Diputado Ricardo Mejía Berdeja

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Ante Materialistas, que la extorsión contemple prisión durante el proceso: Ricardo Mejía Berdeja

*Que el feminicidio se investigue de acuerdo a protocolos internacionales propuso. 

Chilpancingo, Guerrero a 23 de marzo de 2017.- A favor fue votada la propuesta de exhorto al Congreso de la Unión para que el delito de extorsión sea incorporado al catálogo de delitos del Código Nacional Penal que ameritan prisión preventiva de manera oficiosa presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; que se reforme el artículo 19 de la Constitución Federal y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales pidió.

“El delito de extorsión es el de mayor incidencia en Guerrero y el segundo en el país” por ello, con fecha del 11 de octubre del año pasado, los Diputados Ciudadanos presentaron una iniciativa con proyecto de decreto que busca precisamente que la prisión preventiva sea dictada de oficio y así impedir que se lleve el proceso en libertad dijo el diputado desde tribuna.

“Solo con la presión de la sociedad las cosas van a poder avanzar” sostuvo Ricardo Mejía Berdeja luego de haber recibido a una comisión de empresarios agremiados en la Asociación de Materialistas de Guerrero encabezados por su presidenta y tesorera, Elodia Vargas y Emma Mojica respectivamente, que entre otras cosas expusieron la urgente necesidad de devolver la seguridad pública al estado ya que, denuncian, las extorsiones les impiden realizar su trabajo y por ello la economía del sector está colapsando.

Ricardo Mejía agregó que el delito de extorsión está asfixiando de manera alarmante la economía de todo Guerrero “es una plaga nociva” dijo y exigió que la seguridad es necesaria en todo el estado “no solo durante los grandes eventos que se realizan en el puerto de Acapulco”.

En otro punto de la sesión, el también presidente de la Comisión de Seguridad Pública propuso se reforme la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para que desde la apertura de la carpeta de investigaciones se integre ésta con perspectiva de género y sin estereotipos que dañen a las víctimas.

“El Protocolo Iberoamericano para investigar el feminicidio de manera correcta dicta que, ante el homicidio de una mujer, primeramente, se debe descartar el feminicidio y después proseguir con el homicidio y no justamente al revés como se lleva actualmente” y por último, Ricardo Mejía Berdeja dijo que la violencia feminicida debe parar y para ello la emisión de la Alerta de Violencia de Género no debe ser un asunto que dejemos pasar por alto.

Iniciativa que reforma el artículo 284 Bis del CPF con respecto al cobro de instituciones crediticias

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 284 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

El proponente RICARDO MEJÍA BERDEJA y el suscrito RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente,  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 284 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor del siguiente:

 Planteamiento del problema

Los efectos de la crisis financiera y económica mundial de 2007-2009 tuvo un fuerte impacto en las economías desarrolladas, especialmente en el sistema financiero, aunado al contexto internacional el entorpecimiento en el manejo e implementación de los indicadores micro y macro económicos han sumido a nuestro país en una constante crisis. A nivel mundial el modelo de crecimiento Keynesiano fue reemplazado por un modelo de crecimiento neoliberal que ha tenido un severo impacto social reflejado en la caída de la tasa de ocupación, aumento del desempleo, deterioro en la calidad del trabajo y el incremento de la pobreza.

A esto hay que sumar la voracidad de las Instituciones crediticias, alimentadas por el neoliberalismo, que han diseñado mecanismos financieros que les permitieron otorgar tarjetas y créditos, a personas que no podían cumplir sus compromisos de pago, provocando así un sobreendeudamiento, que ha llevado a las familias mexicanas a no poder disminuir sus deudas y estar cada vez más expuestas a padecer el acoso u hostigamiento de las instituciones crediticias y los despachos de cobranza.

No podemos ignorar las grandes repercusiones que en materia de empleo, salarios, inflación y distribución del ingreso enfrenta hoy en día nuestra economía, familias que alentadas por el respaldo económico que promueven las instituciones crediticias, con un constante bombardeo de promociones y ofertas, se encuentran en un estado de insolvencia económica que les dificulta cumplir con los compromisos adquiridos.

Es muy clara la falta de una verdadera política de protección al consumidor, que promueva los intereses y derechos de los consumidores. Las empresas transnacionales se han ido estableciendo alrededor del mundo en asociación con algunos bancos y bajo la anuencia de los gobiernos, los cuales no crean mecanismos de control, estableciendo tasas de interés muy altas a los ciudadanos y apropiándose así de su dinero.

Las Instituciones y despachos de cobranza “rapaces” todos los días llaman, agreden verbalmente y de forma intimidatoria a las personas, sin contar  con la carta que se recibió en el domicilio, donde  informan que las casas de los consumidores sean embargadas, además de la acción penal que enfrentaran. Todo esto es parte de las malas prácticas a las que se dedican los despachos de cobranza.

A pesar de que en noviembre del 2010 la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos (Apcob) firmó con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) un acuerdo para evitar las malas prácticas y que la misma Apcob tiene un código de ética, esto no es impedimento para que los despachos de cobranza contratados por bancos y comercios acosen a los clientes de éstos.

Entre sus prácticas más comunes se encuentran realizar llamadas en la madrugada, en fines de semana o cartas intimidatorias y amenazantes.

Despachos contratados por bancos como BBVA Bancomer, Banorte HSBC y las tiendas departamentales Liverpool y C&A Modas llaman a los hogares y lugares de trabajo de personas que ya no habitan o no laboran en dicha dirección, pero que continúan en sus bases de datos.

En ocasiones acosan a personas que no tienen relación alguna con el deudor.

Estas prácticas son un delito en sí mismo, ya que se pueden tipificar como acoso, porque las prácticas que los despachos realizan son totalmente irregulares y afectan la tranquilidad de las personas.

“Son verdaderos acosadores; en la práctica es poco viable demandarlos legalmente, sí se deben denunciar estas malas acciones ante la Profeco y la Condusef”.

La Procuraduría Federal del Consumidor debería de fomentar permanentemente una cultura de consumo responsable e inteligente, entendido como aquel que implica un consumo consciente, informado, crítico, saludable, sustentable, solidario y activo, a fin de que los consumidores estén en la posibilidad de realizar una buena toma de decisiones, suficientemente informada, respecto del consumo de bienes y servicios, los efectos de sus actos de consumo, y los derechos que los asisten.

