Diputado Ricardo Mejía Berdeja

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Ante Materialistas, que la extorsión contemple prisión durante el proceso: Ricardo Mejía Berdeja

*Que el feminicidio se investigue de acuerdo a protocolos internacionales propuso. 

Chilpancingo, Guerrero a 23 de marzo de 2017.- A favor fue votada la propuesta de exhorto al Congreso de la Unión para que el delito de extorsión sea incorporado al catálogo de delitos del Código Nacional Penal que ameritan prisión preventiva de manera oficiosa presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; que se reforme el artículo 19 de la Constitución Federal y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales pidió.

“El delito de extorsión es el de mayor incidencia en Guerrero y el segundo en el país” por ello, con fecha del 11 de octubre del año pasado, los Diputados Ciudadanos presentaron una iniciativa con proyecto de decreto que busca precisamente que la prisión preventiva sea dictada de oficio y así impedir que se lleve el proceso en libertad dijo el diputado desde tribuna.

“Solo con la presión de la sociedad las cosas van a poder avanzar” sostuvo Ricardo Mejía Berdeja luego de haber recibido a una comisión de empresarios agremiados en la Asociación de Materialistas de Guerrero encabezados por su presidenta y tesorera, Elodia Vargas y Emma Mojica respectivamente, que entre otras cosas expusieron la urgente necesidad de devolver la seguridad pública al estado ya que, denuncian, las extorsiones les impiden realizar su trabajo y por ello la economía del sector está colapsando.

Ricardo Mejía agregó que el delito de extorsión está asfixiando de manera alarmante la economía de todo Guerrero “es una plaga nociva” dijo y exigió que la seguridad es necesaria en todo el estado “no solo durante los grandes eventos que se realizan en el puerto de Acapulco”.

En otro punto de la sesión, el también presidente de la Comisión de Seguridad Pública propuso se reforme la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para que desde la apertura de la carpeta de investigaciones se integre ésta con perspectiva de género y sin estereotipos que dañen a las víctimas.

“El Protocolo Iberoamericano para investigar el feminicidio de manera correcta dicta que, ante el homicidio de una mujer, primeramente, se debe descartar el feminicidio y después proseguir con el homicidio y no justamente al revés como se lleva actualmente” y por último, Ricardo Mejía Berdeja dijo que la violencia feminicida debe parar y para ello la emisión de la Alerta de Violencia de Género no debe ser un asunto que dejemos pasar por alto.

Guerrero: Amapola y violencia

En los últimos días la violencia criminal ha escalado en el país, y en especial en estados como Guerrero que ha sufrido los estragos de la disputa por el trasiego y el control de la amapola en diferentes regiones, por parte de los grupos delincuenciales.

Guerrero es el principal productor del cultivo ilícito de la amapola (según estimaciones el 60 por ciento de la producción nacional se cultiva en la entidad sureña y es el principal cultivador en América). Esta planta que bien pudiera ser una oportunidad para procesar los opiáceos que de ella derivan, y utilizarlos con fines medicinales para enfrentar la crisis de medicamentos contra el dolor para enfermos terminales, de cáncer, VIH/SIDA o enfermedades crónico degenerativas, convirtiendo este cultivo en una alternativa productiva lícita para miles de campesinos y sus comunidades, por el contrario se ha convertido en el eje de la violencia en la guerra fallida contra las drogas.

La política de prohibicionismo extremo en materia de drogas en el país sólo ha servido para incrementar los homicidios dolosos, el contubernio de autoridades y policías con la delincuencia organizada, las desapariciones forzadas, las violaciones graves a los derechos humanos y no ha disminuido la producción de enervantes. El caso más sanguinario de violación de derechos humanos, la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, no puede entenderse sin la ruta de la heroína y el acuerdo criminal entre delincuentes y autoridades de diferentes órdenes de gobierno.

Bien lo dijo Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas, el 21 de abril 2016, durante la presentación pública de “Vías para la Reforma de la Política de Drogas 2016 más allá de la UNGASS sobre drogas“: “Las drogas son peligrosas, pero las políticas actuales de narcóticos son una amenaza aún mayor porque el castigo recibe una mayor prioridad que la salud y los derechos humanos. Es hora de que las regulaciones pongan vidas y seguridad en primer lugar”.

El 18 de marzo de 2016, en la entrevista que sostuvo el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo con el periodista Carlos Puig (para En 15 de MILENIO Televisión), se puso sobre la mesa la posibilidad de legalizar el uso de la amapola con fines médicos y científicos; esta misma postura fue ratificada por el Titular del Ejecutivo en la primera semana del mes de mayo en entrevista para Carlos Loret de Mola (para Noticieros Televisa) y con Joaquín Fuentes (de MILENIO Televisión).

Luego de la agudización en estos días de la violencia en Guerrero que dejó un saldo de decenas de homicidios y que fue atribuida a las disputa de bandas criminales por el trasiego de la amapola, el mandatario Estatal volvió a señalar la urgencia de, cito textualmente, “reforzar acciones e ir más a fondo con algunas figuras”.

 

Por nuestra parte desde el Congreso de Guerrero, los diputados de Movimiento Ciudadano, hemos insistido en la necesidad de legalizar el cultivo de la amapola con fines medicinales y científicos, incluso presentamos una iniciativa al respecto, para que el Congreso Local ejercite su facultad constitucional (Art. 71, fracción III) y envíe esta iniciativa al Congreso de la Unión. Sin embargo, violando procedimientos parlamentarios la propia mayoría priísta (partido del Gobernador Astudillo que en medios se ha pronunciado a favor de la legalización de la amapola con fines medicinales) con el apoyo del PRD se negó a dictaminar la iniciativa conforme a la ley y la sustituyó por un punto de acuerdo para que el Congreso federal legisle al respecto, cuando la iniciativa que presentamos activaría directamente el proceso legislativo federal.

La iniciativa propuesta por los Diputados Ciudadanos se acompañó de los informes “El Impacto Negativo del Control de Drogas en la Salud Pública–la Crisis Global de Dolor Evitable” y “Asumiendo el Control: Caminos hacia Políticas de Drogas Eficaces”, ambos documentos elaborados por la Global Commission on Drug Policy (Comisión Global de Políticas de Drogas), organismo orientado a elevar a nivel internacional una discusión informada y basada en evidencia sobre formas más humanas y efectivas de reducir el daño provocado por las drogas a la gente y a las sociedades.

El impacto negativo que ha dejado la política de prohibicionismo extremo asumida en torno al opio, ha mermado en el bienestar de los pacientes que requieren cuidados paliativos, cobrando además una alta cuota de sangre, causando más muertes en México a causa de su tráfico ilegal que las que se han registrado por su consumo.

Lo anterior se sostiene a la luz de lo establecido en el Informe Mundial sobre las Drogas, en donde la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), se precisa que el número de personas que murieron en el mundo en 2013 debido al consumo de drogas se mantuvo estable y ascendió a unas 187.100[1] (por regiones, América del Norte 43.300, América Latina y el Caribe 6.000); cifra que según la ONU, es prácticamente la misma que en años anteriores; mientras que en nuestro país, la asociación civil italiana Líbera conformada por más de mil agrupaciones de activistas europeos y americanos defensores de los derechos humanos, en un reporte de 2013, informó “que la guerra invisible y absurda que se inventó el ex presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado ha provocado, desde 2006 hasta el último minuto de su gobierno, la muerte de 53 personas al día, mil 620 al mes, 19 mil 442 al año, lo que nos da un total de 136 mil 100 muertos, de los cuales 116 mil (asesinatos) están relacionados con la guerra al narcotráfico y 20 mil homicidios ligados a la delincuencia común”.

En Guerrero hemos sido los más afectados por el prohibicionismo extremo, no hay ninguna razón para que el Congreso local no ejerza sus facultades constitucionales y mande una iniciativa de reformas legales al Congreso de la Unión y tome acciones para impulsar políticas vanguardistas para la regulación de los opiáceos, en las que la vidas y la seguridad de quienes habitamos en el Estado se ponga por encima de los intereses creados. Por lo pronto en los siguientes días volveremos a presentar una iniciativa en la materia. No quitaremos el dedo del renglón porque mientras México y Guerrero se desangran, los delincuentes y los narcopolíticos ganan con la prohibición que tanto dolor causa.

@RicardoMeb

@OpinionLSR

Iniciativa que plantea facultar a la SEGOB, dentro de la Ley General de Población para otorgar identidad a las víctimas de desplazamiento forzoso

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 92 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN.

