Diputado Ricardo Mejía Berdeja

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Guerrero: Amapola y violencia

En los últimos días la violencia criminal ha escalado en el país, y en especial en estados como Guerrero que ha sufrido los estragos de la disputa por el trasiego y el control de la amapola en diferentes regiones, por parte de los grupos delincuenciales.

Guerrero es el principal productor del cultivo ilícito de la amapola (según estimaciones el 60 por ciento de la producción nacional se cultiva en la entidad sureña y es el principal cultivador en América). Esta planta que bien pudiera ser una oportunidad para procesar los opiáceos que de ella derivan, y utilizarlos con fines medicinales para enfrentar la crisis de medicamentos contra el dolor para enfermos terminales, de cáncer, VIH/SIDA o enfermedades crónico degenerativas, convirtiendo este cultivo en una alternativa productiva lícita para miles de campesinos y sus comunidades, por el contrario se ha convertido en el eje de la violencia en la guerra fallida contra las drogas.

La política de prohibicionismo extremo en materia de drogas en el país sólo ha servido para incrementar los homicidios dolosos, el contubernio de autoridades y policías con la delincuencia organizada, las desapariciones forzadas, las violaciones graves a los derechos humanos y no ha disminuido la producción de enervantes. El caso más sanguinario de violación de derechos humanos, la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, no puede entenderse sin la ruta de la heroína y el acuerdo criminal entre delincuentes y autoridades de diferentes órdenes de gobierno.

Bien lo dijo Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas, el 21 de abril 2016, durante la presentación pública de “Vías para la Reforma de la Política de Drogas 2016 más allá de la UNGASS sobre drogas“: “Las drogas son peligrosas, pero las políticas actuales de narcóticos son una amenaza aún mayor porque el castigo recibe una mayor prioridad que la salud y los derechos humanos. Es hora de que las regulaciones pongan vidas y seguridad en primer lugar”.

El 18 de marzo de 2016, en la entrevista que sostuvo el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo con el periodista Carlos Puig (para En 15 de MILENIO Televisión), se puso sobre la mesa la posibilidad de legalizar el uso de la amapola con fines médicos y científicos; esta misma postura fue ratificada por el Titular del Ejecutivo en la primera semana del mes de mayo en entrevista para Carlos Loret de Mola (para Noticieros Televisa) y con Joaquín Fuentes (de MILENIO Televisión).

Luego de la agudización en estos días de la violencia en Guerrero que dejó un saldo de decenas de homicidios y que fue atribuida a las disputa de bandas criminales por el trasiego de la amapola, el mandatario Estatal volvió a señalar la urgencia de, cito textualmente, “reforzar acciones e ir más a fondo con algunas figuras”.

 

Por nuestra parte desde el Congreso de Guerrero, los diputados de Movimiento Ciudadano, hemos insistido en la necesidad de legalizar el cultivo de la amapola con fines medicinales y científicos, incluso presentamos una iniciativa al respecto, para que el Congreso Local ejercite su facultad constitucional (Art. 71, fracción III) y envíe esta iniciativa al Congreso de la Unión. Sin embargo, violando procedimientos parlamentarios la propia mayoría priísta (partido del Gobernador Astudillo que en medios se ha pronunciado a favor de la legalización de la amapola con fines medicinales) con el apoyo del PRD se negó a dictaminar la iniciativa conforme a la ley y la sustituyó por un punto de acuerdo para que el Congreso federal legisle al respecto, cuando la iniciativa que presentamos activaría directamente el proceso legislativo federal.

La iniciativa propuesta por los Diputados Ciudadanos se acompañó de los informes “El Impacto Negativo del Control de Drogas en la Salud Pública–la Crisis Global de Dolor Evitable” y “Asumiendo el Control: Caminos hacia Políticas de Drogas Eficaces”, ambos documentos elaborados por la Global Commission on Drug Policy (Comisión Global de Políticas de Drogas), organismo orientado a elevar a nivel internacional una discusión informada y basada en evidencia sobre formas más humanas y efectivas de reducir el daño provocado por las drogas a la gente y a las sociedades.

