que otros cuatro protectores de migrantes han sido asesinados y seis defensores cuentan con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, González sostuvo que Adrián tenía seis años como voluntario, entregando alimentos a migrantes, y Wilson renunció a su deseo de llegar a Estados Unidos para apoyar al primero.

Este crimen se suma a la descripción del sistema mexicano que se sirve de una infame costumbre, que parece ley, de propiciar la mecánica del olvido; sin embrago es deber de esta institución insistir, reiterar lo que parece una petición que se anexará al inmenso archivo de dolencias mexicanas, un exhorto a las autoridades para que tengan la deferencia de informar a esta soberanía sobre el proceso que debe seguir todo crimen en el país y conminar a que la investigación se conduzca por un camino institucional que ha trazado la impartición de justicia. Informamos que diversas organizaciones no gubernamentales están atentas a esta petición y sus consecuencias.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.

La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión:

Único.- Exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a integrar y hacer público un informar del estado en que se encuentra la investigación de los asesinatos del activista Adrián Rodríguez y su acompañante, el hondureño llamado Wilson en el pasado mes de noviembre, en dicha entidad, ambos, personas que otorgaban alimentación a los migrantes centroamericanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de Enero de 2015.