CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES A AUMENTAR Y REFORZAR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN CERTIFICADOS, CÉDULAS, TÍTULOS PROFESIONALES Y GRADOS ACADÉMICOS QUE EXPIDE, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS RICARDO MEJÍA BERDEJA Y RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado martes 21 de enero del año en curso el periódico El Universal dio a conocer cifras de la Secretaría de Educación Pública Federal sobre la detección de 3 mil 147 cédulas y 1 mil 914 certificados de bachillerato falsificados en el período comprendido de 2002-2012.

El gran mercado de documentos apócrifos está situado en las inmediaciones del centro histórico de la capital del país en la Plaza de Santo Domingo, es aquí dónde autoridades del Distrito Federal han realizado operativos que del año 2011 a agosto de 2013 han tenido como resultado 47 personas consignadas por el delito de falsificación de documentos. Es en este lugar en donde seis mil pesos son suficientes para que cualquier persona pueda obtener un título, una cédula profesional, un certificado de estudios y hasta la credencial para votar por 2 mil pesos al igual que el pasaporte.

Por su parte la Procuraduría General de la República cuenta con 25 expertos a nivel central y 30 al interior del país, encargados de verificar la autenticidad de documentos dudosos, mismos que son con su dictamen ayudan al Ministerio Público a integrar averiguaciones previas.

La expedición de la cédula es obligada para 27 profesiones de alto impacto aquellas vinculadas a la vida, patrimonio, seguridad y libertad. Datos de la Secretaría de Educación Pública ubican al certificado de bachillerato y a los títulos universitarios en las carreras de enfermería, medicina y derecho como los más demandados para falsificar de 2002 a 2012.

Los trámites que se realizan en la calle de República de Brasil no tienen mayor complicación, solo se necesitan documentos básicos como son la copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), una firma en hoja en blanco y fotos tamaño título.

Entre las entidades federativas con mayor cantidad de documentos falsos, según la cantidad de egresados, destacan Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Distrito Federal, estado de México, Puebla e Hidalgo.

La forma de operar es a través de los llamados coyotes o enganchadores quiénes ofrecen los servicios de falsificación de documentos, a plena luz del día, donde más de una veintena de personas en su mayoría hombres deambulan por la zona preguntando si requieren algún servicio de trámites oficiales, sin mayor preocupación de la presencia de la policía capitalina y de la cercanía con las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Cabe recalcar que las personas que se dedican a realizar éste tipo de actividades delictivas, alertan a los clientes de tener cuidado porque hay los llamados “charlatanes” que ofrecen los trámites en una hora y lo único que hacen es golpear, quitar dinero a los clientes y por supuesto no hay ningún trámite.

Los tramitadores presumen de hacer también “trabajos derechos”, donde los papeles no son copias falsificadas. El título es original y la cédula profesional se firma al interior de las oficinas de la (SEP). Tramitarlo tiene un costo de 150 mil pesos, afirman hacerlo a través de varias universidades que se prestan a ello, sin citar las universidades que presuntamente participan en actos corruptos.

A nivel superior las universidades de Guerrero, la Autónoma de Morelos, Benemérita Autónoma de Puebla, la Benito Juárez de Oaxaca, Autónoma de San Luis Potosí, la Autónoma de Tamaulipas y la Autónoma del estado de México son las que supuestamente expiden los títulos apócrifos.

Cabe recalcar que el delito de falsificación de documentos puede estar ligado con el “robo de identidad o suplantación” ya que para realizar estos delitos es necesario contar con algún tipo de identificación oficial (credencias apócrifas) para operar los fraudes.

Es menester como legisladores garantizar el libre y responsable ejercicio de las profesiones legales al tiempo, es de suma prioridad contar con los mecanismos que permitan que el documento que acredita a los profesionistas cuente con los códigos o lineamientos de máxima seguridad para no poder ser falsificados, además de erradicar al interior de las dependencias la emisión de documentación oficial y con esto las prácticas corruptas por parte de los empleados que tienen bajo su resguardo expedir dicha documentación.

Empero la situación actual de pobreza, desigualdad, falta de oportunidades para poder accesar a un espacio en alguna institución educativa, la relación oferta-demanda de los espacios en las universidades públicas, aunado a la infinidad de requisitos que solicitan los empleadores para la contratación conlleva a veces a acudir a este tipo de prácticas delictivas que ponen en riesgo a las sociedad en general, sin embargo debemos de estar conscientes que estas personas están participando en el delito de falsificación.

Desafortunadamente la actividad delictiva que nos acosa presenta un constituye un agravio frontal a los más altos valores de la sociedad mexicana.

Es menester combatir este tipo de delito y evitar la impunidad sin pretextos ni dilaciones. La proliferación de las conductas delictivas como la falsificación tiene su origen en la severa ausencia e insuficiencia de valores, ineficacia y corrupción por parte de las autoridades, es por ello que presentamos a esta asamblea la siguiente proposición, con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública federal, a aumentar y reforzar los mecanismos de seguridad de cada uno de los documentos oficiales que certifiquen el grado académico de los estudiantes, poniendo mayor énfasis en los certificados de bachillerato, las cédulas y títulos profesionales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero de 2014.

(Rúbrica)