Los suscritos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino y Magdalena Camacho Díaz, Integrantes de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero,  en uso de las facultades que nos confieren el artículo 127 párrafo cuarto, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 286, sometemos a consideración de esta Soberanía Popular, la presente propuesta de Acuerdo Parlamentario, al tenor de los siguientes:

 

CONSIDERANDOS

 

La figura jurídica del salario mínimo o remuneración mínima, fue empleada por primera vez en Australia y Nueva Zelanda en el siglo XIX[1], concebida para solventar la problemática padecida por los trabajadores, especialmente mujeres y jóvenes, cuya remuneración era tan baja que no les permitía lograr la autosuficiencia para ellos y sus familias.

 

A partir de entonces, varios Estados acogen esta figura, entre ellos, México, que en la Constitución de 1917, en su artículo 123, fracción VI, establece el salario mínimo, por primera vez con amplitud nacional, como una de las bases para las leyes sobre el trabajo que habrían de expedir el Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados.

 

Esta base constitucional sentó fue el parte aguas, para que en el 6 de septiembre de 1929, se publicara en el Diario Oficial de la Federación la reforma de la fracción X del artículo 73 de la Constitución, que le dió facultad al Congreso para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 de la propia Constitución; y también se modificó el prefacio de ese mismo precepto  para dejar de incluir a las legislaturas de los Estados entre los órganos que habrían de expedir tales leyes; dos años más tarde, en agosto de 1931, se promulgó la Ley Federal del Trabajo.

 

No fue sino hasta el 1 de enero de 1934, que se fijó el primer salario mínimo de alcance nacional.

 

Los instrumentos internacionales han señalado que por salario mínimo puede entenderse la suma mínima que deberá pagarse al trabajador por el trabajo o servicios prestados, dentro de un lapso determinado, bajo cualquier forma que sea calculado, por hora o por rendimiento, que no puede ser disminuida, ni por acuerdo individual ni colectivo, que está garantizada por la ley y puede fijarse para cubrir las necesidades mínimas del trabajador y de su familia, teniendo en consideración las condiciones económicas y sociales de los países.[2]

 

El Estado mexicano, por su parte, en el artículo 123 constitucional, apartado A, fracción VI, estableció que el salario mínimo comprende un referente del monto económico irreductible que debe, por mandato jurídico, percibir diariamente toda persona que realiza un trabajo personal y subordinado, a efecto de satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de sus dependientes económicos.

 

Sin embargo, la realidad que se vive en México es distinta, lastimosamente para muchos mexicanos, los ideales del Constituyente de 1917, no se han podido materializar.

 

Al efecto, cabe señalar que durante el primer trimestre del 2016, en el país había 32 millones 730 mil 599 trabajadoras y trabajadores asalariados, mismos que representaban casi el 27% de la población total, según los indicadores estratégicos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de los cuales, poco más de 3 millones 875 mil tuvieron ingresos remunerados de hasta un solo salario mínimo general o menos.[3]

 

Si comparamos estos datos, con los establecidos en la línea de bienestar mínimo, de marzo de 2016, en la que se estableció que el valor de la canasta básica por persona al mes es de $2,714.66, resulta inconcuso que los $70.10 pesos diarios, que constituyen el salario mínimo[4], nos damos cuenta de que el salario mínimo general vigente resulta insuficiente para atender las necesidades básicas de una persona, cuanto y más de un jefe o jefa de familia.

 

Lo anterior, es motivo suficiente para sostener que el salario mínimo general vigente, es inconstitucional, por contravenir las disposiciones establecidas en el artículo 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

No obstante lo anterior, nuestro país sigue inmerso en una política que lastimosamente ha cedido ante el concepto ortodoxo de la economía neoclásica, que considera que el incremento del precio (salarios) habrá de resultar en una disminución de la demanda.

 

Sin embargo, existen cuestiones teóricas y prácticas de peso que cuestionan esta premisa.

 

Desde la óptica teórica, resulta ampliamente conocida la idea expuesta por Keynes en su Teoría General, que postula que los salarios como tales no ejercen impacto tangible sobre el nivel general de empleo, que está determinado en cambio por el nivel de la demanda total. Según sus propias palabras, “…la lucha en torno a los salarios nominales afecta primordialmente a la distribución del monto total de salarios reales entre los diferentes grupos de trabajadores…”[5]

 

En el mundo real se confirma este concepto. A manera de ejemplo, podemos decir que, en el actual contexto económico, resulta esencial preservar el salario mínimo para no incrementar aún más la deflación destructiva ni aumentar la tensión social. Además, al momento de combatir la desigualdad, un salario mínimo fuerte puede contribuir significativamente en los resultados.