El impacto negativo que ha dejado la política de prohibicionismo extremo asumida en torno al opio, ha mermado en el bienestar de los pacientes que requieren cuidados paliativos, cobrando además una alta cuota de sangre, causando más muertes en México a causa de su tráfico ilegal que las que se han registrado por su consumo.

Lo anterior se sostiene a la luz de lo establecido en el Informe Mundial sobre las Drogas, en donde la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), se precisa que el número de personas que murieron en el mundo en 2013 debido al consumo de drogas se mantuvo estable y ascendió a unas 187.100[1] (por regiones, América del Norte 43.300, América Latina y el Caribe 6.000); cifra que según la ONU, es prácticamente la misma que en años anteriores; mientras que en nuestro país, la asociación civil italiana Líbera conformada por más de mil agrupaciones de activistas europeos y americanos defensores de los derechos humanos, en un reporte de 2013, informó “que la guerra invisible y absurda que se inventó el ex presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado ha provocado, desde 2006 hasta el último minuto de su gobierno, la muerte de 53 personas al día, mil 620 al mes, 19 mil 442 al año, lo que nos da un total de 136 mil 100 muertos, de los cuales 116 mil (asesinatos) están relacionados con la guerra al narcotráfico y 20 mil homicidios ligados a la delincuencia común”.

En Guerrero hemos sido los más afectados por el prohibicionismo extremo, no hay ninguna razón para que el Congreso local no ejerza sus facultades constitucionales y mande una iniciativa de reformas legales al Congreso de la Unión y tome acciones para impulsar políticas vanguardistas para la regulación de los opiáceos, en las que la vidas y la seguridad de quienes habitamos en el Estado se ponga por encima de los intereses creados. Por lo pronto en los siguientes días volveremos a presentar una iniciativa en la materia. No quitaremos el dedo del renglón porque mientras México y Guerrero se desangran, los delincuentes y los narcopolíticos ganan con la prohibición que tanto dolor causa.

@RicardoMeb

@OpinionLSR

Exhorto al titular de SEGOB implemente políticas de reinserción para víctimas desplazadas internas

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A DISEÑAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE REINSERCIÓN SOCIAL PARA LAS VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO INTERNO.

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México, cientos de miles de personas han sido desplazadas internamente, debido a la violencia generada por los grupos del crimen organizado, ante la falta de una estrategia de seguridad integral.

En la Segunda Conferencia Regional Humanitaria sobre Migraciones Forzadas en Bogotá, Colombia, Sarnata Reynolds –asesora de Refugiados Internacional (RI) especialista en materia de Derechos Humanos- presentó un informe sobre el estado que guardan las personas desplazadas internas (IPDs, por sus siglas en inglés) del país.

Mexico’s Unseen Victims” (Las Víctimas Invisibles de México[1]) es el resultado de la investigación de campo realizada por RI en México, entre mayo y junio de 2014.

Como resultado de esta investigación, se descubrió que las personas desplazadas por los grupos de delincuencia organizada comparten tres características esenciales:

  1. Huyen de la violencia extrema externada en las formas de asesinato, secuestro o desaparición de al menos uno de los miembros de sus familias;
  2. Se enfrentan a graves problemas económicos después del desplazamiento, incluyendo la dificultad para encontrar trabajo;

 3.   Han perdido tierras y propiedades sin recibir ningún tipo de compensación económica.

Según RI, hay varias razones por las cuales los grupos criminales en México buscan el control de la tierra, incluyendo el cultivo de plantas utilizadas para la producción de drogas, el control de los recursos naturales, y el establecimiento de las rutas de tráfico de drogas.

La organización encontró que muchos de los desplazados internos habían sido obligados a dejar sus comunidades directamente por las organizaciones criminales –ya sea perpetrando violencia contra ellos o sus familias, o amenazándolos con hacerlo- mientras que otros habían huido de la violencia causada por las disputas territoriales entre grupos rivales, por las ofensivas militares, o por los enfrentamientos con grupos de autodefensa.

