PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A JULIÁN OLIVAS UGALDE, SUBSECRETARIO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A INVESTIGAR LOS PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS AL INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, EN ESPECÍFICO EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE MINERÍA Y PARA EXHORTAR A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A REALIZAR UNA AUDITORÍA ESPECIAL PARA VERIFICAR QUE LAS RESERVAS CERTIFICADAS DURANTE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN CORRESPONDAN CON LA REALIDAD, EN ESPECIAL AQUELLOS CASOS EN LOS QUE HAN SIDO BENEFICIARIAS DE APOYOS PROVENIENTES DEL FIFOMI.

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A raíz de los acontecimientos relacionados con la fuga de materiales contaminantes en los ríos Bacanuchi y Sonora por parte de la empresa minera Cananea perteneciente al Grupo Industrial México, se ha observado la falta y ausencia de la aplicación normativa y del Estado de Derecho que debe imperar por parte de las autoridades encargadas de otorgar las concesiones para explotar minerales en el país.

Situación que deriva en algo muy grave, en virtud de que dichos acontecimientos han generado daños ambientales, sociales y económicos de enorme cuantía, al verter más de cuarenta millones de litros de ácido sulfhídrico en dichos ríos.

Este hecho ha provocado no sólo la molestia y el detrimento económico de las y los ciudadanos de más de nueve municipios colindantes con la zona afectada, sino también se ha incurrido en riesgos para la salud de quienes habitan dichos lugares, al estar expuestos a la ingestión de agua contaminada.

Asimismo, ha traído como consecuencia que muchos agricultores se vean impedidos para poder vender y exportar su producción, pues los compradores temen que los alimentos estén contaminados; por otro lado, este enorme desastre ha retrasado el ingreso a clases de más de 89 escuelas de nivel primaria, es decir, aproximadamente cinco mil 900 estudiantes resultaron con afectación.

Resulta evidente que los hechos descritos son de interés público, en especial para las y los legisladores federales, al ser los que representan a la ciudadanía frente al Estado. Por ello, es necesaria la intervención para cuestionar a las autoridades responsables de otorgar los permisos y/o licencias a empresas privadas que explotan los recursos naturales de nuestro país, pues son éstas las que además de autorizar dichos permisos, deben vigilar que los particulares involucrados lo hagan de acuerdo con lo establecido en la ley.

Es decir, no sólo se constriñe a permitir la explotación de mineral, sino a darle el seguimiento puntual y vigilar que esta actividad sea realizada con estricto apego a derecho.

La Secretaría de Economía tiene dentro de sus facultades, regir y regular al sector industrial y en este caso al minero; en este sentido se observa que su respuesta antes los hechos ocurridos ha sido pasiva frente a la sociedad y los medios de comunicación pues no ha brindado una respuesta contundente acerca de las acciones concretas que, para prevenir o corregir este tipo de problemas se están tomando.

A su vez, la Coordinación General de Minería de la Secretaría de Economía, a cargo del Lic. Mario Alfonso Cantú Suárez, es la responsable jurídicamente de otorgar los permisos a particulares para la explotación de minas.

Asimismo, es la responsable de vigilar que las empresas beneficiadas con dichos permisos realicen su actividad apegada a la ley; lamentablemente, dicho organismo se ha abstenido en todo momento de dar la cara públicamente frente a la ciudadanía y mucho menos ha exigido a la empresa responsable de dicho desastre, a reparar el daño o de lo contrario suspenderle la concesión para seguir explotando la mina en cuestión.

La única dependencia que ha actuado en consecuencia frente al desastre desde la parte ambiental, ha sido la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quienes son las dependencias responsables de resguardar el medio ambiente, así como su justo y legal aprovechamiento.

En este sentido, es clara la omisión –en consecuencia la negligencia y responsabilidad frente a los hechos por parte de la Secretaría de Economía y la Coordinación General de Minerías- pues se insiste, son estas dependencias las que regulan al sector industrial minero y su acción frente a los hechos se ha reducido a no decir ni hacer nada, en una franca indiferencia a la demanda ciudadana de tomar acciones concretas para evitar el abuso de las concesiones.

Entonces, la interrogante que persiste es sobre si su labor sólo se reduce a brindar permisos de explotación y no a también vigilar que esta actividad se realice de forma legar, cumpliendo con la normatividad aplicable.

Lamentablemente en fecha reciente se ha conocido una larga serie de denuncias y acusaciones por presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias e, incluso, casos de nepotismo vinculados a varios funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Economía y de la Coordinación General de Minería; entre las cuales se encuentran las presentadas a continuación:

  1. Denuncias de personas físicas y morales que declaran ser víctimas de funcionaros que condicionan la expedición de concesiones de explotación a cambio de sumas de dinero o, en su defecto, la participación en sociedad de las mismas explotaciones hasta por un cincuenta por ciento de ellas.
  2. Acusaciones acerca de certificaciones poco confiables de las reservas de minerales en algunas concesiones a las que se ofrece (a cambio de una módica comisión), el servicio de apoyos económicos desde las instancias del Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), con base en dichas reservas presuntamente apócrifas.
  3. Presuntos actos de nepotismo y tráfico de influencias por contratación de familiares en algunos de los órganos bajo su control, al incluir en la nómina del FIFOMI a uno de sus hijos, organismo que preside el propio Coordinador General de Minería de la Secretaría de Economía, en donde también se ha designado en posiciones clave a presuntos familiares políticos y consanguíneos de Ildefonso Guajardo Villareal, Secretario de Economía.

 

Dado lo anterior, es importante eliminar todo tipo de duda acerca de la legalidad de los actos que realizan funcionarios de primer nivel del Gobierno Federal, en particular de un sector clave para el desarrollo nacional cuyo desempeño reciente ha dejado mucho que desear; por ello presentamos a esta H. Asamblea los siguientes resolutivos con

 

PUNTO DE ACUERDO

 

PRIMERO.- La H. Cámara de Diputados exhorta a Julián Olivas Ugalde, Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, Encargado del Despacho de la Secretaría de la Función Pública a que investigue los presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias al interior de la Secretaría de Economía, en específico en la Coordinación General de Minería; dando seguimiento especial al tema de solicitud, trámite y expedición de concesiones en los últimos dos años; a la par de investigar los presuntos hechos de nepotismo en dicho organismo.

SEGUNDO.- La H. Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría especial -apoyada técnicamente por la UNAM- para verificar que las reservas certificadas durante la presente administración correspondan con la realidad, en especial aquellos casos en los que han sido beneficiarias de apoyos provenientes del FIFOMI.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 30  días del mes de septiembre de 2014.