PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (INAPAM), A QUE DE MANERA CONJUNTA IMPLEMENTEN UNA ESTRATEGIA INTEGRAL A FIN DE ERRADICAR LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

 

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución, conforme a las siguientes:

Consideraciones

Las personas adultas mayores han ocupado un lugar relevante en la transmisión de valores y tradiciones a lo largo de la historia de nuestro país, sin embargo, el avance de la tecnología y la percepción errada de que sólo quien posee una educación escolarizada, o quien es físicamente productivo puede ser sujeto de derechos plenos, ha propiciado un desplazamiento de las personas adultas mayores en el sistema productivo y en la escala de necesidades y seguridades por satisfacer, situándolos  dentro de una población vulnerable, al ser discriminada y desprotegida.

En la esfera internacional, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos  establece el derecho de las personas a contar con un nivel de vida  adecuado, que le asegure  la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y social en  la vejez.

En México la ley establece que la edad para considerar a un ciudadano como adulto mayor es de 60 años.  Según datos del censo de 2010, en México hay 10.8 millones de adultos mayores, que corresponden a casi el 10% del total de la población.

El desplazamiento de los adultos mayores en el sistema productivo y las condiciones propias de la edad, los hace susceptibles a ser relegados y poco considerados, es por ello que  es importante  promover el respeto a los derechos de los adultos mayores, bajo una percepción sensible a sus condiciones  de vida y posibilidades de participación en la sociedad con dignidad, reconocimiento y aprecio.

Sin embargo, a pesar de los instrumentos internacionales y las propias leyes del país, se calcula que alrededor de 680 mil personas adultas mayores en México padecen violencia física o psicológica por parte de sus propios familiares; México está ubicado arriba del promedio de países que ejercen violencia hacia los adultos mayores.

La violencia, abuso y maltrato de este sector poblacional en México es un problema que en los últimos años se ha incrementado en el país, y que actualmente padecen más de un millón y medio de personas; es decir, 16 por ciento de la población en general.

Previo al Día Mundial contra el Abuso y Maltrato en la Vejez (15 de junio), organizaciones civiles, especialistas e instituciones hicieron un llamado a la sociedad en general para hacer visible dicha realidad “hoy alarmante”, y que podría convertirse en una situación más sería, ya que para el 2050 se estima que México será el país con mayor proporción de adultos mayores en toda América Latina: 33.8[1] millones de personas con más de 60 años, según las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo).

De acuerdo con la Fundación para el Bienestar del Adulto Mayor, de los 10.9 millones de adultos mayores que hay en México, 1.7 millones son víctimas actualmente de violencia tanto física como psicológica y la mayoría, el 40 por ciento, alrededor de 680 mil ancianos, vive bajo estas condiciones de violencia dentro de sus propios hogares.

“Es una situación alarmante que de acuerdo con diferentes estudios muestra que 16 de cada 100 adultos vive algún grado de maltrato, el cual en muchas ocasiones no perciben como tal y que las autoridades, instituciones y sociedad no ha sabido abordada como se debe, pues sólo basta recordar el tema de las pensiones ha servido y se ha manejado como poder político”.

La tolerancia de estereotipos y prejuicios como son la visión negativa de la vejez y el desprecio hacia otras personas han dado lugar al aumento en el abuso, el maltrato y la violencia que afecta a miles de personas.

Además, es importante mencionar que en materia de violencia contra las personas adultas mayores existe un subregistro, pues la gran mayoría de casos nunca son denunciados y no son materia real de estadísticas, sin embargo, las cifras disponibles colocan a México como una nación que está muy por arriba del promedio, sólo en este asunto, de otros países europeos donde ésta realidad llega a dañar a cinco por ciento de su población.

Aunque son contextos y realidades muy diferentes nos da una visión del tema y de la necesidad de abordarlo, pues la vejez es una etapa de la vida por la que casi todas las personas transitaremos, y es necesario garantizar un modo de vida digno y con derechos plenos para quienes se encuentren en esta etapa.

Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, a que en el ámbito de sus facultades establezca las acciones necesarias para conocer las cifras concretas y reales de personas adultas mayores víctimas de violencia física y psicológica, ya sea en el ámbito familiar como en cualquier sector en el que desarrollen su vida.

SEGUNDO.- Exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, Mercedes Juan López, a que en el marco de sus facultades establezca actividades de refuerzo a las políticas de atención a personas adultas mayores, a fin de dar atención ágil y especializada a las personas adultas mayores que son víctimas de violencia física y/o psicológica.

TERCERO.- Se exhorta a la Directora General del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Aracely Escalante Jasso, a que en el ámbito de sus facultades fortalezca el funcionamiento de los albergues y residencias del Instituto, a fin de proporcionar asistencia integral a las personas adultas mayores que son víctimas de violencia física y/o psicológica, así como recibir alojamiento permanente o temporal y sean acreedoras de todos los servicios correspondientes.

 

Dado en el Senado de la República, a 28 de mayo de 2014.