 

Al respecto, basta comparar el desempeño de Alemania con Francia para apreciar la diferencia.

 

Con el salario mínimo nacional probablemente más alto de Europa, este último país se erige como uno de los pocos donde en los últimos veinte años no se ha incrementado la desigualdad. Entretanto, en Alemania, sin salario mínimo, se ha observado una explosión de trabajadores con bajos salarios y un aumento de las desigualdades, en gran parte debido al derrumbe de la línea inferior de la distribución de ingresos.[6]

 

Otro claro ejemplo es el de Brasil, en donde los sindicatos ejercieron presión sobre el Gobierno entrante de Luiz Inácio Lula da Silva, a comienzos de la primera década de este siglo, para renovar el compromiso de un salario mínimo, que se tradujo en un gradual avance y recuperación del valor de dicho salario. Estos incrementos del valor real del salario mínimo no sólo no provocaron la desaceleración económica, sino que puede decirse que la redistribución del ingreso que se produjo desde entonces contribuyó al dinamismo de la economía brasileña.

 

Por otra parte, cabe decir que el 27 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, con lo cual se elimina una de las principales barreras para no otorgar a los salarios mínimos incrementos mayores.[7]

 

Previo a la reforma constitucional, se argumentaba que el aumento al salario mínimo impactaría en el cumplimiento de diversas obligaciones, créditos, derechos contribuciones, sanciones administrativas o penales, por lo que se pensaba que mantener el salario mínimo bajo era conveniente para la economía nacional, para evitar repercusiones en muchos ámbitos de la vida en México.

 

Tomando en consideración lo anterior en la reforma constitucional el Estado mexicano consideró apremiante desindexar el salario mínimo de cualquier unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones o como unidad de referencia en la economía, de tal forma que el concepto de salario mínimo se refiere ahora única y exclusivamente a la remuneración mínima que debe percibir un trabajador, siendo suficiente para la atención de sus necesidades básicas.

 

Con esta modificación a nuestro ordenamiento supremo, se abre la posibilidad de incrementar los salarios mínimos, para que sean superiores a los que se han otorgado, sin el temor de que ello repercuta en la economía nacional.

 

Finalmente, se destaca el hecho de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el pasado 13 de julio de 2016, remitiera a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un documento denominado “SALARIO MÍNIMO Y DERECHOS HUMANOS”, en el que concluyó lo siguiente:

 

1. El salario mínimo, como figura que refleja el monto económico irreductible que debe percibir diariamente toda persona que realiza un trabajo personal y subordinado, conjuntamente con las medidas de protección social, constituyen el medio fundamental para asegurar una vida digna; pues de ello depende el acceso a servicios y satisfactores que contribuyan al disfrute de los derechos humanos consustanciales al bienestar de las personas, tales como la alimentación, la vivienda adecuada con servicios indispensables, la salud, el agua y el saneamiento, por mencionar solo algunos.

 

  1. Las cifras de pobreza en México, incluyendo la pobreza extrema, así como el número trabajadoras y trabajadores, sean o no formales, cuyos ingresos no alcanzan a cubrir para sí ni para su familia las necesidades normales en el orden material, social, cultural y educativo, reflejan problemáticas que hacen necesario enfatizar que la suficiencia del salario mínimo general es un tema de derechos humanos, toda vez que un monto que no asegure la cobertura de los satisfactores más elementales para vivir dignamente impide la realización de diversos derechos básicos.

 

  1. Desde el punto de vista jurídico, nuestra Constitución Política, las normas en materia de derechos humanos previstas en los instrumentos internacionales; los criterios del Poder Judicial de la Federación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los órganos de vigilancia de los tratados y mecanismos especiales, destacan la importancia de proveer a las trabajadoras y a los trabajadores en activo, así como a aquellos jubilados, pensionados y beneficiarios de haberes de retiro derivados de la seguridad social que perciben el equivalente a un salario mínimo, las condiciones materiales necesarias para alcanzar un nivel de vida adecuado, entre ellas un salario mínimo suficiente.

 

A mayor abundamiento, dado que contar con un salario mínimo suficiente, aunado al beneficio de contar con medidas eficaces de protección social, permitirían a las trabajadoras, los trabajadores y sus familias, satisfacer sus necesidades básicas, resulta positiva y de gran relevancia la incorporación del sector ocupado a esquemas laborales formales.

 

  1. La suficiencia del salario mínimo y el acceso a prestaciones laborales complementarias son elementos que contribuyen al ejercicio de la igualdad entre trabajadoras y trabajadores; a la protección de la niñez, de las personas con discapacidad y personas adultas mayores, dicho enfoque debe tomarse en cuenta en los procedimientos que se lleven a cabo para determinar el monto de dicha remuneración.

