Los problemas sociales y criminales muchas veces se desarrollan sordamente,

o no se dimensionan en su justa magnitud hasta que explotan.  Por eso alzamos la voz a tiempo y denunciamos legalmente los delitos que está cometiendo Evodio Velázquez, alcalde de Acapulco. Sus ilícitos afectan el tema más sentido de la sociedad: la seguridad pública.

Contrario al interés general y auspiciando la existencia de una policía infiltrada y no certificada, el alcalde de Acapulco se niega a aceptar el Mando Único y lo sabotea, aunque de dientes para fuera diga lo contrario. No sólo eso sino que nombró  prácticamente a todos los mandos policíacos sin certificar y reprobados en control de confianza y esa decisión es completamente suya, al margen del tema del Mando Único.

Contrario a lo que las necesidades del puerto de Acapulco aconsejarían, de buscar la mejor coordinación con todas las áreas federales y estatales en la materia, el alcalde sospechosamente ha tomado el control de esa policía infiltrada y la defiende a capa y espada, no obstante su historial. Por esa razón hemos cuestionado sobre qué interés defiende, o los de la sociedad o los de la delincuencia. ¿Pactó acaso mantener la policía en esa situación?

Los jefes y mandos policíacos sin certificar y nombrados ilegalmente, y cuando menos 667 policías sin certificar y reprobados en control y confianza son razón suficiente para ejercitar acción penal contra él.

En ese contexto, al igual que lo hicieron con José Luis Abarca, dirigentes del PRD han salido en defensa de las ilegalidades de Evodio y han atacado de manera furibunda y con odio a quienes pedimos que se aplique la ley. Insisto, de la misma manera que defendieron al ex alcalde de Iguala, hoy en la cárcel.

Sin duda los hechos atroces del 26 y 27 de septiembre en Iguala con la desaparición forzada de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa conmocionaron y siguen indignando a México y al mundo. Este acontecimiento criminal y gravísima violación a los derechos humanos no se explica, desde luego, sin la presencia del ex alcalde igualteco José Luis Abarca.

Abarca mantuvo y fortaleció los vínculos de la policía municipal a su cargo con la delincuencia organizada. Mantuvo a la corporación con mandos y policías no certificados. Esos elementos policiacos fueron los que operaron materialmente las agresiones y la desaparición forzada de 43 estudiantes.

Si se hubiera actuado a tiempo en contra de Abarca, la historia sería otra. Si se hubiera procedido legalmente en contra de él desde las primeras acusaciones, seguramente no hubieran pasado los hechos que cambiaron la historia de México y de Guerrero.

Todavía después de los primeros días de la desaparición forzada siguieron defendiéndolo y trataron de sostenerlo hasta que fue imposible seguirlo haciendo frente a la magnitud de la barbarie. Pero al igual que antes en Iguala, ahora en Acapulco algunos dirigentes del PRD (en especial los de Nueva Izquierda) salieron en defensa de quien ha cometido delitos y atacando a quienes señalan sus acciones delictivas.

Si no se combaten a tiempo los delitos, la impunidad genera un efecto exponencial y sus consecuencias son incalculables. Con mandos sin certificar y reprobados en las pruebas de confianza, además de cientos de policías reprobados en los exámenes que fueron sometidos y que ya están en la calle con placa y armados, eso constituye una bomba de tiempo en materia de seguridad y de derechos humanos.

Qué diferente sería que los dirigentes del PRD hubieran aprendido la lección de Iguala y pidieran que se cumpliera la ley sin importar colores partidistas, pero por lo visto ni aprenden la lección ni les interesa mejorar la seguridad. Pueden más las complicidades políticas y de otra naturaleza.