Diputado Ricardo Mejía Berdeja

Etiqueta: DDHH

Celebramos que se atiendan las demandas respecto a la interrupción legal del embarazo en Guerrero: Ricardo Mejía Berdeja

Palacio Legislativo de San Lázaro

8 de mayo de 2014

Boletín de Prensa

Celebramos que se atiendan las demandas respecto a la interrupción legal del embarazo en Guerrero: Ricardo Mejía Berdeja

  • Como cualquier otro asunto de salud pública deben preverse las políticas y programas que permitan su atención integral.
  • Es un gran avance para los derechos humanos de las mujeres guerrerenses.
  • En Movimiento Ciudadano suscribimos las peticiones de los movimientos de mujeres y organizaciones de la sociedad civil

“Celebramos que Ángel Aguirre, gobernador del estado de Guerrero, haya atendido las demandas de organizaciones de la sociedad civil respecto a brindar las condiciones que permitan la interrupción legal del embarazo en la entidad; respondiendo a un grave problema de salud pública y dando un gran avance en los derechos humanos de las mujeres guerrerenses”, comentó el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, el Diputado Federal Ricardo Mejía Berdeja.

Al respecto, el también Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados reconoció la lucha de la sociedad civil para impulsar esta iniciativa, “sabemos que desde hace más de 20 años, las mujeres guerrerenses preocupadas por la situación que guarda la entidad y los altos índices de muertes de mujeres relacionadas con la práctica de abortos inseguros y clandestinos, se propusieron colocar en la agenda política el tema de la interrupción legal del embarazo, esto a raíz de que el estado de Guerrero ocupa el primer lugar nacional de muertes por aborto”.

Aunado a ello, Mejía Berdeja señaló que dentro de las obligaciones que el Estado mexicano tiene están las relacionadas con promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y en este caso lo concerniente a los derechos de las mujeres es aún una agenda pendiente en muchos aspectos por lo que esta iniciativa pondría al estado de Guerrero a la vanguardia con entidades como el Distrito Federal.

Por último, el legislador federal expresó “en Movimiento Ciudadano suscribimos las peticiones de los movimientos de mujeres y organizaciones de la sociedad civil, en miras de realizar las modificaciones pertinentes al Código Penal del Estado de Guerrero respecto a la interrupción legal del embarazo”.

Raúl Plascencia ha sido un ombudsman omiso e irresponsable en el combate a la trata de personas: Ricardo Mejía Berdeja

Palacio Legislativo de San Lázaro

30 de abril de 2014

Boletín de Prensa

Raúl Plascencia ha sido un ombudsman omiso e irresponsable en el combate a la trata de personas: Ricardo Mejía Berdeja

 

  • Pediremos se investigue la actuación de la CNDH y el CEDH tras la denuncia de la organización “Todo por Ellos” en Chiapas.
  • En Movimiento Ciudadanobuscaremos las herramientas necesarias para impedir que se den pasos atrás en la legislación en materia de trata de personas.

 

“Resulta sumamente grave la denuncia que ha hecho la organización “Todo por Ellos” respecto a que tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como el Consejo Estatal de los Derechos Humanos en Chiapas no han cumplido con su labor para investigar los casos de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, principalmente los casos relacionados a menores de edad”, comentó el Diputado Federal Ricardo Mejía Berdeja, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

En dicho tenor, el legislador expresó “Raúl Plascencia, quien ha demostrado la ineficiencia de su perfil para ser un verdadero ombudsman y velar por los derechos humanos de las y los mexicanos, ahora exhibe su falta de compromiso por garantizar que las y los menores de edad cuenten con una vida digna y libre de violencias”.

Aunado a ello, el también Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, cuestionó los trabajos que hasta ahora, el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha realizado en materia de trata de personas, por lo que invitó a la sociedad civil a trabajar de manera conjunta para que, desde el Poder Legislativo, surjan los mecanismos que permitan erradicar esta dolorosa problemática que enfrentan diversos estados y en este caso específico el estado de Chiapas.

Por otro lado, Mejía Berdeja indicó que se están analizando las modificaciones que se pretenden realizar a la Ley General para Prevenir, Sancionar Y Erradicar Los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en miras de contar con una legislación acorde a la situación que actualmente se presenta en el país, “en Movimiento Ciudadano sabemos de la importancia que esta iniciativa representa, por lo que buscaremos las herramientas necesarias para impedir que se den pasos atrás en el combate a la trata de personas”.