El proponente RICARDO MEJÍA BERDEJA y el suscrito RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE  ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 92 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En años recientes México ha sido sepultado por una creciente  “ola” de violencia a manos del crimen organizado, que ha cobrado la vida de aproximadamente 80,000 personas de 2007 a la fecha. La inseguridad pública es una de las principales amenazas para la estabilidad, el fortalecimiento y desarrollo democrático. Éste auge de la criminalidad denota, entre otras cosas, un fracaso gubernamental para garantizar la seguridad.

La delincuencia organizada se ha convertido en el principal motor de la violencia criminal, se ha adueñado de espacios públicos y en ocasiones ha orillado ha poblaciones enteras a trasladarse a otros sitios, mostrando con ello que el fenómeno de desplazamiento forzado ha sido una de las más importantes consecuencias de la guerra contra el narcotráfico en nuestro país.

Según los principios rectores de la Organización de las Naciones Unidas, los desplazados internos son las personas que se han visto forzadas a escapar o huir de sus casas, dentro de su propio país, como resultado de conflictos armados o para evadir situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o catástrofes naturales provocadas por el ser humano.

Los desplazamientos forzados a causa de la violencia generalizada por parte de los cárteles de la droga, van acompañados de una violación masiva de los derechos humanos y la perturbación del contexto social, al grado de verse obligados a marcharse por el clima de inseguridad, lo que erosiona la calidad de vida de las personas y las oportunidades laborales.

En este sentido para tener una visión sobre dicho fenómeno, la proporción de personas que abandonan municipios violentos es entre 4 o 5 veces mayor que la de las personas que abandonan municipios que no lo son y que se encuentran en las mismas condiciones socioeconómicas.

En la Segunda Conferencia Regional Humanitaria sobre Migraciones Forzadas en Bogotá, Colombia, Sarnata Reynolds –una importante asesora de Refugiados Internacional (RI) en materia de Derechos Humanos- presentó un informe de campo sobre los desplazados internos (IPDs, por sus siglas en inglés) del país, titulado “Mexico’s Unseen Victims” (Las Víctimas Invisibles de México). El informe es el producto de la investigación de campo realizada por Refugiados Internacionales en México en mayo y junio de este año (2014).

La organización encontró que las personas desplazadas por las organizaciones criminales comparten tres características: 1) huyen de la violencia extrema en las formas de asesinato, secuestro o desaparición de al menos uno de los miembros de sus familias; 2) se enfrentan a graves problemas económicos después del desplazamiento, incluyendo la dificultad para encontrar trabajo; 3) han perdido tierras y propiedades sin recibir ningún tipo de compensación económica.

Según RI, hay varias razones por las cuales los grupos criminales en México buscan el control de la tierra, incluyendo el cultivo de plantas utilizadas para la producción de drogas, el control de los recursos naturales, y el establecimiento de las rutas de tráfico de drogas. La organización encontró que muchos de los desplazados internos habían sido obligados a dejar sus comunidades directamente por las organizaciones criminales –ya sea perpetrando violencia contra ellos o sus familias, o amenazándolos con hacerlo- mientras que otros habían huido de la violencia causada por las disputas territoriales entre grupos rivales, por las ofensivas militares, o por los enfrentamientos con las milicias de autodefensa.

En el mismo informe se expone que a pesar de que el gobierno mexicano no dispone de cifras oficiales sobre el número de personas que habían huido de las organizaciones criminales, los investigadores de RI habían señalado que el desplazamiento forzoso es un fenómeno que va en aumento.

La situación de los desplazados es que antes de migrar, muchos de ellos han pagado considerables rescates a los grupos criminales, y en un intento de liberar a sus familiares secuestrados, aún cuentan con estas deudas; esto hace evidente el escenario que enfrentan los desplazados de manera inmediata a su salida de su lugar de origen: la necesidad de alojamiento y alimentación que únicamente puede ser subsanada a través de un empleo que les permitan sufragar los gastos de supervivencia, sin embargo, derivado de haber abandonado (en su mayoría de manera abrupta) su lugar de origen, no llevan consigo documentos para acreditar su identidad, lo cual les limita el acceso al pleno goce de sus derechos (trabajo, educación, vivienda, asistencia social, etc.)

Tal como lo indica Refugiados Internacionales la falta de documentos de identidad entre los desplazados internos, dificulta que los niños se matriculen en la escuela o que los adultos sean contratados legalmente. Para los grupos criminales, la falta de identificación también hace de los niños un atractivo blanco para el reclutamiento forzado, ya que son menos propensos a ser atrapados cometiendo crímenes.

Aunque las cifras sobre la cantidad de personas que han sido desplazadas internamente varían, el centro de pensamiento mexicano Parametría, estima que 1,65 millones de personas huyeron de sus hogares entre 2006 y 2011. Según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), sólo en 2011 160.000 personas fueron desplazadas internamente en México, y los estados con las mayores tasas de desplazamiento ese año fueron Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Michoacán y Guerrero -todos con una significativa presencia de los carteles de la droga.

De estos lugares, la cadena montañosa de la Sierra Madre en el estado de Sinaloa se ha visto particularmente afectada. La región forma parte de una zona conocida como el “Triángulo Dorado”, conocido por el cultivo de marihuana y también de amapola -utilizada para fabricar heroína- y también se cree que es el hogar de grandes laboratorios de metanfetamina.

Así cuando el cártel de Sinaloa y la Organización Beltrán Leyva comenzaron a luchar por el control de la zona en 2011, los residentes fueron forzados a trabajar con los criminales o a irse. Miles dejaron las montañas. Según la organización no gubernamental Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, en 2012 hasta 25.000 personas abandonaron la zona en un período de varios meses. Sin embargo, el gobierno mexicano se negó a reconocer la magnitud del problema. Tratando de minimizar el papel de los carteles de la droga, las autoridades mexicanas informaron que sólo 5.000 personas habían huido, y atribuyeron parte de la migración a una grave sequía.

Actualmente las autoridades han sido omisas frente al desplazamiento interno en México,  sobre todo por la sistemática falta de voluntad para reconocer el problema y abordarlo. Es menester visibilizar  que la violencia de los cárteles está provocando que la gente se desplace, no podemos procrastinar más el tema, debemos crear los mecanismos que den respuesta a la problemática así como a las necesidades y vulnerabilidades de las personas que se desplazan como consecuencia de la violencia criminal.

Miles de personas han huido de Ciudad Juárez, el sitio de otra feroz batalla entre carteles rivales. Entre 2008 y 2012, el Cartel de Juárez y el Cartel de Sinaloa se enfrentaron por el control de la ciudad, en una sangrienta disputa que causó la muerte de casi 10.000 personas. Según un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, alrededor de 230.000 personas abandonaron la zona entre 2007 y 2010, y aproximadamente la mitad de intentó emigrar a Estados Unidos.

El desplazamiento forzado ha sido poco abordado a pesar de la magnitud, el impacto y las consecuencias que deja en sus víctimas; abandonar de manera forzada la región, municipio o zona de residencia significa hacer frente a un viaje peligroso, extenuante, a una descapitalización e inopia, en el marco de un futuro incierto. Sin embargo, el desplazamiento significa también la esperanza de una búsqueda de protección y seguridad en sí misma.

Por lo anterior surge la imperiosa necesidad de contemplar dentro de la Ley General de Población, facultades para que la Secretaría de Gobernación implemente procesos de identificación personal para que en un tiempo mínimo se restituyan los documentos que acrediten la identidad a aquellas personas o población que sean víctimas de desplazamiento forzado por la violencia criminal.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de siguiente PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE  SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 92 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN.

ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 92 de la Ley General de Población.

Artículo 92. La …

Así mismo implementará procedimientos de identificación personal para la pronta restitución de los documentos que acrediten la identidad a aquellas personas o población que sean víctimas de desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia criminal; en los términos establecidos por esta ley y su reglamento.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de Septiembre de 2014.

Punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a respetar la soberanía de Michoacán de Ocampo en el marco de la estrategia planteada para recuperar la seguridad

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RESPETAR LA SOBERANÍA DE MICHOACÁN DE OCAMPO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA PLANTEADA PARA RECUPERAR LA SEGURIDAD AHÍ, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS RICARDO MEJÍA BERDEJA Y RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El fenómeno del narcotráfico en Michoacán no es nuevo. Desde la Segunda Guerra Mundial, en el país, en particular en dos estados, este fenómeno nació con apoyo extraoficial en la sierra de Badiraguato, Sinaloa, y en Tierra Caliente, en Michoacán.

