PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A INVESTIGAR LA TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES, ASÍ COMO VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO EN AGRAVIO DEL CIUDADANO HONDUREÑO ÁNGEL AMÍLCAR COLÓN QUEVEDO, Y PROMUEVA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA Y SU LIBERTAD.

El proponente Ricardo Mejía Berdeja y los suscritos Ricardo Monreal Ávila, Dip. Víctor Nájera Medina, Dip. Roberto López Suárez y el Dip. José Luis Muñoz Soria, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Punto de Acuerdo conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México, la tortura ha sido generalizada como una práctica que policías y elementos castrenses utilizan para obtener información o confesiones bajo coacción.

Entre las tácticas más frecuentes de tortura se pueden enlistar golpizas, amenazas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y tortura sexual. Personas funcionarias públicas, jueces, miembros del ministerio público e incluso algunas comisiones de derechos humanos, suelen omitir, justificar y tolerar esta práctica, inclusive llegan a aceptar confesiones bajo tortura como evidencias pese a la inconstitucionalidad de los actos, lo que conlleva un panorama de impunidad para quienes cometen este tipo de abusos.

En una reciente encuesta, Amnistía Internacional, la organización defensora de derechos humanos más grande del mundo, señala que el 64 por ciento de las personas encuestadas declararon tener miedo de sufrir tortura en caso de ser puestas bajo custodia.

En la misma encuesta, Amnistía señala que cualquier persona puede ser víctima de tortura, pero que quienes más riesgo corren son hombres, mujeres y jóvenes que pertenecen a sectores vulnerabilizados de la sociedad, como las personas migrantes sin visado -que huyen de la violencia, pobreza y exclusión en sus países-, que atraviesan las zonas más peligrosas de México en su camino hacia Estados Unidos.

Este es el caso de Ángel Amílcar Colón Quevedo, persona hondureña de origen garífuna , criminalizada y torturada en México por su condición de migrante y su origen étnico.

Antes de decidir viajar a Estados Unidos, Ángel Amílcar fue Presidente de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), dedicada a defender los derechos culturales y territoriales del pueblo garífuna con el fin de lograr su supervivencia.

Ángel Amílcar salió de Honduras con el fin de llegar a Estados Unidos para encontrar trabajo y así pagar el tratamiento médico de su hijo mayor gravemente enfermo de cáncer, hoy fallecido a causa de la enfermedad.

En su paso por México, Ángel fue víctima de robo, extorsión y secuestro. Después de dos meses en el país, llegó a Tijuana, su último paso hacia Houston. En dicha ciudad fronteriza,un contrabandista de personas locales –coyote- le obligó a quedarse en una casa a la que fue trasladado con los ojos vendados, antes de llevarlo a la frontera.

El 9 de marzo de 2009, elementos de la Policía Federal Preventiva, la Policía Ministerial del Estado y la Policía Municipal, allanaron la casa donde Ángel había sido obligado a quedarse en un operativo ejecutado, supuestamente, a la denuncia de detonaciones mientras patrullaban la zona.

Ángel fue detenido con otras 10 personas, acusado por delitos federales como delincuencia organizada, acopio de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud en su modalidad de posesión de cocaína y marihuana con fines de comercio. Sin embargo, cuando fue detenido, él no estaba en posesión de armas y no existen elementos que lo vinculen a las drogas que fueron encontradas en el lugar.
Durante su detención, Ángel Amílcar fue torturado, sometido a malos tratos por elementos del Ejército y policías federales antes de ser puesto a disposición del Ministerio Público Federal. De esta manera fue obligado a auto-inculparse. Su declaración bajo tortura fue reconocida y utilizada para condenarlo por delitos federales relacionados con el crimen organizado.

Antes de ser encarcelado, Ángel permaneció arraigado 77 días en diversos lugares, del 13 de marzo al 29 de mayo del 2009. El 25 de mayo del mismo año, el Ministerio Público consignó la averiguación previa y se libró una orden de aprehensión en contra de las 11 personas detenidas.

A más de cinco años de los hechos, Ángel se encuentra encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social No.4 Noroeste en Tepic, Nayarit. Su caso evidencia la vulnerabilidad, criminalización y estigmatización que enfrentan las personas migrantes en el territorio mexicano.

Asimismo, resulta alarmante que la Procuraduría General de la República (PGR) no haya investigado su denuncia de tortura. A principios de 2014 los expertos forenses, médicos internacionales independientes, lo examinaron y concluyeron que las pruebas médicas de tortura eran coherentes con su queja. Esta evidencia ha sido presentada, pero la PGR se ha negado a retirar los cargos.

Ángel ha sido visitado por el Relator Especial de las Naciones Unidas para el tema de Tortura, el Dr. Juan Méndez, quien reconoció que la tortura es una práctica persistente para incriminar personas inocentes y encubrir la incapacidad o la falta de voluntad política de las autoridades para investigar violaciones a derechos humanos.

Hasta ahora la culpabilidad y relación de Ángel Amílcar con los crímenes que se le imputan no han podido ser reconocidas, por ello su inmediata liberación resulta urgente.

El carácter de migrante víctima de detención arbitraria, tortura e incriminación penal irregular, obliga a la PGR a retirar los cargos contra Ángel Colón permitiendo su inmediata e incondicional liberación y realizar, en su caso, una investigación exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de tortura y otras violaciones de los derechos humanos, incluida la discriminación racial, resulta necesaria.

Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a fin de que en el ámbito de sus atribuciones, comience con las investigaciones acerca de presuntos actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como diversas violaciones al debido proceso, presuntamente cometidas por diversas autoridades en agravio del Sr. Ángel Amílcar Colón Quevedo, recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No.4 Noroeste en Tepic, Nayarit; asimismo, a que, con fundamento en el artículo 138 del Código Federal de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables, promueva el sobreseimiento de la causa penal y la libertad del C. Colón Quevedo.

Dado en el Senado de la República, a 20 de agosto de 2014. 

Dip. Ricardo Mejía Berdeja Dip. Ricardo Monreal Ávila

 

Dip. Víctor Nájera Medina

Dip. Roberto López Suárez
Dip. José Luis Muñoz Soria