 

  1. La suficiencia del salario mínimo no se ciñe a elementos estáticos, sino que involucra todos aquellos aspectos conducentes al mejoramiento continuo y progresivo del nivel de vida de las trabajadoras y los trabajadores, así como de sus familias. Por ende, la fracción VI del inciso A del artículo 123 Constitucional, relativo a “… [l]as necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos” no debe ser entendido de manera restrictiva, sino a la luz del artículo 1º constitucional, más aún cuando su contenido normativo posee un ineludible vínculo con el goce de diversos derechos humanos, por lo que su interpretación debe ser conforme a aquellas normas que favorezcan la protección más amplia de las personas.

 

En ese sentido, la labor de las instituciones de estadística y de evaluación social ofrece una aproximación que puede ser tomada en cuenta por las instancias encargadas de la suficiencia salarial, en aquello que resulten coincidentes con los aspectos a considerar, para que el salario satisfaga, como base, un mínimo de bienestar para una vida digna.

 

  1. Es necesario que la política de recuperación gradual y sostenida del poder adquisitivo de los salarios mínimos generales y profesionales, asegure que el monto del salario mínimo, aunado a las medidas de protección social, sea adecuado para que las trabajadoras y los trabajadores que perciben el equivalente a uno solo y sus familias, vivan dignamente, con pleno goce y disfrute de los derechos humanos.

 

  1. La naturaleza y alcance de las obligaciones del Estado Mexicano en materia de derechos humanos, que incluyen el fortalecimiento progresivo del salario mínimo, conllevan también a considerar el estudio de los esquemas, órganos y procedimientos a través de los cuales se hacen las estimaciones para fijar el monto mismo del salario, esto incluiría, por ejemplo, analizar la naturaleza y alcance del rol que corresponde al gobierno en la determinación del monto del salario mínimo; la representatividad de los actores que participan en los procedimientos correspondientes, en particular se analice si los intereses y necesidades de quienes perciben un salario mínimo tienen una manera efectiva para ser planteados y atendidos; y si el esquema mismo de la negociación es el adecuado para dar cuenta de los estándares de derechos humanos involucrados.
  2. No debe perderse de vista que el Estado tiene un deber primario de respeto hacia los derechos humanos, pero que en su misión de protección de tales derechos ha de realizar las acciones necesarias para que, en el esquema de su participación en la fijación del salario mínimo, otros sectores, como el empresarial o el sindical, otorguen la debida prioridad a la salvaguarda de la dignidad humana.”

 

Por consiguiente, ante la existencia de un salario mínimo general que resulta insuficiente para atender las necesidades normales de un jefe o jefa de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de sus dependientes económicos; y tomando en consideración el éxito de las economías que han implementado políticas tendientes a fortalecer el salario mínimo, los Diputados Ciudadanos, con fundamento en los artículos 127 párrafo cuarto, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 286, nos permitimos someter a la consideración del Pleno, el siguiente:

 

ACUERDO PARLAMENTARIO

 

ÚNICO. El Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), para que lleve a cabo la fijación de los salarios mínimos generales, asegurando que estos sean suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe o jefa de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de sus dependientes económicos.

 

TRANSITORIOS

 

PRIMERO. El presente Acuerdo Parlamentario surtirá efectos a partir de la fecha de su aprobación.

 

SEGUNDO. Remítase el presente Acuerdo a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para su conocimiento y efectos legales conducentes.

 

TERCERO. Publíquese íntegramente el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en la página WEB del Honorable Congreso del Estado y en dos diarios de mayor circulación en la entidad para su divulgación.

 

 

 

[1] The Cost of Living. Filadelfia: American Academy of Political and Social Science, 1913.

[2] Salarios mínimos: mecanismos de fijación, aplicación y control, Informe III (Parte 4 B), Conferencia Internacional del Trabajo, 79.ª reunión, Ginebra, 1992.

[3] La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) es la consolidación y fusión de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) y la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), que por más de 20 años estuvieron proporcionando información de la población ocupada y desocupada.

[4] Sin incluir prestaciones laborales u otras medidas de protección social

[5] J.M. Keynes. Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, México, Fondo de Cultura Económica. 2003.

[6] Informe mundial sobre salarios 2008/2009 de la Oficina Internacional del Trabajo.

[7] La desvinculación o desindexación del salario mínimo como unidad de cálculo o referencia establecida por la legislación mexicana para cuestiones ajenas será calculado a partir de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).