Los suscritos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino y Magdalena Camacho Díaz, Integrantes de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que nos confieren el artículo 127 párrafo cuarto, 137 párrafo segundo, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 286, sometemos a consideración de esta Soberanía Popular, como asunto de urgente y obvia resolución, la presente propuesta de Acuerdo Parlamentario, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La violencia contra las niñas y mujeres es la máxima expresión de la desigualdad y discriminación.

Esta violencia tiene graves repercusiones en la salud, la libertad, la seguridad, el patrimonio y la vida de las niñas y mujeres, por lo que constituyen serias violaciones a sus derechos humanos que, además, merman el avance del desarrollo del Estado.

De acuerdo a cifras oficiales proporcionadas por la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en la entidad se han registrado de enero del año 2015 al 06 de junio del año 2016, 307 homicidios dolosos en contra de mujeres, así mismo durante este mismo periodo se han registrado 170 homicidios culposos en contra del mismo género, lo que nos da un total de 477.

Homicidios dolosos
De los homicidios dolosos en contra de las mujeres en el año 2015, la cifra más alta entorno a la edad de las víctimas son las de 21-30 años con 32 víctimas en la entidad, continua con la edad de 41-50 años con 24 víctimas. En cuanto a la ocupación de las victimas la encabezan las amas de casa en el año 2015 fueron asesinadas 45 amas de casa, seguidas por 21 empleadas. A partir de enero al 06 de junio del presente año, la cifra más alta por rango de edad las ocupan de 41-50 años de edad con 16 mujeres asesinadas en cuanto a su ocupación de las victimas continua siendo víctimas las amas de casa con 22 mujeres asesinadas en el Estado, seguidas por 10 mujeres empleadas.

Homicidios culposos
De los homicidios culposos en contra de las mujeres en el año 2015, la cifra más alta entorno a la edad de las víctimas son las de 41-50 años con 12 víctimas en la entidad, continua con la edad de 31-40 años con 11 víctimas. Por ocupación de las victimas la encabezan las amas de casa, en el año 2015 fueron asesinadas 21 amas de casa, seguidas por 10 comerciantes. A partir de enero al 06 de junio del presente año, la cifra más alta por rango de edad las ocupan de 21-30 años de edad con 6 mujeres asesinadas en cuanto a su ocupación de las victimas continua siendo víctimas las amas de casa con 11 mujeres asesinadas en el Estado, seguidas por 10 mujeres empleadas.

Es conveniente mencionar que estas cifras oficiales muestran que de enero del año 2015 al 06 de junio del año 2016, existe un total 477 homicidios en contra de mujeres, pero es inaceptable que la Fiscalía General del Estado tenga registrados 244 homicidios entre culposos y dolosos sin identificar las edades de la víctimas, ni mucho menos, la ocupación de las víctimas.

Para mayor comprensión de los delitos de homicidios dolosos cometidos en el Estado, en el periodo 2012-2016; la separación de cuantos han sido en agravios de hombres y mujeres, la Fiscalía General del Estado, posee los datos siguientes:

AÑO VICTÍMAS TOTAL
HOMBRES MUJERES FEMINICIDIOS
2012 2,100 204 6 2,310
2013 1,874 206 7 2,087
2014 1,331 169 14 1,514
2015 1,814 189 13 2,016
2016 298 23 5 326
TOTAL 7,417 791 45 8,253

La Fiscalía General del Estado, contempla del periodo de 2012 al 06 de junio del año 2016, tan solo 45 feminicidios no obstante que los altos niveles de inseguridad que se vive, inciden en la discriminación y violencia generalizada contra las mujeres en el Estado

Por su parte la Fiscalía General, se ha limitado a minimizar el feminicidio pretendiendo hacerlo invisible.
Este reporte de la fiscalía General del Estado, donde solo identifica 45 feminicidios en un periodo de cuatro años y lo que va de este, se debe a que no se ha atendido la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contenida en la sentencia de 16 de noviembre de 2009, dictada en el caso González y otras (campo algodonero) vs. México, en su apartado 4, denominado: “Medidas de satisfacción y garantías de no repetición”

Ahí la Corte interamericana de Derechos Humanos, señaló, como parte de dichas garantías, que los Estados deben llevar a cabo la “Estandarización de los protocolos, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, para combatir desapariciones y homicidios de mujeres y los distintos tipos de violencia contra las mujeres”.

Esta recomendación la asumió atenta a los sucesos de violencia contra las mujeres por razones de género; como consecuencia de una situación estructurada y de fenómenos sociológicos y culturales arraigados en un contexto social de violencia y discriminación basado en el género, y al considerar el delito de homicidio contra la mujer (feminicidio) como la forma extrema de violencia de género.

Desafortunadamente en nuestra entidad no se ha atendido esta recomendación de forma completa, porque si bien ya ha sido tipificado un delito específico de FEMINICIDIO, resulta que el órgano encargado de la investigación y persecución de los delitos, a la fecha, no ha emitido El Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio con perspectiva de género.

No existe la aplicación de un protocolo, que haya desarrollado y emitido la fiscalía General del Estado de Guerrero, que permita investigar desde un principio, con perspectiva de género, cada uno de los numerosos homicidios que son cometidos en contra de mujeres, es decir que cuando se investigue una muerte violenta de una mujer, los órganos del estado deben realizar su investigación para determinar si hubo o no razones de género en la causa del hecho; que a través de la investigación se pueda confirmar o descartar si se trató o no de un feminicidio y no al contrario: descartar para no investigar, como ha estado sucediendo.