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor: “Queda prohibido a cualquier proveedor de bienes o servicios llevar a cabo acciones que atenten contra la libertad o seguridad o integridad personales de los consumidores bajo pretexto de registro o averiguación. En el caso de que alguien sea sorprendido en la comisión flagrante de un delito, los proveedores, sus agentes o empleados se limitarán, bajo su responsabilidad, a poner sin demora al presunto infractor a disposición de la autoridad competente. La infracción de esta disposición se sancionará de acuerdo con lo previsto en esta ley, independientemente de la reparación del daño moral y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados en caso de no comprobarse el delito imputado.”

El 90 por ciento de los deudores reciben amenazas e insultos por “Despachos” cuyo giro esta la recuperación de cartera y la realidad es que violan de manera constante y grave los derechos humanos así como lo establece el artículo17 de nuestra Constitución Política: “Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil” y el artículo 16 a la letra dice: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

En ocasiones, cuando los clientes se retrasan con los pagos de algún crédito, la empresa recurre a actuaciones extrajudiciales que puedan vulnerar sus derechos:

Derecho a una adecuada protección judicial: Nadie puede afectar las propiedades, posesiones o derechos, a menos que lo haga mediante juicio ante un tribunal o juez.

Derecho al debido proceso y garantías judiciales: Debe recibir asistencia jurídica adecuada en lo que se le acuse y ser notificado de cualquier sentencia, acto u omisión que afecte jurídicamente.

Derecho a la honra y dignidad: Nadie puede realizar injerencias arbitrarias, abusivas o molestar en la vida privada. Además tener derecho a ser protegido por el Estado para no ser víctima de esto.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyectoDE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULOS 284 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

Artículo Primero. Se reforma el artículo 284 BIS del Código Penal Federal.

Artículo 284 BIS.  A la persona que por cualquier medio requiera en nombre y representación de Instituciones Bancarias, Tiendas Departamentales  o cualquier otra Institución Crediticia, del pago de una deuda propia o de alguien con quien esté ligado por algún vínculo familiar, afectivo, o se funja como referencia o aval, y este requerimiento se haga afuera de los procedimientos judiciales en la Ley, empleando amenazas, violencia, intimidación u hostigamiento de manera reiterada, se le sancionará, con una pena de 6 meses a 3 años de prisión y una multa de 180 a 370 días de salario mínimo, además de la sanción que corresponda si para tal cometido emplean documentación sellos falsos u usurpen funciones públicas o de profesión.

 TRANSITORIO

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor  al día siguiente al de su publicación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de Diciembre de 2013.

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 6 del Código Penal Federal

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 6 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

El proponente RICARDO MEJÍA BERDEJA y el suscrito RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 6 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor del siguiente:

Planteamiento del problema

 En la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derechos Humanos, se incluyó en el artículo 1ero., el criterio pro-persona, es decir, en los casos de interpretación de los derechos humanos de las personas, siempre se optaría por la norma que tuviera un mayor ámbito de protección.

En ese sentido, al ser la Constitución la norma fundante del Estado mexicano y el criterio último de validez de las restantes normas jurídicas, lo dispuesto en ella se constituye en el dogma aplicable para la interpretación normativa.

En ese sentido cuando el constituyente permanente emite una norma constitucional que dispone el reconocimiento de un nuevo derecho, la aplicación de un nuevo criterio o una nueva estructura orgánica, corresponde al Poder Legislativo, hacer las modificaciones a las Leyes correspondientes o emitir las normas reglamentarias necesarias para corregir la normatividad en relación a esa nueva disposición.

Lo anterior, constituye al poder legislativo como un medio de “control de constitucionalidad” de las normas legales, imponiéndole la obligación de actuar en consecuencia y adaptar las normas jurídicas como corresponde.

Por lo tanto, al incorporarse al artículo 1ro., de la Constitución el llamado criterio pro-homine, es decir, el estar siempre a favor de la persona ampliando en cada momento en ámbito de protección de sus derechos, las normas legales incorporadas al sistema jurídico mexicano, deben recoger este criterio, para así hacer operativa su aplicación.

Se sostiene que la modificación a la Constitución no será suficiente hasta en tanto no se incorpore este criterio a las normas legales, pues únicamente cuando ocurra esto es que existirá una armonización plena con la nueva reforma.

Por otro lado, el derecho penal se ha constituido como la ultima ratio del Estado, siendo un derecho que corresponde al extremo de las conductas de los gobernados.

El derecho penal es lo que se conoce como una expresión del Ius Puniendi, o la rama del derecho sancionador encargada de la regulación de los ilícitos penales y la aplicación de las penas.

A través de este derecho regula el catálogo de conductas tipificadas y las sanciones correspondientes, sometidas en todo momento a la constitución, destacándose la aplicación de los principios de taxatividad y legalidad de la norma penal.

Los principios mencionados evidencian la aplicación de candados a la materia penal, pues con ellos se manifiesta que solo en el caso en que normas legales que dispongan la determinación precisa de conductas ilícitas y las penas correspondientes serán sancionados los gobernados, restringiendo en todo momento la discrecionalidad de las autoridades en esta materia.

Igualmente se destaca que en el caso de las normas penales, se constituye la única excepción al principios de retroactividad de la Ley, pues el artículo 14 de la Constitución dispone que ninguna Ley tendrá efectos retroactivos, salvo aquella que actué en beneficio del reo.

Por lo anterior, es manifiesto que por tratarse de la aplicación del Ius Puniendi del Estado, en el derecho penal debe reconocerse en todo momento el principio Pro-homine, y más aún si tenemos en consideración, la nueva obligación general en la materia.

ARGUMENTACIÓN

En ese sentido se plantea modificar el artículo 6 del Código Penal Federal con el objetivo de cambiar el criterio de aplicación del tipo penal, para con ello ser congruente con el mandato constitucional en que se reconoce el principio pro-persona en el segundo párrafo del artículo 1ro.

Actualmente el citado artículo 6to., plantea que en el caso en que la misma conducta este tipificada y sancionada por dos cuerpos normativos, se aplicará al inculpado aquella Ley que tenga el carácter de especial, es decir, siempre que el Código Penal Federal, contenga la tipificación y sanción de una conducta será inaplicada en el caso que dicha conducta este regulada por una norma especial.