El 11 de diciembre de 2006, en Michoacán inició la guerra contra la delincuencia organizada por parte de Felipe Calderón Hinojosa, como una “política de Estado” para legitimarse en el poder, quien justamente en visita oficial dio el banderazo castrense en esta región a la que hoy hago referencia y que tiene en riesgo la seguridad nacional.

¿Qué originó esta guerra fallida?: 120 mil muertos, 20 mil desparecidos y 250 mil desplazados, pero también, originó que el grupo delincuencial hegemónico desde hace 10 años en Michoacán al verse perseguido y cooptado en su principal actividad, diversificara sus actividades delictivas para no perder sus ingresos, dedicándose desde esa fecha y hasta nuestros días al secuestro, extorsión a pobladores, ganaderos, campesinos, empresarios, agricultores, profesionistas, pequeños comerciantes e incluso, a los 113 ayuntamientos michoacanos; además, comenzaron con la realización de obra pública estatal y municipal a través de empresas propias “ganando” concursos y arreglando licitaciones. Gracias a su largo brazo político afianzaron la elección local de 2011 al imponer candidatos e inhibir a otros con amplias posibilidades de ganar, además, desde hace 7 años a la fecha en ese solo Estado hay más de 2 mil muertes relacionadas con el narcotráfico y la salida de importantes empresas lo que deprime la de por sí ya castigada economía local.

Desde el sexenio de Felipe Calderón hasta este sexenio de la vergüenza, el enfoque ha sido el de una guerra convencional, no el de una guerra atípica y de baja intensidad, se ha creído falsamente que con el simple y costoso despliegue de más afectivos militares y de la policía federal terminará este flagelo social.

Los resultados son nulos, no ha habido ninguna detención importante de miembros de este grupo delincuencial, tampoco se ha afectado su centro de gravedad, es decir, su aparato y flujo financiero, el tratamiento que se le ha dado es meramente armamentista, de policías y ladrones, de buenos y malos, nunca con una perspectiva de política social, de recuperar el tejido social que está desgarrado.

Lo preocupante de este sexenio es que en un año han incendiado el país y, en el caso de Michoacán, han experimentado de manera perversa una nueva modalidad de “limpieza” del territorio al confrontar pueblo contra pueblo, armando y acompañando a los grupos de “autodefensa” y, ante el inminente fracaso de su plan perverso, a estos grupos los dejan a su suerte desarmándolos y acribillando a michoacanos que solo exigían su derecho constitucional a la legítima defensa por un estado de necesidad .

Es justo hacer una aclaración: como Movimiento Ciudadano no podemos estar a favor de ningún grupo delictivo ni de las autodefensas. Ninguno de ellos tiene razón de ser, pues son el resultado de un Estado que no está cumpliendo su labor.

Sin embargo, el caso que hoy planteo tiene que ver con el fracaso en la estrategia del Poder Ejecutivo federal, la inexistencia del gobierno estatal y que Michoacán es hoy un laboratorio maligno que está costando vidas como el caso de la niña de 11 años del poblado de Antúnez, en Apatzingán.

El lunes 13 de enero, el gabinete de seguridad del gobierno federal acudió en visita exprés a firmar el Acuerdo para el Apoyo Federal para la Seguridad de Michoacán que entre otras cosas implica más espectáculos mediáticos, retórica y turismo gubernamental, de fondo, no plantea ningún cambio, porque aún y en dicho acuerdo se cedan las facultades de seguridad de los municipios y el estado a la federación, no hay un viraje en las acciones, sino todo lo contrario, se profundiza la crisis al mandar al ejército a desarmar a los civiles que ellos mismos auspiciaron y financiaron.

A esto se sumó la designación de Alfredo Castillo Cervantes como titular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral del Estado Michoacán, que en resumen y sin la mínima intención de ser discretos sobre el asunto, le otorga al ex titular de la Profeco todas las facultades correspondientes al gobernador de Michoacán, en una clara violación de la soberanía del Estado.

El Poder Ejecutivo federal hoy no es un interlocutor válido y suficiente para resolver tan complejo problema, por ello, se requiere del Poder Legislativo para que en su carácter de representante de los intereses ciudadanos genere un clima de estabilidad y gobernabilidad, el cual debemos propiciar exigiendo que se respete la autonomía de Michoacán, y no permitiendo que desde el Ejecutivo se desaparezcan de facto los poderes en dicha entidad. No podemos dejar a su suerte a los michoacanos buenos porque en esta guerra fratricida nadie, absolutamente nadie gana.

Por lo expuesto me permito someter a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a respetar la soberanía de Michoacán de Ocampo en el marco de la estrategia planteada para recuperar la seguridad en dicha entidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2014.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila.

Iniciativa que busca proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen organizado

 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 INCISO E) DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS   Y ADOLESCENTES.

Los proponentes RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los    artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 INCISO E) DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El panorama social de nuestro país es desolador en el contexto de la lucha contra el crimen organizado, el ambiente que persiste lleva una connotación de sentimientos de frustración, miedo, resentimiento e intolerancia entre los mexicanos.

Se hace evidente el fenómeno de polarización social en nuestro país, producida por la falta de oportunidades y alternativas, y que se agrava con el constante escenario de violencia que lacera la calidad de vida de los mexicanos.

Hoy en día las cifras oficiales nos hablan de miles de muertos como consecuencia de la fallida estrategia de guerra contra el crimen organizado, que a su paso va dejando una estela de sangre, daños colaterales y miles de víctimas a lo largo de todo el territorio nacional, empero sobre sale un grupo que ha sido fuertemente golpeado y vulnerado: los niños que han perdido a sus padres, tutores o a quienes se hacían cargo de ello.

Para Julio de 2011, solamente en el estado de Chihuahua se tienen una cifra cercana a 12 mil infantes que perdieron a sus padres quedando en situación de orfandad como consecuencia de la violencia en el país. Por tanto el gobierno del estado creó un fideicomiso en el cual sin discriminación, todos los niños, niñas y adolescentes serían incluidos hayan sido hijos de delincuentes o no, para recibir ayuda en asesoría psicológica, alimentos y educación.

Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) calcula que 50 mil niños han quedado huérfanos entre 2006 y 2011. Muchos menores han presenciado los asesinatos de sus familias, las balaceras entre grupos delincuenciales y las autoridades, así como tiroteos en las escuelas. Por lo tanto son muy pocos los niños que reciben apoyo por ser víctimas de la violencia, ya que son insuficientes los recursos y los programas.

Las niñas, niños y adolescentes que sufren la ausencia de sus padres o tutores, son una de las caras más amargas y devastadoras de la ola de violencia en la que seguimos sumergidos, es menester visibilizar y sensibilizar ésta problemática al contemplar que son legiones de niños los que han pasado por una situación similar a ésta, con esto abonaremos a fin de contemplarlos como víctimas del narcotráfico   brindando y garantizando las condiciones que les permitan readaptarse a la esfera social implementando las acciones necesarias que les permita un desarrollo integral.

México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial de niños, niñas y adolescentes víctimas en situación de violencia, ya que a pesar de contar con un marco jurídico y con instrumentos Internacionales a favor del pleno desarrollo y reconocimiento de los derechos de la infancia, realmente no contamos con una política en consonancia con el interés superior de la niñez mexicana, el ejemplo lacónico y representativo son los niños y niñas huérfanos del narcotráfico que en algunas situaciones han tenido o tienen un lazo sanguíneo con algún integrante de la delincuencia organizada o que han estado vinculados con alguno o algunos de ellos; mismos que son fuertemente señalados y vulnerables a discriminación, exclusión, abandono y abusos por parte de la sociedad.

Los “huérfanos del narcotráfico” son una realidad latente que se está incrementando ante la omisión de éste Gobierno; romper con la estigmatización hacia este grupo permitirá romper con el ciclo de violencia que acecha a nuestro país.

Es latente que el engrose en las filas del narcotráfico se correlaciona con la pobreza, desigualdad económica, desempleo, por decir algunos, en este sentido consideramos a las niñas, niños y adolescentes huérfanos como consecuencia del narcotráfico son más vulnerables a ataques por parte de la sociedad y menos proclives a insertarse en la esfera pública.

La descomposición del tejido social en México ha originado que niños, niñas y adolescentes se vean enfrascados en un una espiral de rechazo, apatía y desencanto por la vida, sin embargo la percepción de la sociedad es de gran impacto para éste sector de la población dado que la constante estigmatización y discriminación que sufren, son un detonante para abandonar las aulas de las escuelas y el asidero perfecto para convertirse en carne de cañón para la delincuencia organizada. La violencia a los menores tiene como resultado violencia de mayores.