Todos los homicidios violentos de mujeres deben procesarse bajo las reglas de feminicidio y llevar a cabo la investigación, con especial diligencia y en cumplimiento de las obligaciones de investigar y sancionar. Lo que sin lugar a dudas permitiría determinar o descartar si los homicidios registrados en nuestra entidad puedan considerarse o no como feminicidios, pero lo que resulta aún más preocupante que ante la falta del referido protocolo de investigación se pueda determinar a priori por las autoridades del ministerio público que un homicidio en contra de una mujer no sea feminicidio, aquí en Guerrero parece ser que se trabaja al revés, esto es, primero inmediatamente se señala que no es feminicidio, y posteriormente se investiga, contradiciendo totalmente los estándares internacionales que señalan que desde el momento del hecho se debe de aplicar un protocolo de investigación y al término de la misma tipificar o no el delito de feminicidio.

En esta sintonía la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicas la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Convención de Belém do Pará, define a la violencia contra la mujer, como cualquier acción o conducta basada en su género, que le cause muerte, daño o sufrimiento, físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público, como en el privado.

Es de destacar la nueva perspectiva de integración de los derechos humanos contenidos en tratados y convenciones internacionales ratificados por el Estado mexicano y del cumplimiento de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente varios 912/2010, relativo a la aceptación de la Sentencia emitida por ese Tribunal Internacional relativa a la desaparición forzada de Rosendo Radilla, y que establece como obligación de las autoridades administrativas y jurisdiccionales realizar un control de convencionalidad respecto de todos los actos que realicen.

El Estado mexicano recibió en 2009 y 2010, tres sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que refieren sobre casos de violencia contra niñas y mujeres, la primera de dichas resoluciones relativa al caso González y otras vs Estado mexicano (Campo Algodonero), por la desaparición y muerte de jóvenes mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua y, las sentencias de los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, por tortura y violación sexual en agravio de una mujer y una niña, ambas indígenas en el Estado de Guerrero.

En estas sentencias se responsabilizó al Estado de incumplir su deber de investigar esta violencia y con ello su deber de garantizar, los derechos a la vida, integridad y libertad personal de las víctimas y su derecho de acceso a la justicia.

Uno de los señalamientos más importantes que aportaron estas sentencias, así como las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Observaciones finales del Comité de la CEDAW 52º período de sesiones-CEDAW/C/MEX/CO/7-8, Informe emitido el 7 de agosto de 2012; es que las instituciones de procuración de justicia cuenten con protocolos de investigación con perspectiva de género en los ámbitos ministerial, policial y pericial para casos de feminicidios y violencia sexual, primordialmente.

Es necesaria la expedición, publicación y aplicación de un protocolo con perspectiva de género del delito de homicidio en la entidad, para poder investigar el delito de feminicidio.

Hay que ser claros, si no se aplica un protocolo para investigar los homicidios en contra de mujeres seguramente habrá muchas más sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que responsabilicen al Estado mexicano por violentar derechos humanos, pero lo más importante es que habrá muchos más feminicidios que queden en la impunidad.

El establecer un protocolo de investigación en el delito de feminicidio es proporcionar una herramienta metodológica estándar y efectiva en la investigación de la violencia feminicida, y por ello se hace necesario.

La aplicación del protocolo conlleva un conjunto de procedimientos específicos, dirigidos a regular y unificar el actuar del personal sustantivo de la institución, bajo tres niveles de especialización, como lo son el ministerial, policial y pericial, a fin de garantizar en su actuar el cabal cumplimiento y protección de los derechos humanos y evitar la discrecionalidad, para que la actuación sea coordinada y orientada a integrar correctamente las carpetas de investigación relativas al delito de feminidicio.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 127 párrafo cuarto, 137 párrafo segundo, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 286, nos permitimos someter a la consideración del Pleno, el siguiente:

ACUERDO PARLAMENTARIO
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

ÚNICO. El pleno de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con pleno respeto a las esferas de competencia hace un atento y respetuoso exhorto al Licenciado Javier Ignacio Olea Peláez, Fiscal General del Estado para efecto de que elabore, mande a publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y aplique un “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN MINISTERIAL Y POLICIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA EL DELITO DE FEMINICIDIO”, lo anterior con la única finalidad de que se investiguen, resuelvan y castiguen los feminicidios en contra de las mujeres y niñas de la entidad.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. El presente Acuerdo Parlamentario surtirá efectos a partir de la fecha de su aprobación.

SEGUNDO. Remítase el presente Acuerdo al Licenciado Javier Ignacio Olea Peláez, Fiscal General del Estado, para los efectos legales conducentes.

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo para el conocimiento general, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el Portal Web del Congreso del Estado y difúndase a través de los medios de comunicación.

Chilpancingo, Guerrero, a 27 de junio de 2016.

A T E N T A M E N T E
LOS INTEGRANTES DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE MOVIMIENTO CIUDADANO

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

DIPUTADO SILVANO BLANCO DEAQUINO DIPUTADA MAGDALENA CAMACHO DÍAZ