PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A PRIVILEGIAR EL DIALOGO FRENTE A MANIFESTACIONES RELACIONADAS CON LA REFORMA EDUCATIVA Y A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A ABRIR UN PROCESO AMPLIO DE CONSULTA A TODOS LOS SECTORES INVOLUCRADOS EN LA EDUCACIÓN PARA REALIZAR LA REFORMA A LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA EN LA MATERIA.

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS     

La reforma constitucional en materia educativa, promulgada en el diario oficial el pasado 26 de febrero, adoleció de un elemento fundamental: la visión de todos los sectores involucrados en la educación pública en México, particularmente de maestras y maestros, así como de las y los padres de familia, quienes viven día a día las deficiencias del sistema educativo, que ha estado en el abandono presupuestal o en medio de la corrupción imperante promovida desde las altas esferas del poder.

La reforma educativa es el primer producto de la cúpula de intereses políticos y económicos representada en el supremo poder meta constitucional llamado Pacto por México, que por encima de los poderes legalmente constituidos, ha pretendido imponer un proyecto educativo, con visión centralista, que viene a terminar por desmantelar la educación pública en nuestro país.

Coincidiendo con el artículo de John Ackerman, publicado en La Jornada, el pasado 1º de abril, la reforma educativa no busca  fortalecer la educación pública, ni acabar con el corporativismo sindical, sino reconfigurar el charrismo sindical en función de los intereses del nuevo PRI en el gobierno.

Prueba evidente de lo anterior es el recibimiento por parte del Titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto,  al nuevo líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz, con todos los usos del viejo sistema, con lo que se confirma que más allá de la utilización mediática del encarcelamiento de la ex líder del SNTE Elba Esther Gordillo, la alianza de complicidades se mantiene intocada. Sólo cambiaron los personajes, los contubernios son los mismos.

Lo dijimos en la tribuna, en cada una de las reservas que las y los diputados de Movimiento Ciudadano presentamos, la reforma educativa debía ser puesta a consulta, escuchar las voces de los maestros y maestras, de los especialistas, de los profesionistas,  de los padres de familia, de los académicos y pedagogos, debía incluir la diversidad cultural y pluriétnica que conforma a nuestro país, considerar las condiciones de infraestructura que se requieren para garantizar la calidad y gratuidad de la educación pública, nos opusimos al establecimiento de la legalización del cobro de cuotas escolares previsto en el artículo Quinto transitorio, fracción III, inciso A) de la reforma constitucional, y exigimos revisar las necesidades que condicionan el acceso y permanencia de las niñas y niños al sistema educativo.

Fuimos claros al afirmar que para que haya educación de calidad, no hacen falta solamente maestros y maestras capacitados y actualizados en las nuevas metodologías de la enseñanza, hace falta también que tengan las herramientas técnicas y la infraestructura para emplearlas.

Cómo hablar de educación de calidad, cuando en las mismas ciudades, ya de las comunidades rurales ni ahondamos, carecen de techo y piso, que en condiciones climatológicas extremas como las que se viven en algunos estados, son necesidades básicas. Cómo hablar de calidad cuando las escuelas carecen de materiales educativos elementales para impartir clases, y las madres o padres de familia tienen que hacer esfuerzos por solventar esas necesidades, pero en los casos en que no les es posible se pone en entredicho la permanencia de sus hijos en el sistema educativo.

Propusimos que la reforma educativa debía considerar un sistema de evaluación al magisterio que considerara las diferentes habilidades y capacidades que deben desarrollar derivadas de su trabajo en los diferentes niveles educativos, así como en las diversas zonas y regiones del país, la reforma educativa debía incentivar el trabajo de las maestras y maestros, y velar por sus derechos laborales; las autoridades que se deberían elegir para la evaluación debían tener un perfil de experiencia en la materia, y no responder a cuotas partidistas o ligadas al control sindical.

Sin embargo, así como no escucharon ninguna de las reservas que se presentaron a la reforma, menos intentaron escuchar a las diferentes voces que hay sobre el tema.

La reforma educativa no podía venir de una visión centralista, que desconoce las diferentes realidades regionales y los problemas históricos y estructurales del sector educativo, elaborada desde el escritorio de algún funcionario a sueldo del Pacto por México, ni imponerse por la vía de la sumisión parlamentaria, convirtiendo a la Cámara de Diputados y en general al Congreso de la Unión en una mera oficialía de partes del Ejecutivo.

Ahora vivimos las consecuencias de la cerrazón política para debatir, para hacer las cosas bien. El Pacto por México es una camisa de fuerza autoritaria que ahoga la vida de la República y la pluralidad del país.

Las manifestaciones de maestras y maestros, principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas, responden a la necesidad de buscar caminos para ser escuchados, llegando en su desesperación a vías extremas con las que no coincidimos cuando afectan a terceros, pero que entendemos surgen de la impotencia frente a la negativa a abrir alternativas de diálogo. La represión a esas manifestaciones por parte del Gobierno Federal responde a la reprobable regresión autoritaria y a la involución política que se vive en el país.

Hemos visto en los últimos días una escalada de violencia ante la intransigencia política de escuchar a otras voces, las manifestaciones han ido adquiriendo otros niveles, ante a los oídos sordos que han respondido con el uso de la fuerza para imponer su visión única, centralista. Algunos medios han sido el conducto para la criminalización pública de la protesta, así como lo son para la legitimación del gobierno. Pero el descontento y malestar se ha ido generalizando, al ver en los hechos que nada cambia y si cambia no es para bien.

Los profesores que forman parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se han forjado en las luchas sindicales para el reconocimiento de sus derechos laborales, y por el fortalecimiento de la educación en México y no han sido pocas las batallas que han tenido que dar. Esta sin duda, es una de las batallas más trascendentales que están dispuestos a dar, y es preciso abrir los canales de diálogo y negociación política que conduzcan a los acuerdos necesarios que nos conduzcan a la reforma educativa que realmente México demanda.

Ante las condiciones que privan a raíz de la reforma constitucional en materia educativa, consideramos pertinente hacer un llamado al Ejecutivo Federal a entender este entorno, y abrir esos canales de diálogo antes del uso de la fuerza pública.

Aunque no es la vía idónea, pues en la Constitución deben estar plasmados los principios rectores de la educación en México, la legislación secundaria en esta materia abre una oportunidad para reconducir el proceso legislativo y considerar las visiones que han sido excluidas hasta ahora en la reforma educativa.

Así como a los legisladores, compañeros de esta legislatura, les exhortarlos a asumir el papel que como representantes de la ciudadanía tenemos, antes que de partidos o de intereses particulares, para desarrollar nuestro quehacer legislativo y parlamentario de cara a la ciudadanía y escuchando las voces de todas aquellas personas que tienen un interés legítimo en que la educación sea realmente el motor de desarrollo en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto presentamos a esta asamblea la siguiente proposición, con:

 PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La H. Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal a privilegiar el diálogo ante las manifestaciones realizadas en relación con la reforma educativa en diferentes zonas del país y evitar la represión en contra de los movimientos sociales.

 SEGUNDO.- La H. Cámara de Diputados exhorta a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos a iniciar un proceso amplio de consulta a todos los sectores involucrados en la educación pública a fin de incluir sus propuestas en la reforma a legislación secundaria en la materia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 9  días del mes de Abril de 2013.