Sirve de sustento a lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial:

[J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIV, Octubre de 2006; Pág. 15

ATAQUES A LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN. CONFORME AL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD, EL TIPO PENAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 533 DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN COBRA APLICACIÓN EN LUGAR DEL PREVISTO EN EL NUMERAL 167, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

La conducta atribuida al quejoso consistente en colocar obstáculos en una vía general de comunicación con el objeto de impedir el paso de vehículos, en principio quedaría contenida en una norma de carácter general, esto es, en el artículo 167, fracción III, del Código Penal Federal; sin embargo, existe un ordenamiento especial que prevé y sanciona dicho comportamiento, a saber, el numeral 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación; por lo que se actualiza la figura del concurso aparente de tipos penales, el cual debe resolverse conforme al principio de especialidad contenido en el artículo 6o. del Código Penal Federal, según el cual, la ley especial debe prevalecer sobre la general. Ahora bien, los elementos que integran el delito previsto en el citado Código quedan inmersos en el que sanciona la Ley de Vías Generales de Comunicación e incluso ésta recoge mayor número de elementos, circunstancias o características del hecho; de ahí que, en la referida hipótesis, la disposición especial (artículo 533) desplaza a la norma general (artículo 167, fracción III). Lo anterior es así, entre otros aspectos, porque el tipo general se actualiza por el solo hecho de colocar estorbos o cualquier obstáculo adecuado en un camino público con el objeto de detener los vehículos que por ahí transitan, mientras que el delito especial, con mayor amplitud, sanciona a quienes por cualquier medio interrumpan los servicios que operan en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, agregando una circunstancia de modo, al referir que dicha interrupción puede ser total o parcial; en cuanto al resultado, amplía los casos de afectación derivados de la conducta delictiva, pues no sólo sanciona la interrupción de los medios de transporte, sino también la de los servicios que operan en las vías generales de comunicación, y en lo relativo al objeto material, en lugar de aludir únicamente a los caminos públicos -como lo hace la norma general-, utiliza una nomenclatura que engloba la diversidad de aspectos relacionados con la materia que regula; además, el tipo penal contenido en la ley especial, precisamente en función de la diversidad de comportamientos que establece, permite regular la óptima aplicación de sanciones a quienes transgreden dicha norma, desde el punto de vista de los bienes jurídicos tutelados, es decir, el adecuado funcionamiento de las vías generales de comunicación, de los medios de transporte y de los servicios auxiliares.

PRIMERA SALA

CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2006-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito (actualmente Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito). 28 de junio de 2006. Mayoría de tres votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.

Tesis de jurisprudencia 46/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha cinco de julio de dos mil seis.

Lo anterior significa que el criterio de aplicación actual corresponde al de especialidad de la norma, lo cual podría oponerse a la existencia del criterio pro-persona, pues en el caso que la norma especial contenga una sanción más grave, se aplicaría en detrimento del inculpado.

Con la modificación propuesta, se incorporaría de lleno el citado criterio para la clasificación de delitos, lo cual garantizaría la aplicación de la norma más favorable al inculpado.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 6 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

Artículo Único: Se reforma el segundo párrafo del artículo 6 del Código Penal Federal.

Artículo 6o.- Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán éstos, tomando en cuenta las disposiciones del Libro Primero del presente Código y, en su caso, las conducentes del Libro Segundo.

Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, se aplicará aquella que sea más favorable al inculpado, entendiéndose como las más favorable aquella que cuenta con una pena menor.

En caso de delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes siempre se procurará el interés superior de la infancia que debe prevalecer en toda aplicación de ley.

TRANSITORIOS

 ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de Octubre de 2013.

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 287 BIS del CPF para tipificar como delito la suplantación de identidad

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 287 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

Los proponentes RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 287 BISDEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El desarrollo acelerado de las tecnologías ha permitido la reproducción, resguardo y transmisión de datos  en medios digitales, lo que también ha facilitado su sustracción a través de programas informáticos, circunstancia que ha sido aprovechada para obtener datos personales y utilizarlos en suplantación de las personas con fines delictivos.

La “suplantación de identidad” está considerada como uno de los ilícitos de más rápida expansión en los últimos años y el esfuerzo por detener esta conducta ha sido disperso y escaso.

Nuestro país no cuenta con estadísticas para conocer la gravedad del problema y ninguna institución como el Instituto Federal de Acceso a la información y Protección de Datos Personales (IFAI), la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) o la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (CONDUSEF), se hacen responsables del problema.

 En 2011 el monto reclamado por los usuarios ante la CONDUSEF, relacionado con posibles fraudes con sus tarjetas de crédito y débito, transferencias electrónicas o cheques, ascendió a 476 millones de pesos y se estima que los bancos anualmente reembolsan 800 millones de pesos por cargos no reconocidos por el cliente.

Actualmente vivimos en la constante zozobra del delito, nadie tiene seguros sus bienes fundamentales, y la única seguridad parece radicar en el combate efectivo de la criminalidad aplicando el derecho penal, en la medida en que el orden jurídico penal se aplique correctamente se estará en la vía adecuada para alcanzarlo.

La delincuencia afecta la vida, la integridad y el patrimonio de sus víctimas y cuando se extiende genera un grave fenómeno deinseguridad social que altera la paz y se constituye en un obstáculo al desarrollo económico, social y político del país.

Desafortunadamente la actividad delictiva que nos acosa presenta un inusitado incremento en la frecuente y recurrente violencia, que ha constituido en un agravio frontal a los más altos valores de la sociedad mexicana.

Es menester combatir la delincuencia y evitar la impunidad sin pretextos ni dilaciones. La proliferación de las conductas delictivas tiene su origen en la severa ausencia e insuficiencia de valores, ineficacia y corrupción por parte de las autoridades, además de una falta de aprecio al valor del trabajo.

 De acuerdo con la definición de suplantación más aceptada, este ilícito ocurre cuando alguien ocupa con engaños el lugar de alguien, defraudándole el derecho o bien  que disfrutaba. Adquiere, transfiere, posee o utiliza información de una persona física o jurídica de forma no autorizada con la intención de cometer daño patrimonial.