Iniciativa en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes para promover la estimulación temprana

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 11 Y 28 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, A CARGO DE RICARDO MEJÍA BERDEJA Y SUSCRITA POR RICARDO MONREAL ÁVILA, DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

El proponente, Ricardo Mejía Berdeja, y el suscrito, Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la letra A del articulo 11 y se adiciona la letra K al artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor del siguiente

Planteamiento del Problema

La niñez es un sector prioritariamente protegido por los instrumentos y organismos internacionales en materia de derechos humanos por tal motivo es menester velar por el interés superior de las niñas y niños a través de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones, por medio de la resolución 1386 proclamó la declaración de los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1959, de la cual México es signatario. En ella se establece el principio de interés superior del niño, a través de directrices del desarrollo normativo e institucional de los Estados firmantes, a fin de fortalecer el sistema de protección especial, acceso a servicios y oportunidades con el objetivo de mejorar el desarrollo físico, mental moral, espiritual y social de los menores.

El interés superior del niño o niña indica que las sociedades y gobiernos deben de realizar el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin de que éstos puedan vivir y desplegar sus potencialidades. Esto lleva implícita la obligación de que, independientemente a las coyunturas políticas, sociales y económicas, deben asignarse todos los recursos posibles para garantizar este desarrollo.

Lo anterior se desprende del principio dos el cual reza: El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad.

Es indispensable que el niño disfrute del más ato nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud.

Se debe velar por el principio que cita: Se debe combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente.

Asimismo, el artículo 4o. constitucional en el párrafo octavo cita: En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

En la actualidad la ciencia y la tecnología permiten promover el desarrollo de la niñez, fortalecer las capacidades, la apropiada atención de acuerdo a su condición, rehabilitación para mejorar su calidad de vida y con esto desarrollarse en la vida cotidiana.

Un claro ejemplo de ello es la llamada estimulación temprana o atención temprana infantil se basa, sobre todo en la repetición, a la que los expertos denominan unidades de información o bits. Del mismo modo que cuando se aprende a decir mamá o papá, repiten lo que escuchan una y otra vez, de tal modo pueden aprender a leer, lograr un pensamiento matemático, e incluso desarrollar aspectos sensoriales y sociales.

La repetición sistemática y secuencial de estímulos o ejercicios, y de actividades con base científica, refuerzan las áreas neuronales de los bebés. Durante la estimulación, se potencializa adecuadamente el desarrollo motriz, cognitivo, social y emocional del bebé, también se amplía su desarrollo individual, sus capacidades, su predisposición y su ritmo.

La estimulación empieza con actividades de contacto con el bebé y refuerza el vínculo emocional, afectivo, a través de masajes y estímulos sensoriales, entre padres e hija(o), a partir de ahí se dan actividades de motricidad gruesa, fina, de concentración y de lenguaje. El juego es una efectiva herramienta de estimulación para los bebés. A través del juego, los padres pueden observar el comportamiento de su hija(o) y conocer sus necesidades, deseos, gustos, e inquietudes.

En la estimulación temprana se busca el equilibrio. Por eso, debe ser integral, tanto física como intelectual.

Se debe insistir para que los niños pasen por todas las etapas del desarrollo motor en el primer año de vida, es porque de ello depende su desarrollo posterior. Estas etapas o grandes hitos del desarrollo (levantar la cabeza, rodar, arrastrarse, gatear y sentarse solo, todo ello antes de caminar), sientan las bases de todo lo que ha de venir. Si no se producen en las condiciones deseadas, el niño no dispondrá de las mejores oportunidades para seguir adelante en su desarrollo y llegar a su aprendizaje escolar con facilidad y garantías de éxito.

Sólo si damos a un bebé las oportunidades de pasar por estas etapas, logrará hacerlo. Esto supone poner al niño en el suelo y librarle de cualquier artilugio que pueda restringir su libre movimiento. De esta forma, y gracias a los movimientos que conforman estos grandes hitos del desarrollo, el niño inhibirá los reflejos primitivos con los que nació y que le ayudan precisamente a cumplir con estas etapas del desarrollo.

