Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según información revelada por la Procuraduría General de la República (PGR), el 25 de mayo de 2012, Isabella, Martín y Mariana Medina Molina (de 6, 8 y 10 años, respectivamente), fueron sustraídos por un grupo de hombres armados que acompañaban a su padre, Martín Alberto Medina Sonda, cuando se dirigían a la escuela municipio de Mérida, Yucatán; mismos que golpearon a su entonces esposa, Ema Gabriela Molina Canto, quien en 2011 y, tras un contexto de violencia familiar, decidió divorciarse, quedándose con la custodia de los menores.

Ema Gabriela fue sacada de Yucatán y llevada a Tabasco, en un viaje de más de seis horas, y sólo hasta llegar a aquel estado, la madre de los niños pudo saber que sus captores eran Policías Ministeriales de Tabasco, que la habían detenido por una acusación presentada en su contra por el delito de robo de auto… y el auto que supuestamente robó era el que había compartido con su marido, hasta antes de la separación.

Por esta acusación, Ema Gabriela pasó cuatro meses en una prisión de Tabasco, y luego obtuvo su libertad mediante el pago de una fianza.
El delito, no obstante, nunca existió, tal como confirma el auto de desistimiento de la acción legal, que anunció el Ministerio Público de Tabasco en febrero de 2013.
Fue en dicho período cuando un juzgado familiar otorgó a la abuela paterna la figura de “tutriz”, pese a que ésta no está reconocida en la legislación.
Cabe decir que Medina Sonda era un cercano colaborador al ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo y, según las declaraciones de Ligia Canto Lugo, abuela de los menores,

Él es una persona que goza de mucha protección, porque fue asesor del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, él estuvo involucrado en las anomalías financieras detectadas en la administración de Granier y, de hecho, en algún momento la misma Interpol llegó a emitir una ficha de localización en su contra, y eso no lo digo yo, lo informaron las mismas autoridades de Tabasco.

Aquí se mezcla todo: dinero, poder, corrupción, y todo eso mata la justicia y encarcela a madres y a mujeres inocentes.

En dicho tenor, Ema Gabriela y su madre comenzaron una huelga de hambre en diciembre de 2012 frente al palacio de gobierno de la entidad, en donde entregó a Enrique Peña Nieto, una copia de la custodia de los menores y le solicitó su ayuda para resolver el caso.

Un par de meses después, sin embargo, un juez penal del Distrito Federal aceptó una acusación por fraude genérico en contra de Ema Gabriela, sustentada en la declaración de una persona que se identificó con una credencial falsa del IFE. Este supuesto fraude, además, habría sido cometido en la Ciudad de México, durante el tiempo en el que Ema Gabriela estaba encarcelada en Tabasco, por el falso delito de robo de auto.

‘Pero a pesar de que ya se comprobó que se trata de una acusación fabricada, el proceso penal sigue, y desde entonces mi hija se mantiene escondida, porque de ser capturada, sería enviada al penal de Santa Martha’.”

Cabe decir que la orden de aprehensión librada, fue hecha por “un juez de Distrito del DF, Santiago Ávila Negrón, el mismo que sentenció a Yakiri Rubí Rubio por el homicidio de su agresor sexual”.

Posteriormente, el pasado 29 de mayo, Canto Lugo, increpó a Enrique Peña Nieto en su salida del evento de inauguración de Juzgados Orales en Mérida, Yucatán; donde le gritó: “¿Dónde están los niños? ¿Dónde están mis nietos?”.

Sin embargo, el 4 de agosto, por orden de un juez de Jalisco, la abuela de los menores sustraídos, fue detenida en Yucatán por un supuesto fraude relacionado con la clonación de tarjetas de crédito, razón por la que –según el Observatorio Nacional Ciudadano Contra el Feminicidio- la señora fue arrestada por cuatro agentes de la Procuraduría General de la República “quienes la abordaron luego de que asistiera al periódico La Verdad, de Yucatán, para dar una entrevista sobre el caso de sus nietos” .

La señora Canto Lugo fue liberada el pasado 12 de agosto en Jalisco, por falta de pruebas para procesarla; toda vez que el día previo el Juzgado Octavo de Distrito de Procesos Penales con sede en Jalisco, dictó una resolución a la causa penal 158/2014-VI, decretando el auto de libertad.

Hay versiones, indicó (Efraín Encalada Burgos) el defensor (de señora Ligia Canto Lugo), de que el padre de los niños, Martín Alberto Medina Sonda, está en España, de manera legal. Se supone que los menores también estarían en ese país.

Todos estos hechos se enmarcan en un posible caso de persecución institucional “que padece por la manera en que su ex yerno, Martín Alberto Medina Sonda, trafica con sus influencias para tratar de acallarlos” .

Por lo que -una vez más- solicitamos a las autoridades correspondientes velar por la justicia en nuestro país, que actúen en estricto apego a derecho y no respondan a intereses personales que puedan poner en riesgo la aplicación de la ley y por ende de fincar las responsabilidades oportunas.

De tal forma que, atendiendo al caso por el que atraviesa Ema Gabriela Molina Canto, Ligia Canto Lugo y los tres menores de edad, presentamos a esta Asamblea el siguiente resolutivo con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La H. Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones correspondientes que determinen el paradero de Isabella, Martín y Mariana, sustraídos por su padre Martín Alberto Medina Sonda; a la par de averiguar la presunta persecución institucional que padecen Ema Gabriela Molina Canto y Ligia Canto Lugo, madre y abuela de los menores.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 23 días del mes de septiembre de 2014.