La suplantación de la identidad, entendida como la del titular de un derecho o crédito por un impostor para obtener un beneficio ilícito, recibe cada vez más atención en materia de fraudes cometidos con laayuda de las tecnologías de la información. Las consecuencias de la suplantación rebasan en muchos casos la pérdida económica directa del titular del derecho afectado, para comprometer su historia crediticia, su prestigio y hasta su identidad social; ser molestado por despachos de cobranza y acreedores que no toman en cuenta el fraude de que fue objeto.

El fraude con tecnologías de la información permite observar la creciente preocupación que genera la denominada “suplantación de la identidad” como una modalidad mediante la cual alguien suplanta a alguna otra persona en la titularidad de un derecho o una pretensión para obtener un bien o una prestación. Aunque esta modalidad de defraudación no es novedosa, la difusión de la titularidad de derechos de crédito a través de tarjetas y la extensión del comercio electrónicohan planteado, incluso a nivel legislativo, la adopción de tipos legales de incriminación autónoma de esta conducta, así como de otras que pueden ser interpretadas como medios ejecutivos para lasuplantación, en particular el denominado phishing o pesca a través de la red para obtener información confidencial de titulares de derechos que puede ser utilizada con propósitos de defraudación.

ARGUMENTACIÓN

 En el Código Penal Federal no está tipificado la “suplantación de identidad”, que se ha vuelto una práctica común a partir de la falsificación de documentos, apertura de cuentas, aunado a esto  a partir del 2009 se incrementó la clonación de tarjetas de crédito, según la CONDUSEF.

Por lo tanto se propone la inclusión de una nueva figura jurídica, para que se tipifique un tipo penal consistente en el delito de suplantaciónde identidad, que tiene lugar: cuando alguien se hace pasar por otra persona y utiliza información personal de índole financiera para solicitar préstamos, tarjetas de crédito, tramitar un arrendamiento y aunado a ello, permite al delincuente abrir cuentas bancarias, obtener tarjetas de crédito y teléfonos celulares de manera ilícita.

 Una de las principales medidas de protección es tener una mayor educación en cuanto al manejo de datos personales, debe existir una mejor cooperación transfronteriza en el manejo de la información de los usuarios en materia informática y de documentos personales así como una revisión de los estándares de seguridad informática para el tratamiento de datos personales.

 Los efectos de la suplantación de identidad rebasan en gran medida las pérdidas patrimoniales directas por las cantidades apropiadas indebidamente, y se extienden a la pérdida o degradación de la capacidad crediticia del afectado, debido a la inclusión en listas de deudores morosos, a la pérdida de respetabilidad e incluso, a la supuesta participación en diversos delitos cuando la identidad essuplantada.

La discusión sobre la suplantación de la identidad en el contexto de un país con gran volumen de comercio electrónico y donde el control de la capacidad crediticia de los compradores es crucial, guarda relacióncon dos hechos conceptuales jurídicos independientes: por una parte la defraudación mediante la obtención de una ganancia injusta a costa de la persona cuyo derecho de crédito se suplanta, y por otro lado, la impostura de la identidad ajena con un propósito más amplio, que incluye pero no se agota en la continuación de la defraudación, como podría ser el evadir responsabilidades penales o el desviar la atención sobre otras actividades ilícitas del impostor. Ello explica la tendencia legislativa a incriminar como delito autónomo la suplantación de la identidad, cualquiera sea la finalidad perseguida con ello.

La extensión del comercio a través de medios electrónicos ha llevadoa la creación de nuevos tipos penales que criminalizan la obtención indebida de beneficios utilizando tecnologías de la información, tratando de resolver lagunas de la legislación tradicional en cuanto a quiénes constituyen “víctimas” de la defraudación, titulares de derechos o sujetos en la autenticación de documentos y procesos de pago.

Por lo tanto es necesaria la tipificación del delito de suplantación de identidad, en el código Penal Federal, ya que este ha proliferado en distintas entidades federativas.

FUNDAMENTO LEGAL 

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 287 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente.

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 287 Bis del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente.

Artículo 287 BIS.  Al que utilizando cualquier medio se apropie de manera ilícita de datos personales a fin de suplantar la identidad de otra persona, con o sin consentimiento de ella con el propósito degenerar un daño patrimonial u obtener un lucro indebido para sí o para otro, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión y de quinientos a setecientos días de salario vigente.

Se aumentará en una mitad las penas previstas en el párrafo anterior, a quien se valga de la homonimia, parecido físico, similitud o semejanza de la voz para cometer el delito establecido en el presente artículo.

 TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a los 24 días del mes de julio de 2013.

Iniciativa que reforma los artículos 402, 403, 405, 406, 407, 409, 411 y 412 del Código Penal Federal en materia electoral.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 402, 403, 405, 406, 407, 409,   411 y 412 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

Los proponentes RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 402, 403,  405, 406, 407, 409, 411 y 412 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor del siguiente:

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según el diccionario de la Real Academia, electoral es “todo lo que guarda relación con la elección, entendiéndose por esta la acción y efecto de elegir, palabra que deriva del latín eligiere que quiere decir escoger o preferir a una persona, objeto o idea para un fin”.

El derecho electoral es aquella rama del derecho constitucional que, confiere un alto grado de autonomía por regular los procesos a través de los cuales la sociedad como entidad colectiva constituida en electorado, procede a la unificación de los órganos del Estado, a la sustitución periódica de sus titulares, así como aquellos procesos en que el mismo electorado interviene en la función legislativa o en la definición de una cuestión crítica de política nacional por medio de diversos procesos tales como: la iniciativa, el referéndum o el plebiscito, según sea el caso.

El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; esto es, el voto es universal, se expresa en forma individual, de manera libre, secreta y directa.

Así, acciones que vulneran el ejercicio del sufragio pueden constituirse en delitos electorales.

Datos remotos de los que hoy en día se entienden como delitos electorales, hay antecedentes tanto en la cultura griega y romana. En las polis griegas, aquellas conductas que lesionaban los derechos de los ciudadanos, como votar dos veces, comprar o vender el voto, eran merecedores de castigos sumamente severos, incluso podían  ser acreedores a la pena de muerte.