El Gobierno Federal ha sido incapaz hasta ahora de generar cifras oficiales que ayuden a dimensionar la verdadera profundidad de este problema, esta situación también agrava la posibilidad de generar políticas de gobierno –tanto a nivel federal como local-, que permitan la atención oportuna y adecuada para las víctimas.

Una cantidad significativa de las personas desplazadas entrevistadas por RI para la realización del estudio había sido incapaz de encontrar una vivienda adecuada o un puesto de trabajo confiable y estable. Antes de migrar, muchas de estas víctimas habían pagado considerables rescates a los grupos criminales, y en un intento de liberar a sus familiares secuestrados, aún tenían estas deudas.

Otro grave problema identificado en el estudio es la falta de documentos de identidad entre los desplazados internos, lo que dificulta que los niños se matriculen en la escuela o que los adultos sean contratados legalmente. Para los grupos criminales, la falta de identificación también hace de los niños un atractivo blanco para el reclutamiento forzoso, ya que son menos propensos a ser atrapados cometiendo crímenes.

Reynolds afirma que entre 20.000 y 30.000 niños habían caído en las garras de las organizaciones criminales. Muchos de ellos son utilizados como guías para llevar migrantes a través de la frontera hacia Estados Unidos.

Aunque las cifras sobre la cantidad de personas que han sido desplazadas internamente varían, el centro de pensamiento mexicano Parametría[2], estima que 1,65 millones de personas huyeron de sus hogares entre 2006 y 2011. Según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), sólo en 2011 160.000 personas fueron desplazadas internamente en México, y los estados con las mayores tasas de desplazamiento ese año fueron Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Michoacán y Guerrero -todos con una significativa presencia de los carteles de la droga.

RI se reunió en conjunto con 80 familias que habían abandonado la región, y ninguna de ellas -o ningún otro entrevistado por la organización- mencionó la sequía o las cuestiones agrícolas como uno de los motivos para su desplazamiento. Todas menos una de las familias afirmaron que los carteles habían entrado a su comunidad.

En 2013, México aprobó una ley para indemnizar a las víctimas del crimen organizado y de violaciones de los Derechos Humanos, sin embargo, los esfuerzos realizados hasta ahora no han sido suficientemente prósperos para diagnosticar y atender esta problemática.

Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La H. Cámara de Diputados exhorta al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a que en el ámbito de sus atribuciones, y en coordinación con las dependencias correspondientes, diseñe e implemente políticas públicas de protección a las personas desplazadas internas, que garanticen su reinserción en un ámbito social seguro y garante tanto de su identidad personal, así como de sus derechos a la vivienda digna y al trabajo remunerado.

Dado en la H. Cámara de Diputados,  a los 2  días del mes de Septiembre de 2014.

[1] Disponible en el sitio http://refugeesinternational.org/sites/default/files/070214%20Mexico%20Unseen%20Victims%20English%20letterhead.pdf

[2] Datos disponibles en http://www.parametria.com.mx/DetalleParMedios.php?PM=782

Se debe endurecer la legislación que castigue la trata de personas, inadmisibles los retrocesos: Ricardo Mejía Berdeja

Palacio Legislativo de San Lázaro

24 de noviembre de 2013

Boletín de Prensa

Se debe endurecer la legislación que castigue la trata de personas, inadmisibles los retrocesos: Ricardo Mejía Berdeja

 Es necesario hacer una revisión integral y adecuada del marco normativo que permita erradicar este problema.

 La trata de personas es una forma de esclavitud moderna que debe castigarse con todo el peso de la ley.

Ante el incremento del número de casos de trata de personas evidenciados a nivel nacional, el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Diputado Federal Ricardo Mejía Berdeja expresó “es necesario hacer una revisión integral y adecuada del marco normativo que permita erradicar el grave problema; si bien existe la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, ésta presenta serias deficiencias que deben ser corregidas lo antes posible, a la par de las diferencias entre las propias leyes locales, ya que provocan lagunas legales e incluso ciertas contradicciones en las mismas”.