Es menester como legisladores contar con un marco jurídico idóneo que asegure las condiciones de bienestar y pleno desarrollo para los niños, niñas y adolescentes

El narcotráfico tiene un fuerte impacto psicosocial en los niños, niñas y adolescentes que desean formar parte y/o ser líderes de un grupo criminal, exaltan los actos de los narcos de la droga y quieren emularlos.

El Estado está obligado a proteger y garantizar la vida y la integridad  física y psicológica de los niños, niñas y adolescentes; pretender y en su caso reforzar actos y conductas estigmatizantes o criminalizar a los niños, niñas y adolescentes por el hecho de haber estado vinculados con miembros de la delincuencia organizada, puede agravar de sobre manera la situación de menoscabo, olvido y desprecio por la sociedad y el Estado.

Sensibilizar y visibilizar éste fenómeno permitirán contar con una legislación más sensible y acorde a la realidad que aqueja a la infancia con el fin de garantizar un desarrollo  pleno con igualdad y respeto de la niñez mexicana.

 

ARGUMENTACIÓN

Por lo anterior urge la imperiosa necesidad de crear las condiciones a fin de readaptarlos a la sociedad con el fin de evitar que al encontrarse bajo un constante estigma, rechazo y señalamiento por parte de la sociedad, a la par de la  falta de oportunidades puedan desarrollar sentimientos de odio y  conductas violentas que generen una falta de identidad y los conviertan en futuros y potenciales criminales.

El rompimiento de la célula familiar conlleva problemas mayores de los que no llegamos a visualizar, los niños se vuelven agresivos con deseos de venganza hacia los asesinos de sus padres, se ven enfrascados en sentimientos de odio, resentimiento social, desamparo y profunda tristeza, éstos niños se encuentran en proceso de formación que precisa de cuidados, educación, afectos y  seguridad.

Es necesario velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, debemos recuperar los espacios públicos y con esto a nuestra niñez de las garras de las adicciones, reclutamiento y de la criminalidad, las autoridades están obligadas a proteger la infancia, no debemos criminalizar un problema meramente social, se deben entender las causas, proporcionar las mismas oportunidades y prevenir antes de combatir los efectos.

Los tres niveles de gobierno son los principales responsables de velar, proteger y garantizar por el efectivo cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  Fortalecer a la sociedad y a las instituciones relacionadas con los derechos de la niñez en el cumplimiento de los derechos universales y crear acciones de política pública propicias para la restitución de estos.

La presente reforma tiene como objetivo garantizar los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes a fin de brindarles calidad de vida después de haber sido víctimas del narcotráfico y la violencia.

Los tres poderes del estado no muestran ser responsables por acción u omisión  en las investigaciones que dan cuenta de la realidad que viven los niños, niñas y adolescentes huérfanos del narco.

Se deben de diseñar programas y apoyos oficiales concretos de prevención y asistencia para que la niñez víctima de la delincuencia organizada sea readaptada socialmente sin sufrir ningún tipo de discriminación por ser hijos de personas vinculas al narcotráfico como sicarios, halcones, panteras, narcos, secuestradores, extorsionadores, etc.

Esta iniciativa busca proteger a las y los menores huérfanos del narcotráfico, evitando que sean juzgados con calificativos, o discriminarlos por su edad, condición y/o ascendencia.

Debemos atenderlos y cuidarlos de igual manera sean o no hijos, o tengan algún vinculo a integrantes de la delincuencia, porque son víctimas inocentes de eventos desencadenados por la violencia persistente en nuestro país.

¿Qué clase de país es México?, ¿hacia dónde va nuestra niñez? porque lo único evidente y constante es un futuro incierto para cada uno de nuestros niños que no tienen ni han tenido en toda su vida más modelos que la violencia, la muerte, el dolor, la orfandad y el desamparo.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 INCISO E) DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al tenor de lo siguiente:

Artículo Primero. Se reforma el artículo 3 inciso E al tenor de la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, al tenor de la siguiente.

Artículo 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes:

A. – D

E. El de tener una vida libre de violencia, evitando que sean estigmatizados y criminalizados, por sus vínculos familiares con presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

F.- G

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los  18 días del mes de junio de 2013.

Iniciativa por el que se reforma y adiciona el artículo 72 Bis de la Ley General de Salud.

Ricardo-Mejia-Berdeja-Atencion-A-Victimas

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 72 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Los proponentes RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL ÁVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 72 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El aumento en la comisión de delitos con violencia en México no tienen fin, el incremento de la inseguridad en el país ha sido rebasada por estos, por ejemplo: el secuestro tanto el extorsivo como el exprés;ambos con el único propósito de recibir dinero.

Las consecuencias que este delito implican son: la  privación de la libertad y tranquilidad, generando una serie de experiencias devastadoras que son consecuencias de diversos traumas, uno de ellos se le denomina: “Estrés postraumático”. Se trata de un conjunto de síntomas caracterizados por revivir la experiencia traumática repetitivamente, ya sea con pesadillas o “flashbacks”.

Temores, preocupaciones, pesadillas, trastornos del sueño o dificultades para comer, son sólo algunos síntomas comunes dtraumas, son consecuencia de vivir y sufrir algún delito como: robo, asalto, violación, secuestro, entre otros.

A consecuencia de esta violencia la vida diaria se vuelve intimidante y extraña, cargada de una amplia gama de emociones tales como ansiedad, aislamiento, desamparo, desesperación y horror, por lo tanto las personas expuestas a este tipo de emociones pueden padecer alguna enfermedad desencadenado algunas secuelas o traumatismos.

Los traumatismos pueden presentarse de manera inmediata o en ocasiones tardan varios meses o años en hacerlo, muchas veces sin estar preparados física o emocionalmente para superarlos. Los traumas son imprevistos que dejan de ser vistos como parte de una patología para ser reconocidos como una situación que genera una serie lesiones, y alteraciones en el funcionamiento psicosocial de las personas, por lo tanto se requiere de ayuda eficaz y oportuna desalud mental para enfrentar los problemas derivados del delito o delitos cometidos.

En el caso de niños que han sufrido un secuestro este episodio lesocasiona una grave descompensación en su desarrollo normal y dependiendo de la edad, pueden sufrir severos traumatismos de tipo psicológico. Pasado el cautiverio los niños pueden presentar desde pequeños cambios en el estado de ánimo, períodos oscilantes entre alegría y tristeza, regresiones significativas en su comportamiento tales como volver a chupar dedo, hablar a media lengua, etc., pérdida del control de esfínteres.

De igual manera los adultos en ocasiones han presentado o desencadenado el “Síndrome  de Estocolmo”, este se refiere a un grupo de síntomas psicológicos que se producen en algunas personas en cautiverio o situación de los rehenes. El término toma su nombre de un atraco a un banco en Estocolmo, Suecia, en agosto de 1973. El Síndrome de Estocolmo es también conocido como Síndrome de Supervivencia de identificación.

El Síndrome de Estocolmo se considera una reacción compleja y alarmante, con rasgos característicos o factores que hacen que algunas personas sean más susceptibles que otras a su desarrollo. Se cree que el síndrome, ayuda a explicar ciertos comportamientos de los sobrevivientes de los campos de concentración de la segunda guerra, miembros de cultos religiosos, mujeres maltratadas, víctimas de incesto, y físicamente o emocionalmente los niños maltratados, así como a las personas tomadas como rehenes por criminales o terroristas.

El Síndrome de Estocolmo, tiene tres características centrales:

• Los rehenes tienen sentimientos negativos acerca de la policía u otras autoridades.
•Los rehenes tienen sentimientos positivos hacia su captor.
•Los captores desarrollan sentimientos positivos hacia los rehenes.

El Síndrome es un término descriptivo para un patrón de hacer frente a una situación traumática en lugar de una categoría diagnostica. La mayoría de los psiquiatras utilizan los criterios diagnósticos para el trastorno de estrés agudo o trastorno de estrés postraumático en la evaluación de una persona con síndrome de Estocolmo.

ARGUMENTACIÓN

Prevención y tratamiento de síndromes, traumas o trastornos deben estar contempladas en la legislación en materia, para generar un mayor desarrollo de habilidades de intervención en crisis, así como una visión integral en la aplicación de las estrategias para prevenir el secuestro, robo, violación o toma de rehenes, requieren de una prevención a nivel individual  mecanismos específicos psicológicos implicados en cualquier padecimiento por cualquier acontecimiento con lujo de violencia, para evitar que las personas tengan secuelas como regresiones (volver a los patrones infantiles de pensamiento o acción), parálisis emocional (miedo congelado) o la identificación con el agresor.