Ha de cumplirlas para que los reflejos primitivos, tras realizar su misión, puedan “descansar” y dejar el protagonismo a otros reflejos posturales más avanzados.

Por tanto es de suma importancia la implementación de políticas públicas con un enfoque integral a fin de promover los derechos de la niñez, incluyendo herramientas que hagan posible un mejor desarrollo psicomotor, emocional y sensorial; para ello el Estado debe resguardar y garantizar las condiciones y oportunidades que permitan el sano crecimiento de este sector.

Fundamento Legal

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la letra A del articulo 11 y se adiciona la letra K al artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo Primero. Se reforma el segundo párrafo de la letra A del artículo 11 y se adiciona la letra K al artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños Y Adolescentes.

Artículo 11. Son obligaciones de madres y padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes:

A. Proporcionarles una vida digna …

Para efectos de este precepto, la alimentación adecuada comprende: la ingesta suficiente y necesaria de macronutrientes y micronutrientes que permitan el desarrollo pleno, así como la satisfacción de las necesidades de habitación, educación, vestido, asistencia en caso de enfermedad y recreación.

Artículo 28. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud…

A a J. …

K . Promover la estimulación temprana: conjunto de acciones encaminadas a conformar adecuadamente el sistema nervioso del infante, con el fin de conseguir el máximo de conexiones neuronales y no se destruyan por falta de estímulos adecuados.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2014.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)

Iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley de Amparo para garantizar DDHH en caso de tortura

Que reforma el artículo 15 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Zuleyma Huidobro González, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente:

Exposición de Motivos

El concepto de tortura, de conformidad con la Real Academia de la Lengua, lo podemos definir como:

“El acto perpetrado en contra de un individuo, consistente en causar de forma intencional un grave dolor físico o psicológico, utilizado como mecanismo para quebrantar la residencia y la moral del torturado, despojándolo de su integridad.”

En el mundo grecorromano los esclavos eran sometidos a torturas por el hecho de ser considerados como cosas, en contraste de los hombres libres, quienes estaban exentos de ese trato.

Concepción que poco a poco fue cambiando, incluso en el mismo imperio romano, cuando también hombres sin libertad condicionada eran sometidos a este tipo de prácticas.

Lo anterior a consecuencia de que desde tiempos muy remotos, el hombre se percató que el miedo al dolor y al sufrimiento de otros, podría ser una atractiva herramienta para la consecución de ciertos beneficios.

Durante la época medieval, los tribunales de la Inquisición sometieron a los herejes a deleznables prácticas de tortura, aplicándola como una sanción con el fin de provocar un efecto coercitivo obligando a los miembros de las comunidades a conducirse dentro de “ciertos lineamientos”.

Con el advenimiento de la Ilustración, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y a principios del XIX, el sistema de estados soberanos como consecuencia de la nueva visión del hombre y de la sociedad que se conformaba, se adoptó una actitud tendiente a erradicar este tipo de prácticas, llegando a ser un objetivo a nivel mundial. Así llegado el siglo XXI, dicho propósito se materializó con la celebración de múltiples tratados internacionales que censuran, condenan y prohíben la tortura.

Sin embargo, pese las obligaciones a cargo de los estados signatarios de dichos documentos y de las constantes negativas de sus gobiernos sobre la utilización de estas reprochables conductas, lo cierto es que estos actos siguen siendo una práctica común y sistemática en muchos países, con independencia de sus regímenes políticos, siendo parte integral, inclusive de la propia estrategia de seguridad de estos o utilizados como instrumento para eliminar a los disidentes o contener a la oposición y así obtener determinados fines como información, confesiones o revelaciones.

El Estado mexicano se ha comprometido a través de la ratificación de diversos instrumentos internaciones como tratados, acuerdos y pactos para erradicar la tortura, como es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; incluso en el plano nacional con la publicación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura (Diario Oficial de la Federación 27 de diciembre de 1994).

Asimismo, a través del trabajo de importantes organizaciones, se ha luchado durante varios años por el respeto a los derechos humanos y la erradicación de la violencia y la tortura, como son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) o la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, esta última afiliada a la Federación Internacional de Los Derechos Humanos, a la Organización Mundial Contra la Tortura, al Observatorio Internacional de Prisiones y a Trabajar Juntos por los Derechos Humanos.