De esta forma, el también Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales señaló “sabemos que en el Senado de la República está por discutirse una iniciativa que reforma y deroga diversos artículos sustanciales de la Ley General, que en caso de aprobarse, algunos cambios representarían graves retrocesos, tal es el caso de lo relativo a la protección y atención a las víctimas, el fondo destinado para dichos rubros; así como lo concerniente a los protocolos de actuación del Ministerio Público, entre otros aspectos.

Por otro lado el legislador federal mencionó que algunos de los impedimentos para combatir de raíz la trata de personas, es por un lado la falta de un diagnóstico real  de la situación y por el otro  la corrupción y tráfico de influencias, por lo que instó a las autoridades correspondientes a tomar cartas en el asunto y castigar a los responsables con todo el peso de la ley.

“Resulta indispensable que los tres órdenes de gobierno, la academia y sociedad civil trabajen conjuntamente para combatir la situación que impera y que afecta principalmente a mujeres, a jóvenes y a la niñez; celebramos que se estén generando foros de discusión como el Primer Congreso sobre la Trata de Personas en Puerto Vallarta, Jalisco organizado por el Comité Interinstitucional, el cual conjugó a más de 350 personas y a diversos especialistas”, comentó Mejía Berdeja.

Por último, el diputado federal expresó que darán seguimiento a las discusiones que se generen, en próximas fechas en la Cámara de Senadores, en miras de transparentar los trabajos e invitar a la sociedad civil a sumarse a este proceso.

Acuerdo para exhortar al TSJDF a dar las garantías para que el caso del documental “Presunto Culpable” se resuelva de manera objetiva.

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL A DAR LAS GARANTÍAS PARA QUE EL CASO DEL DOCUMENTAL “PRESUNTO CULPABLE”  SE RESUELVA DE MANERA OBJETIVA, IMPARCIAL Y CON APEGO AL DERECHO. 

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México, cada vez es más común exponer o denunciar un caso de injusticia, impunidad o arbitrariedad por medio de la realización de documentales que, al provocar la indignación y despertar el morbo entre la sociedad, llegan a un gran número de personas generando así una forma de denuncia efectiva.

Tal es el caso del documental Presunto Culpable el cual fue exhibido a nivel nacional en 2011 y que vislumbraba la falla estructural que el sistema de justicia mexicano presenta, al dar a conocer el caso del joven José Antonio Zúñiga, quien fuera acusado de un homicidio que no cometió, siendo víctima de la red de corrupción y opacidad con la que las instituciones encargadas de aplicar la justicia operan en el país.

Ante tal situación, los abogados y cineastas Roberto Hernández, Layda Negrete y un grupo de colaboradores, se hicieron cargo del caso y documentaron en Presunto Culpable todo el proceso plagado de irregularidades que, finalmente, desembocó en la liberación de Zúñiga.

Sin embargo, a dos semanas del estreno del largometraje, comenzaría el largo proceso de censura, que el grupo de realizadores ha enfrentado por más de dos años, debido a que Blanca Lobo Domínguez, jueza decimosegunda de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, ordenó la suspensión provisional de exhibición, distribución y promoción, porque Víctor Reyes Bravo, uno de los testigos que había participado en el caso presentó un juicio de amparo, alegando que se utilizó su imagen sin consentimiento; de manera oportuna se dio un revés a este fallo, por lo que Presunto Culpable siguió exhibiéndose.

A estos hechos, en mayo de este año, se dio a conocer, a raíz de un nuevo demandante, que el documental cuenta con casi veinte demandas las cuales suman tres mil millones de pesos; la última de ellas presentada por Manuel Ortega Saavedra, ex comandante de la Policía Judicial, quien exige 600 millones de pesos porque utilizaron su imagen sin autorización.

Paradójicamente, Presunto Culpable ha sido merecedor de varios premios importantes a nivel internacional, como el Premio de Amnistía Internacional en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2009, o el Premio del Público en el Festival de Cine de Derechos Humanos de Varsovia 2010; pero en México se ha buscado a toda costa evitar su exhibición y reproducción por todas las vías posibles.