Se deben de tratar los aspectos emocionales y psicológicos que afectan a las víctimas antes de que sus problemas o daños sean irreversibles, es necesario contemplar dentro de la Ley General de Salud los tratamientos de lesiones, enfermedades y traumas emocionales como consecuencia de factores externos perpetuados a causa de un delito.

Cabe recalcar que el delito quiebra o fractura la vida de una persona que padeció violencia, se produce un cambio existencial en la víctimarelacionada a sus costumbres y hábitos afectando su confianza, y su seguridad en su entorno inmediato.

El delito perpetuado genera alto estrés que perturba a las víctimas que sufren una conducta violenta cualquiera que sea el tipo penal y las circunstancias delictivas. Estas situaciones suelen agravarse por el estado de vulnerabilidad de la víctima, por el grado de conocimiento autor-víctima (relación familiar), y en las circunstancias de impunidad del delincuente.

Por lo tanto, es necesaria la rehabilitación e integración de las víctimas que han padecido daños emocionales y mentales por la creciente inseguridad en México.

La impunidad agrava el conflicto social y cultural, fractura la estructura de una sociedad. La impunidad se vuelve un nuevo factor traumáticoque hace imposible la justicia y por ende una pérdida de seguridad y confianza en las víctimas violentando sus derechos humanos.

El impacto que la espiral de violencia ocasiona en las víctimas repercute de manera significativa en sus familias, desencadenandoefectos psicológicos, emocionales y sociales; ejemplo de ello es cuando la víctima es privada de su libertad, la familia al enterarse de dicho suceso entra en estado de “shock”, en consecuencia viven encautiverio.

Lamentablemente, la salud mental en México es deficiente y costosa, lo cual excluye y limita a un gran sector de la población. Por otro lado, la atención psicológica que requieren las personas que han sufrido o se han visto violentadas en el contexto de inseguridad requieren de personal capacitado que cuente con experiencia adecuada para atender acontecimientos con un alto grado de violencia y criminalidad.

Los trastornos mentales no sólo afectan de manera directa a la víctimay a sus familiares, sino que merman de manera importante la funcionalidad de la sociedad y del país en general. Es impostergable contemplar dentro de la Ley General de Salud la atención integral médica, psicológica, psiquiátrica, traumatológica y tanatológica de las personas que han sido violentadas en el contexto que vive actualmente nuestro país.

Aunado a diseñar e implementar una política pública que permita acceder a los servicios de salud mental de manera integral, acorde al paradigma de la atención en materia que predomina en nuestro país;reflejo de un verdadero Estado de Derecho garante de los derechos humanos y con valores de equidad y de justicia social.

 FUNDAMENTO LEGAL

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de diputados el siguiente proyecto de DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL 72 BISDE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente.

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 72 Bis de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente.

Artículo 72 BIS. Tratándose de lesiones, enfermedades y traumas emocionales como consecuencia de delitos vinculados a la delincuencia organizada, se garantizará la asistencia y atenciónmédica psicológica, psiquiátrica, traumatológica y tanatológica.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los  12 días del mes de junio de 2013.

Iniciativa para garantizar la protección de los infantes y adolescentes en reclutamientos forzados en la delincuencia organizada.

Ricardo-Mejia-Berdeja-Menores-De-Edad-Esclavizados

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, A CARGO DE RICARDO MEJÍA BERDEJA Y SUSCRITA POR RICARDO MONREAL ÁVILA, DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

Los proponentes Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21, inciso C, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La presencia de grupos delincuenciales vinculados con el narcotráfico, masacres, trata, secuestros, desapariciones y reclutamientos forzados han hecho visible el aumento de la violencia en México, misma que ha tenido un impacto significativo al violentar los derechos y las vidas de miles de niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

La pobreza y falta de oportunidades en distintas regiones del país, unida a la ola de sangre que ha dejado a su paso la fallida estrategia del Estado en materia de seguridad, han invisibilizado a miles de niñas, niños y adolescentes que viven día a día esquivando las constantes amenazas y extorsiones de organizaciones del crimen organizado, que acuden a todo tipo y grado de actos de violencia para forzar y así ingresar a sus actividades delictivas a éste sector de la población tan vulnerable.

La Red Nacional de los Derechos de la Infancia, AC, uno de los principales organismos civiles que ha dado seguimiento al fenómeno de reclutamiento de menores de edad por parte del crimen organizado en México, calcula que entre 20 y 30 mil niñas, niños y adolescentes sufren en la actualidad lo que se denomina como “narcoexplotación”, es decir menores de edad que no sólo están siendo explotados, sino que son objeto directo de beneficio para grupos criminales.

De acuerdo a la investigación realizada por Animal Político, en el artículo “Los niños del hampa”, se estima que actualmente en México la delincuencia organizada mantiene esclavizados a más de 25 mil menores de edad. Asimismo los cárteles están integrando equipos operativos, armados con esquemas militares y paramilitares, para el control del territorio que se disputan entre los grupos rivales, se estima, que sólo en Morelos, Puebla, el DF, y Guerrero existen 450 puntos de distribución de droga al mayoreo para abastecer las narcotienditas, que son custodiadas por jóvenes y adolescentes en equipos de diez integrantes, de los cuales seis están armados, lo que nos da un total de 4 mil 500 menores involucrados en labores de “seguridad”, de los que 2 mil 700, aproximadamente, manejan armamento, y esto ocurre sólo en cuatro de las 32 entidades del país, así que si sumamos todas las plazas de la geografía se estima que podía haber entre 50 mil y 100 mil adolescentes y jóvenes enrolados en distintos cárteles cumpliendo distintas funciones: de vigilantes, de sicarios, de operadores.

La organización Save the Children argumenta que los niños, adolescentes y jóvenes que son absorbidos por la delincuencia organizada entran en el rango de víctimas por el solo hecho de ser niños y adolescentes; y las bandas criminales han encontrado el medio para obligar a menores de edad a realizar trabajos forzados, ser esclavos del narco, ya sea vía rapto, engaño o coerción; acompañados en gran parte con violencia física y emocional.

Sin embargo existen otro tipo de reclutamientos de niñas, niños y adolescentes, favorecidas por complejas condiciones sociales que incluyen la omisión de los adultos en su obligación de protegerlos. Lo que sucede es que, en el seno familiar es permisible que los niños estén al servicio de un grupo delictivo, ya sea para pagar alguna deuda de los padres y/o como proveedor económico de su familia; incluyendo dentro de la vida diaria, ir a la escuela, dormir en casa y jugar con sus amigos.

Los menores de edad implicados en delitos graves, como homicidio, secuestro, violación, entre otros, reciben penas como un efecto ejemplificador; sin embargo lo que realmente se necesita es la prevención y erradicación del fenómeno “reclutamiento forzoso” de las niñas, niños y adolescentes.

Por su parte la revista Proceso en la edición especial número 34 evidenció que “en Ciudad Juárez los niños de 8 años aprenden a defender su territorio y los adolescentes se unen a pandillas que obedecen a alguno de los cárteles que se disputan plazas”. Mientras estos adolescentes “juegan” a ser sicarios, los más pequeños se especializan en la fabricación de armas.

A escala nacional el caso que más ha impactado a la sociedad fue el de Édgar Jiménez Lugo, alias “El Ponchis”, de 14 años de edad, arrestado en Cuernavaca, Morelos, asesino confeso de al menos cuatro personas. Y que en un acto de franca violación a tratados internacionales de protección a la niñez, al momento de su presentación ante los medios fue fotografiado, filmado, poniéndole de espaldas contra la pared, difundiendo su imagen para los noticieros.

Argumentación

Diputadas y diputados, los exhorto a un llamado de conciencia sobre la necesidad de mantener a las niñas, niños y adolescentes alejados del reclutamiento de la delincuencia organizada, asumir un compromiso de sensibilización de protección, rehabilitación y reparación frente a los efectos nocivos que ésta situación tiene sobre sus vidas.

La protección integral es un derecho que corresponde a todos los niños, niñas y adolescentes, sin distinción alguna, y reitera que debe recibir del Estado las condiciones necesarias para la procuración de sus derechos.

El pasado 7 de febrero del año en curso, el Senado de la República, determinó retirar la declaración interpretativa que fue interpuesta en el año 2000, contra el artículo 4 del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados, al prohibir el reclutamiento y utilización de menores de edad no sólo en ejércitos regulares, sino también en todo tipo de fuerzas armadas no estatales, en el caso de México el comité de los Derechos del Niño destaca en el caso mexicano a “los grupos paramilitares, los grupos de delincuencia organizada y las compañías de seguridad.

De acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 4 del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño de la ONU que cita lo siguiente:

1. Los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado no deben de ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años.

2. Los Estados parte adoptarán todas las medidas posibles para impedir ese reclutamiento y utilización, con inclusión de la adopción de las medidas legales necesarias para prohibir y tipificar esas prácticas.

3. La aplicación del presente artículo no afectará la situación jurídica de ninguna de las partes en n conflicto armado.

Derivado de lo anterior es necesario fortalecer las políticas públicas y establecer programas de prevención y protección ante el reclutamiento forzado de niños, así como implementar nuevos esquemas sociales educativos, que les garantice a estas niñas, niños y adolescentes un futuro diferente.

La elaboración e implementación de políticas eficaces en materia de protección integral de la infancia en el contexto de la delincuencia organizada, requiere no sólo medidas normativas y prácticas por parte de cada estado involucrado, sea de norte, centro y sur.

También demanda la articulación de esas respuestas y la adopción de mecanismos internacionales adecuados. Esto es, el diseño de compromisos, procedimientos y herramientas para su aplicación, que estén dirigidos a garantizar los derechos de los niños migrantes.

Ello incluye la modificación urgente del artículo 21, inciso C, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para garantizar la protección de los infantes y adolescentes en reclutamientos forzados en la delincuencia organizada.

Los niños son herramientas de guerra, esclavos de la delincuencia

Fundamento Legal

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 21, inciso C, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 21, inciso C, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 2l. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra actos u omisiones dolosas que puedan afectar su salud física, mental, emocional y sexual, su normal desarrollo o su derecho a la educación, en los términos establecidos en el artículo 3o. constitucional. Las normas establecerán las formas de prevenir y evitar estas conductas. Enunciativamente, se les protegerá que se vean afectados por

A…

B….

C. Conflictos armados, desastres naturales, situaciones de refugio o desplazamiento y acciones de reclutamiento para que participen en conflictos armados y de delincuencia organizada.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.

(Rúbrica)

Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Ricardo-Mejia-Berdeja-Inseguridad3abril

INICIATIVA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL CONTRA LA  DELINCUENCIA ORGANIZADA.

RICARDO MONREAL AVÍLA Y RICARDO MEJÍA BERDEJA , integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA POR LA QUE SEREFORMAN LOS ARTÍCULOS 80 Y 90, Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS  80 BIS Y 80 TER  DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La paz en el escenario internacional se ha visto afectada y deteriorada por la aparición y proliferación de la estructura y las redes de la delincuencia organizada. Estructura que no ha podido ser controlada y lejos de ello, ha generado más violencia, corrupción, y multiplicación de los delitos económicos y financieros. Así tenemos que el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo representan delitos enormes que se estiman entre 2% y 5% del Producto Interno Bruto mundial (de 1.2 a 3.1 billones de dólares), informó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Es por eso que se le debe de dar la importancia debida a este fenómeno delincuencial de carácter transnacional. Desde hace tiempo la comunidad internacional ha pretendido darle su valor justo a tal problemática, y por ello, la serie de esfuerzos se han traducido en la firma de acuerdos internacionales o tratados, que recogieron las experiencias de países que han sufrido directa o indirectamente los azotes de la delincuencia organizada transnacional, y que contienen textos en su mayoría prescriptivos, que buscan atacar al fenómeno en comento desde sus fuentes y diferentes aristas.

Por ello, en Palermo Italia, en el año 2000, se suscribió la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada Transnacional. Dado el carácter transnacional de la actividad delictiva, se pensó que no era pertinente combatir este problema únicamente con medios y arbitrios nacionales.

La delincuencia organizada ha encontrado los medios para trascender internacionalmente, manifestándose en los últimos años de manera prominente, sin ser obstaculizados de modo efectivo o presionados en la misma  medida en que se empoderan. Las opciones disponibles en cada país desde una dimensión meramente local o interna, han demostrado que son insuficientes y conducen ineluctablemente a la pérdida del control de los Estados.

En los últimos 35 años, la delincuencia organizada ha llegado a evolucionar constantemente, en la búsqueda por encontrar más y mejores formas de evadir la acción de la justicia. Logrando en gran medida su objetivo en los países caracterizados por Estados débiles. En los cuales no se cuenta con verdaderos mecanismos de control que impidan que sean rebasados por la delincuencia organizada.

La infiltración que ésta última ha logrado en las estructuras gubernamentales de nuestro país es enorme. A esto último hay que sumarle los altos índices de impunidad. La delincuencia organizada ha logrado manipular por medio de sobornos, chantajes y  amenazas a gran parte del sector gubernamental del Estado mexicano.  Ha llegado a tal grado la penetración de la delincuencia organizada en las estructuras de los diferentes órdenes de gobierno, que no han sido pocos los casos de corporaciones policiacas municipales o estatales, que han sido señaladas por proteger los intereses de los criminales.

Por lo anterior, se ha conceptualizado al crimen organizado por algunos, como una sociedad. Así que es fácil entender que estos grupos delincuenciales hayan crecido de una manera desmedida y que sus estructuras sean escalafonadas.

En este punto, cabe hacer énfasis que así como la delincuencia organizada se ha infiltrado en las estructuras de los gobiernos, de igual modo lo ha hecho en el sector empresarial, industrial y financiero. En septiembre de 2009, David Robillard, director general de la consultora Global Kroll México, aseguró que los ingresos derivados de la actividad criminal van en aumento, e indicó que en el país los ingresos por tráfico de estupefacientes son de 25 mil a 40 mil millones de dólares al año[1].

Aunque los ingresos estimados, no representan un porcentaje tan grande respecto del total del Producto Interno Bruto, esta situación adquiere otras dimensiones cuando caemos en cuenta, que según lo dicho por algunos especialistas[2], en México 78% de los sectores económicos del PIB están infiltrados por el narcotráfico, aunque el gobierno no reporta un solo caso de desmantelamiento patrimonial de ninguno de los sectores afectados[3].

Por ende, peligrosamente el fenómeno de la delincuencia organizada, y concretamente el del narcotráfico, se ha convertido en una de las más grandes fuentes de empleo.

El narcotráfico es el quinto empleador más grande del país. Estimados recientes muestran que en México hay 468 mil personas que se dedican al narco (Rios y Sabet 2008); esto es cinco veces más personas que el total de la industria maderera mexicana y tres veces más que el personal de Pemex, la compañía petrolera con mayor número de empleados del mundo. Campesinos, matones, vigilantes, capos, abogados, doctores, secretarias; el narcotráfico necesita de todo, y de todo emplea.[4]

Con esta plataforma financiera que permanece incólume, la delincuencia organizada ha logrado rebasar su influencia local para convertirse en un peligroso fenómeno de carácter trasnacional; con la incuestionable capacidad financiera y de fuego,  han logrado perfeccionar sus estrategias y mecanismos para poder llevar a cabo el trasiego de enormes cargamentos de armas, estupefacientes, y de hasta personas.

Si bien no puede negarse que las redes de corrupción e infiltración que han tendido sobre buena parte de la dimensión gubernamental del Estado mexicano, son un importante aliciente para sostener y reproducir la actividad de la delincuencia organizada, resulta evidente que mientras no se ataque su compleja estructura financiera, serán vanos los intentos por frenar o reducir su capacidad corruptora.

En este sentido, la comunidad internacional se ha mostrado interesada en plantear que la cooperación internacional sea más eficaz, incluido el intercambio de información entre autoridades competentes, la realización de investigaciones conjuntas y seguimiento, congelamiento y confiscación de bienes ilegales.

En el documento del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): Pasos hasta la lucha contra el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, el organismo de índole internacional planteó que 180 gobiernos nacionales utilizan las recomendaciones para combatir esos delitos.  Destaca que se necesitan mejores herramientas operativas y una amplia gama de técnicas y poderes de las unidades de inteligencia financiera para la aplicación de la ley, investigar y perseguir el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.

Esto se relaciona estrechamente con lo dispuesto en la Convención de Palermo sobre Delincuencia Organizada Transnacional, la cual prescribe para los Estados parte, la necesidad de cooperar e intercambiar información a nivel nacional e internacional de conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno y, a fin de lograr un combate efectivo del fenómeno de la delincuencia organizada, pone en consideración la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo de dinero.

Por otro lado, el instrumento internacional en comento, dispone en su artículo 4 párrafo 2 lo siguiente:

Artículo 4…

2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades.