Sin embargo, hoy más que nunca el incremento de la violencia, que sin duda alguna forma parte de la descomposición social que desde hace varios años se ha desbocado en el país; ha creado grandes desafíos para las autoridades mexicanas al momento de cumplir con su obligación de proporcionar y garantizar el máximo respeto a la integridad de todas las personas que se encuentran dentro de sus fronteras.

Los integrantes de las organizaciones antes mencionadas coinciden en expresar que el ejercicio del poder público debe conducirse dentro de un marco de estricto respeto a los derechos humanos, y manifestar su más enérgico rechazo a toda práctica que se traduzca en tortura por tratarse de un crimen aberrante.

En virtud de lo anterior consideramos que la nueva Ley de Amparo, particularmente el contenido del artículo 15 de este ordenamiento legal, omite importantes elementos de protección a los derechos humanos de todos los mexicanos.

El caso de la protección contra la tortura, cuya esencia es detener inmediatamente una situación que está coartando o violentando una garantía constitucional, es uno de los mencionados en el párrafo anterior.

No dar la posibilidad para presentar la demanda de amparo por un tercero, cuando se actualicen algunas de las modalidades de la tortura, es una grave omisión del legislador, ya que este delito es uno de los actos que mayormente trastocan y vulneran los derechos más elementales de toda persona.

En este sentido, el hecho de no modificar ese descuido legislativo, provoca ir en contra de lo establecido en la Carta de los Derechos Humanos en su artículo 55, además del artículo 5 de la Declaración de los Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, preceptos en los que expresamente se manifiesta que nadie podrá ser sometido a tortura ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

En un país donde los montajes y la fabricación de culpables es casi una institución, debemos procurar la salvaguarda de los derechos humanos.

No hacerlo permitía la consumación de prácticas desiguales en el tratamiento a los ciudadanos y de los responsables de atropellos a sus derechos, así como la consolidación de un retroceso en la protección de garantías.

El hecho de omitir la figura de la tortura como un asunto que el amparo de la justicia federal debe proteger contraviene en un primer plano lo dispuesto en múltiples tratados internaciones, reduciendo la importancia que este tema reviste.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica el primer párrafo del artículo 15 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se modifica el primer párrafo del artículo 15 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la tortura u otros actos crueles, inhumanos y degradantes, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.

[…]

[…]

Texto vigente

Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, extradición o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el afectado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.

En este caso, el órgano jurisdiccional que conozca del amparo abrirá un cuaderno de antecedentes en el que dictará las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física del quejoso y lograr su comparecencia, en la que será requerido para que manifieste si ratifica la demanda de amparo; si lo hace se tramitará el juicio y, en caso contrario, se tendrá por no presentada la demanda.

Si a pesar de las medidas tomadas no se lograre su comparecencia, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio pondrá los hechos en conocimiento del ministerio público de la federación y, en caso de ser éste la autoridad responsable, lo hará del conocimiento del procurador general de la República.

Transcurridos tres meses sin que nadie se apersone en el juicio en representación legal del quejoso, se tendrá por no presentada la demanda.

Texto propuesto

Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, extradición o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la tortura u otros actos crueles inhumanos y degradantes, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el afectado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.

En este caso, el órgano jurisdiccional que conozca del amparo abrirá un cuaderno de antecedentes en el que dictará las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física del quejoso y lograr su comparecencia, en la que será requerido para que manifieste si ratifica la demanda de amparo; si lo hace se tramitará el juicio y, en caso contrario, se tendrá por no presentada la demanda.

Si a pesar de las medidas tomadas no se lograre su comparecencia, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio pondrá los hechos en conocimiento del ministerio público de la federación y, en caso de ser éste la autoridad responsable, lo hará del conocimiento del Procurador General de la República.

Transcurridos tres meses sin que nadie se apersone en el juicio en representación legal del quejoso, se tendrá por no presentada la demanda.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2014.

