Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Nuevo León a respetar las expresiones ciudadanas para resignificar los espacios públicos en nombre de las personas desaparecidas, suscrita por los diputados Margarita Elena Tapia Fonllem, Ricardo Mejía Berdeja y Loretta Ortiz Ahlf, de los Grupos Parlamentarios del PRD, de Movimiento Ciudadano y del PT, respectivamente

Quienes suscriben, integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hemos tenido conocimiento de que autoridades de Nuevo León han incurrido en acciones que agravian a las familias organizadas de personas desaparecidas en la ciudad de Monterrey, al retirar el 5 de abril de 2014, los nombres de las víctimas en una plaza pública donde habían sido colocados en el acto colectivo denominado “La transparencia de la víspera”.

La desaparición de personas constituye uno de los pendientes más graves del Estado hacia la ciudadanía, y en sí mismo significa una violación estructural a los derechos humanos, pues las autoridades, por acción o por omisión, incumplen sus obligaciones en materia de seguridad y justicia para garantizar los derechos a la vida, a la dignidad, a la integridad, entre otros. En los últimos siete años, la crisis de seguridad y justicia que ha derivado en la emergencia nacional ha causado el surgimiento de grupos organizados para demandar al Estado atención a las personas desaparecidas, asesinadas, desplazadas y heridas, así como a sus familias.

Nos une la convicción de que saldar el pendiente con la historia requiere de la verdad y la reconciliación, por lo que muchas naciones han instituido comisiones de la verdad para investigar, clarificar, reinterpretar e incluso sancionar los hechos históricos en el ámbito público. En países como Chile, Argentina, Guatemala y Perú se han inaugurado placas, cédulas, esculturas, instalaciones, obras de arte, parques, museos, galerías o monumentos.

Para comenzar un camino de justicia hacia miles de personas asesinadas y desaparecidas, México debe iniciar un proceso de reconocimiento y memoria. Cabe recordar que, desde sus inicios, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que conjuntó a movimientos, organizaciones y víctimas de la violencia en la administración de Felipe Calderón, emprendió múltiples acciones de memoria, como la colocación de siete placas en el Palacio de Gobierno en Cuernavaca, Morelos, por el asesinato de Juan Francisco Sicilia y otras víctimas, o bien la placa de Marisela Escobedo en Chihuahua, en el marco de la Caravana del Consuelo.

Las acciones de memoria y de reconocimiento de los grupos organizados se vinculan con derecho a la verdad, que ha sido una exigencia constante de las víctimas indirectas. Fuundem y sus colectivos en Nuevo León y Coahuila han señalado reiteradamente las falencias en la identificación de restos humanos, mismos que se han entregado a los familiares presumiendo la muerte de sus desaparecidas y desaparecidos, soslayando la necesidad de un proceso completo de acciones para la justicia:

El derecho a la verdad implica saber dónde están nuestros familiares desaparecidos, que los busquen, que investiguen los hechos motivo de la desaparición, que se determinen las responsabilidades respectivas y que en caso de que pudieran haber fallecido, esto quede acreditado de manera indubitable, a través de los métodos científicos internacionalmente reconocidos y que como familiares, no nos quede duda sobre dichas identificaciones.1

La inadecuada atención a los casos de personas desaparecidas representa la indiferencia del Estado ante esas personas. La ausencia es la medida del dolor de los familiares, por lo que nombrar a la víctima de desaparición y mostrar sus fotografías, imágenes u objetos relacionados es un acto de protesta y memoria, para que la persona desaparecida no se esfume de la vista de una comunidad, en la que ya no está presente, y que la autoridad se dedique a la búsqueda, a la investigación, a la sanción, a la reparación, al esclarecimiento de los hechos.

Desde su formación, Fuundec ha presentado una serie de demandas, que derivan de su propia experiencia ante autoridades que, con diversas acciones y omisiones, han obstaculizado un pleno acceso a la justicia. Las exigencias se agrupan en siete puntos: 1. búsqueda inmediata de las personas desaparecidas; 2. conformación de una base de datos, 3. Atención estructural de la PGR a todos los casos de desapariciones; 4. Creación de una fiscalía especial para personas desaparecidas; 5. Creación e implantación de protocolos de investigación para personas desaparecidas; 6. Implantación de un programa federal de atención a los familiares de las personas desaparecidas; y 7. Aceptar las recomendaciones del informe preliminar del grupo de trabajo para desapariciones forzadas de la ONU.

Por tanto, las exigencias comprometen una acción decidida y coordinada por parte de todos los órdenes y niveles de gobierno. En el caso que nos ocupa, el gobierno de Nuevo León también está obligado a emprender varias de estas acciones para responder a los graves acontecimientos que han desgarrado a estas familias y hogares.

En dicho estado se ha registrado una baja aparente en el número de secuestros o desapariciones en el área metropolitana de Monterrey durante 2014, pero no en los municipios rurales, como ha informado la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos.2

La creación del Grupo Especial de Acción Inmediata de la Unidad Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha sido suficiente, y los recientes acontecimientos nos hacen presumir que tampoco existe una voluntad firme para resolver prioritariamente las desapariciones. En dicha entidad se puede escuchar actualmente una serie de cápsulas televisivas que intentan dar un carpetazo, una especie de “borrón y cuenta nueva” por el gobierno en materia de seguridad, pero sobre todo en el caso de las desapariciones.