La propuesta que se somete a consideración de esta Honorable Asamblea, consiste en reformar levemente el artículo 8o de la Ley Federal de la Delincuencia Organizada, eliminando de su redacción el segundo párrafo. El cual pasará a ser el artículo 8o Bis del mismo ordenamiento.

Asimismo se propone adicionar un artículo 8o Ter, en el que se especifique que la unidad especializada en la investigación y persecución de delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada dependiente de la Procuraduría General de la República,  contará además de un cuerpo técnico de control, con un cuerpo técnico de inteligencia financiera, para investigar y perseguir los actos u omisiones que redunden en operaciones de lavado de dinero.

Este último cuerpo técnico no será objeto de restricciones derivadas del llamado secreto bancario, fiduciario o profesional, en el desempeño de sus funciones de investigación, persecución o fiscalización de actos u omisiones que constituyan operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Finalmente se propone reformar el artículo 9o de la ley en comento, con el propósito de establecer que el Ministerio Público Federal perteneciente a la SIEDO, deberá apoyarse en el cuerpo técnico de inteligencia financiera para la investigación y persecución de delitos de operación de recursos de procedencia ilícita. Caso en el cual, deberá coordinarse a su vez con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8o Y 9o, Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS  8o BIS Y 8o TER  DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.

 

ÚNICO. Se reforman los artículos 8o y 9o  de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y se adicionan los artículos  8o Bis y 8o Ter en los términos siguientes:

Texto vigente Reforma propuesta
Artículo 8o.- La Procuraduría General de la República deberá contar con una unidad especializada en la investigación y persecución de delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada, integrada por agentes del Ministerio Público de la Federación, auxiliados por agentes de la Policía Judicial Federal y peritos.La unidad especializada contará con un cuerpo técnico de control, que en las intervenciones de comunicaciones privadas verificará la autenticidad de sus resultados; establecerá lineamientos sobre las características de los aparatos, equipos y sistemas a autorizar; así como sobre la guarda, conservación, mantenimiento y uso de los mismos.El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establecerá los perfiles y requisitos que deberán satisfacer los servidores públicos que conformen a la unidad especializada, para asegurar un alto nivel profesional de acuerdo a las atribuciones que les confiere esta Ley.Siempre que en esta Ley se mencione al Ministerio Público de la Federación, se entenderá que se refiere a aquéllos que pertenecen a la unidad especializada que este artículo establece.

 

En caso necesario, el titular de esta unidad podrá solicitar la colaboración de otras dependencias de la Administración Pública Federal o entidades federativas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 9o.- Cuando el Ministerio Público de la Federación investigue actividades de miembros de la delincuencia organizada relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, deberá realizar su investigación en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 8o.- La Procuraduría General de la República deberá contar con una unidad especializada en la investigación y persecución de delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada, integrada por agentes del Ministerio Público de la Federación, auxiliados por agentes de la Policía Judicial Federal y peritos.El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establecerá los perfiles y requisitos que deberán satisfacer los servidores públicos que conformen a la unidad especializada, para asegurar un alto nivel profesional de acuerdo a las atribuciones que les confiere esta Ley.Siempre que en esta Ley se mencione al Ministerio Público de la Federación, se entenderá que se refiere a aquéllos que pertenecen a la unidad especializada que este artículo establece.En caso necesario, el titular de esta unidad podrá solicitar la colaboración de otras dependencias de la Administración Pública Federal o entidades federativas.

 

Artículo 8º Bis.- La unidad especializada contará con un cuerpo técnico de control, que en las intervenciones de comunicaciones privadas verificará la autenticidad de sus resultados; establecerá lineamientos sobre las características de los aparatos, equipos y sistemas a autorizar; así como sobre la guarda, conservación, mantenimiento y uso de los mismos.

 

Artículo 8o Ter.- La unidad especializada contará asimismo con un cuerpo técnico de inteligencia financiera, para investigar y perseguir los actos u omisiones que redunden en operaciones con recursos de procedencia ilícita. El cuerpo técnico de inteligencia financiera recopilará, analizará y difundirá la información sobre estas actividades.

 

Este cuerpo técnico, promoverá la cooperación y el intercambio de información en materia de lavado de dinero a nivel nacional e internacional, mediante acuerdos interinstitucionales o tratados de carácter bilateral o multilateral, de conformidad a la normatividad aplicable.

Contará con los recursos materiales, humanos y presupuestales suficientes para llevar a cabo sus facultades y aptitudes, y en el desempeño de sus funciones, no será obstaculizado por el secreto bancario, fiduciario, profesional o cualquier otro.

 

 

Artículo 9o.- Cuando el Ministerio Público de la Federación investigue actividades de miembros de la delincuencia organizada relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se apoyará en el cuerpo técnico de inteligencia financiera a que se refiere el artículo anterior, y en las investigaciones, se coordinarán con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

 

 

 

 

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los  21 días del mes de  de 2013.


[1] En: http://www.elsemanario.com.mx/news/news_display.php?story_id=26248. Jueves 27 de mayo de 2010, 11:00 hrs.

[2] como Edgardo Buscaglia, profesor de Derecho y Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y director del Centro Internacional de Desarrollo Legal y Económico

[3] Intacta, estructura financiera del narco. El Universal, 15 de noviembre de 2009.

[4] Ríos, Viridiana. 1993. ¿Quién se vuelve narco y por qué? El Perfil del narcotraficante Mexicano (en línea). Este país. Disponible en: %3A%2F%2Fwww.gov.harvard.edu%2Ffiles%2Fuploads%2FRios_EstePais_DealersS.pdf&rct=j&q=narcotr%C3%A1fico%20quinto%20empleador&ei=N5vuTZ_HCJG2sAOb89H_Bg&usg=AFQjCNHZtIgsx6InXuoI78ycoNFJlyVVzg. Consultado 07 junio. 2011.

 

Iniciativa que elimina la figura del arraigo

PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, A CARGO DE RICARDO MEJÍA BERDEJA Y SUSCRITA POR RICARDO MONREAL ÁVILA Y ZULEYMA HUIDOBRO GONZÁLEZ, DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.

Los proponentes, diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila y la suscrita Zuleyma Huidrobro González, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se derogan los artículos 2, 133 Bis, 205, 256 del Código Federal de Procedimientos Penales y el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al tenor de la siguiente.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La violencia en México se ha incrementado de manera considerable en los últimos cinco años, bajo el contexto de la llamada “guerra contra la delincuencia organizada”, emprendida por el gobierno federal, una de sus causas y manifestaciones más notorias es la militarización de la seguridad pública, lo que propicia la modificación de prácticamente la totalidad de los ordenamientos jurídicos vinculados con la prevención del delito, la investigación, la procuración e impartición de justicia y la ejecución de las penas en México.

De acuerdo con la Constitución la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, siempre que sea necesario para el éxito de una investigación, para la protección de personas y bienes, o cuando exista el riesgo de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

El arraigo tiene una duración de 40 días, pero puede extenderse a 80 días bajo una nueva orden judicial. Durante el arraigo, los fiscales imponen severas restricciones al acceso de los detenidos a sus familias, a abogados y a servicio médicos independientes, lo que agrava su aislamiento y acrecienta la dificultad de presentar denuncias de tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

La CNDH argumenta haber recibido más de 1,000 denuncias relacionadas con órdenes de arraigo ejecutadas por la PGR entre 2009 y 2011. Durante la administración de Felipe Calderón, el número de órdenes de arraigo concedidas por el ministerio público federal aumentó considerablemente: de 542 en 2006 a 1,896 en 2010.

Gerardo Torres Pérez fue detenido por la policía federal y la policía judicial y estatal de Guerrero, junto con más de 41 personas más, tras disparar y matar los agentes a dos manifestantes durante una protesta de alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Chilpancingo, Guerrero, el 12 de diciembre de 2011. De camino a la comisaría, él y otros 23 detenidos recibieron golpes y patadas. Tras vendarle los ojos, seis agentes de la policía judicial del estado lo llevaron a un lugar aislado, a las afueras de la ciudad. Lo amenazaron de muerte y le propinaron puñetazos en el estómago, las costillas y los brazos para obligarlo a apretar el gatillo de un arma automática y poner sus huellas dactilares en casquillos de bala usados, a fin de culparlo falsamente de los disparos efectuados previamente. Luego lo pusieron de nuevo bajo custodia y presentaron cargos contra él sobre la base de estas pruebas falsa.