Una de las funciones primigenias del derecho penal electoral, y cuya finalidad es la de preservar los valores e intereses que resguarda y ampara cada delito en particular; por lo tanto, el objeto de tutelar será el de garantizar la transparencia, la legalidad y el pleno ejercicio de la libertad para todos los que intervienen en un proceso electoral. El derecho penal electoral es la ultima ratio y a través de sus procedimientos distintos tiene como objeto que todo aquel que participe en la contienda electoral ya sean: votantes,  candidatos, funcionarios de casilla, servidores públicos y funcionarios electorales  tengan conductas que fortalezcan los procesos comiciales en cuanto a los principios y valores que deben rodear toda elección con el fin de salvaguardar, la soberanía de la nación.

Los delitos electorales son aquellas conductas que refieren y penaliza el Código Penal Federal, por lesionar o poner en riesgo la función electoral específicamente el sufragio en cualquiera de sus circunstancias ya sea esta la elección de Presidente de la República, de Diputados Federales o Estatales al Congreso de la Unión.

Sanciona aquellos actos con la característica de ilícitos, siendo estos en forma de omisión y por otro lado en forma de ejecución, sancionados y señalados previamente por la ley penal.

La finalidad del Derecho Penal Electoral es preservar, los valores e intereses que protege cada delito en particular, por lo tanto el objeto que tutela será garantizar la transparencia, legalidad y ejercicio de la libertad para todos los que intervienen en el proceso electoral.

El Delito Electoral debe entenderse como aquel acto que viola una norma electoral y quién lo lleva a cabo se hace acreedor a una sanción previamente estipulada y sancionada por la ley.

Desafortunadamente, para nuestro sistema democrático, la comisión de delitos electorales ha proliferado sin que al final, se castiguen y con ello se ponga un alto a la impunidad.

Es predecible que, si el Estado mexicano no actúa en la dirección correcta en las décadas por venir frente a los comicios electorales, este problema se agravará como ha ocurrido en otros temas. Por eso el objeto medular de las políticas de seguridad pública y procuración de justicia de esta iniciativa es amparar una permanente y constante lucha en contra de las conductas delictivas, a fin de garantizar el amplio marco de libertades conquistado a lo largo de nuestra historia por todas y todos los mexicanos.

Si bien he cierto que se han realizado transformaciones inéditas, en materia electoral, estos cambios no garantizan los requisitos que exige la gobernabilidad y buen desempeño de la jornada electoral.

Por ello creemos, que endurecer las penas, pueden contribuir a inhibir los delitos, y a tener sanciones más severas que desincentiven la realización de conductas antisociales en materia electoral. 

ARGUMENTACIÓN

El Estado de Derecho es el régimen jurídico político que se caracteriza por la plena vigencia del imperio de la Ley; concepto que se positiviza cuando las reglas que definen las acciones permitidas y prohibitivas no son decisiones arbitrarias de un individuo, sino que toma la forma de leyes que disciplinan a todos los gobernados independientemente de su poder o estatus. El imperio de la Ley es la materialización plena de los siguientes requisitos:

1) ninguna orden extralegal es obligatoria;

2) las acciones del gobierno y de sus funciones deben estar sujetas a la regulación de reglas generales y públicas;

3) el sistema legal debe cumplir con el requisito de generalidad;

5)  el sistema legal debe cumplir el requisito de regularidad;

6) el sistema legal debe ofrecer procedimientos justos y ordenados para la resolución de casos; y

7) las acciones que el imperio de la ley exige o prohíbe deben tener una forma que permita a las personas razonablemente cumplirlas o evitarlas.

Los fenómenos políticos electoraleses aquella disciplina en que el origen tiene elementos configurativos, y evolución de todas aquellas instituciones y actividades relacionadas con el ejercicio ciudadano tendientes de renovar de forma periódicamente a los titulares de algunos órganos de gobierno.

Clasificación de los delitos electorales:

A)  En función de su gravedad:

Las conductas deben ser consideradas como delitos; puesto que son sancionados por la autoridad judicial y afecta los principios consagrados por el orden jurídico.

B)  Por la conducta del agente:

Es decir delitos cometidos por un particular sean estos en específico ya sea por: ministros de culto, por funcionarios de partido o candidatos, por servidores públicos; así cómo, en materia de Registro Nacional de Ciudadanos; es admisible únicamente la conducta activa del agente.

C)  Por el resultado:

Los delitos electorales pueden incluirse en la categoría de los delitos de resultado formal, o bien, de resultado material, dependiendo de las características y los elementos del tipo específico al que se haga alusión.

En general, en Movimiento Ciudadano consideramos que los delitos Electorales pueden situarse tanto en los delitos de categoría de lesión, como de peligro; siendo el primer caso, de daño, cuando la conducta ilícita consigue alterar el proceso comicial, y su resultado; y de peligro, cuando el delito solo pone en riesgo la normalidad o eficiencia del proceso electoral.

Por ello se pone en riesgo la soberanía de la Nación, de ahí que entre los desafíos que implica revertir este déficit de gobernabilidad y transitar hacia una verdadera gobernabilidad democrática, depende en gran medida, de hacer frente y sancionar todos aquellos actos y actores que vulneran y pongan en peligro la elección y el adecuado desempeño de las funciones antes, durante y posterior a la jornada electoral.

El sistema político mexicano experimenta una redefinición de forma estructural, funcional y de cultura política, como lo podemos constatar con las diversas reformas del año de 2008, entre ellas a nuestro sistema penal, en el que se incluye el nuevo sistema oral.

Los cambios deben ser enfocados hacia la construcción de un nuevo sistema penal electoral con el ánimo de garantizar la equidad en la contienda electoral tan deteriorada hasta ahora.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 402, 403, 405, 406, 407, 409, 411 y 412 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL,  al tenor de la siguiente.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 402, 403,  405, 406, 407, 409, 411 y 412 del Código Penal Federal.

Artículo 402.- Por la comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en el presente Capítulo se podrá imponer además de la pena señalada, la inhabilitación de cinco a diez años, y en su caso, la destitución del cargo.

Artículo 403.- Se impondrán de cuatrocientos a quinientos días multa y prisión de cinco a diez años, a quien:

I. – Xlll …

Artículo 405.- Se impondrá de quinientos a ochocientos días multa y prisión de diez a quince años, al funcionario electoral que:

I.- XI. …

Artículo 406.- Se impondrán de quinientos a ochocientos días multa y prisión de diez a quince años, al funcionario partidista o al candidato que:

I. – VI .  ..

Vll. Obtenga  y utilice a sabiendas y en su calidad de candidato, fondos provenientes de actividades ilícitas o recursos gubernamentales para su campaña electoral. 