De esta manera, en días pasados, se llevó a cabo en el juzgado civil del Distrito Federal, una audiencia para desahogo de pruebas, en la que María del Rosario Mancera Pérez, jueza civil a cargo, quien con anterioridad ya había realizado comentarios negativos frente al caso y con base en lo estipulado en el artículo 59 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito, negó el acceso a los medios de comunicación e incluso rechazó la solicitud de grabar la audiencia por parte de Roberto Hernández y Layda Negrete, bajo el argumento que “el TSJDF manifiesta su rechazo a las acciones de ejercer presiones o amenazas contra el ejercicio de las responsabilidades de este Tribunal”; asimismo, Mancera Pérez, solicitó a los productores dePresunto Culpable, no realizar declaración alguna sobre el proceso demostrando el ambiente de secretismo y censura con la que se ha manejado el proceso; por lo que resulta evidente que no se tienen las condiciones para contar con un juicio justo e imparcial acorde a los estándares en la materia, exhibiendo –de nueva cuenta- la forma en la que el sistema de justicia penal en México realiza su labor; y en lugar de demostrar que lo exhibido en el documental se está tratando de cambiar, se confirma, de manera lamentable, la forma en que el sistema mexicano opera.

Resulta necesario que quienes, en su valiente búsqueda por exhibir casos como éste, no sean perseguidos y sufran de falsos señalamientos, situaciones de acoso, censura e incluso pongan en riesgo su integridad física y la de sus familiares; y tampoco se puede permitir que este tipo de actos sean violentados por el propio sistema como un acto de censura y represión en contra de las personas involucradas.

Es por ello que, atendiendo a la necesidad de garantizar el respeto irrestricto de derechos humanos como el de la libertad de expresión y el ejercicio que ésta conlleva, a la par de contar con las condiciones para que la justicia en este país se lleve a cabo de manera transparente y acorde a la ley, dejando de ser una justicia selectiva.

Además, dada la naturaleza del caso, consideramos pertinente solicitar al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se vigile la actuación de la jueza encargada del mismo, pues ello resulta de suma importancia en relación al Sistema de Justicia en el Distrito Federal, lo que abonará en generar mayor confianza a la ciudadanía en el sistema de justicia, dados los antecedentes en esta materia. Es por lo expuesto y fundado que presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

 ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Uniónexhorta al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a que de seguimiento al desarrollo del caso sobre el documental “Presunto Culpable” en el juzgado civil número 17, del Distrito Federal a fin de respetar el derecho humano y constitucional a la libertad de expresión y dar las garantías para que el caso se resuelva de manera objetiva, imparcial y con apego a la ley.

Dado en el Senado de la República a los 17 días del mes de julio de 2013.

 

Iniciativa que busca combatir y erradicar el delito de extorsión

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 390 Y ADICIONAN LAS FRACCIONES l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll y Vlll DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

Los proponentes RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 390 Y ADICIONAN LAS FRACCIONES l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll y Vlll DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor del siguiente:

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los niveles de criminalidad que azotan a nuestro país se hacen más visibles a causa de las diferentes modalidades en las que se hace presente el crimen organizado, cuyo  hilo conductor es la intimidación y altos grados de violencia.

Paralelamente a la sensación social de inseguridad e incertidumbre, los grupos delictivos utilizan los adelantos científicos y nuevas tecnologías para aplicarlos a sus operaciones delictivas  obteniendo así mayores índices de precisión en los mecanismos de actuación con un incremento efectivo de resultados.

A estas alturas no hay duda que la violencia asociada al narcotráfico se ha incrementado en México y de modo particular en Tamaulipas, Michoacán, y Guerrero. Aunado a una serie de reclamos de la sociedad que ha atestiguado y sufrido ésta violencia sin acciones efectivas.

Las acciones emprendidas por parte del Gobierno Federal para desarticular a las organizaciones criminales que pelean el control del mercado y acceso a nuevas formas y modalidades de delitos como: asesinatos, robos, secuestros y extorsiones entre otros delitos, han sido un total fracaso, ya que carecen de los instrumentos mínimos de medición e identificación para reconocer que existen diversos grupos delictivos organizados.