A raíz de la preocupación suscitada dentro y fuera del país ante la evidencia de la responsabilidad policial de la muerte por disparos de manifestantes desarmados y de los malos tratos infligidos a detenidos, el 13 de diciembre de 2011 Gerardo Torres Pérez quedó en libertad, junto con los otros 23 manifestantes sometidos a malos tratos, como golpes y patadas, durante su detención. Las conclusiones de la CNDH, basadas en un examen médico y otros datos, confirmaron la tortura y la falsificación de pruebas por parte de la policía judicial (Informe de Amnistía Internacional, Tortura y Malos Tratos en México).

El arraigo ha sido cuestionado por diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes argumentan que constituye una forma de detención arbitraria y que viola los derechos de libertad personal, legalidad, presunción de inocencia, así como las garantías del debido proceso y el derecho a un recurso efectivo.

Supuestamente, el arraigo es utilizado como un medio para investigar a presuntos delincuentes, pero que en la práctica permite la vigilancia permanente del ministerio público sobre personas sospechosas de cometer algún delito o que tengan información relacionada a éste con el fin de incrementar el tiempo con el que cuenta la autoridad para reunir pruebas contra la persona bajo arraigo. El objetivo del arraigo no es determinar si una persona es inocente o culpable, sino que se priva a la persona de su libertad con el fin de obtener información que pudiera ser utilizada con posterioridad para la etapa de juicio, la cual en muchas ocasiones es obtenida bajo tortura.

Ello se traduce en que la investigación no se lleva a cabo para detener a una persona, sino que la persona es detenida arbitrariamente para ser investigada y en la gran mayoría de los casos obtener una confesión inculpatoria, contraviniendo los principios básicos de justicia en una democracia. La persona afectada queda así sin garantías ni situación jurídica clara, ya que no es ni indiciada ni inculpada. Lo que es más, ni siquiera está vinculada a proceso penal alguno simplemente se le ha privado de la libertad para ponerla a plena disposición de la autoridad investigadora, negando con ello la presunción de inocencia y el derecho de toda persona a contar con un abogado defensor.

Según datos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre 2009 y 2010, los jueces de distrito especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones libraron alrededor de 8 mil 600 medidas cautelares, de las cuales más de mil 200 fueron arraigos.

Mayoritariamente, la duración de los arraigos es de 40 días 94 por ciento de estos tienen esa duración seguidos de los arraigos por 80, 30 y 19 días, que abarcan el restante 6 por ciento.

Michoacán, Chihuahua, Baja California, el estado de México, el Distrito Federal, Nuevo León y Tamaulipas, son las entidades que concentran los más altos porcentajes de arraigos de competencia federal.

De acuerdo con el párrafo octavo del artículo 16 constitucional, el arraigo en materia penal se da en los siguientes términos:

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.

ARGUMENTACIÓN

El arraigo es considerado como una medida precautoria dictada por el juzgador, a petición de parte, cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda. Tiene por objeto impedir que el arraigado abandone el lugar del juicio sin dejar un apoderado que pueda contestar la demanda, seguir el proceso y responder de la sentencia que se dicte.

Por lo tanto el uso de la figura del arraigo deja a los detenidos en una situación de vulnerabilidad sin un estatus jurídico definido para ejercer su derecho a la defensa, además que la poca vigilancia sobre la práctica del arraigo amplía las posibilidades de incidencia en casos de tortura.

En materia penal, el arraigo es la medida precautoria que tiene por objeto asegurar la disponibilidad del inculpado en la investigación previa o durante el proceso.

Se ha cuestionado al arraigo señalando que opera como una prisión preventiva en donde la autoridad investigadora pese a no haber acreditado la probable responsabilidad de una persona en la comisión de un delito la priva de su libertad.

Uno de los aspectos que es el más cuestionado en el proceso de implantación de la figura del arraigo, es que puede llegar a vulnerar el principio constitucional de presunción de inocencia establecido en el artículo 20 Apartado B.

De acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Penales, es competencia del Ministerio Público Federal llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción penal ante los tribunales.

En la etapa de averiguación previa, corresponderá al Ministerio Público solicitar a la autoridad jurisdiccional las medidas precautorias de arraigo, aseguramiento o embargo que resulten indispensables para la averiguación previa.

En los casos de delitos graves, la autoridad judicial podrá a petición del Ministerio Público decretar el arraigo del indiciado siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes o cuando exista riesgo de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

La normatividad señalada establece en sus artículos 2, 133 bis, 205, 256, las modalidades procesales que reviste la figura del arraigo penal en el ámbito federal.

Según la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Juez podrá dictar el arraigo a solicitud del Ministerio Público de la Federación, en los casos de delincuencia organizada tratándose de: a) terrorismo; b) terrorismo internacional; c) delitos contra la salud; d) falsificación de moneda; e) operaciones con recursos de procedencia ilícita; f) acopio y tráfico de armas; g) tráfico de indocumentados; h) tráfico de órganos; i) corrupción y pornografía de menores; j) turismo sexual y lenocinio; k) tráfico de menores; l) robo de vehículos; m) trata de personas; y k) secuestro.

Sin embargo, en la práctica, la autoridad investigadora solamente necesita sostener que existe la posibilidad o la probabilidad latente de que la persona que se pretende arraigar pertenece a la “delincuencia organizada” para que la orden se autorizada.

De acuerdo con esta ley, el arraigo será decretado: I. Siempre que sea necesario para el éxito de la investigación; II. Para la protección de las personas y de bienes jurídicos; III. Cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

El arraigo se realizará con la vigilancia del Ministerio Público de la Federación y la policía que se encuentre bajo su conducción y mando inmediato en la investigación.

La duración del arraigo podrá prolongarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen.

Uno de los argumentos más recurrentes que esgrimen las autoridades para justificar su fracaso en la prevención persecución del delito es que no cuentan con las herramientas legales para tener éxito, es decir las autoridades sostienen que necesitan más facultades, dado que las que tienen no son suficientes para enfrentar adecuadamente a la criminalidad. Parece que se trataría de una cuestión vinculada exclusivamente con un régimen eficiente a los encargados de aplicar la ley.

La constitucionalidad del arraigo, ha generado fuertes críticas. Se trata de uno de los aspectos más cuestionables o débiles de la figura de arraigo, ya que se lleva hasta la Carta Magna el principio “de detener para investigar”cuando en la mayoría de países democráticos del mundo sucede lo contrario: primero se investiga a una persona y, cuando se reúnen los elementos suficientes, se le detiene.

Cabe recalcar que, Amnistía Internacional ha documentado varios casos de presuntos delincuentes sometidos presuntamente a tortura y malos tratos durante el arraigo, particularmente estando recluidos en cuarteles militares. En otros casos, los presuntos delincuentes sufrieron tortura y malos tratos entre el momento de la detención y el momento en que fueron puestos oficialmente bajo custodia del Ministerio Público y sometidos luego a arraigo.

Por lo tanto se debe garantizar que en las reformas procesales del sistema de justicia penal salvaguardan los derechos humanos en la práctica, incluido el derecho a no ser objeto de detención ilegal.

El arraigo, el cateo y la prisión automática se han vuelto las técnicas e investigación criminal más recurridas en México. Su regularidad configura una mistificación de los sistemas de justicia penal y de seguridad pública, en que el primero se vuelve una mera herramienta del segundo.

Debe ponerse fin al arraigo en todas las jurisdicciones y reformarse la Constitución y demás leyes para prohibir su uso, conforme a las normas internacionales de derechos humanos, con ello disminuiría la tortura, los malos tratos o penas inhumanas y degradantes, así como el abuso de autoridad tanto en el ejercicio de sus funciones y atribuciones.

“El arraigo es una violación del derecho a la libertad personal”.

FUNDAMENTO LEGAL

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto, por el que se reforma y deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se derogan los articulos 2, 133 Bis, 205, 256 del Código Federal de Procedimientos Penales y el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Artículo Único. Se reforma y deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se derogan los artículos 2, 133 Bis, 205 y 256 del Código Federal de Procedimientos Penales y el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Párrafo segundo al séptimo…

Párrafo 8 se deroga.

Párrafo noveno a decimoctavo…

Código Federal de Procedimientos Penales

Artículo 2o. Se deroga.

Artículo 133 Bis. Se deroga.

Artículo 205. Se deroga.

Artículo 256. Se deroga.

Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada

Artículo 12. Se deroga.

TRANSITORIO

Primero. Se derogan las disposiciones legales que se opongan a la presente ley.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón Legislativo de San Lázaro a los 21 días del mes de noviembre de 2012

Diputados:

DIP. RICARDO MEJÍA BERDEJA (rúbrica), RICARDO MONREAL ÁVILA Y ZULEYMA HUIDOBRO GONZÁLEZ