Artículo 407.- Se impondrán de trescientos a seiscientos días multa y prisión de ocho a diez años, al servidor público que:

I – IV. ..

Artículo 409.- Se impondrán de trescientos a seiscientos días multa y prisión de ocho a nueve años, a quien:

I – II…

Artículo 411.- Se impondrá de trescientos a  seiscientos días multa y prisión de siete años a diez años, a quien por cualquier medioaltere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, de los listados nominales o en la expedición ilícita de credenciales para Votar.

Artículo 412.- Se impondrá prisión de nueve a diez años, al funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que, a sabiendas aproveche ilícitamente fondos, bienes oservicios en los términos de la fracción III del artículo 407 de este Código. En la comisión de este delito no habrá el beneficio de la libertad provisional.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Senado de la República, a  los  17  días del mes de Julio de 2013.

Iniciativa que reforma el artículo 215-A, desaparición forzada

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 215-A DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

El proponente, diputado Ricardo Mejía Berdeja, y los suscritos, diputados Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidrobro González, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 215-A del Código Penal Federal, al tenor del siguiente

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desaparición forzada es el término jurídico que designa a un tipo de delito complejo que supone la violación de múltiples derechos humanos y que, cometido en determinadas circunstancias constituye también un crimen de lesa humanidad.

El delito de desaparición forzada esta caracterizado por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte, con el fin de sustraerla de la protección de la ley.

El fenómeno de la desaparición forzada de personas no es nuevo en nuestro país, a partir de los años 70 se empieza a escuchar constantemente de personas “desaparecidas”, principalmente en el estado de Guerrero, donde los movimientos insurgentes tuvieron mucha fuerza en esa década. Familiares y amigos de la gente que “desapareció” en esos años aún desconocen su paradero y hoy reclaman justicia.

Aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuenta con un Programa de Presuntos Desaparecidos al cual se remiten los casos en que las quejas apuntan a una posible desaparición forzada, los resultados hasta ahora han sido escasos cuando los casos que se presentan son recientes. Su método de investigación para estos casos consiste en pedir información a las autoridades señaladas como presuntas responsables. En todos los casos éstas niegan su participación en los hechos por lo que la CNDH considera no tener pruebas jurídicas suficientes para señalar a dicha autoridad. Los casos son usualmente cerrados por orientación al quejoso para que éste acuda a la procuraduría de justicia respectiva y denuncie el secuestro de la persona en cuestión, por lo que comienza un proceso de orden penal que hasta ahora no ha tenido resultado alguno. En los casos en que la participación de agentes de autoridad es innegable las personas son declaradas “ausentes” y se inicia su búsqueda a través de instituciones de asistencia a la ciudadanía como si se tratase de personas extraviadas.

En los últimos años, a pesar del esfuerzo mundial para erradicar este tipo de prácticas y de los documentos nacionales e internacionales que se han creado, en México se sigue practicando la desaparición forzada. Bajo muchos rubros que van desde la lucha contra la guerrilla o el narcotráfico hasta la delincuencia común se tienen reportes de desapariciones.

Según Amnistía Internacional en 1996 desaparecieron veinte personas y no se registró progreso alguno en la investigación de centenares de desapariciones de activistas políticos en los años anteriores.

En el contexto de la guerra contra el narcotráfico las víctimas de desaparición forzada se cuentan por centenas, además de que el delito es inexistente en el 62.5 por ciento del país.

Las desapariciones de personas se incrementan, pero el tipo penal no existe en la mayoría de los estados. Las definiciones en las 12 entidades que ya contemplan el delito, así como en el Código Penal Federal, son inadecuadas y no satisfacen los estándares internacionales.

De las 12 entidades federativas de las 32 se ha tipificado la desaparición forzada: Distrito Federal, Oaxaca, Durango, Chiapas, Chihuahua, Nayarit, Aguascalientes, guerrero, Baja California, Colima, Coahuila y Puebla. La figura jurídica aparece también en el artículo 215 A del Código Penal Federal.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias puso de relieve la falta de investigaciones adecuadas de las denuncias de desaparición forzada y secuestro.

La ONU ha recibido información en la cual sigue sin conocerse el paradero de alrededor de 3.000 personas que han sido víctimas de secuestros perpetrados por bandas criminales o de desapariciones forzadas, ocurridas, con la participación de las fuerzas de seguridad, en el marco de la crisis constante de seguridad pública.

Debido a la falta habitual de investigaciones efectivas sobre tales casos, a menudo se han ignorado o desestimado los datos aportados por los familiares de las víctimas para demostrar la colusión de las fuerzas de seguridad. Como resultado de ello casi todos los casos se han atribuido injustificadamente a la delincuencia organizada, haciendo caso omiso de la participación de funcionarios públicos en muchos de estos delitos o restándole importancia.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha manifestado que las personas que sufren angustia y tensión debido a la desaparición forzada de un familiar y a la incertidumbre permanente sobre su suerte y su paradero son también víctimas de una violación del derecho a no sufrir tortura ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, proclamado en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Amnistía Internacional recalca que la falta de medidas de las autoridades federales y estatales para garantizar un recurso judicial efectivo a los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas y de secuestros no investigados completamente para determinar la posible participación de agentes del Estado podría constituir trato cruel, inhumano o degradante.

ARGUMENTACIÓN

 Por tanto en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano proponemos una tipificación adecuada, la mejor definición para el delito de desaparición forzada en el Código Penal Federal.

Se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley.

En cambio el Código Penal Federal establece lo siguiente: Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidos público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención. Esta tipificación al igual que las doce que existen a nivel local es inadecuada y carece de tres elementos sustanciales.

La figura jurídica del Código Penal en el artículo 215-A restringe la autoría del delito a servidores públicos, contrario a nuestra reforma agentes del Estado, lo que deja fuera a todas aquellas personas que no siendo agentes del estado participan en la desaparición, con el apoyo o aquiescencia del mismo.

Además el Código Penal no hace una distinción expresa entre sujeto activo, perpetrador y aquellas personas que facilitan el apoyo, autorización y aquiescencia; es decir, entre las distintas formas de participación de diversos agentes del estado o incluso terceras personas en la comisión del delito.

