Zuleyma Huidobro González, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

 

Consideraciones

 

El pasado 2 de marzo del presente año, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de garantizar la equidad de la contienda a celebrarse en unos meses, mediante la no utilización de los programas sociales con fines electorales.

 

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, sostuvo la importancia de preservar los programas sociales y el combate a la pobreza, sin que ello implique que tengan sesgos políticos o fines electorales.

 

A su vez, la titular de Sedesol, Rosario Robles sostuvo que tienen claro la necesidad de garantizar los derechos sociales con un esquema ajeno a incidir en el sentido de los votos. Aseguró que la dependencia garantizará que los recursos públicos destinados a los programas sociales se aplicarán con respeto a la equidad de la contienda.

 

Apenas hace unos días, la Comisión de Quejas y Denuncias aprobó medidas cautelares mediante los cuales prohibía a Sedesol la contratación de gacetillas para la difusión de logros de la dependencia que contengan imágenes de los funcionarios públicos. Funcionarios de Sedesol consultados al respecto fueron escuetos: “eso seguirá sus propios cauces con independencia del convenio firmado”.

 

Que el órgano encargado de la coordinación y realización de los comicios a nivel nacional signara un convenio con la Secretaría gubernamental encargada de la distribución de recursos mediante programas sociales no es coincidencia.

De acuerdo con el estudio Partidos políticos, programas sociales y elecciones locales[i], publicado en el año 2013, que abordara el uso de programas del gobierno federal con fines electorales, el desvío de recursos públicos con fines electorales es una práctica que se ha generalizado en nuestro país.

 

 

El investigador de la UNAM, Emilio Vizarretea Rosales,  responsable de dicha investigación, recordó que existe un señalamiento constante respecto a gobiernos federales o locales, que utilizan  programas para apoyar una campaña política, pero normalmente no hay pruebas de ello.

 

 

En su estudio, se pudo comprobar la utilización de recursos de los programas de Sedesol en el estado de Veracruz por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para influenciar el sentido de los votos de los habitantes de dicha entidad, caso que fue denunciado por el Partido Acción Nacional (PAN); pero a su vez pudo comprobarse que el albiazul llevó a cabo una práctica similar durante el gobierno de Felipe Calderón.

 

Para la fundamentación de tal afirmación, se hizo un “cruce” de la estructura del PAN  en Veracruz y el padrón del programa Oportunidades, con lo que se detectó que existía una gran coincidencia en ambos, entre ellos, el nombre de un diputado local panista.

 

El uso político abierto e indiscriminado de los programas sociales del gobierno federal se inició en el año 2006, cuando Josefina Vázquez Mota, secretaria de Desarrollo Social, usó el padrón del programa Oportunidades y el Censo de Población 2000 y Conteo de Población 2005 en forma ilegal, para integrar el padrón de afiliados del Partido Acción Nacional y el uso de esos datos para la promoción electoral.

Estas acciones ilícitas se pueden probar en el Informe de la Cuenta Pública 2006 y en documentos internos del Partido Acción Nacional de esa época. Vázquez Mota no integró deliberadamente los padrones como era su responsabilidad y usó la información de que disponía la dependencia para proporcionarla a su partido, contribuyendo a la obtención de votos para Felipe Calderón.

 

Específicamente, sobre caso del padrón de beneficiarios de Oportunidades, existió un 20 por ciento de casos en el que éste coincide con el padrón de afiliados al PAN en Veracruz.

 

Sin embargo, este tipo de estudios, así como la firma de convenios como el antes mencionados, son completamente insuficientes a la luz de acciones de gobierno que ponen en entredicho la separación de los programas sociales para el beneficio de la población, y su uso para influenciar el voto en épocas electorales.

 

 

Tal es el caso de lo sucedido en el estado de Guerrero, en donde el ex subsecretario de Desarrollo Comunitario y Participación Social de la Sedesol, Javier Guerrero García, ha sido designado como el nuevo delegado general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en la entidad. Su responsabilidad más reciente: representar a Rosario Robles en el estado de Guerrero, y coordinar la Cruzada Nacional Contra el Hambre y las obras de reconstrucción tras los daños que dejó la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, en 2013.

 

Junto con Javier Guerrero estará José Parcero López quien a mediados de febrero fue nombrado delegado nacional del PRI en Guerrero proveniente de Tamaulipas donde desempeñó las mismas funciones en esa entidad.

 

Con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la revista “Forbes México”, confirmó que existen 129 mil 415 familias en 19 entidades del país que, aunque deberían recibir su televisión digital, no podrán utilizarla por el hecho de que no cuentan con electricidad.

Siendo que los beneficiarios de las televisiones son a su vez beneficiarios de los programas de la Sedesol, la publicación detalló que se trata de la población de más bajos recursos, por lo que, según los datos obtenidos por Forbes, hay municipios donde la totalidad de beneficiarios no contará siquiera con luz en sus viviendas.

Además, los datos que reportan acerca de los televisores entregados a nivel estatal y municipal son dispares, pues de los 2 millones 79 mil 445 televisores entregados a nivel estatal, los municipios solamente reportan 2 millones 79 mil 426.

Forbes recuerda que la meta del gobierno federal era repartir 13.8 millones de televisores digitales (cifra que sufrió un recorte a raíz del ajuste presupuestal anunciado por Hacienda los primeros días de febrero), con la estimación de lograr un ahorro conjunto de mil 683 millones de pesos año en consumo de energía eléctrica.

Por mencionar algunos datos, la prestigiosa revista señala que en el poblado de Coalcomán, en Michoacán, se entregaron 152 pantallas a los más pobres, quienes viven dentro de las 430 viviendas que carecen de luz en la zona, al igual que pasa en Iturbide (Nuevo León) o Metztitlán, Tlahuiltepa y Nicolás Flores (Hidalgo), donde entre 50 y 95 por ciento de los beneficiarios del programa tampoco tienen el suministro.

Este tipo de programas han demostrado ser poco operativos y eficientes, por lo que su razón de ser es ampliamente cuestionable, y ha sido denunciada por la mayoría de partidos políticos como un medio a través del cual se puede comprar los votos de los beneficiarios de dicho programa, a favor del partido en el gobierno.

El estado de Guerrero enfrenta situaciones particulares tanto en su gobierno como en la vida de sus pobladores, por lo que el riesgo para la utilización de los programas sociales resulta sumamente alto, más aún cuando quien coordinaba la administración de los mismos es ahora la máxima autoridad estatal de un partido en la misma región, generando un evidente conflicto de interés.

Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión:

ÚNICO.- Exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, a que en el ámbito de sus facultades y en cumplimiento a las disposiciones legales en diversas materias, gire instrucciones a quien corresponda, a fin de realizar diversas auditorías respecto al gasto de recursos federales ejercidos por la Secretaría de Desarrollo Social durante el proceso electoral 2015 en el estado de Guerrero, así como a tomar cualquier medida necesaria, a fin de garantizar que el ejercicio presupuestal no se realice con fines electorales.

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de marzo de 2015.

[i] Emilio Vizarretea Rosales. (2013). Partidos políticos, programas sociales y elecciones locales. De Universidad Nacional Autónoma de México Sitio web: http://es.scribd.com/doc/147610594/EleccLocal2013Corte12jun