Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la CNDH a responder la carta entregada a él en su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión este 29 de enero, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 29 de enero, el doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, presentó el informe anual de actividades correspondiente a 2013 ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, de conformidad a lo previsto por los artículos 102, Apartado B, de la Constitución

En dicho documento el titular de la CNDH precisa que en 2013 se proporcionaron 384 mil 15 servicios de atención al público, se recibieron y clasificaron 45 mil 972 escritos de queja, de las cuales 23 mil 716 dieron origen a nueve mil ocho expedientes de queja, ocho mil 167 de orientación directa; seis mil 115 de remisión y 426 de inconformidad, por lo que los 22 mil 256 escritos restantes corresponden a otro tipo de documentos.1 Asimismo, en el informe presentado se expone que:

En 2013, se emitieron 86 recomendaciones, en las que fueron señaladas 109 autoridades. De éstas 65 dirigidas a autoridades del ámbito federal y 44 dirigidas a autoridades del ámbito estatal o municipal. Al respecto, es importante precisar que el gobierno federal aceptó todas las recomendaciones, incluyendo algunas que se habían rechazado en 2012.2

Respecto a las autoridades señaladas mayormente como responsables de violar los derechos humanos, se encuentran:

Instituto Mexicano del Seguro Social (mil 660); órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (mil 292); Secretaría de la Defensa Nacional (811); Procuraduría General de la República (735); Policía Federal (619); Secretaría de Educación Pública (599); Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (536); Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación (454); Comisión Federal de Electricidad (432) y Secretaría de Marina (385).3

Cabe destacar que entre los casos que se exhiben en el documento enviado al doctor Plascencia se encuentran el relacionado con las recomendaciones 45, 48, 51 y 55 por diversas violaciones en contra de menores de edad en establecimientos educativos; ya que llama la atención que en la primera de esas recomendaciones, dirigida al rector de la UNAM, su emisión le haya tomado tan sólo cinco meses desde que recibió la queja, mientras que las otras tres, dirigidas al secretario de Educación Pública, tardaron entre 17 meses y dos años para ser emitidas.

Al respecto se cuestiona el posible conflicto de intereses que pudiera tener el titular de la CNDH respecto a la participación de Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM, en la contienda para designar al próximo presidente de la comisión; razón por la cual se busca que se dé una respuesta clara sobre la emisión de las recomendaciones y el carácter de éstas.

Por otro lado, es necesario señalar que la Recomendación 80/2013 relativa al asesinato de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, no fue considerada como recomendación por violaciones graves pese a la magnitud de los hechos en contra de las víctimas, a la par de haber tardado tres años y cuatro meses en emitirla.

Derivado de lo publicado en Animal Político (20 de enero) y Proceso (26 de enero) la CNDH omitió recabar el testimonio de algunos familiares de los y omitió una investigación real sobre los hechos por lo cual integrantes de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho interpusieron un amparo, el cual fue admitido el 17 de enero por el juzgado Décimo Primero de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal.

Como otro de los ejemplos citados, se alude a las recomendaciones 12/2010, 54/2011 y 61/2011 emitidas por la CNDH, las cuales están dirigidas a la Comisión Nacional del Agua cuya no aceptación obligaron al entonces titular José Luis Luege, a comparecer ante el Senado a explicar la situación. Llama la atención que en el informe de 2013 no haya emitido recomendación alguna en contra de ese organismo.

No puede omitirse que en otros casos similares, el titular de la CNDH no denunció la situación al Senado, aun cuando la ley así se lo ordena.

Asimismo se señalan las inconsistencias en la actuación de la CNDH respecto al caso de Florence Cassez, la normal de Ayotzinapa, Guerrero o la falta de una postura frente a las implicaciones que pudiera tener la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la jerarquía de los tratados internacionales y lo enmarcado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e incluso su falta de actuación ante la reforma constitucional en materia de arraigo, la cual no eliminó la figura sino únicamente disminuyó el número de días en el que puede ser aplicada, continuando con la grave violación a los derechos humanos y contraviniendo lo estipulado en los diversos tratados internacionales que México ha firmado en el tema

Por último se subraya que mientras que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó la recomendación 7/2013 por los actos sucedidos el primero de diciembre de 2012, la CNDH no emitió recomendación alguna ni tampoco se ha posicionado sobre la muerte del activista Juan Francisco Kuykendall Leal, quien sufrió heridas durante las protestas que le provocaron una fractura craneocefálica.

Por lo que se menciona de que la CNDH ha mantenido una postura tibia respecto a las reiteradas violaciones de los derechos humanos en el marco de diversas manifestaciones sociales, sobre todo las realizadas en el Distrito Federal y por el contrario ha insistido con gran énfasis en el supuesto sujeción de los operativos policiacos a los derechos humanos y en la necesidad de reparar los daños a inmuebles en vez de procurar la seguridad y protección a las y los manifestantes.

Sumando a lo previamente señalado cabe hacer mención del caso de María Luz Salcedo Palacios, mejor conocida como Lucero y víctima de violencia de género en el estado de Guanajuato, ha cuestionado la inacción de la CNDH ya que a cuatro meses de haber presentado una queja por los hechos ocurridos ante dicho organismo éste no ha emitido ninguna recomendación al respecto.

Es así que por las razones expuestas; presentamos a esta asamblea el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a fin de hacer pública la información respecto a la carta abierta entregada en la sesión de la Comisión Permanente del pasado 29 de enero, en la que rindió su informe de labores.

Notas

1 CNDH, “Palabras del doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la presentación del informe anual de actividades 2013, ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión”, (en línea), México, Dirección URL: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/PalabrasRPV/2014012 9_0.pdf

2 Ídem.

3 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2014.

(Rúbrica)