Finalmente, la legislación en el artículo que hacemos referencia no contempla uno de los elementos fundamentales del tipo penal: la negativa de reconocer la privación de la libertad o de proporcionar información sobre el paradero de la víctima.

La desaparición forzada es un delito complejo, múltiple y acumulativo ya que atenta contra un conjunto diverso de derechos fundamentales:

• derecho a la vida;

• derecho a la libertad y a la seguridad;

• derecho a trato humano y respeto a la dignidad;

• derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica;

• derecho a la identidad y a la vida familiar, especialmente en el caso de niños;

• derecho a reparación, incluso mediante la indemnización;

• derecho a la libertad de opinión, expresión e información;

• derechos laborales y políticos.Por lo anterior podemos concluir que las desapariciones forzadas existen y aumentan de manera alarmante en México y no existe coacción para evitar que las autoridades incurran en este tipo de prácticas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha demostrado su ineficacia para prevenir el fenómeno de la desaparición forzada de personas.

Debido a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no informa el número de denuncias que recibe sobre casos de desaparición forzada sino que se limita a informar los casos resueltos, es imposible hacer una comparación entre los casos recibidos y resueltos. A la luz de los datos proporcionados por este informe, consideramos que el número de casos resueltos es muy inferior al de los recibidos.

El gobierno mexicano no ha mostrado disposición suficiente para frenar el fenómeno de las desapariciones forzadas, prueba de ello es que no responde internacionalmente por su incidencia, ya que es sólo la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien responde por las desapariciones forzadas de personas, no estando obligado ningún órgano del estado a perseguirlas sino hasta que el desaparecido es torturado o privado de la vida.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de diputados el siguiente proyecto de

Decreto, por el que se reforma y adiciona el artículo 215 -A del Código Penal Federal

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 215-A del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 215-A. Se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro, o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida dela negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2012.

DIP. RICARDO MEJÍA BERDEJA (rúbrica)

Iniciativa que tipifica el delito de tortura en el Código Penal Federal

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 309 BIS Y 225 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, Y ABROGA LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA, A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

El proponente, Ricardo Mejía Berdeja, y la suscrita, Zuleyma Huidobro González, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 6, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 309 Bis del Código Penal Federal; se deroga la fracción XII del artículo 225 del mismo código y se abroga la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura, al tenor del siguiente

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La tortura es mucho más que un tema para conversar, es una realidad creciente y preocupante en México y en otros países de América Latina. Un gran porcentaje de las violaciones a derechos humanos que se presentan en México se explica a partir de esta realidad: ante conflictos sociales provocados por las políticas gubernamentales de ajuste económico ó la falta de democracia y justicia; las autoridades han optado más por la fuerza, que por el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos, así, han recurrido al uso de las fuerzas armadas para frenar el descontento social.

Los informes que recibe Amnistía Internacional sobre tortura en México han aumentado considerablemente en los últimos cinco años de gobierno del presidente Calderón. Este incremento se ha producido a pesar de haber adoptado las autoridades mexicanas algunas medidas para reducir la tortura. Las limitaciones de esas medidas y su ineficaz aplicación ponen en duda la voluntad política existente en todos los niveles del gobierno para erradicar la constante de tortura e impunidad que se mantiene desde hace tanto tiempo en el país.

Amnistía Internacional lleva años expresando su preocupación por las denuncias de tortura y otros malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidos por personal militar o por la policía a escala federal, estatal y municipal. Las denuncias son generalizadas, y los responsables disfrutan de casi total impunidad.

Resulta sumamente difícil determinar la verdadera magnitud y extensión de la tortura y otros malos tratos en México. Esta dificultad se debe en parte al endeble sistema de denuncia e investigación, que casi nunca hacen rendir cuentas a los responsables y deja a las víctimas y testigos expuestos a sufrir represalias, como consecuencia de lo cual se denuncian muchos menos casos de los que realmente se producen. Además, incluso cuando se presenta denuncia ante las autoridades, no se lleva a cabo una recogida sistemática de datos. Aunque el análisis y sistematización de datos plantean grandes dificultades en un país que es una federación, con múltiples jurisdicciones y cuerpos de seguridad, México es mucho más eficaz en esta materia que en muchos otros sectores, como la seguridad social.

No debemos dejar de lado que el bien jurídico protegido en el delito de tortura es el respeto a la dignidad, sustento de los derechos humanos, las garantías individuales y los propios tales como: el derecho a la igualdad y un trato digno, el derecho a la integridad y seguridad personal, el derecho a la legalidad y la seguridad jurídica, el derecho a la libertad, el derecho a la privacidad y el derecho a la vida. Ese bien jurídico protegido lo está tanto en la hipótesis básicas como en las dos en que se puede dar esa conducta ilícita, es decir: Para que en los ámbitos de impartición y procuración de justicia se interprete correctamente que se está ante la descripción del tipo penal de tortura y no confundirlo con lesiones, abuso de autoridad u otros, además de los elementos que le dan tipicidad que es de dos tipos, inmediata o implícita, es necesario considerar su finalidad que consiste en romper la fortaleza de la víctima e impedir su libre albedrío, lo que da lugar a solicitar el tipo de examen pericial que podría comprobarla.

La tortura tiene una finalidad inmediata y bien definida: impedir el libre albedrío y limitar la voluntad del torturado para que éste haga lo que el agresor quiere; se trata de crear en la víctima el sentimiento de inferioridad, humillación y quebranto de la moral, la fortaleza física y la emocional, sometiéndola mediante la agresión, o bien castigándola e imponiéndole una pena prohibida; es decir, degradándola como ser humano para convertirla en una cosa maleable. La finalidad mediata es la enunciada en las normas jurídicas: obtener información o una confesión, castigarla o coaccionarla para que haga o deje de hacer algo.

En México han existido casos en los que la interpretación práctica y aplicada se ha hecho a partir de la gravedad de las lesiones, y no del dolor o sufrimiento experimentado por la víctima de tortura, en gran parte de los casos de tortura documentados por los organismos públicos protectores y defensores de los derechos humanos, los certificados médicos emitidos por las procuradurías se limitan a señalar las lesiones visibles que presenta el agraviado, pero nunca hubo algún especialista en tortura, psicólogo o psiquiatra, que pudiera referir si además del dolor físico experimentado había existido sufrimiento psicológico.