Una de las prácticas de estos grupos delictivos se encuentra  tipificada en el Código Penal Federal, el delito de extorsión el cual se define como: un hecho punible, que consiste en obligar a una persona, a través de la intimidación o violencia, a realizar un acto con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial del sujeto pasivo o de un tercero.

Hasta el surgimiento de nuevos y numerosos grupos delictivos, es que se hace una práctica común de estos, a pesar de que ya existir este delito era ejercido por pocos. La extorsión es una forma efectiva de ejecutar acciones violentas, tanto para otros carteles, como para sus extorsionados con nuevas modalidades, por vía telefónica donde se amenaza a una persona con secuestrar a un ser querido si no se paga determinada cantidad de dinero, por anónimos y de tipo personal, donde miembros de las organizaciones delincuenciales acuden a exigir el denominado “cobro de derecho de piso”, “cobro de protección”, que va desde cinco mil pesos a 50 mil pesos al mes.

Estas peligrosas bandas criminales actúan donde saben que tienen la protección de las autoridades, por lo que cuentan con zonas delimitadas para sus operaciones.

Este delito ha lastimando de manera significativa la actividad comercial; con mayor incidencia en Monterrey, Ciudad Juárez, Tijuana, Chihuahua, Tamaulipas, Morelos, Michoacán, Sinaloa,  Durango y Guerrero, con un mayor número de denuncias por tal práctica delincuencial.

De 2006 a 2011 se tienen registradas en los ministerios públicos 24 mil extorsiones, de las cuales se estima que 50% pueden ser por cobros de derecho de piso o venta de protección, aunque esa cifra, es poco representativa ya que se estima que sólo se denuncia 10% de los casos, por lo que éstos podrían alcanzar hasta los 240 mil.

De acuerdo a cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), durante enero y febrero de 2013  se denunciaron 263 mil 359 delitos en total ante las 32 Procuradurías de Justicia estatales y del Distrito Federal, un 3.2% menos que los 272 mil 94 reportados en el mismo periodo de 2012.

Con 960 denuncias, la incidencia del delito de extorsión también aumentó un 13% respecto al año pasado, cuando hubo 849, según las estadísticas del SNSP.

Sólo Colima, Nayarit, Tlaxcala y el Estado de México no reportaron al SNSP haber recibido denuncias por el ilícito, el cual tuvo una mayor cifra de casos en el Distrito Federal, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Baja California y Puebla.

¿Cómo opera el delito de extorsión?

Mediante amenazas directas a las víctimas y sus familiares, como consecuencia de tal hecho si estas no pagan y cumplen con la respectiva cuota de protección o derecho de piso, serán acreedores a una represaría más fuerte como: levantones, golpizas, secuestros, y muertes.

Las víctimas de este delito pueden ser desde comerciantes, pequeños y medianos empresarios, e incluso los delincuentes piden cobro a casas o zonas habitacionales.

Este delito va acompañado de un sin número de corruptelas donde se encuentran involucrados de forma directa o indirecta policías municipales estatales y federales, por lo tanto se encuentra vulnerado el Estado de derecho.

Debemos tener muy presente que el tema de la inseguridad en México es latente, la incidencia delictiva se manifiesta con mayor fuerza, aunado a esto los delitos relacionados al narcotráfico cobran mayor visibilidad, creando nuevos delitos o nuevas modalidades de estos. Y qué decir de la debilidad estructural del gobierno y el involucramiento de las corporaciones policiacas, las cuales han sido penetradas por la delincuencia organizada, la inoperancia del estado mexicano de ejercer control territorial.

Es una lucha despiadada por parte de las bandas criminales, atemorizando y saqueando a la ciudadanía en general, a través del delito antes mencionado y de otros más. El objetivo de esta iniciativa es hacer notar que conforme avanza la delincuencia se crean más delitos, por tanto se debe ampliar la tipificación del delito de extorsión aplicando penas más severas y sin distinción alguna.

ARGUMENTACIÓN

Derivado de lo anterior se pretende reformar la legislación vigente: el Código Penal Federal en su artículo 390, para fortalecer el estado de derecho y subsanar lagunas legales en dicho ordenamiento legal, con el fin de consignar y sentenciar a los delincuentes que cometen dicho delito.

