PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL DELEGADO DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ A REVISAR LA SITUACIÓN DE LAS Y LOS JORNALEROS DE LA ENTIDAD CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR SUS DERECHOS HUMANOS LABORALES.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con base en la estadística más reciente, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), se estima que hay 2.5 millones de jornaleros, de los cuales cerca de 700 mil son migrantes, sin contar a los miembros de la familia que los acompañan, señala el programa de Jornaleros Agrícolas.

Todos, pero en particular los migrantes, enfrentan precariedad del empleo, en el tránsito migratorio y en sus condiciones de vida. Se trata de un grupo social vulnerable, y si son indígenas, esta situación se acrecienta y genera una exclusión social.[1]

La situación que viven las y los jornaleros en México es por demás carente de las condiciones necesarias para desarrollar su trabajo de manera segura y acorde a los estándares que establecen los derechos humanos laborales.

“Es un trabajo esclavo que no amerita cadenas, es esclavo al no existir contratos, es esclavo al  tener  mujeres embarazadas y niños trabajando, es esclavo porque no les están dando un lugar digno donde vivir, un lugar salubre con servicios básicos”, dice Isabel Margarita Nemecio Nemesio, integrante del equipo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que desde hace años documenta el dilema entre migrar o morir que año con año enfrentan los jornaleros agrícolas de la región.[2]

 

Ejemplo de ello es el caso de San Luis Potosí, el cual representa el estado de precariedad en el que viven las y los jornaleros, para muestra está lo ocurrido “la tarde del 3 de julio de 2014, una camioneta que transportaba a 42 jornaleras y jornaleros agrícolas, originarios de comunidades indígenas de Guerrero, se volcó cuando se trasladaba del rancho “El Ebanito”, en Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, al sitio donde los trabajadores rentaban unos cuartos para vivir durante el tiempo que duraría la cosecha y, por lo tanto, su empleo en el rancho.”[3]

Entre los fallecidos se encontraban un jornalero de 40 años, un niño de seis y otro de ocho años, quienes trabajaban en la pizca junto con sus padres.

“Las víctimas del accidente pertenecen a seis familias originarias de comunidades de la Costa y Montaña guerrerenses, y habían migrado apenas unos días antes a San Luis Potosí, para emplearse como jornaleros temporales.”[4]

 

En el informe “Migración Interna (Jornaleros Internos)” de la organización Respuesta Alternativa, Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario, se evidencia una serie de abusos y violación a los derechos laborales y humanos “contrataciones irregulares, usualmente a través de intermediarios o ‘enganchadores’ que reciben los salarios de los trabajadores y les descuentan los gastos de transporte y alimentación; salarios insuficientes, que se ven mermados por el gasto de pagar una renta, ya que en muchos ranchos no hay lugares para albergarlos, así como de alimentación, transporte y comunicación telefónica con sus familiares”.[5]

Asimismo, con base en la información recopilada por la organización, se menciona que los salarios están establecidos por jornal o por tarea. Si es por jornal reciben entre 110 y 145 pesos por día; mientras que por arpilla se les paga 20 y 30 pesos y 50 en caso de surco.

 

Sobre los espacios donde se alojan, tienen tres opciones: en los ranchos, en albergues de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) -sólo en los tres que existen, dos en el municipio de Vila de Arista y uno en Vanegas- o en cuartos o espacios rentados, cuyo costo por mes oscila entre los 500 y 600 pesos […] En la mayoría de los ranchos hay hacinamiento, de acuerdo con el informe. De los 32 registrados, la organización sólo detectó dos, en Vanegas y Villa de Guadalupe, que cuentan con instalaciones adecuadas (servicio sanitario, luz, agua y cocina).[6]

Sólo en cuatro de los 32 ranchos analizados, cuentan con servicios médicos, lo cual denota la necesidad por revisar las condiciones en las que las y los jornaleros desarrollan su labor.

Por último “hay una clara inexistencia de servicios educativos y de guarderías en los ranchos, lo cual impide que los menores tengan oportunidades educativas y de desarrollo a las que tienen derecho según esta Ley [del Trabajo] y la Convención de los Derechos del Niño”, agrega el documento.[7]

Es por ello que, atendiendo las necesidades que las y los jornaleros tienen al momento de desarrollar su ardua labor, presentamos a esta H. Asamblea el siguiente resolutivo con

 

 

PUNTO DE ACUERDO

 

ÚNICO.- La H. Cámara de Diputados exhorta al Delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el estado de San Luis Potosí a revisar la situación de las y los jornaleros de la entidad con la finalidad de garantizar sus derechos humanos laborales.

 

 

 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 3  días del mes de febrero de 2015.

 

[1] La Jornada, “Dónde están y cómo están los jornaleros agrícolas”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.jornada.unam.mx/2012/03/17/cam-agricolas.html

[2] Excélsior, “Jornaleros viven esclavitud sin cadenas; la mitad de los niños no estudia”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/06/17/904455

[3] Sin Embargo, “ONG denuncia los abusos y situación de esclavitud de jornaleros en ranchos de SLP”, [en línea], Dirección URL: http://www.sinembargo.mx/29-01-2015/1232754

[4] Íbid.

[5] Íbid.

[6] Ídem.

[7] Ídem.