Sujetos activos del delito, así como la sanción pecuniaria, nos indican la necesidad de hacer una revisión global de la tipificación de este delito y las sanciones previstas para quien incurra en el mismo; una revisión global y, quizá, la uniformidad de la tipificación del delito de tortura en el ámbito federal y local.

Cabe recalcar que la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la tortura no es la única que sanciona la tortura, pues el Código Penal Federal también contempla este delito, pero bajo el título de abuso de autoridad y delitos que comentan los servidores públicos, cuando obligan a un imputado a declarar usando la incomunicación, la intimidación o la tortura, de ese modo nos encontramos bajo un vacío normativo.

El artículo 225, fracción XII, del Código Penal Federal, no establece ninguna sanción por tortura, razón por la cual se sugiere la derogación de esa fracción. En esta secuencia, se debe reformar el Código Penal Federal y tipificar el delito de tortura en el artículo 309 Bis.

ARGUMENTACIÓN

Cabe recalcar que la situación de tortura en México, es una traducción fiel de impunidad. Principalmente, esta proliferación de la tortura en México se ve alimentada por el sistema penal que se ejerce. Por lo tanto nuestro Grupo Parlamentario considera que todos los aspectos anteriores deben ser tomados en cuenta para la tipificación del delito de tortura que sea útil al sistema penal, a los análisis cualitativos, a las políticas públicas y a la compresión del fenómeno.

Bajo esta idea, en la presente iniciativa proponemos la tipificación del delito de tortura para adecuar el respectivo marco jurídico, tratando de lograr una definición que sea la más exacta posible, así como la inhabilitación definitiva de servidores públicos cuando obliguen al imputado a declarar usando la incomunicación, la intimidación o la tortura, que se impulse en la seguridad de las personas que son víctimas de tortura, en el cese de este delito de “lesa humanidad” y en la eliminación de la corrupción que impera en nuestro sistema para una mejor aplicación de la ley.

“Valentina Rosendo tenía 17 años cuando en febrero de 2002 fue violada por unos militares cerca de su casa, en la comunidad de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, estado de Guerrero. Un mes más tarde, en marzo de 2002, unos soldados violaron a Inés Fernández en su casa, en la cercana comunidad de Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de los Libres, estado de Guerrero. Aunque ambas mujeres denunciaron la violación, ni las autoridades militares ni las civiles llevaron a cabo jamás una investigación completa, independiente y transparente. Durante su lucha por conseguir justicia, Inés Fernández y Valentina Rosendo, así como sus familias, han sido objeto de intimidaciones y amenazas. En agosto de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a México responsable de diversas violaciones de derechos humanos cometidas contra ambas mujeres, entre ellas tortura y violación, así como negación de un recurso efectivo. Hasta ahora, el gobierno sólo ha acatado parcialmente la sentencia, pues ha tomado medidas como traspasar los casos a la jurisdicción civil, pero nada indica que se haya hecho algo más para llevar ante la justicia a los militares implicados en la tortura”.1

FUNDAMENTO LEGAL

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 309 Bis del Código Penal Federal; se deroga la fracción XII del artículo 225 del mismo código, y se abroga la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 309 Bis del Código Penal Federal, y se deroga la fracción XII del artículo 225 del mismo código, se abroga la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura, para quedar como sigue:

Artículo 309 Bis. Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario o servidor público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas. Se impondrán de cinco a ocho años de prisión.

I. A quien cometa el delito de tortura se aplicará prisión de seis a doce años de prisión, e inhabilitación de cualquier cargo, empleo o comisión públicos definitiva.

II. Las penas previstas en la fracción anterior se aplicarán al servidor público que, con motivo del ejercicio de su cargo, con cualesquiera de las finalidades señaladas en el artículo 309 Bis, instigue, compela, o autorice a un tercero o se sirva de él para infligir a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos; o no evite que se inflijan dichos dolores o sufrimientos a una persona que esté bajo su custodia.

Se aplicarán las mismas penas al tercero que, con cualquier finalidad, instigado o autorizado, explícita o implícitamente, por un servidor público, inflija dolores o sufrimientos graves sean físicos o psíquicos a un detenido.

III. No se considerarán como causas excluyentes de responsabilidad del delito de tortura el que se invoquen o existan situaciones excepcionales como inestabilidad política interna, urgencia en las investigaciones o cualquier otra circunstancia. Tampoco podrá invocarse como justificación la orden de un superior jerárquico o de cualquier otra autoridad.

IV. En el momento en que lo solicite cualquier detenido o reo deberá ser reconocido por perito médico legista; y en caso de falta de éste, o si lo requiere además, por un facultativo de su elección. El que haga el reconocimiento queda obligado a expedir de inmediato el certificado correspondiente y en caso de apreciar que se han infligido dolores o sufrimientos, de los comprendidos en el artículo 309 Bis., deberá comunicarlo a la autoridad competente. La solicitud de reconocimiento médico puede formularla el defensor del detenido o reo, o un tercero.

V. Ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura podrá invocarse como prueba. No tendrá valor probatorio alguno la confesión rendida ante una autoridad policiaca; ni la rendida ante el Ministerio Público o autoridad judicial, sin la presencia del defensor o persona de confianza del inculpado y, en su caso, del traductor.

VI. El responsable de alguno de los delitos previstos en el artículo 309 Bis estará obligado a cubrir los gastos de asesoría legal, médicos, funerarios, de rehabilitación o de cualquier otra índole, en que hayan incurrido la víctima o sus familiares, como consecuencia del delito. Asimismo, estará obligado a reparar el daño y a indemnizar por los perjuicios causados a la víctima o a sus dependientes económicos, en los siguientes casos:

a) Pérdida de la vida;

b) Alteración física y psicológica de la salud;

c) Pérdida de la libertad;

d) Pérdida de ingresos económicos;

e) Incapacidad laboral;

f) Pérdida o el daño a la propiedad; y

g) Menoscabo de la reputación.

Para fijar los montos correspondientes, el juez tomará en cuenta la magnitud del daño causado. El Estado estará obligado a la reparación de los daños y perjuicios, en los términos de los artículos 1927 y 1928 del Código Civil.

VII. El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato, si no lo hiciere, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión, e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos.

Artículo 225. Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes:

XII. Se deroga.

Se abroga la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Informe de Amnistía Internacional, Tortura y malos tratos en México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2012.

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA (rúbrica)

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