Tal como lo ha dicho el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León (Fundenl),3 parecería que la administración Rodrigo Medina de la Cruz ha iniciado una campaña de invisibilización de la violencia en Nuevo León, pues al posicionar a la policía estatal Fuerza Civil, da a entender, por medios de difusión, que “ya pasó todo”.

La incompetencia del gobierno queda manifiesta en dos sentidos: la falta de políticas que realmente resuelvan los problemas de inseguridad y la negligencia para la debida búsqueda de las personas desaparecidas. Ante la negativa del gobierno para implementar una búsqueda inmediata, real y efectiva de las personas desaparecidas, así como la creación de un censo de personas desaparecidas en el estado, los integrantes de Fundenl respondieron ejerciendo su derecho a la justicia y a la memoria, así como al derecho ciudadano de utilizar las plazas públicas.

En un primer evento, 11 de enero del presente año, y posteriormente el 22 de febrero, las familias de las personas desaparecidas hicieron un llamado a la sociedad a través de la colocación de los nombres de sus desaparecidas y desaparecidos, haciendo de la Plaza de la Transparencia de la Víspera una convocatoria para que sus seres queridos, hoy desaparecidos, regresen.

Dicha resignificación fue también un nuevo llamado a las autoridades para que la escultura que hasta hace unos días portaba los nombres de las personas desaparecidas, fuera un recordatorio constante de la gran responsabilidad que tiene el gobierno para con sus gobernados: servirles con justicia y transparencia.

Sin embargo, el 5 de abril de 2014, los nombres de las personas desaparecidas habían sido retirados de la plaza. El 9 de abril del presente año, vía telefónica, el licenciado Javier Castaño Garza, director de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, aceptó ante integrantes de Fundenl que el mantenimiento de la plaza estaba a su cargo, y justificó no saber quiénes realizaron el retiro de los nombres y que su personal lo había reportado como un “acto vandálico” de la sociedad, ofreciéndose efectuar las acciones necesarias para preservar los nombres y la placa en un futuro.

Una frase empleada en la campaña de medios en el estado cita: “Hoy no puedo traer a El Chaparro de regreso, pero juntos podemos hacer que la historia no se repita”.

La declaración de incompetencia del gobierno del estado de Nuevo León es inaceptable, pues no puede renunciar a su obligación de dar una debida atención a víctimas y familiares, conforme a las atribuciones que la autoridad posee.

Las familias acordaron que el sábado 12 de abril a las 4 pm colocarían los nombres de sus personas desaparecidas:

1. Roy Rivera Hidalgo, secuestrado y aún desaparecido el 11 de enero de 2011.

2. Kristian Karim Flores Huerta, desaparecido el 12 de agosto de 2010.

3. Gino Alberto Campos Ávila, desaparecido el 8 de junio de 2011.

4. Brenda Damaris González Solís, desaparecida el 31 de julio de 2011.

5. Ernesto Efraín Vidal Flores, desaparecido el 11 de abril de 2011.

6. Jesús Omar Salaya Montejano, desaparecido el 23 de mayo de 2010.

7. Luis Alberto Navarro Escobedo, desaparecido el 23 de mayo de 2010.

8. José Ángel Rivera Silva, desaparecido el 23 de noviembre de 2012.

9. Martín A. Fiol Alfaro, desaparecido el 12 de agosto de 2010.

10. Gustavo Castañeda Puentes, desaparecido el 25 de febrero de 2009.

11. Melchor Flores Hernández, desaparecido el 25 de febrero de 2009.

12. Alejandro Alfonso Moreno Baca, desaparecido el 27 de enero de 2011.

13. Osvaldo Arizmendiz Flores, desaparecido el 23 de febrero de 2012.

En solidaridad con ellos, y haciendo votos por su inmediata localización y con un pleno acceso a la justicia y a la verdad para las familias, planteamos a los diputados respaldar este pronunciamiento.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del Estado Libre y Soberano de Nuevo León a

Primero. Respetar las expresiones ciudadanas para resignificar los espacios públicos y visibilizar los casos de personas desaparecidas, en particular la efectuada en la plaza pública ubicada en el cruce de las calles Washington y Zaragoza en la ciudad de Monterrey, y reconozca públicamente a dichas personas como desaparecidas.

Segundo. Instruir al titular de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León a fin de que instale mesas de trabajo, convocando a todos los familiares de personas desaparecidas en dicha entidad federativa, a fin de plantear conjuntamente un proyecto de acciones para atender los casos de acuerdo a las facultades y obligaciones legales y constitucionales que le asisten.

Tercero. Dictar instrucciones a las dependencias de gobierno, seguridad y justicia a su cargo para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, brinden la debida atención a víctimas y familiares en sus actuaciones, y establezcan un diálogo personalizado para rendir cuentas pormenorizadas sobre los avances para resolver los respectivos casos, en los términos de la ley.

Notas

1 Fundem. Comunicado de prensa Fundem: El derecho a la verdad es pilar de la justicia, 1 9 de octubre de 2012, disponible en: http://fuundec.org/2012/10/20/comunicado-de-prensa-fundem-el-derecho-a- la-verdad-es-pilar-de-la-justicia/ [consultado el 9 de abril de 2014].

2   http://www.milenio.com/region/secuestros-zona_rural_0_276572838.html

3 Fundenl. Comunicado: Gobierno de Nuevo León destruye nombres de desaparecidos, 9 de abril de 2014, disponible en http://fundenl.org/?p=963

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de abril de 2014.

Diputados: Elena Tapia Fonllem, Ricardo Mejía Berdeja, Loretta Ortiz Ahlf (rúbricas).