Diputados: Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja, Zuleyma Huidobro González.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 6 del Código Penal Federal

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 6 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

El proponente RICARDO MEJÍA BERDEJA y el suscrito RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 6 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor del siguiente:

Planteamiento del problema

 En la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derechos Humanos, se incluyó en el artículo 1ero., el criterio pro-persona, es decir, en los casos de interpretación de los derechos humanos de las personas, siempre se optaría por la norma que tuviera un mayor ámbito de protección.

En ese sentido, al ser la Constitución la norma fundante del Estado mexicano y el criterio último de validez de las restantes normas jurídicas, lo dispuesto en ella se constituye en el dogma aplicable para la interpretación normativa.

En ese sentido cuando el constituyente permanente emite una norma constitucional que dispone el reconocimiento de un nuevo derecho, la aplicación de un nuevo criterio o una nueva estructura orgánica, corresponde al Poder Legislativo, hacer las modificaciones a las Leyes correspondientes o emitir las normas reglamentarias necesarias para corregir la normatividad en relación a esa nueva disposición.

Lo anterior, constituye al poder legislativo como un medio de “control de constitucionalidad” de las normas legales, imponiéndole la obligación de actuar en consecuencia y adaptar las normas jurídicas como corresponde.

Por lo tanto, al incorporarse al artículo 1ro., de la Constitución el llamado criterio pro-homine, es decir, el estar siempre a favor de la persona ampliando en cada momento en ámbito de protección de sus derechos, las normas legales incorporadas al sistema jurídico mexicano, deben recoger este criterio, para así hacer operativa su aplicación.

Se sostiene que la modificación a la Constitución no será suficiente hasta en tanto no se incorpore este criterio a las normas legales, pues únicamente cuando ocurra esto es que existirá una armonización plena con la nueva reforma.

Por otro lado, el derecho penal se ha constituido como la ultima ratio del Estado, siendo un derecho que corresponde al extremo de las conductas de los gobernados.

El derecho penal es lo que se conoce como una expresión del Ius Puniendi, o la rama del derecho sancionador encargada de la regulación de los ilícitos penales y la aplicación de las penas.

A través de este derecho regula el catálogo de conductas tipificadas y las sanciones correspondientes, sometidas en todo momento a la constitución, destacándose la aplicación de los principios de taxatividad y legalidad de la norma penal.

Los principios mencionados evidencian la aplicación de candados a la materia penal, pues con ellos se manifiesta que solo en el caso en que normas legales que dispongan la determinación precisa de conductas ilícitas y las penas correspondientes serán sancionados los gobernados, restringiendo en todo momento la discrecionalidad de las autoridades en esta materia.

Igualmente se destaca que en el caso de las normas penales, se constituye la única excepción al principios de retroactividad de la Ley, pues el artículo 14 de la Constitución dispone que ninguna Ley tendrá efectos retroactivos, salvo aquella que actué en beneficio del reo.

Por lo anterior, es manifiesto que por tratarse de la aplicación del Ius Puniendi del Estado, en el derecho penal debe reconocerse en todo momento el principio Pro-homine, y más aún si tenemos en consideración, la nueva obligación general en la materia.

ARGUMENTACIÓN

En ese sentido se plantea modificar el artículo 6 del Código Penal Federal con el objetivo de cambiar el criterio de aplicación del tipo penal, para con ello ser congruente con el mandato constitucional en que se reconoce el principio pro-persona en el segundo párrafo del artículo 1ro.

Actualmente el citado artículo 6to., plantea que en el caso en que la misma conducta este tipificada y sancionada por dos cuerpos normativos, se aplicará al inculpado aquella Ley que tenga el carácter de especial, es decir, siempre que el Código Penal Federal, contenga la tipificación y sanción de una conducta será inaplicada en el caso que dicha conducta este regulada por una norma especial.