El delito de extorsión es un delito considerado de alto impacto, que se perpetra bajo diversas modalidades donde lleva implícita la amenaza por parte de grupos del crimen organizado de llevar a cabo la quema de comercios o negocios si no se paga la cantidad que exigen, “derecho de piso”, o por “cobro de seguridad”, o “cobro por protección”; como sucedió en 2011 con el Casino Royale en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con las denuncias presentadas por civiles ante procuradurías por el delito de extorsión en diversas modalidades, el

Estado de Morelos ocupa el primer lugar en ilícitos al presentarse 34 acusaciones por cada 100 mil habitantes.

En ese mismo orden de ideas, la organización delictiva que lleva acabo extorsiones y ha quemado más negocios por incumplimiento en el pago de cuotas es los Zetas. Le sigue el cártel del golfo y en tercer lugar se ubica la línea y bandas que operan para el Cártel de Juárez.

Es por ello que Movimiento Ciudadano propone una definición más completa para la tipificación del delito de extorsión, contemplando las diversas modalidades para cometerlo.

Debe de haber mano dura en la persecución y sanción de delito, ya que, las víctimas son obligadas a actuar de determinada forma, con base en el miedo a que algo les suceda a ellas o a su familia, afectándose no sólo su patrimonio, sino su tranquilidad y sus relaciones interpersonales, ya que la psicosis generada las obliga a cambiar de hábitos, de trabajo o incluso de residencia. Siendo además muy común que el extorsionador vuelva a buscarlos.

De esta manera, el delito de extorsión es uno de los delitos que más daña a la persona y a su entorno, y de los que más se duele la sociedad.

Es imprescindible combatir y erradicar este delito con medios legales más eficaces y severos, a fin de lograr su disminución y, con ello, el aumento de la confianza de la población para denunciarlo, evitando una posible revictimización.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 390 Y ADICIONAN LAS FRACCIONES l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll y Vlll DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor del siguiente:

Artículo Primero. Se reforma el artículo 390 y adicionan las fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll y Vlll del Código Penal Federal.

Artículo 390.- Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial o moral, se le aplicarán de cuatro a quince años de prisión y de doscientos ochenta y ocho a setecientos veinte días de multa.

Además de las penas señaladas en el primer párrafo, se impondrá de cuatro a diez años de prisión y multa de doscientos ochenta y ocho a setecientos veinte días de salario, cuando en la comisión del delito:

I.- Intervenga una o más personas armadas o portando instrumentos que puedan poner en peligro la vida;

II. Se emplee violencia;

III. El autor del delito se ostente por cualquier medio como miembro de la delincuencia organizada, en los términos de la ley de la materia;

IV. El autor del delito obtenga o manifieste su pretensión de seguir obteniendo, en forma continua o permanente, dinero o bienes por concepto de cobro de cuotas de cualquier índole, adicionales a los conseguidos originalmente por el ilícito;

V. Se cometa por vía telefónica, cualquier medio de comunicación mediante los cuales se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza.

VI. Si el sujeto activo del delito de extorsión, se encuentra privado de su libertad personal;

VII. Si es cometido en contra de un menor de edad, de una mujer en estado de gravidez o de una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o bien en una persona mayor de sesenta años;

VIII. Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza por una asociación delictuoso, o por servidor público o ex-servidor público, o por miembro o ex-miembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas Mexicanas. En este caso, se impondrá además al servidor o ex-servidor público y al miembro o ex-miembro de alguna corporación policial, la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión público, y si se tratare de un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de manera definitiva para desempeñar cargos o comisión públicos.

 

TRANSITORIO

 ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

Dado en el Senado de la República a los 25 días del mes de junio de 2013.

Los periodistas están sujetos a las asechanzas del crimen y de gobernantes que no gustan de la crítica a sus acciones

Palacio Legislativo de San Lázaro a 25 de abril de 2013

POSICIONAMIENTO DEL VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, RICARDO MEJÍA BERDEJA, RELATIVO AL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Read More