DISCURSO DEL VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, RICARDO MEJÍA BDERDEJA, DE LA INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 215-A DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

Compañero Presidente;

Compañeras y compañeros diputados;

La presente iniciativa que sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados tiene como propósito central modificar el artículo 215-A del Código Penal Federal.

Lo que estamos planteando es modificar la tipificación del delito de desaparición forzada. Desaparición forzada es el término que designa a un delito complejo que supone la violación de múltiples derechos humanos y cometido en determinadas circunstancias constituye un crimen de lesa humanidad.

El delito de desaparición forzada está caracterizado por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes de Estado, grupos o individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte con el fin de sustraer a este individuo de la protección que le brinda la ley.

A partir de los años 70, se empieza a escuchar constantemente de personas desaparecidas, principalmente en el estado de Guerrero.

Sin embargo en los últimos años y a pesar del esfuerzo que se ha emprendido para erradicar este tipo de prácticas, organismos internacionales como la ONU y Amnistía Internacional han venido documentando una serie de desapariciones forzadas en nuestro país.

En el contexto de la guerra contra el narcotráfico, las víctimas de desaparición forzada se cuentan por centenas, además de que este delito es inexistente en el 62.5 por ciento del país. Sólo en dos entidades se contempla a nivel federal, pero su regulación es inadecuada y no satisface a los estándares internacionales.

La Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional, estima que en los últimos seis años hay cuando menos 24 mil personas desaparecidas.

Por lo tanto el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone una mejor tipificación en el Código Penal Federal, a efecto de que este delito quede debidamente regulado.

Actualmente, dice el artículo 215 A: “Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”.

Nos parece insuficiente esa redacción y estamos proponiendo lo siguiente: “Se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra de agentes del Estado, presidente de la república, personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado seguido de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida sustrayéndola de la protección de la ley”.

La figura jurídica actual de la que estamos proponiendo su modificación restringe la autoría del delito a servidores públicos, contrario a nuestra reforma que plantea no solamente a los servidores públicos o agentes de Estado, sino a todas aquellas personas que participan en la desaparición, con el apoyo o la tolerancia de los servidores públicos.

Finalmente algo que es muy importante. Estamos planteando también, como parte de este tipo penal, la negativa de reconocer la privación de la libertad o de proporcionar información sobre el paradero de la víctima.

Nos parece que en las circunstancias actuales, donde hay un grave retroceso en los últimos años en materia de derechos humanos, tenemos que hacer un esfuerzo en la materia. Por eso hemos propuesto ya desaparecer la figura del arraigo y estamos planteando en este caso modificar el tipo penal del delito de desaparición forzada para adecuarlo a los estándares internacionales y para que la ciudadanía tenga una mayor protección.

Nos preocupa este Estado policiaco que se está empezando a prefigurar, nos preocupa que se partidice o se politice la procuración de justicia, sobre todo a raíz de que el titular va a ser Murillo Karam, que nos merece respeto y tiene la posibilidad de pedir licencia, pero no deja de ser un militante destacado de un partido político.

Por eso estamos planteando que se blinde jurídicamente el Estado mexicano y la legislación penal para evitar tentaciones autoritarias, para evitar que se criminalice la protesta social y para evitar que líderes políticos o sociales en diferentes rincones del país sean víctimas de estos delitos de lesa humanidad. Es cuanto y lo sometemos a la consideración. Estaremos pendientes del turno que le dé la Mesa Directiva.

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