Sirve de sustento a lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial:

[J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIV, Octubre de 2006; Pág. 15

ATAQUES A LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN. CONFORME AL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD, EL TIPO PENAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 533 DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN COBRA APLICACIÓN EN LUGAR DEL PREVISTO EN EL NUMERAL 167, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

La conducta atribuida al quejoso consistente en colocar obstáculos en una vía general de comunicación con el objeto de impedir el paso de vehículos, en principio quedaría contenida en una norma de carácter general, esto es, en el artículo 167, fracción III, del Código Penal Federal; sin embargo, existe un ordenamiento especial que prevé y sanciona dicho comportamiento, a saber, el numeral 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación; por lo que se actualiza la figura del concurso aparente de tipos penales, el cual debe resolverse conforme al principio de especialidad contenido en el artículo 6o. del Código Penal Federal, según el cual, la ley especial debe prevalecer sobre la general. Ahora bien, los elementos que integran el delito previsto en el citado Código quedan inmersos en el que sanciona la Ley de Vías Generales de Comunicación e incluso ésta recoge mayor número de elementos, circunstancias o características del hecho; de ahí que, en la referida hipótesis, la disposición especial (artículo 533) desplaza a la norma general (artículo 167, fracción III). Lo anterior es así, entre otros aspectos, porque el tipo general se actualiza por el solo hecho de colocar estorbos o cualquier obstáculo adecuado en un camino público con el objeto de detener los vehículos que por ahí transitan, mientras que el delito especial, con mayor amplitud, sanciona a quienes por cualquier medio interrumpan los servicios que operan en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, agregando una circunstancia de modo, al referir que dicha interrupción puede ser total o parcial; en cuanto al resultado, amplía los casos de afectación derivados de la conducta delictiva, pues no sólo sanciona la interrupción de los medios de transporte, sino también la de los servicios que operan en las vías generales de comunicación, y en lo relativo al objeto material, en lugar de aludir únicamente a los caminos públicos -como lo hace la norma general-, utiliza una nomenclatura que engloba la diversidad de aspectos relacionados con la materia que regula; además, el tipo penal contenido en la ley especial, precisamente en función de la diversidad de comportamientos que establece, permite regular la óptima aplicación de sanciones a quienes transgreden dicha norma, desde el punto de vista de los bienes jurídicos tutelados, es decir, el adecuado funcionamiento de las vías generales de comunicación, de los medios de transporte y de los servicios auxiliares.

PRIMERA SALA

CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2006-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito (actualmente Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito). 28 de junio de 2006. Mayoría de tres votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.

Tesis de jurisprudencia 46/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha cinco de julio de dos mil seis.

Lo anterior significa que el criterio de aplicación actual corresponde al de especialidad de la norma, lo cual podría oponerse a la existencia del criterio pro-persona, pues en el caso que la norma especial contenga una sanción más grave, se aplicaría en detrimento del inculpado.

Con la modificación propuesta, se incorporaría de lleno el citado criterio para la clasificación de delitos, lo cual garantizaría la aplicación de la norma más favorable al inculpado.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 6 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente:

Artículo Único: Se reforma el segundo párrafo del artículo 6 del Código Penal Federal.

Artículo 6o.- Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán éstos, tomando en cuenta las disposiciones del Libro Primero del presente Código y, en su caso, las conducentes del Libro Segundo.

Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, se aplicará aquella que sea más favorable al inculpado, entendiéndose como las más favorable aquella que cuenta con una pena menor.

En caso de delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes siempre se procurará el interés superior de la infancia que debe prevalecer en toda aplicación de ley.

TRANSITORIOS

 ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de Octubre de 2013.

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

Exhorto a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y DDHH de la Segob para cumplir las propuestas emitidas por la CNDH sobre los agravios contra defensores de dicha materia.

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS DE LA SEGOB A CUMPLIR LAS PROPUESTAS EMITIDAS POR LA CNDH SOBRE LOS AGRAVIOS CONTRA DEFENSORES DE ESOS DERECHOS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS RICARDO MEJÍA BERDEJA Y RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Comité Cerezo México, en conjunto con Acción Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos, AC (ACUDDEH), y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, realizó el informe Defender los derechos humanos en México: el costo de la dignidad, en el cual se documentan aproximadamente 120 casos de violaciones a los derechos humanos que sufrieron las personas defensoras en dicha materia en el periodo comprendido de junio de 2012 a mayo de 2013.

De tal número, 90 afectaron directamente a personas, 25 a organizaciones y diez a comunidades. En el periodo de mayo a noviembre de 2012, los estados de Oaxaca, Veracruz y Guerrero concentraron el 50 por ciento de estas agresiones; mientras que para el periodo de diciembre de 2012 a mayo de 2013, Oaxaca, Guerrero y Chiapas abarcaron este mismo porcentaje.

