Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a atender la resolución del caso de Alberta Alcántara y Teresa González, sobre la indemnización por el proceso ilegal de que fueron objeto, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, José Francisco Coronato Rodríguez, Margarita Elena Tapia Fonllem y Roberto López Suárez, diputados de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano y del PRD

Los proponentes, Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila, José Francisco Coronato Rodríguez, Margarita Elena Tapia Fonllem y Roberto López Suárez, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo que por su naturaleza y dados los acontecimientos se constituye como de urgente y obvia resolución conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El caso de la injusticia cometida en contra de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, mujeres de la etnia Hñahñú (otomí), sentenciadas el diecinueve de febrero de dos mil diez, en Querétaro, dentro de la causa penal número 48/2006 por el supuesto delito de secuestro en contra de seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y posesión de cocaína, es uno más de la ominosa lista de la fabricación de culpables en nuestro país.

Muchas organizaciones y la sociedad civil hicieron causa común contra el atropello, causa que encontró su resolución por la vía judicial en la revocación de la sentencia condenatoria en el recurso de apelación 2/2010 resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual puso fin a tres años de confinamiento en el reclusorio. Alberta y Teresa recuperaron su libertad en abril del 2010 tras ser declaradas inocentes.

Consideramos que no basta con el esclarecimiento del caso, no basta con hallar la verdad, la justicia pasa necesariamente por el otorgamiento de una reparación integral por parte del Estado mexicano, debido a que permanecieron encarceladas injustamente por más de tres años por actos y omisiones de diversas autoridades.

No olvidamos mencionar que este Poder Legislativo expidió en 2012 la Ley General de Víctimas, que refrenda estos principios para las víctimas que hayan resultado tales con posterioridad a la entrada en vigor del decreto promulgatorio del ordenamiento en cuestión.

En ese sentido, la indemnización definida como una reparación del daño solo incluye rubros como daños personales y morales y no se refiere a otras medida de reparación más amplias como ordenarle al Estado una disculpa pública o medida a tendientes a garantizar hechos como los que ellas vivieron no se vuelva a repetir.

En el recurso interpuesto por las dos mujeres ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se determinó que las irregularidades y omisiones implican un daño patrimonial y moral, motivo por el cual ordenó un pago de un millón 72 mil 624 pesos y el no hacerlo, sentaría un precedente de impunidad cuando el Estado comete estos graves errores que afectan la trayectoria de vida.

Los abogados defensores sostienen que la PGR no ha querido ceder en los daños fundamentales, sobre todo en el daño económico, por lo que esta institución recurrió la resolución del Tribunal Superior. Por si esto fuera poco, el desenlace del procedimiento judicial que se siguió en contra de las ciudadanas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan se violó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, como consta en la absolución que recibieron por parte de la Primera Sala de la SCJN.

Podemos asentar que las ciudadanas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan han sido víctimas de discriminación étnica y violencia institucional, ya que enfrentaron graves desigualdades la violación a los principios de presunción de inocencia, de legalidad entre otros, que todas las autoridades están obligadas a garantizar.

Organizaciones como Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, así como miles de ciudadanas y ciudadanos en la lucha por los derechos humanos señalan que el procedimiento que marca la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, es la única vía que las personas en México tienen para reclamar una reparación del daño a su favor cuando la autoridad ministerial actúa de modo irregular y ello deriva en una reclusión injusta.

Por ello, si la Procuraduría lograra revocar o bien incumpliera con la resolución del Tribunal Superior, sentaría un precedente institucional sumamente negativo, que pondría en riesgo la vigencia de la legislación de avanzada en materia de derechos humanos, como lo es la Ley General de Víctimas que debe comenzar a aplicarse.

Como legisladoras y legisladores, estamos obligados a promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos contenidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales, y en especial debemos atender el principio de progresividad para garantizar la protección ascendente y expansiva a favor de las personas, y no a favor de los intereses del Estado, menos aún cuando las deficiencias en la actuación de ésta han sido objeto de sentencias judiciales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, a atender en sus términos la resolución del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, a fin de que las ciudadanas Alberta Alcántara y Teresa González reciban la indemnización correspondiente.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2014.

(Rúbrica)