“Un hecho destacable, que pareciera ser el que modifica o genera una tendencia en las violaciones de derechos humanos del periodo que va de mayo-noviembre de 2012, comparado con diciembre de 2012 a mayo de 2013, es el nacimiento del movimiento #Yosoy132. Por ejemplo, en los estados de Zacatecas y de Baja California se dieron al menos 19.5 por ciento de violaciones de derechos humanos durante el primer periodo, mismas que ocurren en contra de personas que forman parte del movimiento #YoSoy132. De ahí que Zacatecas, estado de México, Durango, Baja California, Quintana Roo e Hidalgo constituyen el 34.7 por ciento de violaciones de derechos humanos de mayo-noviembre de 2012. Por eso mismo se explica que los estados que aparecen en el primer período no reaparezcan en el segundo, debido a la disminución de actividades de este movimiento.”1

Sobre la modalidad en que son cometidas las violaciones a los derechos humanos, en primer lugar está por comisión, seguida de aquiescencia y por último por omisión; mientras que con base en una tipología de las agresiones cometidas en el período de mayo a noviembre de 2012, el hostigamiento, agresión, y amenaza encabezan la lista; mientras que para diciembre de 2012 a mayo de 2013; la amenaza se ubica en segundo lugar seguida de la agresión.

Ahora bien, respecto a las organizaciones con mayor número de violaciones a los derechos humanos, en el período que va de mayo de 2012 a mayo de 2013, el movimiento #YoSoy132 encabeza la lista, seguido del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y las Organizaciones opositoras a los parques eólicos del Istmo de Tehuantepec.

Es importante señalar que en las conclusiones del citado informe se menciona que “existe un cambio importante en la forma en que se agrede a las personas defensoras de los derechos humanos: en el año anterior 2011, la forma más utilizada por el perpetrador eran las amenazas, mientras que en este año se incide con mayor frecuencia al hostigamiento, en sus múltiples modalidades, lo cual implica que el Estado ha invertido más recursos económicos y humanos en acechar a la víctimas, de hecho llama la atención que tuvimos que generar nuevas modalidades de hostigamiento como son la incursión militar, paramilitar y mixta para poder registrar estas formas de represión política”.2

Aunado a esta información, la “Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013”, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), documentó 310 expedientes de agravios a defensores en el período comprendido de 2005 a 2012; en los cuales las autoridades mayormente señaladas como presuntas responsables son la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal y la Fiscalía General del estado de Chihuahua.

Asimismo, la CNDH, reporta que las entidades federativas con más agravios a defensores de derechos humanos son Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y el Distrito Federal; mientras que los derechos humanos más violentados están relacionados con seguridad jurídica, legalidad, integridad y seguridad personal, libertad, así como propiedad y posesión.

Ante dicho contexto la CNDH presentó tres propuestas que a continuación se enumeran:

Educación. Sensibilizar a las autoridades y servidores de los tres ámbitos de gobierno, en especial de aquellos involucrados en funciones de seguridad pública y procuración de justicia, respecto al trabajo de defensores de derechos humanos y de su obligación de respetar sus derechos durante el ejercicio de sus actividades.

Protección. Establecer lineamientos específicos para una oportuna y eficaz implementación de medidas cautelares, a fin de evitar la consumación de actos de difícil o imposible reparación en perjuicio de defensores de derechos humanos o sus familias.

Atención. Instrumentar acciones coordinadas para la atención integral de los agravios cometidos en contra de los defensores de derechos humanos y establecer políticas públicas al respecto.

Sabemos de la importancia de la defensa por el cumplimiento de los derechos humanos, sin embargo es fundamental que quienes realizan esta valiente labor cuenten con los mecanismos de protección necesarios para su ejercicio, por ello el Estado mexicano debe velar por la integridad de las personas que se dedican a estas actividades y de sus familias; por ello presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación a cumplir con las propuestas emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos plasmadas en la agenda 2013 en relación con los agravios en contra de las personas defensoras de derechos humanos.

Notas

1 Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, AC. Defender los derechos humanos en México: el costo de la dignidad, junio de 2012 a mayo de 2013, México, página 21.

2 Ibid, página 39.

Dado en Cámara de Diputados, a 19 de septiembre de 2013.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)